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¡Basta Ya!

Gilberto Valencia, líder juvenil de Suárez, Cauca, fue el primer líder asesinado en el 2019. El dos de enero, en la trágica lista continuó Jesús Adier Perafán, en Caicedonia, Valle del Cauca. La muerte siguió su tenebrosa ronda en Cajibío, Cauca, llevándose la vida de Wilder Antonio Miranda el cuatro de enero. Igual suerte corrió José Solano en Zaragoza, Antioquia. A la luchadora por la tierra Maritza Quiroz los asesinos le cobraron su osadía de justicia el cinco de enero, en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y a Wilson Pérez Ascanio en Hacarí, Norte de Santander.

El desangre de líderes continuó la noche del siete de enero en Cartagena de Chairá, Caquetá, con Miguel Antonio Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Victoria. El diez de enero la comunidad indígena Awá de Nariño sufrió por su primer líder asesinado, Leonardo Nastacuás Rodríguez. Un día después fue hallado, en límites entre Cauca y Nariño, el cuerpo de Faiber Manquillo Gómez, líder campesino, desaparecido desde el 26 de diciembre. Cuatro días después la comunidad de Puerto Guamo, Bolívar, denunció el asesinato de Víctor Manuel Trujillo.

Pero el genocidio no paró allí. El cuerpo de Maritza Ramírez, de Tumaco, fue encontrado en inmediaciones de El Tigre, Tumaco, el 24 de enero, con visibles signos de violencia, y en el Oriente antioqueño un par de jóvenes apuñalaron al también joven y valiente Samuel Gallo en El Peñol, el 25 de enero. El 28 de enero fue baleado por sicarios José Jair Orozco, en Cartago, Valle del Cauca, y al otro día fue encontrado el cuerpo de Dilio Corpus Guetio, en Suárez, Cauca. El primer mes del año cerró con 14 líderes sociales asesinados.

El asesinato sistemático o, mejor dicho, el genocidio perpetrado contra defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras, indígenas, afros y en especial integrantes de juntas de acción comunal, viene en ascenso desde el primero de enero de 2016, año en el que sicarios, paramilitares y otros grupos armados cobraron la vida de entre 80 y 120 líderes y lideresas sociales, según cifras del programa Somos Defensores, Marcha Patriótica, Indepaz, y la Defensoría del Pueblo.

Se suponía que la cifra pararía allí por la protección del Estado y la firma del proceso de paz entre gobierno Santos y las Farc, pero no fue así. En el año 2017 la escalada criminal de estos grupos, por la omisión del Estado y los organismos internacionales, incrementó esta cifra, que según el programa Somos Defensores fue de 106; Indepaz asegura que fueron 170 y la Defensoría del Pueblo reporta 206. Las cifras varían de acuerdo a las variables que las organizaciones utilizan para recolectar los datos, y según perfiles o métodos de investigación. El 2018 cerró, según la Defensoría, con 172 asesinatos (158 hombres y 14 mujeres).

Así las cosas, desde el primero de enero de 2016 hasta hoy, el terrorismo de Estado y sus prácticas genocidas, por acción u omisión, recorrieron 27 de los 32 departamentos de Colombia, quitándole la vida a cerca de 500 colombianos y colombianas dedicadas a transformar el país; a darle valores humanistas, a luchar contra las injusticias que padece uno de los rincones más desiguales del mundo. Un genocidio de esta naturaleza contra líderes sociales no se presenta hoy en ningún lugar del mundo, sin embargo, no ha logrado un solo rechazo del jefe de Estado Iván Duque, de su vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, y mucho menos del señor ministro de Defensa o la ministra del Interior, quienes han optado por menospreciar el tema, lo han negado o hasta ridiculizado. Tampoco la llamada comunidad internacional ha hecho algo contundente que logre parar el genocidio, y el movimiento social reacciona entre indignado y temeroso en jornadas simbólicas de mayor o menor calado que los asesinos que dirigen el país observan de manera burletera.

Recientemente, las redes sociales le cobraron el oportunismo a la vicepresidenta Ramírez, que envió condolencias a la familia de un joven fallecido en Venezuela supuestamente en medio de los disturbios de los últimos días, pero no ha tenido la cortesía de hacerlo con el medio millar de víctimas del genocidio colombiano. Los muertos por acciones violentas y protestas sociales de los últimos años en Venezuela no llegan ni a la mitad de los que perdieron su vida en la “democrática” Colombia.

Los medios de comunicación actúan aun con mayor cinismo. Los asesinatos cotidianos, que son muestra de una tragedia humanitaria, son tratados como intrascendentes por los principales medios tradicionales; son reducidos a simples notas sin contexto; son cifras, fácilmente superadas en la agenda noticiosa por secciones banales, o por chivas que muestran como primicia la podredumbre de la corrupción que carcome al país y que es practicada por lo más granado del establecimiento. Chivas noticiosas, superficiales, que terminan ocultando la responsabilidad y los crímenes de los poderosos, para la muestra un fiscal.

Sin embargo, los terribles y condenables hechos de violencia perpetrados por el ELN en la Escuela General Santander de Bogotá, que segaron la vida de 22 cadetes, sí fueron seguidos en detalle y condenados hasta la saciedad por todas las instancias del Estado, los medios tradicionales de comunicación, y velozmente resueltos por los organismos de inteligencia y de justicia. Reacciones calculadas políticamente, y aprovechadas por los carroñeros que conducen el país y que esperaban una oportunidad para promover de nuevo la guerra, para saciar su apetito de cadáveres. Los mismos carroñeros que en medio de la marcha del dolor de miles de colombianos y colombianas fueron sorprendidos por las cámaras riendo a carcajadas. Los que ahora juegan a varias bandas para involucrar a los más humildes en guerras internacionales contra los vecinos; los que inoculan odio y polarizan; los que nos ponen a mirar para las fronteras mientras saquean el patrimonio nacional, y acaban con la dignidad y la soberanía de la nación.

Es verdad, no se puede ocultar, en Colombia existen muertos de primera, segunda y tercera categoría, para los cuales no hay ceremonias, ni homenajes, ni honores, ni marchas de condolencia convocadas por los medios tradicionales y patrocinadas por las instituciones del Estado; a estos otros héroes y heroínas solo los lloran sus pueblos, sus territorios y sus familiares; los lloramos sus compañeros, que no tenemos reparo en condenar las muertes de todos y todas los que sufren las guerras ajenas que provocan los poderosos, que jamás enviarán a sus hijos e hijas a los frentes de batalla. Muy pronto tendremos la oportunidad de salir a las calles y protestar masivamente en defensa de la vida y la paz, por nuestros líderes y lideresas, y en contra de los corruptos; y de regocijarnos con el triunfo de la justicia social.

 

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Acerca del Autor

Olimpo Cárdenas Delgado