“No estamos todos, faltan los presos políticos”

Por Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia - Redher

Este fue el grito de protesta que resonó en el auditorio de Pelaya - Cesar, cuando se instaló el Segundo Encuentro-Movilización contra la criminalización de la pobreza, el movimiento social y la situación carcelaria, realizado el 19 y 20 de octubre de 2018. Al evento se convocó a personas de base que cotidianamente enfrentan las agresiones de la fuerza pública y la militarización de sus territorios. Muchos de ellos han vivido la judicialización arbitraria de la Fiscalía y la imposición de medidas intramurales. En un instante, espontáneo, pudimos dimensionar el impacto de dicha judicialización. La mitad de los asistentes levantó la mano cuando se preguntó por quiénes han estado en una cárcel, ya sea como preso o visitante. Y muchas más alzaron la mano cuando se preguntó quién había sido víctima de despojo en su territorio.

Los asistentes provenían del campo de Colombia, territorio asediado por los grupos armados que no solo intimidan a las comunidades, sino que además limitan y persiguen la movilización social. Precisamente por esta razón las organizaciones convocantes se le midieron al reto de realizar el evento en este territorio. “Es uno de los municipios más golpeados por el paramilitarismo y por las estrategias más brutales del Estado para reprimir y destruir el movimiento popular”, explicó Gloria Silva, una de las organizadoras del encuentro, perteneciente al Equipo Jurídico Pueblos (EJP).

Por ello, aparte de compartir experiencias de defensa de los derechos de los pueblos y construir recomendaciones para hacer frente a la criminalización del movimiento social, uno de los objetivos fue mantener viva la memoria de las masacres paramilitares que tuvieron lugar en pueblos cercanos. Los dirigentes sociales de la zona, presentes en el encuentro, son sobrevivientes de una matanza sistemática. De hecho, aún hay paramilitares en los alrededores de Pelaya y la Serranía de Perijá. Luego del evento supimos que por amenazas algunas comunidades de la parte alta de las montañas no pudieron participar en el Encuentro.

A esto se suma la represión del Estado contra el movimiento popular, que busca desarticular y destruir la identidad del pueblo en resistencia. “En los últimos cuatro años hemos encontrado que más de 40 personas han sido detenidas en esta región. Decidimos hacer el evento este año en Pelaya, porque es un territorio donde se estigmatiza, persigue y judicializa al movimiento social que está en defensa del territorio en contraparte de los intereses de terratenientes y multinacionales”, dijo Rommel Durán, integrante de EJP.

De hecho, no faltaron los ataques del Estado contra el evento. Unas semanas antes la policía presionó al dueño del auditorio para que no se hiciera el encuentro en sus instalaciones. Por ello, su realización es una demostración de que la voluntad política sí puede contrarrestar las intimidaciones de la fuerza pública.

Ahora bien, a pesar de estos retos, hemos demostrado que se puede construir poder popular a través de un intercambio de saberes. Partimos de la experiencia de algunos líderes sociales de la región que fueron judicializados y privados de la libertad, como le pasó a José Ángel Lindarte, campesino y padre de familia, de 53 años de edad, que era el tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Singararé de Pelaya. A José lo capturaron el 24 de diciembre de 2016 cuando bajó desde su finca al casco urbano. Fue trasladado al Centro Penitenciario de Valledupar, uno de los peores centros de tortura del país. Su madre, de casi 80 años, sufría cada vez que lo iba a visitar.  

Sin prueba alguna, la Fiscalía le sindicó de formar parte de la guerrilla del ELN. Lo señaló de extorsionar a los ganaderos del pueblo y de suministrar comida al grupo. “Absurdo. A veces ni yo mismo tengo suficiente comida para mi familia y me toca salir de la casa con el estómago vacío”, comenta.

Después de 22 meses en el infierno de la cárcel, salió por vencimiento de términos, pero con un juicio pendiente. El caso de José Ángel es uno de tantos montajes judiciales en los que las garantías resultan vulneradas, los procedimientos son lentos, y no se respeta el principio de presunción de inocencia. Gracias al apoyo de su familia, la comunidad y el Movimiento de Trabajadores y Campesinos del Cesar (MTCC), regresó fortalecido a su vereda. Ante el público del evento dejó claro su mensaje: “La captura de los líderes y las lideresas sociales no quiere condenar a la persona, sino callarnos la boca y acabar con el movimiento social.”

Las intervenciones sirvieron para pensar mecanismos para que la comunidad se defienda de las capturas y detenciones arbitrarias. Los resultados fueron presentados con pequeñas obras de teatro, una forma lúdica que facilitó la participación de cada integrante de los grupos (y un ejemplo de educación popular). Luego hubo diferentes actos culturales como parte de la resistencia y la identidad cultural del pueblo. “Que el amor, la música, el baile, el teatro, la poesía, y el circo, nos sigan brindando herramientas para resistir e incidir en todos los territorios”, comentó Mariana Galvis, de la Universidad Industrial de Santander.

Pero más allá de la prevención y reacción a las detenciones arbitrarias, los movimientos presentes se comprometieron con un plan de trabajo conjunto para seguir con la formación de derechos humanos en sus respectivas comunidades y atenuar la crítica situación humanitaria de los presos políticos, cuya voz escuchamos a través de audios en el auditorio.

Al final del encuentro Gloria Silva concluyó: “La organización y movilización de las comunidades son una alternativa que tienen los movimientos populares para revertir los efectos de la política criminal del Estado”. Una muestra de movilización se dio con el bloqueo de los participantes a la Ruta del Sol, columna vertebral del transporte entre la costa y el interior del país. Que le sigan muchas movilizaciones más para que en un futuro cercano los presos políticos estén de nuevo entre nosotros.  en los territorios”.

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