Cali: ¿una ciudad para quiénes? Destacado

La ciudad de Cali es uno de los principales centros urbanos del país, por lo tanto está unida a la dinámica del capitalismo comercial y financiero. Actualmente, con la reestructuración de las dinámicas económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas de la ciudad, se ha perpetuado una lógica avasalladora en contra de las comunidades populares y sus territorios, desembocando en conflictos que la prensa amarillista termina denominando como disturbios o enfrentamientos.

El caso más se reciente se dio en el oriente de la ciudad (sector conformado por comunidades populares), donde se planea implementar los proyectos Plan Jarillón y Obras Complementarias (PJAOC) y la Ciudadela Recreativa El Pondaje y Charco Azul, proyectos complementarios con otros que se están desarrollando en el resto de la ciudad como Ciudad Paraíso, que reestructurará el centro de la ciudad para convertirlo en un sector comercial, y Zonamerica, la primera zona franca de venta de servicios del país, y la segunda a nivel latinoamericano, que buscar potenciar la ciudad como una ciudad del servicio. Estos proyectos juntos articulan la renovación y modernización de la ciudad.

El proyecto Plan Jarillón, que no solo es una de las obras más importantes de ciudad, sino de Colombia, bajo la excusa de proteger a los pobladores asentados en los alrededores del río de los “estragos generados por inundaciones”, busca realizar un malecón en el Jarillón del río Cauca y darle uso privado a su navegabilidad. Para ello reubicarán forzosamente a 8.700 familias, aproximadamente 35.000 personas. Cabe resaltar que estas reubicaciones van desde desalojos violentos, hasta comprar los predios a precios mínimos sin haber hecho la correcta valorización, sumándole que a muchas personas que ya contaban con vivienda se les reubicará en viviendas de interés social que no se ajustan a sus necesidades.

Como solución al problema de la vivienda, la Alcaldía adelanta el proyecto Ciudadela Recreativa El Pondaje y Charco azul, que comprende la construcción de 1.940 apartamentos, en condiciones no aptas, para las familias víctimas de los desalojos producidos por el Plan Jarillón y Ciudad Paraíso, quitándoles así a las familias de los barrios Brisas de la Paz, El Barandal, El Jazmín, La Esperanza, La Florida, Nueva Florida, Nueva Ilusión, Playa Alta, Playa Baja, Polo, Sardi, Villa Uribe y Belisario el único pulmón verde del oriente de la ciudad y el escaso espacio comunitario con el que cuentan en el sector.

Este último proyecto ya se encuentra contratado y firmado con la constructora Enlace S.A.S., quienes afirman que el lote es de propiedad privada; sin embargo la actual administración del alcalde Maurice Armitage tiene el antecedente de adelantar obras con permisos que poseen dudoso marco legal para su ejecución. Un ejemplo más reciente es la obra en ejecución de la terminal sur del Transporte Masivo Integrado de Occidente, que se adelantó en la zona conocida como el humedal El Cortijo, que desaparecería dejando a la ciudad sin un importante corredor ecológico, y generando daños irreparables a la fauna y flora del sur de la ciudad.

Ciudadela Recreativa hace parte de las tácticas que han ejecutado las administraciones para poder adecuar la ciudad a los intereses de la clase privada. Recordemos el proyecto del barrio Potrero Grande, donde se construyeron casas de interés social para reubicar 48 asentamientos del Jarillón del río Cauca y la Laguna del Pondaje, pero el resultado de este proyecto fue una zona donde se multiplicaron las problemáticas sociales de la comunidad. Básicamente lo mismo se generará con la implantación autoritaria de este proyecto habitacional donde se les quitará a los barrios aledaños su único espacio verde para la recreación y la cultura.

Todas estas acciones obedecen al POT aprobado en el municipio por medio del acuerdo 069 del año 2000, que rigió en teoría hasta el 2014, año en que fue ajustado con vigencia hasta el año 2027. Según instituciones como la Universidad del Valle, este tiene potenciales efectos devastadores de las políticas de desarrollo para la construcción de la ciudad. Este documento permite a los gremios del sector privado del gran capital, apropiarse de los espacios, las instituciones y las relaciones sociales, buscando el ordenamiento y el control de las actividades de sus pobladores y del territorio. Por otra parte, les permite marcar las tendencias económicas, políticas y culturales de sus áreas de influencia, en concordancia con los planes de reestructuración de todo el departamento del Valle del Cauca, para generar la concentración de actividades productivas especializadas, que maximicen la inversión pública de infraestructura y seguridad, en aras de la potenciación de la inversión privada. En este POT se generan las Unidades de Planificación Urbana (UPU), que corresponden a diversos proyectos de re-direccionamiento de los usos de los espacios urbanos, sacrificando los intereses comunitarios a los rendimientos de la empresa privada. Una de las UPU es la Zona del Oriente de Cali.

Bajo toda esa maquinaria se terminan desarrollando proyectos visionados desde el gran sector empresarial, que termina perjudicando el Oriente de Cali con proyectos que atentan contra los derechos básicos para garantizar una vivienda digna, donde solo terminan beneficiándose en últimas la clase privada de la región que está en perpetua unión con la clase política del Valle.

No hay entre las dirigencias privadas que controlan la economía y el Estado, una apuesta de ciudad para la gente. Para las élites las gentes son potenciales compradores y mano de obra barata. Su interés se concentra en la implementación de una economía que avanza en detrimento de los sectores populares empobrecidos de la ciudad. Los planes no están pensados para el bienestar ni el buen vivir del pueblo, al contrario, se traducen en la continuación de la violación reflejada en el recorte de derechos fundamentales como la vivienda.

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