Pocas respuestas tras la emergencia en Hidroituango

“A mí me rescataron de la playa Guayacán, jurisdicción del municipio de Ituango, porque estábamos barequeando en el momento que el río empezó a subir, y las montañas empezaron a venirse, las piedras, una cosa impresionante. Ya no teníamos por dónde salir, y nos metimos por una cañada arriba, hasta que cinco días después arrimó un plan de contingencia y nos sacaron de allá en lancha. Sin embargo, después de la emergencia, a las personas que estamos aguas arriba no nos han brindado ninguna garantía. Ni el Alcalde, ni la Gobernación, ni EPM. Estamos es a lo que las buenas personas nos quieran brindar”.

De esta manera explica María Mendoza*, lideresa articulada al movimiento Ríos Vivos Antioquia, la situación de los afectados por la tragedia ocurrida hace cinco meses, producto de una cadena de irregularidades en la construcción del megaproyecto Hidroituango. Su denuncia es más grave si se tiene en cuenta que desde que la emergencia inició, el 28 de abril del presente año, la respuesta a la pregunta de quién debe responder por las afectaciones, tanto como por las fallas de la obra, no es del todo clara.

Víctimas y afectados a la deriva
Para el caso de las comunidades aguas arriba, refugiadas en Sabanalarga y en Ituango, la situación ha sido particularmente compleja. “La verdad es que después, cuando lo de la emergencia, aguas arriba nunca nos mencionaron. Para EPM nunca hubo damnificados aguas arriba, siempre se concentraron aguas abajo, pero fue un maquillaje, porque tampoco hicieron lo que debieron hacer correctamente con todas las comunidades. Ni siquiera nos han hecho un censo de damnificados. En Ituango no lo hicieron, en Sabanalarga tampoco, a pesar de que cuando salimos de allá fuimos rescatados por el mismo EPM”, explica María.

Es por esto que a finales de septiembre la Alcaldía de Ituango ordenó desalojar a 22 familias que estaban refugiadas en el coliseo Jaidukamá de este municipio, argumentando que allí no habían damnificados, y que su presencia en el lugar afectaba el derecho a los niños a recrearse, razón por la cual estaban siendo reclutados por los grupos armados. En el caso de Sabanalarga, las comunidades que se albergaron en las oficinas de EPM, debido a que nunca recibieron ayuda humanitaria de emergencia ni les fueron brindados albergues, también corren el riesgo de ser desalojados de allí en cualquier momento.

Según explica Isabel Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos Antioquia, en situaciones de emergencia son las entidades municipales las primeras que deben garantizar la atención; y los dueños de la amenaza, según la ley de emergencias, son los que deben responder en las siguientes etapas, que son de estabilización y reconstrucción. En este caso, Empresas Públicas de Medellín – EPM. A pesar de esto, ante la falta de respuesta y garantías para los afectados, explica Isabel que “la manera como se han sostenido es por la campaña de solidaridad que tenemos como movimiento Ríos Vivos, y eso es lo que ha hecho posible que hasta el momento se hayan dado alimentos, medicinas, algunos traslados, porque hay personas que están sufriendo mucho con el tema, y tienen crisis postraumáticas, y estrés postraumático relacionado con la pérdida del río, de su fuente de vida”.

A la compleja situación humanitaria, se suman las amenazas y asesinatos que han venido sufriendo líderes de Ríos Vivos, así como sus familiares. También el aumento de pie de fuerza y de control territorial por parte de EPM, pues en el caso de Ituango, por ejemplo, los horarios de entrada y salida del pueblo están siendo regulados.

Con el pasar de los días, sus exigencias siguen siendo “un albergue digno y dónde trabajar, también exigimos una reubicación a EPM, porque ya nosotros sabemos que el río no lo vamos a recuperar nunca más, entonces que nos reubiquen, una indemnización digna”, puntualiza María, quien además manifiesta que su principal exigencia como movimiento es que desmantelen Hidroituango de manera controlada, debido a las irregularidades y violaciones a los derechos humanos que han estado detrás de la construcción de la megaobra.


Hidroituango en la mira
Mientras esto sucede con los afectados, los directivos de Hidroituango intentan a capa y espada salvar este megaproyecto, aunque tengan todos los ojos puestos encima. A las denuncias hechas desde hace años por las comunidades y movimientos sociales, se sumó un informe de la Contraloría General de la Nación el pasado mes de agosto, en el que registró 35 hallazgos administrativos sobre irregularidades en el licenciamiento, y donde cuestionó además las actuaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla. Esta, por su parte, manifestó que el informe de la Contraloría era inexacto, pero días después, a principios de septiembre, interpuso una multa de 2419 millones de pesos a la Sociedad Hidroeléctrica Ituango por hechos anteriores a la emergencia.

Mientras avanzan investigaciones en la Fiscalía y la Procuraduría para determinar los responsables de las irregularidades, EPM, socio y encargado de la construcción del proyecto debe responder por los costos extraordinarios que han surgido tras la emergencia, tal como lo determinó la junta directiva de Hidroituango. Por su parte, EPM declaró problemas de liquidez para solventar la crisis y el retraso de tres años que tendría la obra, por lo cual el pasado 31 de julio, con el aval de su junta directiva, pidió al Concejo de Medellín la autorización para vender algunos de sus activos que suman alrededor de $4 billones, y que incluyen acciones en ISA y en algunas empresas colombianas, así como la totalidad de las empresas Aguas de Antofagasta y el parque eólico Los Cururos, ubicadas en Chile.

Esta propuesta, consignada en el proyecto de acuerdo 150 de 2018, será debatida por el Concejo en el mes de octubre, pero ha generado múltiples preocupaciones por tratarse de una de las empresas públicas más importantes del país. Así mismo quedó de manifiesto en el Debate de Control Político, realizado en la plenaria de la Cámara de Representantes el pasado 26 de septiembre, en el que además los congresistas León Fredy Muñoz, David Racero y María José Pizarro, citantes al debate, enfatizaron en que la crisis ha sido producto de malas decisiones y falencias en la planeación, e instaron al Gobierno a atender esta emergencia, que sigue generando el desplazamiento de familias que perdieron sus formas de vida y de subsistencia.

*El nombre fue cambiado por solicitud de la entrevistada.

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Sara López

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