¿Cómo va la implementación del acuerdo de paz?

Han pasado ya más de dos años desde la puesta en marcha del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC. Si bien es cierto que se evidencian algunos avances y que la construcción de la paz es un reto proyectado a 15 años, el cumplimiento de los aspectos más importantes contenidos en dicho acuerdo ha sido lento y genera muchas dudas frente a la necesidad de concretar el ideal de paz estable y duradera.

Por eso, es necesario que el Gobierno fortalezca sus acciones para avanzar en la efectiva aplicación de los acuerdos en el territorio. Esta es la conclusión a la que llegan diferentes organizaciones, universidades y entes garantes en sus informes de seguimiento de la implementación, entre estos, el más reciente entregado para la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final por el Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP– y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos –CERAC–, en el que se llama la atención sobre los retrasos que tiene su cumplimiento, particularmente, en el desarrollo territorial y tierras, proyectos colectivos y protección a líderes sociales.

Así va la implementación
Punto 1. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)
Para garantizar la implementación de la reforma, se proyectó un conjunto de medidas que reflejen las apuestas de transformación del campo y permitan mejorar el acceso y el uso de la tierra. Sin embargo, el período legislativo anterior concluyó sin que se aprobaran leyes importantes para la creación del Sistema de Catastro Multipropósito, de Adecuación de Tierras, de reforma a la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo y de creación de la Jurisdicción Agraria. De acuerdo con el informe “La falta de aprobación de estas leyes ha retrasado el avance de la Reforma Rural Integral, comprometiendo su integralidad y generando incertidumbre sobre su desarrollo”.


En cuanto a la implementación de las políticas, se logró la conformación del Fondo de Tierras, pero no se reportan acciones específicas de asignación de predios, ni de formalización. Al respecto, la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional hizo un llamado al nuevo gobierno “para que aborden sin dilación los aspectos normativos faltantes de la RRI, en especial en lo relacionado con la creación del Sistema de Catastro Multipropósito y la Jurisdicción Agraria, como mecanismos de protección de los derechos de propiedad, de planificación del territorio y de resolución de conflictos en las zonas rurales del país”.

Finalmente, el informe señala que el tema más atrasado en este punto es el diseño e implementación de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, que son la apuesta por el cierre de brechas entre territorios rurales y urbanos y por el desarrollo de infraestructura económica y social de los territorios. Esta lentitud implica un retraso en la implementación de la reforma del campo, ya que al no iniciar la planeación de la forma en que se hará la dotación de bienes públicos y el acceso a los derechos sociales, se corre el riesgo de continuar ahondando la desigualdad, la vulnerabilidad y la brecha social existente.

Punto 2. Participación política: apertura democrática para construir la paz
A pesar del desarrollo de algunas acciones orientadas hacia la activación del Estatuto de la Oposición, programas encaminados a brindar mayores garantías de seguridad y la expedición de un protocolo para la atención de la protesta pacífica, persiste la problemática de la violencia en contra de líderes sociales y excombatientes, lo cual muestra que los avances en esta materia son insuficientes y siguen pendientes de cumplimiento. En este sentido, se le pide al Gobierno fortalecer las capacidades institucionales de las entidades territoriales para que puedan responder a las exigencias de seguridad y protección que se les demanda.   

En temas de participación, es destacado el rol desempeñado por las organizaciones de mujeres y de los pueblos étnicos en el desarrollo de los Consejos Territoriales de Paz y en las jornadas de construcción de los primeros lineamientos de política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización. Pero la escasa implementación de estos enfoques en la participación e inclusión de estos actores en la política electoral, hace que los anteriores esfuerzos continúen siendo insuficientes.

Punto 3. Fin del conflicto
Para este punto se tienen en cuenta un conjunto de medidas adoptadas por las partes negociadoras, para el cese al fuego definitivo y bilateral, la dejación de armas, la reincorporación socioeconómica y política de los exintegrantes de las FARC y las medidas necesarias para crear las garantías de seguridad que se requieren para la construcción de una paz estable y duradera. Al respecto, el informe muestra que, si bien se ha cumplido en aspectos como dejación de armas y protocolos para la reinserción, las acciones puntuales para la reincorporación se han quedado cortas en garantizar la seguridad y los programas de desarrollo económico.

Ante esto, el partido Farc ha denunciado fallas en esquemas de seguridad, desatención estatal a la situación del asesinato de desmovilizados y una desconfianza que ha causado disidencias al proceso. Por lo tanto, el informe pide definir procedimientos operativos de la ruta de reincorporación y mecanismos jurídicos que garanticen los derechos de las víctimas y los derechos a los excombatientes asociados a la reincorporación.

Punto 4. Solución al problema de las drogas ilícitas
Los principales avances se dan en relación con los programas de sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito, mientras que la gran mayoría de compromisos en materia de consumo y lucha contra el narcotráfico aún no presentan avances. Además, la reactivación de la fumigación con glifosato para la erradicación es una grave afrenta a lo acordado y afecta la confianza y credibilidad de las partes.

Punto 5 - Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición
Aún persisten grandes dificultades para su pleno desarrollo, no solo políticas sino institucionales y presupuestales influenciadas por un contexto de cambio de gobierno y alta polarización política, que aumentan la incertidumbre en algunos temas. Las constantes trabas puestas a la JEP y las disputas con la Fiscalía han generado retrasos en el cumplimiento de lo acordado para este punto y desencadenado serias dudas frente al proceso tanto de los actores, como de la opinión pública.

Según el informe, no se ha hecho realidad el compromiso de adecuación y modificación de la política de asistencia y reparación integral a víctimas. Ya que es un tema de gran importancia para las víctimas, la misión internacional pide al Gobierno avanzar en el fortalecimiento de esta Política Pública, haciendo los ajustes requeridos para ampliar su impacto reparador.

Punto 6. Implementación, verificación y refrendación
El informe muestra una desaceleración e incluso etapas frenadas en la implementación, lo que impacta negativamente la calidad del proceso. Por ejemplo, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación atraviesa un momento de incertidumbre en relación a su continuidad, pues el Gobierno del presidente Iván Duque no se ha pronunciado al respecto ni ha establecido públicamente un canal de comunicación con representantes del partido Farc. También se han registrado dificultades en la coordinación y debilidad institucional en el proceso de implementación debido a la inexistencia de una entidad de Gobierno responsable y que considere estrategias pedagógicas y comunicativas para los acuerdos.

Los acuerdos en peligro
En términos generales, las controversias de opinión generadas por la transición de gobierno, las promesas de campaña enfocadas en la modificación del acuerdo (desconociendo lo acordado), las trabas en el Senado para la JEP, las disputas de poder con la Fiscalía, la polarización alrededor de los beneficios políticos para el partido Farc, las denuncias de malversación de los recursos destinados para el posconflicto, el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos, la inseguridad jurídica, así como la incapacidad del Estado para llevar la institucionalidad a las zonas más afectadas por el conflicto de forma real y honesta, con programas que tengan en cuenta las necesidades y propuestas de las comunidades, entre otros factores, ponen en riesgo la implementación y el desarrollo adecuado de los acuerdos.

Siendo este el panorama, es indiscutible el peligro en el que se encuentra el acuerdo y la fragilidad que puede hacer que se vaya agrietando hasta que logre romperse. Por lo tanto, es importante rodear el acuerdo y exigir de las partes la voluntad política necesaria para sacar adelante el trabajo realizado por tanto tiempo para la consecución de la paz.

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