Sobre mitos de la consulta anticorrupción y otros demonios

La Consulta Anticorrupción, impulsada por la senadora Claudia López, ha levantado ampollas en varios sectores, que han respondido con una serie de argumentos en contra de la efectividad de este. En este espacio intentaré desmentirlos y dejaré dos puntos más para nutrir el debate.

Costo de la consulta
Una buena parte de las críticas a esta consulta ha surgido a partir del costo que amerita una jornada electoral de esta proporción. Los 300 mil millones que costaría realizarla han dejado un sinsabor, reflejado en las declaraciones y columnas de opinión de diferentes figuras públicas, pues aseguran que este gasto sería un despropósito en términos de presupuestales que dejaría un enorme hueco fiscal en los fondos nacionales. Pero vale preguntarse si estos temores están justificados. Y para saber si es así, hablemos de plata:

El referendo que prohibiría la adopción por parte de parejas del mismo sexo, impulsado por Vivian Morales, hubiese costado 280 mil millones, de no ser porque la Cámara de Representantes lo tumbó en tercer debate; por otra parte, el Plebiscito por la Paz, donde se refrendaron los Acuerdos de Paz, costó esos mismos 280 mil millones, y fue realizado en el 2016 en medio de numerosos contradictores.

Ahora, si hablamos de presupuestos de la Nación destinados a sus carteras, sabemos, según informes del Ministerio de Hacienda, que para el 2018 los ministerios de Cultura y Ciencia y Tecnología recibieron respectivamente 396 mil millones y 339 mil millones. Para financiar proyectos sociales de varias de estas carteras, en el 2018 el Gobierno nacional pidió 400 mil millones al Fondo Nacional del Ahorro, lo que se traduce en descapitalización de dinero que proviene de aportes de afiliados a través de cesantías o ahorro voluntario.

A la hora de hablar de obras que se podrían realizar con este mismo presupuesto, la Autopista Bicentenario sería un buen ejemplo: esta carretera que atravesaría de sur a norte la capital del Valle del Cauca en sus 14,7 kilómetros de largo, tendría un costo aproximado de 350 mil millones.

En este orden de ideas, quienes se oponen a la consulta argumentan que esos 300 mil millones de pesos podrían ser invertidos en otros proyectos de gran envergadura y que requieren estos fondos con mayor urgencia, como los presupuestos presentados anteriormente. Pero no tienen en cuenta dos puntos importantes en la discusión: primero, la Ley 134 de 1994, en sus artículos 99 y 100, exigen un “Fondo para la Participación Ciudadana” que garantiza la realización anual de procesos de participación ciudadana, por lo que esos fondos están destinados desde la distribución de presupuestos realizado a comienzos de cada año por parte del Ministerio de Hacienda, y por ello, esta consulta no generaría un hueco fiscal. En resumen, ya hay plata para realizarla, y no descabezará ningún otro presupuesto nacional para consolidar la misma.

Y si les parece poco en término de ahorro presupuestal, la aprobación del punto que disminuiría el salario de los congresistas y altos cargos nos permitiría ahorrar al año 213 mil millones de pesos. Y si fuésemos más optimistas y los siete puntos de la consulta fueran votados positivamente, mitigarían en gran medida el desfalco anual de entre 40 y 50 billones de pesos que se lleva cada año el fenómeno de la corrupción en Colombia.

Alcance jurídico
Otro de los argumentos de los que se han apropiado los contradictores de esta jornada de participación ciudadana, es que ya existe todo un aparataje jurídico-político que ha sido reglamentado desde hace un par de décadas y que tiene como propósito combatir, en sus diferentes niveles, la corrupción. Pero la pregunta que nos merece este argumento es si estas disposiciones normativas han servido para algo.

Desde la constitución del 91 se han dictado unas 38 normas en materia de contratación pública, regulación fiscal y disciplinaria, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información pública, todas enmarcadas en la lucha contra la corrupción en los ámbitos de lo público y privado. Entre este aparataje de leyes, existen algunas que resaltan frente a las demás por ser integrales en la lucha contra este flagelo:

Por ejemplo, está la Ley 1778 del 2016, que dicta una serie de normas sobre la responsabilidad de personas jurídicas en actos de corrupción y las disposiciones en la lucha contra este fenómeno; o desde el ámbito de la administración pública, la Ley 1474 del 2011, que constituye un aparato normativo que busca fortalecer mecanismo de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción en la gestión pública. Y la Ley 1828 del 2017 que crea el código de ética de los congresistas, que tiene un carácter disciplinario frente a conductas de dudosa moralidad en el ejercicio de su función.
Si bien existen esta serie de normativas que mitigan los impactos de este fenómeno, parece que no han sido lo suficientemente eficientes en su labor. En el informe del CPI (Índice de Percepción de Corrupción) publicado en el 2016, Colombia ha seguido con una calificación desfavorable desde hace por lo menos 15 años, teniendo un promedio de 37 puntos en una escala de 0 a 100, donde 0 es mayor percepción de corrupción, y 100 es menor, sin haber cambios significativos en estos puntos. Y por si esto fuera poco, el país empeoró en su posición respecto a los 176 países que hacen parte del estudio, pasando de un año al otro del puesto 83 al puesto 90.

Agregado a esto, en una encuesta realizada por Transparencia Internacional en el 2017, la misma firma que realizó el informe del CPI, 61% de los colombianos encuestados creen que la corrupción en nuestro país ha aumentado con respecto a los anteriores años y, asimismo, el 59% asegura que las acciones por parte del Gobierno no han mitigado en gran medida los impactos de este fenómeno.

¿Qué trae de nuevo la Consulta?
Además de los 213 mil millones anuales que ahorraríamos con la reducción de salarios a congresistas y altos funcionarios que propone el primer punto, los siguientes seis que configuran la consulta tendrían impactos positivos en términos punitivos: por ejemplo, lo que dicta la segunda pregunta, que exigirá que los corruptos paguen la totalidad de las penas en la cárcel sin posibilidad de una reclusión especial, además de prohibirle a estos contratar con el Estado. Esto permitiría que el peso de la ley caiga con el mismo rasero a estos altos funcionarios sin distinción de colores políticos.

También fortalecería los procesos de veeduría ciudadana y de apropiación de espacios de decisión política, en puntos como el cuarto, que obligará a realizar audiencias públicas para que, de forma mancomunada, los ciudadanos y entidades encargadas decidan en qué se invierten los presupuestos nacional, departamental y municipal. Así mismo con el punto cinco, que obligaría a los congresistas a rendir cuentas sobre su gestión y asistencia; o el punto seis que también les obliga a declarar sus bienes, patrimonio, rentas, entre otros. Si bien estos puntos no atacan de forma integral el fenómeno, representa un precedente en la articulación entre la ciudadanía y las entidades gubernamentales en la lucha conjunta contra la corrupción en nuestro país.

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