La defensa del paramero

Ante un auditorio con cerca de un centenar de campesinos enruanados y de algunos foráneos, en el municipio de El Cocuy, la voz de Tránsito Leal estalla con el sentir de los asistentes a este evento: “nosotros no entendíamos la palabra delimitación, pero lo que nos querían decir era que se iban a robar los páramos”, exclama indignada.

Esta mujer hace parte del grupo de cocuyenses que también se nombran como parameros, y que se oponen a la delimitación del páramo producto de la Ley 1930 del 27 de julio de 2018. Esta ley afecta su vocación como agricultores, y por ende las formas de vida de la mitad de la población en el casco urbano, pero sobre todo de la que vive en el área rural de este municipio que hace parte del complejo de la Sierra Nevada del Cocuy, Chita o Güicán, localizada en gran parte del norte de Boyacá, en límites con Arauca y Casanare.

Debajo de un sombrero negro, Tránsito lleva un par de trenzas en su cabello tupido con canas, se cubre del frío con una chalina azul y un suéter vinotinto. A medida que avanza, su acento boyacense y su voz se exaltan con más fuerza: “que nos paguen lo que producen nuestros páramos, y que no se los entreguen a todas las multinacionales que son las que más contaminan el ambiente. Yo no entiendo artículos ni códigos, pero no nos los vamos a dejar quitar, ¿cierto? Los páramos son de nosotros”, finaliza mientras con eufóricos aplausos, los campesinos en el recinto responden a su intervención en un foro donde se aborda esta problemática.

En Colombia, los conflictos por la tenencia y usos de la tierra no son nuevos, y al contrario son caldo de cultivo para el surgimiento de otros. Sin embargo, la novedad en este que inmiscuye a los habitantes del municipio y al Estado, es que se debe a las políticas de conservación de un ecosistema tan importante como escaso para el mundo: los páramos.

Este ecosistema es un reto en materia de protección, debido a que Colombia posee la mayor parte existente en el mundo con cerca del 50 %. La gran singularidad de los páramos es equivalente a los servicios ecosistémicos que brindan. Es allí donde nace el agua que luego toma forma en ríos o lagunas, pero además proveen otros recursos. Es debido a su generosidad que han estado ligados a los asentamientos de comunidades a través de la historia. “Si uno toma el servicio ecosistémico que presenta un páramo, la población de impacto es mucho más grande que la población local que vive en las faldas del páramo. El páramo de Belmira, por ejemplo, cumple un nivel ecosistémico más amplio que el municipio de Belmira, que afecta toda la zona occidental norte de Medellín, entonces el tratamiento se hace complejo”, explica el investigador en geoconservación Miguel Ángel Tavera.

La vida y el habitar han sido siempre inherentes al páramo. Cuenta Miguel Ángel que los primeros en llegar fueron los indígenas andinos, que se movilizaban por las altas montañas y habitaban estos páramos con respeto espiritual, luego fueron los españoles, que los nombraron tomando referencia a las parameras de Castilla y León, que distan tantos kilómetros como en características al páramo del trópico. Ellos, con avaricia, vieron la oportunidad de explotar su riqueza asociada también al oro y a otros minerales. Desde entonces estos territorios siguen siendo observados de maneras distintas.

El turismo
“Yo desde que abrí los ojos al mundo, hace 65 años, conocí ese nevado, y les digo, los primeros pasos que yo di, los di al pie del nevado, cuidando ovejas y cabras, y ninguna cabra u oveja se atrevió a pisar el nevado”, recuerda Abdenago Buitrago, otro paramero de El Cocuy que, al igual que Tránsito, considera que el papel que ha jugado Parques Nacionales Naturales ha ido en contravía con su propósito de desarrollar alternativas para el manejo y la gestión hacia la conservación de este territorio. Al contrario, para él, con la llegada de esta entidad a los territorios hace 41 años, también lo hicieron los ríos humanos de turistas, que, con picas, palas, y otras herramientas han ido acabando con el nevado.

La molestia de los parameros dista mucho de alguna fobia hacia lo diferente, en cambio se sustenta en hechos que han afectado a los habitantes y al mismo ecosistema. Por ejemplo, el acueducto de Agua Blanca, Llano Grande, Laureles y Zanjón, que está conformado por 320 familias, se vio afectado debido a que los turistas comenzaron a contaminar con residuos orgánicos el lugar de captación ubicado en Campanillas, en donde suben y bajan los visitantes. Este acueducto que abastece a familias humildes, y a cuatro colegios, empezó de esta manera a registrar mediciones preocupantes en los controles que realiza la Secretaría de Salud, por lo cual campesinos como Emilio Carreño comenzaron a quejarse ante Parques Nacionales.

