Editorial 141: La vida, la democracia y la paz se disputarán y se ganarán en las calles

Por lo visto, al presidente Duque no le dio ni cinco de vergüenza nombrar en su gabinete a personajes como Alberto Carrasquilla, Nancy Patricia Gutiérrez, María Victoria Angulo González, entre otros, a pesar de haber estado involucrados en escándalos de corrupción o procesos penales por paramilitarismo. El cinismo afloró muy rápido; en tan solo semanas el joven Iván Duque olvidó los compromisos que hizo ante el país el 27 de mayo, cuando ganó las elecciones: combatir la corrupción, renovar la política y acabar con la práctica de repartir mermelada.

Sin embargo, ya el tarro de mermelada está casi vacío: los empresarios, los corruptos, los militares implicados en falsos positivos, y los representantes de gremios como Guillermo Botero, recibieron su untada. Botero, reconocido empresario de las flores y hasta ahora presidente de Fenalco, fue nombrado ministro de Defensa, y como buen godo, lo primero que ofreció fue represión y control hacia la protesta social, un anuncio muy particular en un país que espera que alguien con autoridad haga algo para detener el genocidio contra líderes y lideresas sociales, cifra que supera 400 asesinatos en los últimos 30 meses.

Alberto Carrasquilla fue nombrado ministro de Hacienda. Este señor es un conservador ortodoxo, según lo definen en el diario El Tiempo, o un godo, como nosotros le diríamos, que se caracteriza como todos ellos por practicar la doble moral. Por un lado, lanzan a los cuatro vientos lecciones de moral y de comportamiento para los demás, pero aplican para sí mismos otras reglas, más flexibles, para beneficiarse de su poder y su cargo con los grandes contratos, o practicar la corrupción y el arribismo abiertamente contra los pobres. Carrasquilla estaría vinculado, por lo menos por omisión como ministro de Hacienda de Uribe, en el caso de contratación de la construcción de la refinería de Cartagena, Reficar, en la que se robaron más de ocho mil quinientos millones de dólares.

Su nombre se encontró en la lista de los papeles de Panamá, eufemismo usado para referirse a los paraísos fiscales en donde personajes como él esconden el dinero que se roban del erario público, o la plata que perciben por facilitar o recomendar meganegocios, práctica muy desarrollada y aplicada por los ricos de todo el mundo, casi siempre respetadísimos empresarios. Recientemente, y como si tuviera las manos y la imagen limpia, el polémico señor Carrasquilla manifestó en el diario económico La República, que el salario mínimo era “ridículamente alto” por lo que habría que rebajarlo. Carrasquilla además lidera el equipo de 295 personas que están haciendo el empalme con el saliente gobierno de Santos. Los multimillonarios, los godos, y las mafias que se apoderaron del Estado en los dos periodos de Uribe, manejarán la línea política y económica del gobierno de Duque. Más mano dura para los pobres.

Por otro lado, la nueva ministra del Interior es ni más ni menos que Nancy Patricia Gutiérrez, excongresista uribista, acusada e investigada por parapolítica y tráfico de influencias. Gutiérrez fue señalada de haber recibido apoyo de los paramilitares en su campaña, por personajes como Andrés Vélez del bloque centauros, Luis Alberto Medina alias “Cristo Malo”, y por la polémica Rocío Arias, ex representante a la cámara, uribista hasta los tuétanos, también condenada por parapolítica. El delito de tráfico de influencias fue por recibir información confidencial del DAS con la que Gutiérrez desprestigió a Piedad Córdoba. Todas estas ilegalidades fueron respaldadas por Uribe y la famosa exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Aunque la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia inhibitoria en favor de Gutiérrez, el expediente y el proceso siguen vivos, pues aunque el asunto jurídico tiene debilidad probatoria, podría activarse con nuevas pruebas.
María Victoria Angulo González, nueva ministra de Educación, aunque no es tan conocida se desempeñó en la Secretaría de Educación de Bogotá. Es una mujer muy estudiada, economista de la Universidad de los Andes, que desde 2011 dirigió la fundación Empresarios por la Educación. Según La Silla Vacía, esta fundación “promueve la vinculación activa del sector privado en el mejoramiento de la educación y tiene o ha tenido en su junta directiva a empresarios superpoderosos como David Bojanini, presidente de Suramericana, Antonio Celia de Promigas, Alberto Espinosa de Alpina y Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería, entre otros”.

Nada de esto es ilegal, el problema es que cuando se presentaron los escándalos de corrupción por los carteles de los alimentos escolares, se pudo observar que la entonces secretaria de Educación del distrito firmó contratos con la Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia, la misma empresa que con otro nombre le vendía las pechugas de pollo más caras del país a los cartageneros, platica destinada para alimentar a los niños y las niñas más humildes de esa ciudad.

Pero las acciones del nuevo gobierno y sus bancadas en el Congreso también han mostrado, con rapidez, el objetivo central de hacer trizas los acuerdos de paz, como lo había prometido uno de sus máximos voceros, el corrupto Londoño Hoyos. Para ello han atacado con virulencia la Justicia Especial para la Paz - JEP. En realidad a nadie le cabe duda que el fin primordial es la protección de Álvaro Uribe, ya que reconocidos y altos mandos militares se han acogido a la JEP, y allí tendrán que contar la verdad sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por ellos y ordenados por el expresidente, o por lo menos con su complicidad o su omisión, y con el apoyo de importantes empresarios. Interesante observar el enredo y los conflictos que van a tener entre sí los áulicos del uribismo. Tal vez en esta oportunidad algunos no querrán pagar los crímenes del patrón.

Por otro lado, tampoco está tan fácil para Duque hacer trizas lo que queda de los acuerdos con las FARC, o patear la mesa con el ELN, pues la directora del FMI, Christine Legarde, advirtió a Duque que la inversión y el crédito dependen de la paz de Colombia. Y como el presidente electo se fue a recibir instrucciones, seguramente se devolvió con preocupaciones al respecto.

No se puede negar que se ha consolidado un gobierno tirano y cruel en contra de los más necesitados, uno con mano de hierro para atacar a la oposición social y política; así lo demuestran los más de 400 asesinatos y los cientos de judicializaciones y acciones de intimidación y amenazas contra los líderes sociales y sus organizaciones. Sin embargo, el viernes seis de julio cientos de miles de personas en Colombia, en más de 50 plazas públicas y en otros países, se congregaron para rechazar los asesinatos y la violencia contra los líderes y lideresas en una velatón por la defensa de la vida. Con esta acción de humanismo dijeron al movimiento social que no estaban solos.

Esta iniciativa democrática provocó el impulso de un pacto por la vida y la paz, que suscribió incluso el nuevo presidente Duque. Pero como desde entonces la violencia no ha parado, diferentes organizaciones sociales y populares, la bancada alternativa del Congreso de la república y la Colombia Humana reaccionaron con una propuesta de carnaval por la vida y la paz: una monumental movilización de millones de personas que se llevará a cabo el siete de agosto en Colombia y en todo el mundo, un mensaje claro para el uribismo y para los asesinos encubiertos. La vida, la democracia y la paz se disputarán y se ganarán en las calles.

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