Verdades, mitos y preguntas sobre los asesinatos de líderes sociales

Mucho se ha hablado últimamente sobre la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, específicamente por la gran cantidad de asesinatos, amenazas y procesos judiciales en su contra. Aunque esto no es algo nuevo, el alarmante crecimiento de estos casos está en el foco de la opinión pública. Esta visibilización es importante y necesaria para movilizar al Estado, la sociedad civil e incluso a la comunidad internacional en torno a la protección de estas personas y el apoyo a los procesos que desarrollan, pero también trae especulaciones e información contradictoria. Por esta razón, es importante establecer qué es verdad en esta situación, cuáles son los mitos a su alrededor y qué preguntas hacerse como sociedad frente a este fenómeno.

VERDADES

Entre los grupos de personas olvidados por el Estado colombiano e invisibilizados en el conflicto armado están los líderes sociales y defensores de derechos humanos. A lo largo del tiempo los gobiernos de turno han hecho poco o nada por apoyar el liderazgo social y desconocen la violencia sistemática que la afecta. De acuerdo con Carlos Guevara, coordinador del programa Somos Defensores, la tasa de homicidios focalizada en estos activistas se disparó y viene en aumento sostenido desde el inicio y la implementación del proceso de paz con las FARC.

Guevara señala que los activistas que reportan mayor número de afectados son líderes campesinos, comunitarios, de juntas de acción comunal, indígenas y afro de diferentes zonas de los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Córdoba y Chocó. En este sentido, se evidencia una violencia concentrada en representantes de minorías con pocas oportunidades de acceso a la ayuda estatal y en lugares donde la guerra ha sido una constante, hay algún tipo de interés económico y político o se llevan a cabo luchas de reivindicación social.

Denuncias
Organizaciones como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y popular, la Marcha Patriótica e Indepaz, en alianza con el instituto Heinrich Böll Stiftung Colombia, presentaron en mayo de 2018 un Informe Conjunto Especial de Derechos Humanos-Situación de lideresas y líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las FARC y sus familias, ampliado y actualizado en julio del mismo año por Marcha Patriótica en su rueda de prensa sobre el tema.

En este informe se habla, hasta el cinco de julio de 2018, de 123 líderes y/o defensores de DDHH asesinados en lo que va transcurrido del año. Dicha cifra fue ampliada en el comunicado oficial de Marcha Patriótica del 17 de julio, al considerar datos desde enero de 2016 hasta julio 2018, para una cifra final de 445 líderes asesinados, de los cuales 169 pertenecían a Marcha Patriótica y 22 de estos eran mujeres.

Entre los datos relevantes presentados por el informe están: en el 2018 las organizaciones que reconocen como suyos a los asesinados son en su mayoría la Cumbre Agraria (ONIC, Marcha Patriótica, PCN, Congreso de los Pueblos y Ríos Vivos) y la Confederación Comunal de Colombia; el 81,5% de las personas afectadas pertenecen a organizaciones campesinas, étnicas o a JAC; los relacionados con cultivos de coca (pactos de sustitución o erradicación forzada) son el 12,6%; los conflictos por tierra, territorio y recursos naturales representan el 83,19% de los asesinatos en 2018; el 15,12% de los homicidios fueron mujeres y desde la elección presidencial el 17 de junio del presente año, hasta el cinco de julio, se han asesinado a 22 líderes y/o defensores de DDHH, y la cifra aumenta día a día.

Así mismo, el informe señala que “La presencia de grupos paramilitares, del ELN y disidencias se ha incrementado, en especial en las zonas donde hacía presencia las Farc-Ep y actualmente las amenazas contra miembros de organizaciones sociales es permanente”. Con lo anterior, se pone de manifiesto el peligro en el que están los territorios prioritarios para la implementación de los acuerdos de paz. Además, concluye que se observa un número significativo de asesinatos de personas pertenecientes a los mismos grupos sociales o políticos ocurridos en un mismo periodo de tiempo y en los mismos espacios geográficos, evidenciando una sistematicidad en la que se destacan los actores que las ejecutan y los modos de ejecución de acuerdo con el territorio y los fines que persiguen.

Frente a esto, las organizaciones sociales piden al Estado, entre otras cosas, investigar el origen de las amenazas y los asesinatos para evitar más casos, y esclarecer los ya existentes; una ruta de concertación para garantizar la vida e integridad; medidas de prevención y de protección territorial y colectiva, como fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección, entre los que están las guardias indígenas, cimarronas y campesinas; pactos regionales de no violencia; cumplimiento de los acuerdos de paz, e implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial y los pactos de sustitución.

Otras organizaciones se han visto afectadas en lo que podría considerarse una ampliación de esta violencia hacia sectores sociales. Es el caso de los integrantes del movimiento político Colombia Humana asesinados y amenazados. Al respecto, Jorge Rojas, gerente de la campaña política de este movimiento señaló en varios medios de comunicación que se han recibido amenazas, en su mayoría, en zonas de interés político, y que se trata de un “plan de exterminio” aprovechando el momento de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, espacio en el que ninguno se responsabiliza sobre la problemática.

Amenazas, judicialización y otras formas de violencia
No solo se trata de asesinatos. Existen otras formas de violencia recurrentes y caracterizadas en contra de los activistas sociales que dan cuenta de una sistematicidad en las acciones. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo están las amenazas, que se presentan de manera individual y colectiva mediante panfletos, llamadas, mensajes o redes sociales y buscan intimidar y servir de advertencia. Las violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad con toma de fotografías no autorizadas y robo de información, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias, el desprestigio, las desapariciones y el desplazamiento forzado son las maneras recurrentes en las que se ataca a los líderes sociales y deben ser consideradas como parte de la problemática.

