Machuca: la empresa también lo hizo

El 19 de diciembre 2018, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia anunció que la empresa Ocensa también tiene responsabilidad en los hechos que enlutaron al pueblo de Machuca el 18 de octubre de 1998, luego de un atentado contra el oleoducto perpetrado por el ELN, que dejó un saldo de 84 personas muertas y decenas de heridos.

El fallo se veía venir. La Corte Suprema ya había condenado al ELN por dolo eventual, es decir, que el resultado del atentado era previsible para los guerrilleros, y no les importó, por el contrario, decidieron seguir con su acción siendo conscientes de los posibles resultados. En mi libro Machuca, publicado en 2017, argumenté que no era tan cierto, pues entre los muertos y afectados había familiares y conocidos de los guerrilleros que pusieron la carga explosiva, y es poco probable que alguien asumiera la muerte de sus familiares tan ligeramente.

En octubre del año pasado se hizo una ceremonia para conmemorar los veinte años de la tragedia. Duque participó, pero fue algo de muy bajo perfil. Dada la crisis en la mesa de negociación con el ELN, esperaba que el gobierno fuera lanza en ristre contra esta guerrilla y diera más publicidad al tema. No lo hicieron. Lo más probable es que Duque sabía que iban a condenar a la empresa petrolera dos meses después y quedaría mal hacer mucha publicidad sobre el tema. En últimas, optaron por no decir nada sobre la empresa, asumiendo un silencio que continuaría incluso con la publicación del fallo pocos días antes de navidad, y que así muriera de una vez la discusión.

La culpa de la empresa tiene que ver, entre otras cosas, con la ubicación del tubo y la falta de previsión y capacidad de respuesta ante los hechos, algo que también argumenté en el libro. Ahora toca volver a mirar la cuestión de las responsabilidades penales. En el libro sustenté que el ELN era responsable por homicidio culposo, y no doloso como afirmó la Corte. Este fallo de la Sala Civil pone el fallo anterior bajo la lupa una vez más. Pero su relevancia está en que relaciona directamente a los servidores públicos y a la empresa petrolera.

Si parte del problema radica en la ubicación del tubo y la falta de prevención: ¿Quién decidió poner el tubo en ese lugar? ¿Quién redactó el Plan de Contingencia de la empresa? Ninguna de esas decisiones cumplía con las normas colombianas ni con las establecidas a nivel mundial. Por todo ello cabe preguntarse, ¿cuáles funcionarios de Ocensa serán juzgados? Y teniendo en cuenta que el Estado avaló en todo momento la actuación de la empresa, ¿cuáles funcionarios estatales serán juzgados por su responsabilidad en este homicidio culposo?

Es de resaltar que a pesar de la recomendación de la autoridad ambiental, Corantioquia, de mover el tubo o una parte significativa del pueblo, este sigue en el mismo lugar, y la tragedia, por ende, puede repetirse inclusive por un accidente. También es de anotar que el puesto de salud de Machuca y de muchos pueblos cercanos a los oleoductos no tienen la capacidad de lidiar con otra tragedia de esa naturaleza; y que la carretera, aunque ha mejorado un poco, sigue siendo muy deficiente si se tiene en cuenta que la demora en llegar ambulancias fue un factor clave en el fallecimiento de víctimas con quemaduras graves.

Ahora, 20 años después, el Estado no ha tomado las medidas necesarias para responder a semejante tragedia, y Machuca y otros pueblos del país son proclives a repetir la tragedia ocurrida en octubre del 98. Ni el Estado ni la empresa cumplen con las mejoras prácticas a nivel internacional.

La empresa nunca quiso aceptar su responsabilidad en los hechos, y obligó a las víctimas a luchar durante 20 años para conseguir algo de justicia. Vale recordar que el ELN reconoció su responsabilidad a los tres días del atentado, luego de haberla negado inicialmente debido a información falsa suministrada por el comandante en la zona, alias Julián, quien luego pasó a las filas de las FARC y murió en combate.

Por otro lado, si uno mira el fallo, unas de las razones por las cueles llegó a la Sala de Casación, tiene que ver con los montos otorgados en un fallo anterior, y ahora que han aumentado los montos, debemos tener claro que son irrisorios.

No sé qué opinan las víctimas, pero si uno mira las ganancias de la empresa, que anuncia en su página web que para el año 2023 proyecta generar una utilidad operacional de 1.500 millones de dólares, y las compara con las sumas miserables que la Corte dio a las víctimas, solo se puede concluir, en medio de una tristeza, que el Estado y la empresa siguen burlándose de ellas. Las víctimas fueron útiles para sustentar el discurso del Gobierno contra el ELN, pero no lo son ahora, veinte años después de la tragedia, que tanto la empresa como el Estado deben reconocer su responsabilidad

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Gearoid O Loingsigh

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