Una decisión sin precedentes

El 24 de julio se produjo una actuación judicial sin precedentes. La Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de justicia ordinaria del país, llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Si bien este hecho es producto de un proceso por manipulación de testigos que tiene el expresidente encima, la verdad es que su origen se encuentra en un debate que le hizo el congresista Iván Cepeda para esclarecer su responsabilidad, participación, y connivencia con grupos paramilitares. Cepeda había conversado con varios exparamilitares que trabajaron para la familia Uribe Vélez, y que han revelado hechos muy delicados que lo involucran.

El principal testigo contra Uribe es Juan Guillermo Monsalve, hijo de Óscar Monsalve, el administrador de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia de Uribe. En los noventa, luego de un conflicto que hubo con la guerrilla en esta finca, Santiago Uribe ordenó, según Monsalve, regresar a sus trabajadores para recuperar un ganado robado, lo que desencadenó en una masacre, la masacre de San Roque. Como si eso fuera poco, Monsalve ha expresado en distintas ocasiones que Álvaro Uribe es “el fundador del Bloque Metro”, junto con su hermano Santiago (actualmente juzgado por su participación en el también grupo paramilitar los Doce Apóstoles), Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, y Santiago Gallón Henao.

Monsalve ha sufrido varios intentos de asesinato –una vez atacado en la cárcel a cuchillo, y otra vez encontró veneno en su celda– y su esposa está fuera del país por amenazas a su vida.

Cronología

2011: El representante a la Cámara del Polo Democrático, Iván Cepeda, visita y entrevista a Pablo Hernán Sierra y a Juan Guillermo Monsalve, dos exparamilitares que relacionaron a Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares, más exactamente con el Bloque Metro. Este bloque, según los exparamilitares, fue creado por Álvaro Uribe, su hermano Santiago, y otros ganaderos de Antioquia.

2014: Iván Cepeda realiza un debate de control político en el Congreso por la responsabilidad del senador Álvaro Uribe con el paramilitarismo en Antioquia.

A raíz de esto, Álvaro Uribe interpone una denuncia en la Corte Suprema contra Iván Cepeda. Le endilga los delitos de fraude procesal, calumnia, y abuso de la función pública. Uribe y sus abogados dicen que Cepeda, supuestamente, le prometió beneficios jurídicos, económicos, y hasta sacar del país a estos y otros paramilitares, con la condición de que relacionaran a Uribe con el paramilitarismo.

16 de febrero de 2018: La Corte, después de tres años y dos meses de investigación, y a través de un documento de 218 páginas, toma una decisión que le da una vuelta al proceso. Decide no investigar a Cepeda y, por el contrario, empezar un proceso contra Uribe. Para el Tribunal, Cepeda no se excedió en sus funciones, mucho menos sobornó o manipuló testigos. Además, descubre en su investigación que es realmente alrededor de Uribe que se creó una red para cometer los delitos por los que este denunció a Iván Cepeda. Quien denunció la manipulación de testigos, resultó ser el verdadero manipulador.

22 de febrero: Un día después de esta relevante decisión, llegaron a la Corte anónimos y mensajes que advirtieron a los magistrados lo que confirmó Reynaldo Villalba –abogado de Iván Cepeda–, el

22 de febrero: al exparamilitar Monsalve y a su familia los buscaban para que este se retractara y Uribe pudiera, a través de un recurso legal, revertir la decisión de la Corte.

24 de julio: La Corte Suprema llama a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez. Fueron cinco meses de una silenciosa investigación, con interceptaciones telefónicas, análisis de audios, fotos, y con la participación activa de Monsalve, quien grabó con un reloj especial el momento en que Diego Cadena (abogado de narcotraficantes y de Uribe) le pide que firme un documento retractándose de sus declaraciones contra Uribe.


La persona con más investigaciones

Según la Misión de Observación Electoral, la persona con más investigaciones en la Comisión de Acusación del Congreso es Álvaro Uribe, con 276. Además de ellas, en la Corte Suprema tiene 28 procesos, entre los que destaca uno sobre falsos positivos, uno sobre el sabotaje informático al proceso de paz, y otros más por disputas que terminan en procesos por injuria y calumnia. Entre todas estas investigaciones resaltan varias por su gravedad, en especial las relacionadas con las masacres, que han perseguido al expresidente en varias ocasiones.

Hace unos años el Tribunal de Justicia y Paz pidió investigarlo por la presunta participación de su gobernación en la masacre de El Aro, en 1996, luego de que se dijera que esta tenía suficiente información sobre los acontecimientos y que el helicóptero oficial había sobrevolado la zona “durante la ejecución de la incursión y que en dicho helicóptero, según informó (…) Carlos Castaño Gil, se encontraban el Gobernador de Antioquia y dos miembros de la Cruz Roja”. Este mismo año, de nuevo, se sumó una nueva compulsa de copias en su contra por este mismo hecho: el Tribunal Superior de Medellín pidió que se le investigara, argumentando que existen elementos de juicio que comprometen directamente la “responsabilidad penal de varias personas como el gobernador de Antioquia de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez”.

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Juan David Guerra
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