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Abono para la memoria

13 de diciembre de 1998- Los helicópteros empezaron a sobrevolar la zona desde el día anterior. A lo lejos, hacia afuera del caserío, se escuchaban las ráfagas y disparos de lo que en principio era un enfrentamiento entre la Fuerza Aérea y las FARC-EP. Esa noche no hubo calma, y menos al amanecer, cuando los helicópteros ya muy cerca de las casas disparaban con más intensidad.

No había otra opción. Aunque ya habían intentado salir del pueblo y las ráfagas siempre los devolvían, ese día, a las 9:30 de la mañana, todos los habitantes de Santo Domingo, caserío de Tame – Arauca, salieron a la carretera principal, y con camisas, trapos blancos y demás elementos, les demostraron a los militares que ellos solo eran población civil.

Santo Domingo era un caserío pequeño habitado por unas 150 familias. Rodeado de anchos bosques, permitía a sus gentes la sobrevivencia a partir de la madera, que se comercializaba en los principales y más cercanos cascos urbanos. Niños y jóvenes se desplazaban una hora hasta Betoyes, otro caserío cercano, para poder estudiar. Santo Domingo era también un corredor, ubicado al pie de la vía principal que conduce a Tame y a la capital de este departamento petrolero, por eso, aunque no ejercían un control territorial directo, los actores armados transitaban por allí constantemente.

Alba Yaneth tenía apenas 15 años, cursaba el segundo año de bachillerato, y el domingo 13 de diciembre de 1998 sintió uno de los dolores más grandes de su vida. Llevaba más de una hora en la carretera principal, junto con toda la comunidad de Santo Domingo, cuando de repente vio que uno de los helicópteros se acercó al lado de la vía y detuvo su vuelo. “Miren, el helicóptero nos está tirando papeles”, y antes de terminar de decir esa frase, lo único que sintió fue la explosión que caía sobre ellos.

Un dispositivo tipo clúster, compuesto por seis bombas de fragmentación, fue el artefacto lanzado por el helicóptero sobre la comunidad esa mañana. “Fue una explosión muy fuerte. Después solo oía los gritos de las personas, todo el mundo gritaba, lloraba. Yo quedé en medio como desubicada y asustada, entonces intenté salir corriendo para refugiarme al frente en una droguería, pero el brazo no me respondía”. Alba Yaneth estaba cubierta en sangre y con su brazo destrozado. A su alrededor, muertos y heridos.

Los que pudieron ayudaron a los heridos y buscaron refugio, hasta que una hora después un carro tipo planchón de los que cargaban la madera de la zona, los ayudó a salir para buscar asistencia médica en Tame. En el camino, relata Alba Yaneth, sucedió lo más doloroso. “Íbamos prácticamente muriendo, y se vino nuevamente el helicóptero y rafagueó el planchón impidiéndonos el paso. En ese momento yo pensaba que si nos acaban de rematar ahí, nos hacían era un favor. Pero finalmente el helicóptero retrocedió y nosotros pudimos salir a Tame, que en ese tiempo era como a dos horas de camino. Yo tenía mucho dolor, no solo de mi cuerpo, sino de mi alma… muchos de mis amigos murieron de camino por la gravedad de las lesiones”.

Luego de eso Santo Domingo se convirtió en un pueblo fantasma. Todos se fueron huyéndole a una guerra que no era con ellos, pero que ese día les había cobrado ya la vida de 17 personas, incluyendo seis niños.

“¿Qué pasaba por la cabeza de los militares en ese momento?”, es la pregunta que todavía hoy, después de 20 años, se hace la comunidad. Todavía no saben con certeza quién fue el responsable directo del bombardeo, lo que sí saben es que los pilotos cumplían la orden de alguien.

El 12 de diciembre de 2012, gracias a las acciones jurídicas de diferentes organizaciones –como la Asociación para la promoción social y alternativa Minga, el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, y la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra–, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la masacre de Santo Domingo, y le ordenó realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, en el que pidiera perdón a la población. Este acto, que tuvo que hacerse en el transcurso de un año luego de dictada la sentencia, fue realizado casi cinco años después, el 31 de agosto de 2017.

En cuanto a la justicia interna, el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca ordenó en 2009 una reparación económica a quienes probaran ser víctimas del hecho, y el año pasado la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena al piloto y copiloto del helicóptero a 30 años de cárcel, aunque de estos no han pagado un solo día. Pese a estos avances, la reparación integral que tanto han exigido las víctimas, todavía no ha llegado; los daños materiales y simbólicos aún no han sido cuantificados en su totalidad, y no es del todo clara la verdad sobre los hechos, pues aún no han sido juzgados los autores intelectuales.

