A la educación se le está acabando el tiempo

Imaginémonos que la educación pública es un reloj, un gran reloj de cuerda, de esos que parecen escaparates y están llenos de polvo en la casa de nuestros abuelos, o expuestos como grandes obras en los museos. Nuestro reloj es un derecho público administrado por un Gobierno que lo ha comercializado, que incluso pretende venderlo y privatizarlo. Actualmente está agrietado, corroído y a punto de paralizarse. Ha logrado sobrevivir dándose cuerda él solo, tensionando sus manijas, a punto de romperse, haciendo mil maromas para seguir funcionando. Su caja está llena de abolladuras, está rayada y resquebrajada. Además, sus tres grandes engranajes: profesores, estudiantes y rectores, debido a la falta de mantenimiento, están oxidados y rajados. Es posible que se derrumbe a pedazos antes de finalizar el año.

El maestro luchando, también está enseñando
El 23 de agosto, una fisura prendió las alarmas del inminente derrumbe. Los profesores de la Universidad de Antioquia se pronunciaron ante las consecuencias de la reforma tributaria del 2016. Al profesorado le fue vulnerada su dignidad con la derogación de la exención tributaria del 50% de su salario por gastos de representación, pasando a un aumento de sus impuestos de por lo menos el 500%.

Igualmente, denunciaron la inviabilidad de la planta docente, que cuenta con alrededor del 75% como profesores de cátedra, y el restante 15% de planta. En palabras de Carlos Duque, profesor de la Universidad de Antioquia: “No es lo mismo para un profesor de tiempo completo de una universidad pública que, independiente de si está en Asamblea Permanente o está dando clase, cada 15 días está recibiendo su salario, a un profesor de cátedra que si mañana no va a clase tiene el temor –y bien fundado– de que posiblemente cuando llegue el momento del pago no tenga sus ingresos”.

A partir de este pronunciamiento se comenzaron a develar una serie de hechos estructurales que dejaron en evidencia cómo nuestro reloj, abandonado por el Estado, sufre un atraso de 16 billones, o de 16 horas de funcionamiento.

Luego de esta señal de alarma se despertó una profunda certeza de que en la unión de diferentes sectores y estamentos está la clave de los grandes procesos de reivindicación, por esto los estudiantes comenzaron a incrementar sus mecanismos de presión y movilización. Así, dos engranajes empezaron a entrar en sincronía en favor de la lucha por la educación.

Se activa la maquinaria
Este ha sido el camino: primero en cada una de las Asambleas de las Instituciones de Educación Superior (IES) se generó un análisis y una postura ante la crisis que vive la educación y su impacto en cada institución. Después todos los estudiantes recorrieron la geografía del país hasta una misma universidad y se articularon en Encuentros de Estudiantes de Educación Superior (ENEES), donde se juntaron las propuestas de cada una de las regiones. Se generó una declaración política y un pliego de exigencias general que nutrió las consignas en cada una de las movilizaciones.
Y así, a partir del ENEES 2.0 que se realizó en la Universidad de la Amazonía del 13 al 16 de septiembre, se creó la UNEES (Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior), plataforma amplia donde se recogieron los procesos asamblearios de cada una de las IES privadas y públicas del país.

La UNEES, lápiz en mano y pies en la calle, se consolidó como el espacio que alberga al movimiento estudiantil y que sueña con que el reloj siga marchando. ¿Hay un mejor escenario que las calles para mover a toda la opinión pública? Precisamente ese es el fuerte de la UNEES, la capacidad de movilizar a todo el país para exigir una educación del tamaño de sus exigencias. Por ejemplo, el 10 de octubre, en una marcha sin precedente histórico en el movimiento estudiantil, cerca de 100.000 personas en la ciudad de Medellín gritaban: “¡Ser pilo no paga si lo público se acaba!”, y en Bogotá más de 300.000 arengaban: “La educación es un derecho, para el gobierno un privilegio”.



El engranaje que ha hecho falta
Si bien la educación superior está desfinanciada, no solo el dinero resuelve el problema. El lío fundamental radica en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, los cuales congelan los recursos de las instituciones, obligándolas a autofinanciarse vendiendo servicios, limitando los servicios de bienestar estudiantil y alzando indiscriminadamente las matrículas. De esta manera, el Gobierno se deshace de la responsabilidad y le deja la problemática a cada una de las instituciones.

Por estos motivos, los rectores de todas las universidades públicas, recogidos en el Sistema Universitario Estatal (SUE), enfrentándose a la institucionalidad, acrecentaron sus denuncias en el Senado y ante el Ministerio de Educación sobre la situación de desfinanciamiento que vive la educación superior pública. Desde entonces, los tres engranajes comenzaron a virar conjuntamente; con sus dinámicas particulares se articularon en un frente amplio por la educación y persiguen el mismo objetivo: construir una Ley Nacional de Educación Superior que trascienda a los gobiernos de turno.

Así como los estudiantes han velado por un mejor futuro para el país en diferentes momentos, como cuando se movilizaron en contra de la dictadura de Rojas Pinilla, frente a la creación del SENA, ante la posibilidad de las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional, hacia la reestructuración de los Consejos Superiores Universitarios, en pro de la séptima papeleta, en la oposición a la reforma de la Ley 30, en el apoyo a los Paros Nacionales Agrarios y tantos otros hitos históricos nacionales e internacionales, esta vez buscan darle el impulso necesario que creará un futuro al tamaño de sus sueños.

Este reloj que tanto defendemos por todo lo que nos aporta, nos abrió los ojos, la mente, nos permitió convivir y amar a la diversidad, nos dio el privilegio de ver todas las caras de Colombia. Por él luchamos y lucharemos, buscando su reivindicación por lo que es y deberá ser: un derecho fundamental para todos los colombianos.

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