Ser líder en la ruralidad del norte del Tolima

El norte del Tolima no es ajeno a la historia del conflicto armado entre insurgencia, fuerza pública y el paramilitarismo, y mucho menos ahora. Los habitantes de esta región llevan en su espalda la experiencia y energía que los ha mantenido con vida y en el campo, como es la solidaridad con el vecino, tramitar las discordias con la junta de acción comunal, cuidar, respetar y trabajar por lo común, como el derecho a la tierra. Aunque esto último los pone en discusión con particulares, sectores privados y el Gobierno, pues no dimensionan ni respetan la vida de los campesinos en su territorio.

Ser líder social y defensora de derechos humanos en el norte del Tolima no solo trasciende en la defensa del territorio, en organizarse y trabajar para mejorar las condiciones de vida de hombres, mujeres, niños y niñas que viven en el campo. Con estos esfuerzos, que deberían ser los mínimos a brindar por parte del Estado, parecen generar molestia e inconformidad a personas o proyectos que, a toda costa, y por medio de la fuerza física y psicológica, siguen poniendo cercas para que los campesinos y campesinas del norte del Tolima puedan vivir en paz.

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Sandra Milena Castro es una joven campesina, madre y abuela, cabeza de familia. Es vicepresidenta de la Asociación Agroalimentaria y Ambiental Camilo Rodríguez Restrepo “Asacol”, que tiene presencia en el norte del Tolima, y presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Aurora del municipio del Líbano, Tolima. Esta mujer, como muchas otras en Colombia, inicia su jornada en el campo a tempranas horas, cuando el sol aún no da cara. Toma una taza de café o agua de panela luego de alimentar a sus animales, fuente principal para su alimentación y apoyo económico para solventar los gastos diarios de ella y su familia. Durante su jornada también arregla la huerta, siembra, y platea el café y plátano que cultiva en su parcela.

Todas estas actividades las alterna con el trabajo comunitario en su región; en su quehacer cotidiano también atiende situaciones de deslizamientos y reubicaciones temporales que suceden en su vereda; gestiona ayudas para las viviendas de los damnificados; lidera proyectos económicos para las familias campesinas; hace parte y lidera un proceso de titulación de tierras para las 30 familias desplazadas que habitan desde hace un poco más de 40 años en la vereda La Aurora. A esto se suman las actividades de la Asociación a la que pertenece el norte del Tolima, como su participación en el paro nacional de 2015 que tuvo como nombre Minga de Resistencia por la Vida.

Pero su vida como mujer campesina, líder social y defensora de derechos humanos le ha ocasionado recibir amenazas por medio de llamadas telefónicas; seguimientos por parte de la Fuerza Pública; allanamientos y robo de documentación de sus asociados por personas sin identificar. En lo que va de este año, estas situaciones se han agudizado.

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Escucho a Sandra llena de zozobra, cuando se aproxima la noche y recibo su llamada. Comenta que no saben qué pasa o quién anda, porque los perros de la casa y de los vecinos no han dejado de ladrar en lo que va del fin de semana. Tienen conocimiento que en el camino que conduce a su casa hay un hombre escondido en el monte. Su familia y vecinos no saben de quién se trata; la semana pasada en una vereda aledaña apuñalaron a un campesino por robarle lo que había trabajado en la semana. Se sabe que desde el sábado tumbaron unos palos sobre la carretera de la vereda Zaragoza del municipio del Líbano, para no permitir el paso de carros y nadie sabe quién fue. Estas situaciones no dan espera. Ella y su familia solo están a la expectativa de lo que pueda pasar en la noche que hasta ahora inicia. Hoy vive la incertidumbre sobre lo que pueda pasar con su vida y la de su familia.

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Los gobiernos nacional, regional y local demuestran una vez más que los decretos nacionales no son garantías para la vida de los líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos que viven en zonas rurales en Colombia. Sus acciones demuestran que entre ellos no existe coordinación, ni una ruta mínima de comunicación para el desarrollo de lo que se plasma en los decretos. No se puede seguir entendiendo como casos aislados lo que pasa en los territorios con los líderes sociales, quienes son desplazados a causa de amenazas, seguimientos o allanamientos. Salvaguardar la vida y la permanencia en el territorio no se puede quedar en los trámites que ha puesto el Gobierno nacional, y que se agilizan solo cuando los movimientos y organizaciones sociales ejercen presión.

Quedan preguntas entre los defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, sobre si el Gobierno nacional a posesionarse el siete de agosto del presente año mantendrá las comisiones y mesas de interlocución con el movimiento social, las cuales intentaban ser un mínimo de garantía para la preservación de la vida de los líderes sociales. También sobre si estas agendas de trabajo con sus avances se mantendrán bajo los criterios de respeto a los espacios autónomos, en los que los participantes llegan con posibilidad de voz y voto y con facultades para la toma de decisiones, siendo vinculantes para el Estado como para el movimiento social que representan.

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