Por su parte, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos –GIDH y el Programa Somos Defensores, realizaron un informe para la Comisión de la Verdad, titulado Defender la Vida. En este muestran cinco patrones claros de agresión: la represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; la criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; las ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado; las ejecuciones por grupos paramilitares o grupos pos-desmovilización que actuaron con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y el uso excesivo de la fuerza contra defensores de derechos humanos en protestas sociales, especialmente por el ESMAD de la Policía Nacional.

¿Qué dicen el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional?
Frente a la problemática, el Estado ha manifestado su posición de diferentes formas. A finales de 2017 el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que no había una organización asesinando líderes sociales y que la “inmensa mayoría” de estos asesinatos eran producto de problemas de linderos, rentas ilícitas y líos de faldas. A esta declaración se suma la del presidente Juan Manuel Santos en octubre de ese mismo año, en la que afirma que no hay un patrón sistemático y que se trata de hechos aislados.

A julio de 2018, con el obvio incremento de las muertes, el ministro Villegas señaló que “le preocupa enormemente el asesinato de líderes” y que se están tomando las medidas necesarias. La Fiscalía General indicó que las investigaciones están en curso y el ministro del Interior informó que se empezó a implementar un modelo de “protección colectiva”. Por otro lado el presidente electo Iván Duque prometió “cero tolerancia” frente a la violencia que sufren los líderes sociales, y el presidente Santos condenó enfáticamente los hechos de violencia y pidió a la fuerza pública actuar con contundencia.

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, reconoció la sistematicidad en el caso de los asesinatos de líderes de tierras, afirmó que la defensa debe hacerse desde los territorios, con esquemas de protección rural, colectiva y con enfoque diferencial. En cuanto al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, este afirma que: “No puede haber ni un líder social o defensor de derechos humanos más asesinado en Colombia y por eso reiteramos la obligación que tiene el gobierno de reforzar su seguridad y de garantizar la labor social que ellos realizan en todo el país”.

La sociedad civil se ha mostrado inquieta y solidaria con la situación de los líderes sociales y se ha manifestado de diferentes formas, por medio de performances artísticos en diferentes partes del país y movilizaciones en las calles y redes sociales. Entre las diferentes manifestaciones se destaca la Velatón del pasado seis de julio, en la que miles de colombianos salieron a las plazas principales de diferentes pueblos y ciudades, tanto en Colombia como en el extranjero, para sentar su voz de protesta en contra de la violencia y por el derecho a la vida.

En cuanto a organismos internacionales, Amnistía Internacional, le ha llamado la atención al gobierno de Santos por la situación de seguridad que hay en algunos territorios y que representa un riesgo para la vida de los líderes. 38 Diputados del Parlamento Europeo dirigieron una carta a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de seguridad, Federica Mogherini, en la que manifiestan su profunda preocupación por la situación de los líderes sociales en el país y hacen un llamado urgente y de carácter humanitario para la inmediata intervención, con el fin de salvar la vida de los líderes. Por parte de la ONU, Alberto Brunori, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en entrevista a medios de comunicación expresó que: "la defensa de los derechos humanos en Colombia se ejerce bajo asedio" y que la situación es tan grave que se ha normalizado el riesgo y el miedo en la defensa de los derechos humanos.

MITOS

¿Por qué hay diferentes cifras de asesinatos?
Para muchos, la discrepancia en las cifras sobre asesinatos a líderes sociales genera dudas respecto a la credibilidad del problema, y para otros representa intereses específicos de las entidades que las presentan. Lo cierto es que la diferencia en cifras se debe a dos factores: las metodologías para verificar los casos y los periodos analizados.

Algunas organizaciones reportan solo los casos que tienen que ver con sus miembros y las diferentes denuncias que se realizan, otras tipifican la función del líder social para determinar si realmente lo era o no, y de qué forma se presentó su fallecimiento (si tuvo o no relación con su labor social), y otras tienen en cuenta de qué forma ejercía su liderazgo y qué cargo tenía.

Así mismo, en cuanto a los periodos de tiempo reportados, algunas organizaciones establecen como fecha de inicio enero de 2016, otras el día D de los acuerdos de paz, algunas reportan año a año y no un total, y otras amplían su espectro de análisis hacia el 2015 o años anteriores. La frecuencia de reporte de víctimas también es un factor, ya que organizaciones como la ONU o la Defensoría del Pueblo presentan informes oficiales cada trimestre, mientras que otras organizaciones van actualizando las cifras día a día.

Por esta razón se encuentran cifras que van desde los 200 hasta los más de 400 líderes asesinados. Lo que no se puede perder de vista es que más allá de los diferentes reportes, se trata de vidas humanas valiosas e importantes, que debieron ser respetadas y a las que se les debió dar garantías para el trabajo social que desempeñaban.

PREGUNTAS

Las dimensiones de una problemática que pudo haberse atendido con celeridad y contundencia han alcanzado los niveles de crisis humanitaria. La situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos es insostenible, y en este punto coyuntural en el que es tan evidente que existe un problema, vale la pena preguntarse: ¿Por qué se llegó tan lejos? ¿Qué hay detrás de las muertes sistemáticas de los líderes y defensores humanos? ¿Acaso no todos los ciudadanos son potenciales líderes sociales? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué exigirle al gobierno y cómo? ¿Qué nos dice como sociedad los alcances de esta problemática? Ahora es momento de reflexionar y de reconocer que la sociedad en su conjunto debe actuar con responsabilidad y sin indiferencia ante algo que está pasando y que afecta a todos.

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