Sufrimiento humano: impacto antes y después de Hidroituango

A pesar de que entre el 28 de abril y el siete de mayo se produjeron tres derrumbes en Hidroituango, fue el 12 de mayo de este año cuando se encendieron las alarmas por el aumento inesperado del caudal del río Cauca debido a “un destaponamiento de forma natural del túnel derecho del proyecto hidroeléctrico Ituango”, como lo informaron las fuentes oficiales de Empresas Públicas de Medellín. Pareciera que a partir de esa fecha se inició la problemática que ha generado fuertes impactos sobre la vida de las poblaciones aguas abajo del río, pues 12 municipios (de cuatro departamentos) se mantienen en alerta debido a la emergencia; por lo menos 120.000 personas permanecen en riesgo latente y son más de 8000 los evacuados.

Sin embargo, la que sería la hidroeléctrica más grande del país ha generado impactos desde que comenzó la proyección de su construcción. Según el informe Colombia Nunca Más: Extractivismo y graves violaciones a los Derechos Humanos. Caso Hidroituango. 1990 – 2016, elaborado por la Corporación Jurídica Libertad, “En los doce territorios de estudio se han presentado graves violaciones a los derechos humanos, las cuales no pueden comprenderse de manera aislada a la implementación del modelo extractivista y mucho menos al desarrollo de Megaproyectos, tal como ocurre con el caso de Hidroituango”. Se advierte que “la funcionalidad de la guerra se halla en la posibilidad de despojar de manera violenta a las comunidades de sus territorios y a su vez destruir toda forma de resistencia que se oponga a este objetivo, para dar cabida a los intereses de grupos privados, transnacionales o del propio Estado”.

El informe evidencia el alto grado de victimización de la población, al destacar que entre 1990 y 2016, un total de 110.363 personas fueron víctimas del conflicto en los municipios de la zona de influencia del megaproyecto (sobre una población estimada por el DANE para el año 2016 en 175.471 habitantes), según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

Por otra parte, en los 26 años que cubre el informe se registraron un total de 48 masacres, llevadas a cabo sobre todo como estrategia paramilitar para generar terror, control social y territorial de la población. Las masacres registradas se distribuyen así: “Entre 1990 y 1994 se cometieron 6 masacres con 36 víctimas, mientras que entre 1995 y 2006 hubo 39 masacres con 234 víctimas; de estas, 6 se presentaron en territorios donde se realizan las obras del Megaproyecto Hidroituango. Para el periodo 2007 - 2016 se reportan 3 masacres y 14 víctimas”.

Además, las organizaciones sociales de la zona de influencia también han sido perseguidas y señaladas de tener vínculos con la guerrilla; sus líderes han sufrido agresiones constantes y algunos han sido asesinados. En carta abierta a la Gobernación de Antioquia, enviada el pasado 22 de junio de 2018, las comunidades afectadas por Hidroituango organizadas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia destacan la grave situación de estigmatización y deslegitimación de la movilización social, que pone en riesgo sus vidas. En el texto se evidencia la falta de escucha de los entes gubernamentales a las peticiones y propuestas de la comunidad ancestral que habita las riberas del río y que viven de él, como los barequeros, arrieros, agricultores, paleros, areneros y organizaciones de jóvenes y mujeres, que expresaron su preocupación frente a los impactos que generaría en su vida la megaobra.

Señalan que “si se hubiese atendido las solicitudes de recorrido y caracterización de la población aguas arriba y aguas abajo de la presa, si se hubiese escuchado las preocupaciones de las comunidades, la tragedia que hoy vivimos sería de menor impacto para la población, si se hubiese escuchado la preocupación por los cuerpos que hay enterrados en las riberas del río, si la secretaría de gobierno hubiese hecho algo cuando se le mostró al Director de Derechos Humanos en la playa El Arenal, sector Ciruelar, en el mes de febrero, los restos óseos humanos, quizás una familia que busca a su ser querido hoy tendría paz”.

Frente a los incumplimientos constantes, las comunidades organizadas solicitan audiencia al gobernador de Antioquia, ya que como lo expresa la carta, “la situación de incertidumbre, de crisis de las familias que lo perdieron todo, de cientos de familias que no han podido regresar a trabajar al río Cauca, de los autoalbergues, del destierro que ha significado Hidroituango, crece todos los días y poco aguas abajo y nada aguas arriba ha hecho Empresas Públicas de Medellín EPM”.

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Alba Shirley Tamayo Arango
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