Retos y aprendizajes de la Consulta Anticorrupción

El pasado 26 de agosto se llevó a cabo la consulta popular anticorrupción, una jornada electoral sin precedentes que dejó en claro la exigencia de los colombianos de un cambio real en la política y el Gobierno. Pese a no pasar (por muy poco) el umbral establecido para ser aprobada por el Congreso y convertirse en ley, lo propuesto en la iniciativa ha generado un gran impacto en distintas esferas de la sociedad y los diversos aspectos su alrededor invitan al análisis y a la reflexión.

En este sentido, es importante hacer un balance entre lo que se ganó y lo que se perdió en la consulta, qué nos dice como sociedad la participación y el abstencionismo ciudadano, revisar la agenda y las acciones del Gobierno frente al flagelo de la corrupción; y finalmente, rescatar las enseñanzas y las posibilidades de la lucha anticorrupción.

¿Realmente perder es ganar un poco?
De acuerdo con la Ley 134 de 1994, que establece los requisitos para la aprobación de este tipo de consultas populares, es necesario que participe “no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral”. Es decir, más de 12 millones de colombianos de los 36 millones que componen el censo electoral. De alcanzarse esto, en un plazo de tres meses la instancia respectiva adoptaría lo votado mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o resolución local.

A estas condiciones se acogieron las proponentes de la consulta Claudia López y Angélica Lozano, quienes señalaron que en diferentes oportunidades se habían propuesto en el Congreso proyectos para la reducción del salario de altos funcionarios, límites de periodos para ser elegidos, obligatoriedad de rendición de cuentas, imposibilidad para contratar con el Estado si se es condenado por delitos de corrupción, entre otros puntos; pero siempre eran hundidos en las diferentes instancias. Por esta razón, se tomó como camino la consulta popular, con la confianza en que la voz del pueblo fuera el mandato obligatorio para tomar medidas reales.

Con el apoyo de todas las bancadas del Senado, la consulta se hizo realidad y se decidió ponerla en marcha luego de las elecciones presidenciales para que no se volviera un asunto de campaña. No obstante, pasadas las elecciones, el partido de gobierno, Centro Democrático, le dio la espalda argumentando que era una consulta viciada y que mejor apoyarían los proyectos anticorrupción formulados por el presidente Duque. Mientras tanto Duque hacía algunas declaraciones apoyando la consulta, que se quedaban en simples afirmaciones ya que no hubo un esfuerzo real por parte del Gobierno en las acciones pedagógicas necesarias a las que se había comprometido (tanto en campaña como en posesión del poder). Finalmente, la consulta logró más de 11 millones de votos, solo faltaron cerca de 480 mil para alcanzar el umbral aprobatorio.

Con la derrota de la consulta quedaron en evidencia las enfermedades de la democracia que afectan a nuestra sociedad: las costumbres clientelistas que persisten en el sistema electoral, la desinformación de la que muchos se aprovechan para sembrar miedo y caos, la cultura abstencionista, la politización, entre otras. Pese a esto, la consulta anticorrupción es un hecho político de gran importancia y se puede considerar como un triunfo, en tanto se envió un mensaje claro y contundente a la clase política tradicional: o se da un cambio real y honesto en la política o se irá desmontando su poder. Así mismo, se evidenció el nacimiento de una generación de votantes independientes que toman decisiones informadas, son conscientes de su voz, de sus derechos y están dispuestos a preguntarse:

¿Qué dice y qué hace el gobierno?
El apoyo de labios para afuera del Gobierno a la consulta contrasta con las medidas tomadas por el mismo en dos líneas: la declaración de guerra frontal a la corrupción con elementos discursivos como “El que la hace la paga”, pero que se quedan cortos en acciones estructurales; y la excesiva burocratización del Estado con la creación de nuevas carteras ministeriales, nuevos cargos, apoyo político a funcionarios cuestionados y reducción de presupuesto para materias como educación y cultura, que impactan directamente en la lucha anticorrupción.

Después de la consulta, Duque se reunió con sus proponentes para establecer unos puntos de acuerdo y pasar las propuestas de la consulta como proyectos de ley. Con esta acción el Gobierno cumple, inicialmente, su promesa en la lucha anticorrupción, pero genera dudas con otras actuaciones.

Por ejemplo, el apoyo que le ha dado al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, negando sus actuaciones indebidas con los bonos de agua, que han desangrado la economía de diferentes municipios, bajo el argumento de no ver ninguna falla ética; así mismo, la permanencia de la figura de consejerías, que casi igualan en número a los ministerios, y que en lugar de apoyar lo que hacen es generar burocracia, y contradicción entre palacio y las distintas carteras (poderes paralelos); además del excesivo gasto público. No hay que olvidar que se avecina una fuerte disminución de recursos para carteras como Educación, Cultura, Ambiente, Deporte, Vivienda y Agricultura.
Así mismo, la creación de ministerios como el de Ciencia y Tecnología o el de la Familia, la vinculación de instituciones independientes como el Centro de Memoria Histórica con el Ministerio de Cultura, y la Unidad de Atención a Víctimas con el Ministerio de Justicia, generan preocupación por su carácter dogmático, el gasto presupuestal y la sensación de una salida fácil para la no reestructuración y revisión de entidades, algo así como borrón y cuenta nueva.

Todo lo anterior muestra a un Gobierno que arranca con muchos cuestionamientos frente a la corrupción. Si bien por un lado su posición es la de atacar y erradicar cualquier forma de corrupción, la agenda no da buenas señales al respecto.

Entonces ¿qué nos queda?
La corrupción es una enfermedad arraigada en la sociedad colombiana desde su conformación. Esta se presenta de diferentes formas, en diferentes espacios y escala a medida que hace presencia el poder, ya sea económico o político. Cada día son más evidentes sus consecuencias y las víctimas somos todos. Por esta razón, es importante actuar, opinar, moverse; y eso quedó demostrado con la participación en la consulta. Aún falta mucho y son muchas las preguntas y los retos. No es suficiente hablar de corrupción y montar sobre ese discurso campañas y movimientos, es necesario sentar posiciones críticas, velar para que el gobierno destine los recursos y las herramientas efectivas para la lucha anticorrupción; y no permitir que esta se vuelva un espacio para la consecución de capital político, porque esta lucha es de todos.

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