Si antes de cumplirse los 20 años de la masacre de Santo Domingo la Fiscalía no toma una determinación, prescribirá la acción penal frente a los responsables, y este será otro crimen de Estado más que seguirá quedando en la impunidad.

 

Acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado en Santo Domingo. Foto Cajar

 

 

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1 de diciembre de 2001- El Páramo de La Sarna fue testigo de la sevicia de los victimarios. A las siete de la mañana, cuando el sol apenas calentaba estas enruanadas tierras, el bus que había iniciado su ruta una hora antes desde Sogamoso hacia Labranzagrande, en Boyacá, fue detenido por hombres de las Autodefensas Campesinas del Casanare - ACC, grupo que iniciaba su expansión hacia esta cordillera desde el año 2000.

Además del conductor y su ayudante –quien era su hijo– en el bus se movilizaban 17 pasajeros, entre ellos, uno de los integrantes de las ACC, encargado de hacer atravesar el bus cuando los demás hombres hicieron el pare. Dicen que buscaban a un integrante del ELN, lo cierto es que ese día, los 18 civiles que se movilizaban en el bus fueron acusados rápidamente por los paramilitares de ser auxiliadores de la insurgencia, y exceptuando a dos niños y una anciana, fueron obligados a acostarse boca abajo sobre la vía, en donde fueron ejecutados con disparos.


Pese a que las autoridades se enteraron rápidamente del suceso, solo llegaron al lugar cinco horas después. Ese día tampoco estaba el retén militar que funcionaba pocos kilómetros antes del lugar de la masacre. Y aunque los responsables fueron capturados mientras huían, horas después fueron dejados en libertad.

Solo hasta el 2008, en el marco del proceso de Justicia y Paz, miembros de las ACC dieron su versión de lo ocurrido. Según la edición 44 de la revista Noche y Niebla del Cinep, los paramilitares “cuentan que esta masacre fue cometida por el grupo paramilitar conjuntamente con miembros de la fuerza pública quienes no solo facilitaron su paso, sino que además entregaron parte de las armas con las que ejecutaron a las víctimas. Narraron además cómo el grupo criminal contaba con apoyo de comerciantes de la región, así como de miembros del ejército, policía y otros organismos de seguridad del Estado”. Además, Josué Darío Orjuela Martínez, alias “Solín”, afirmó en su juramento que la masacre fue perpetuada porque así lo había ordenado el Ejército.

A pesar de que el juzgado 56 de Bogotá ordenó investigar a los militares y funcionarios mencionados en esas declaraciones, hasta el momento además de alias “Solín”, solo están vinculados y condenados por el caso alias “Gavilán”, Hector Buitrago alias “Martin Llanos”, alias “K1”, Nelson Buitrago y Luis Afrodis Sandoval, integrantes del grupo paramilitar.

Es por eso que los familiares de las víctimas y organizaciones sociales siguen tejiendo la memoria para exigir justicia, y no cesan en su esfuerzo de hacer, año tras año y desde el 2007, una peregrinación hacia ese lugar donde un primero de diciembre la crueldad de estos verdugos arrebató la vida de 15 personas. El pasado 2 de diciembre, 17 años después del suceso, se realizó la decimoprimera versión de esta peregrinación.

El cielo azul y el sol golpeando desde arriba, centenares de personas agrupadas, y de fondo un mural que dice “VIDA, MEMORIA Y DIGNIDAD”. Carlos Alberto Mongui, integrante de la Asociación Campesina José Antonio Galán Zorro y sobrino de una de las víctimas, tomó el micrófono para decir unas palabras. Mientras su voz se quebrantaba, parecía expulsar de lo más profundo estas palabras: “…que los victimarios no esperen que les odiemos, el odio sería permitirles seguir ejerciendo poder sobre nosotros. Mi homenaje, tío José Antonio, y mi venganza hacia sus asesinos, será mantener viva la memoria de lo que aquí sucedió para que un día encuentren lo que se les ha negado: verdad, justicia y reparación”.

 

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El mes de diciembre tiene marcas imborrables en la historia, aunque el Estado colombiano las quiera vestir de olvido. Son marcas talladas con sangre indígena, campesina y obrera; sangre que, por encima del horror y la crueldad, hoy es abono para la memoria movilizadora y transformadora que tenemos por tarea construir. Que las víctimas de las masacres de Santo Domingo y del Páramo de La Sarna, tanto como las víctimas de las masacres de Las Bananeras (5 y 6 de diciembre de 1928), de la Hacienda El Nilo en Caloto, Cauca (16 de diciembre de 1991), de San Carlos, Antioquia (3 de diciembre de 1998), y de las otras tantas perpetuadas a lo largo y ancho de nuestro país, sean las que nos convoquen a todos y todas a buscar la verdad y a seguir escribiendo nuestra historia.

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Acerca del Autor

Sara López