¿Qué es en realidad la penitenciaría "La Paz" de Itagüí?

Los establecimientos carcelarios del país, que son mostrados como centros de "resocialización", son una mentira más de los políticos corruptos, quienes manipulan los hilos del poder en beneficio de sus intereses personales o de grupo. Nos pretenden mostrar valores donde solo hay podredumbre. Puertas adentro, el imperio del poder, disfrazado de "justicia", se convierte en una sucia maquinaria que atropella de manera demoledora la dignidad humana.

El establecimiento penitenciario “La Paz” en el municipio de Itagüí, Antioquia, no es la excepción a esta realidad. Las diferentes áreas administrativas, a manera de micro poderes, se reparten el derecho a manejar sus funciones de manera arbitraria, descargando toda su furia contra las personas privadas de su libertad, a quienes de manera constante y reiterativa les violan sus más elementales derechos.

El Área Jurídica genera desconcierto e incertidumbre, puesto que su mayor esfuerzo lo enfoca en evitar que el prisionero agilice los trámites para aclarar su situación jurídica o para lograr su libertad. El trato es humillante, olvidando que allí no se puede violentar la dignidad humana, independientemente del normal constreñimiento a la libertad, como consecuencia de la condena recibida. Los procesos administrativos y jurídicos son excesivamente lentos y calculados, como si la sombra de la corrupción, disfrazada de contribuciones "voluntarias" fuera la única solución para que esta sección funcione de manera normal, ágil y efectiva.

En cuanto al área de la salud, allí todo es insensibilidad e indolencia. Varios de los profesionales que allí laboran actúan como auténticos delincuentes de bata blanca; muestran un desprecio inaudito por la salud de los prisioneros, y el respeto a la vida, el trato humanitario y neutral brillan por su ausencia. No es extraño saber de casos donde se manipulan las historias clínicas con el propósito de no darle prioridad a casos graves de salud, impidiendo que muchos prisioneros enfermos o con enfermedades terminales puedan ser llevados a las citas médicas externas. De nada vale que el prisionero esté afiliado a una EPS, puesto que se ignoran y retrasan las citas.

Se ignora de manera descarada la sentencia de la Corte Constitucional T-522 de 1992 donde se deja claro que "las personas privadas de la libertad gozan de todos los derechos inherentes a la dignidad humana en general, y en particular del derecho a la salud. Es una obligación del Estado, porque el detenido está bajo su protección y responsabilidad”. Además, se reconoce en la sentencia que se le debe dar credibilidad a las dolencias manifiestas por el detenido no solo en casos de enfermedades graves o peligro de muerte, sino cuando este lo requiera, situación que es desconocida recurrentemente por las autoridades penitenciarias.

No puede olvidarse que el derecho a la salud está en conexidad con el derecho a la vida, especialmente en situaciones de gran vulnerabilidad, como es el caso de las personas privadas de su libertad. En algunos patios del penal se ha llegado al extremo del cinismo de pegar carteles invitando a los internos a renunciar a su EPS, con el fin de ser atendidos en el interior del penal, a sabiendas que no existe personal idóneo, instalaciones funcionales para la atención médica, ni medicamentos adecuados y suficientes para tratar las múltiples dolencias que se padecen, además de los heridos que se presentan por riñas internas.

Entre los años 2017 y 2018 se han producido más de 10 fallecimientos de prisioneros, uno de ellos de un ciudadano norteamericano y cuatro casos en el mes de abril del presente año.

En cuanto al expendio las condiciones no son las mejores. No se respetan los horarios; despachan al capricho del vendedor de turno, con el agravante de la escasez de muchos artículos, tales como cigarrillos, gaseosas, galletas, panes, entre otros. Sumado a lo anterior, la institución carcelaria no permite a los familiares de los reclusos el ingreso de algunos productos, con lo cual se favorece la especulación y la elevación de precios, una muestra de la corrupción reinante a todo nivel.

Sobre el alto nivel de hacinamiento la situación tiende a empeorar. Este establecimiento está en capacidad de albergar 328 internos, aunque en la actualidad tiene 1.145, con tendencia a elevarse. El Patio 4, que cuenta con capacidad de acoger 70 prisioneros hoy alberga 400. Allí se vive un ambiente de miedo, zozobra, y se duerme por turnos. De esto nada dice el señor alcalde de Medellín, quien hace alarde de combatir la delincuencia, pero ignora que es esa misma casta política la que lleva a que muchas personas caigan en las prisiones, buscando paliar su miseria económica al trasgredir un sistema penal que fue constituido para castigar a los pobres y favorecer a los delincuentes de cuello blanco.

Lo anterior evidencia que existe una política malsana de la dirigencia, con la cual se busca que los prisioneros vivamos en un verdadero calvario: mala atención jurídica, mala atención en salud, mala atención en el expendio, mala dormida. Todo esto lleva a que muchos prisioneros se vuelvan violentos, y se crea el pretexto para reprimir cualquier expresión de protesta de los internos, mediante el salvaje uso de los garrotes, los gases y las sanciones colectivas.

Para lo anterior utilizan escuadrones como el GRI (Grupo de Reacción Inmediata), traídos de otros lugares, y quienes actúan como verdaderas bestias sedientas de sangre: llegan en las madrugadas cual tropas fascistas, recorren los pasillos con gritos, perros, palos y gases, en ejercicio de un terrorismo muy bien aprendido y sistemático. Hay que mirar a los ojos de estos pobres servidores: son seres deformados por una ideología que infunde el odio a los pobres y débiles de la tierra. Están "amaestrados" para descargar toda su furia contra los detenidos, como si estos fueran los culpables de toda la miseria material y moral que padecen los colombianos.

Esta situación nos lleva a afirmar que es la institucionalidad la que atenta contra la sana convivencia. Como claro ejemplo de esta situación está la violenta e innecesaria incursión a los patios el 22 de febrero del año en curso, en cabeza del Capitán Edgar Iván Pérez Ortega, quien se caracteriza por ser una persona humillativa, que trata con menosprecio, no solo a los prisioneros sino también a sus subalternos, maltratados en presencia de los mismos reclusos. Con estas prácticas el Estado pretende imponer un régimen de terror, al considerar que la cárcel es un cementerio para hombres vivos, y desconoce las potencialidades de los internos, quienes pueden ser capaces de sobreponerse a la pérdida de la libertad y construir sueños por una vida futura mejor.

Lo que esperamos de las autoridades carcelarias es el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Que velen por la eficaz atención de nuestras peticiones, faciliten un trato digno y creen las condiciones para que impere un sano ambiente de convivencia y respeto mutuo. Si de verdad estamos en un Estado Social de Derecho, son los funcionarios al servicio del mismo quienes están en la obligación de ser los primeros garantes de la justicia social, condición fundamental para poder construir caminos de paz y de reconciliación.

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Juan Andres
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