Pese a las denuncias, la entidad ignoró a los campesinos y continuó construyendo baños a 100 metros hacia arriba de la captación. “Nosotros tenemos que darle agua buena y de calidad a nuestros usuarios, pero en los análisis de la Secretaría de Salud estaba saliendo entre un 70- 76%, que es un riesgo muy alto. Los señores de Parques decidieron hacer unos análisis por aparte, y muy milagrosamente de un mes al otro bajaron al 19%; los análisis anteriores jamás habían bajado eso. Sin hacerle ningún tratamiento al agua, milagrosamente bajó”, explica Emilio.

Este problema, sumado al escándalo de un grupo de supuestos ambientalistas que se grabaron jugando un partido de fútbol en pleno glaciar, y prácticas de turistas como deslizarse con cojines de aserrín, llevó a que los campesinos en conjunto con los indígenas U'wa decidieran cerrar el parque con el fin de exigirle a esta entidad una regulación del turismo. Fue así como gracias a la unidad entre la guardia indígena y los campesinos comenzó el cierre del Cocuy el 29 de febrero de 2016, que se llevó a cabo durante 14 meses, finalizando en abril del 2017.

Emilio cuenta que durante esta época las mediciones al agua bajaron sus índices hasta un 38%, además consiguieron que Parques Nacionales se comprometiera con una serie de medidas como hacer un estudio sobre las especies nativas y las afectaciones a los acueductos que dejan los visitantes. Sin embargo los índices, una vez se reabrió el parque, volvieron a subir, y entonces en agosto de ese mismo año los campesinos intentaron bloquear nuevamente el acceso, pero en esta ocasión la fuerza pública intervino evitándolo, y ahora los campesinos que participaron, como Emilio, tienen un proceso judicial en curso.

“Nosotros no estamos en contra del turismo, aquí se puede hacer turismo, que lo haya, pero le hemos rogado a Parques Nacionales que lo reglamente y nunca lo ha hecho, y si se hace un reglamento al otro día ellos se encargan en violarlo porque ha sido así, entonces para qué nos sentamos con esta gente a dialogar”, reclama Abdenago Buitrago.

La delimitación
La desconfianza, al igual que la confianza, se cultivan. En el caso de la relación de las comunidades del Cocuy con el Estado, la primera ha cosechado sus frutos más conflictivos; la relación con Parques Nacionales es uno de ellos, y también lo ha sido la apuesta de delimitar el páramo que compromete al Gobierno nacional, a la Corporación Autónoma Regional – Corpoboyacá- y al Instituto Humboldt.

Esta apuesta comenzó en el 2011 con el Plan Nacional de Desarrollo –PND– del primer gobierno de Juan Manuel Santos, en el que el artículo 202 determinó que “en los ecosistemas de páramo no se podrán adelantar actividades agropecuarias”. Esto fue ratificado en su segundo PND y posteriormente en la Ley 1930 que se firmó a un mes de finalizar el periodo presidencial de este mandatario en 2018.

La delimitación, sustentada en los estudios llevados a cabo por el Instituto Humboldt, determina que la cota del páramo comienza a partir de los 3000 metros sobre el nivel del mar, y comprende una zona de 300 metros de amortiguación. El proceso, según los campesinos, se ha llevado a espaldas de la comunidad, la cual aún hoy no comprende cómo le van a prohibir hacer algo de lo que toda la vida ha vivido. Para los parameros no tiene sentido que se les persiga como si fueran narcotraficantes, “claro, hay que proteger los páramos, estamos de acuerdo con que hay que hacer prohibiciones de todo tipo de exploraciones y actividad minera, pero no se puede igualar el impacto que generan la minería, las grandes multinacionales, con las actividades agropecuarias”, sostiene Faiber Ricardo Garzón, representante del sector pecuario en el Comité del habitante y campesino del municipio de El Cocuy.

La defensa de los campesinos radica en que principalmente ellos siembran pocas hectáreas: “la mayoría de gente lo máximo que siembra son 10 cargas de papa que eso da únicamente para el sustento de sus familias”, dice Campos Tarazona, ex alcalde, presidente de la asociación de las JAC y miembro del Comité. Los campesinos alegan que son ellos, al igual que los indígenas U'wa, quienes realmente están protegiendo los páramos.

Otro ejemplo de este conflicto en el departamento se presenta en el páramo Guantiva-La Rusia, ubicado en la margen de Boyacá con Santander. La resolución que delimita este páramo salió en junio del 2017, y según los campesinos del municipio de Tutazá, al día de hoy Corpoboyacá no ha siquiera socializado sus implicaciones.

Para Carlos Fuentes “la mayoría de campesinos no conoce la problemática de los de páramos. Mirando mi municipio, Tutazá, el 76% del municipio es páramo, que en este caso es la zona productiva del municipio, donde se mueve la economía y está la mayor cantidad de población. Pero con las zonas de amortiguación que el gobierno plantea, el municipio se vería afectado el 100%, porque el 24% restante alcanza a estar a 500 metros de lo que coge la zona de amortiguación”. Este joven campesino hace parte de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia – ANJECO –, vive durante la semana en la academia y los fines de semana en el jornal, e insiste en que esta apuesta hace parte del proyecto de país de un campo sin campesinos. Carlos es alto, muy atento y siempre sonríe al hablar, él ha heredado la experiencia de defensa del territorio de su familia.

La alternativa que propone el Gobierno a los campesinos para dejar su vocación agrícola es el pago por servicios ambientales, unos bonos por dejar de cultivar, pero que según Carlos son rechazados por ser una miseria: 30 mil pesos por hectárea cada mes, máximo 40 mil, y teniendo en cuenta que los campesinos en esta región si mucho tienen 10 hectáreas, deja a todos los habitantes sin siquiera considerar hacer cuentas con estos bonos.

Mientras recorremos el páramo, Carlos me continúa comentando que las malas prácticas agrícolas que existen en el territorio son generadas principalmente por grandes empresarios del cultivo de la papa. En el caso de Tutazá, son apenas tres personas que siembran entre 3000 y 4000 bultos, que son aproximadamente entre 100 y 200 hectáreas: "como se puede observar, alrededor de los acueductos se encuentran envases de agrotóxicos, costales, ellos destruyen y por culpa de unos pocos somos estigmatizados”.

La Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro –Asonalca–, con presencia en ambos municipios, expone que la gobernanza es un término que queda totalmente fuera de contexto con este tipo de políticas: “aquí no hubo acuerdos, ni mucho menos interacción entre Gobierno y los campesinos, por el contrario, con esta ley hay cada vez menos oportunidades y más problemas”.

La realidad con el descontento de los campesinos, a causa del mal manejo del proceso de delimitación, es un llamado a los actores institucionales para pensarse las metodologías para la construcción de una política pública, que debe incluir en la toma de decisiones a quienes son actores principales en cada uno de los territorios. Abdenago, Carlos Fuentes, Emilio y Tránsito tienen una mirada sobre el páramo que responde a una experiencia vivida por años y deben ser incluidos en el ejercicio de la gobernanza del páramo.

Al respecto Miguel Ángel Tavera afirma: “los campesinos en cualquier lugar de Colombia saben qué es un páramo y la riqueza natural del páramo, además porque la ven, la viven y la comen, no la desconocen. Al lado del páramo hay ciervos, dantas, el campesino sabe; el problema es que los tenemos que meter en la cadena de tomas de decisiones de la delimitación, no como agentes donde se les socializa el punto final, no. Son agentes tomadores de decisión, para llegar a eso seguramente hay que empoderarlos de conocimientos, pero forma parte de una metodología... el Estado no puede delimitar un páramo si el Estado no vive al lado del páramo, no lo va a gobernar, lo va a gobernar el grupo ilegal o el campesino, ¿qué es mejor? Empoderar el campesino en la gobernanza del páramo correctamente”.

En este mismo sentido, el reconocimiento de las propuestas de los campesinos y de sus figuras de ordenamiento territorial pueden ser pistas para la solución de los conflictos. Este es el caso de los Territorios Campesinos Agroalimentarios que algunas organizaciones de la región, como Asonalca, vienen promoviendo. Son territorios que se organizan bajo planes de vida que deben tener en cuenta los procesos socio ambientales, como las prácticas y producción con relación a la tierra, la naturaleza y el agua, pero que además promueven el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, que sigue siendo en últimas uno de los grandes asuntos sin solucionar en Colombia, y que podría ayudar a solventar parte de estos conflictos.

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Miguel Ángel Romero

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