¿Política penal para reducir el delito o para perseguir opositores y ganar aplausos?

Es una verdad por todos compartida. Un debate aplazado. Una falla estructural que integra esa deshonrosa lista de realidades de las cuales se habla, única y superficialmente, cuando sucede una tragedia o un hecho estrambótico.

La crisis carcelaria en Colombia cada vez es más crítica. La población carcelaria del país podría poblar un municipio o fundar uno nuevo. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, hasta el 18 de febrero de 2018, 115.792 personas estaban privadas de la libertad en el país.

La cifra que con los años tiende a incrementar, se justifica, dicen, por la constante migración del campo a la ciudad, el desplazamiento forzado, la industrialización mal planeada, la concentración desmesurada de tierra, capital y bienes, el desempleo, las necesidades básicas insatisfechas, entre otras fallas estatales que incitan a la violencia y al aumento de los índices de criminalidad.

Incrementar la cantidad de inquilinos de las sobrepobladas cárceles colombianas, pareciera ser la orden de Iván Duque. Recientemente el Equipo Jurídico Pueblos publicó su informe anual sobre la política penal y la situación carcelaria del país, en el cual concluyen que diversos proyectos de ley y actos legislativos pretenden mantener la “tendencia punitivista y populista que ha marcado la política criminal del país”.

El informe, condensado y sintetizado a continuación, alerta sobre la militarización de la vida civil, las acciones policiales invasivas, “el endurecimiento de penas, la prolongación del tiempo en prisión y el recrudecimiento del régimen de detención preventiva”. Asegura también que se mantiene el concepto de “seguridad entendido desde una perspectiva represiva y restrictiva de los derechos individuales y colectivos, pero que es además discriminatoria de amplios sectores sociales”.

Abogados, nuevo objetivo de la política de seguridad Duque
Bajo el supuesto de someter al grupo paramilitar denominado como Clan del Golfo, se profirió la Ley 1908 de 2018. Esta crea el delito de Asesoramiento a Grupos Delictivos o Armados Organizados (art. 340A), penalizando a quien ofrezca o preste conocimientos jurídicos de manera ocasional, “con el propósito de contribuir a los fines ilícitos” de tales grupos. La norma asegura que no perseguirá penalmente a quien preste sus servicios de defensa técnica, pero ello impide que el abogado acredite el origen lícito de sus honorarios puesto que hay una suposición previa sobre la procedencia ilegal de los recursos.

Además, la Ley extiende a tres y cuatro años las medidas de aseguramiento a quienes se les impute cargos relacionados con la presunta pertenencia a Grupos Delictivos o Armados; medida que desconoce el plazo razonable determinado por la jurisprudencia internacional, y que modifica la Ley 1786 de 2016 que impone un año prorrogable.

Muertes de primera clase y entierro definitivo del delito político
Álvaro Uribe quiere modificar el Código Penal promoviendo un proyecto de ley que tipifica un nuevo tipo de homicidio cuyo sujeto pasivo son los integrantes de la Fuerza Pública. En otras palabras, lo que pretende el expresidente es que sea más grave asesinar a un militar o policía que a una mujer o un niño.

Este proyecto tiene el claro objetivo de “negar la existencia del conflicto” mediante la eliminación del delito político. Desde la tradición jurídica demo-liberal en la rebelión se emplean armas que ocasionan muertes a la contraparte, por ese motivo, los homicidios ocurridos en combate están eximidos de responsabilidad penal; desde 1997 se consideran homicidio agravado, pero ahora es un delito autónomo que aumenta severamente las penas para los rebeldes que ocasionen muertes en combate de integrantes de la Fuerza Pública.

Mientras avanza la agonía del delito político en la legislación colombiana, ahora se pretende restringir los beneficios jurídicos a integrantes de esa insurgencia ante un eventual acuerdo.

Criminalizar el consumo de drogas y la pobreza
El Proyecto de Ley 060/2018 mantiene la tendencia a crear delitos, incrementar penas, incorporar agravantes, restringir beneficios y otras disposiciones que generan consecuencias directas en la prolongación de la privación de la libertad y por ende agravan la crítica situación carcelaria. Dicho proyecto se propone, en primera instancia, incorporar un parágrafo al artículo 376 del Código Penal para penalizar el porte de dosis superiores a la dosis mínima sin considerar su propósito.

Así mismo, pretende incrementar las penas al tráfico de estupefacientes, y otras infracciones como la modificación de medios de transporte para ocultarle las sustancias a las autoridades. El aumento de la pena la convierte, en términos cuantitativos, en una sanción desproporcionada. Transportar estupefacientes (art. 376 del C.P.) en la caleta de un vehículo (art. 4-e del P.L.060/2018), tendría una pena que oscila entre 21.3 y 45 años. Tal comportamiento se sancionaría con mayor severidad que asesinar o torturar una persona.

El proyecto también propone anular los beneficios contemplados en el artículo 68 A del Código Penal, y restringir los permisos penitenciarios para personas con antecedentes penales. Hay claras intenciones de negarle el acceso a prisión domiciliaria (art. 38 G) y libertad condicional (art. 64) a esta población.

Prevenir militarizando
Buenaventura León León, representante del partido Conservador, presentó un proyecto para crear “una estrategia en el marco de la convivencia y seguridad ciudadana en el territorio nacional, con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de la previsión, prevención y control de las lesiones personales, homicidios y delitos cometidos con armas cortopunzantes y/o blancas…”.

Preocupa el enfoque del proyecto porque conlleva una suposición delictiva sobre el portador del arma blanca (considerando como tal un amplio y ambiguo catálogo de elementos que cumplen usos lícitos diversos como machetes, garfios, mazos, hachas y martillos), asumiendo anticipadamente que esta sería usada para perpetrar una conducta delictiva.

En contraste con lo incipiente del componente pedagógico contemplado en la iniciativa, se plantean facultades amplias a la policía local y departamental para realizar registros y controles indiscriminados de las y los ciudadanos, bajo la premisa de detectar y prevenir el uso anticipado de armas blancas en la ejecución de delitos.

Esto crearía un escenario propicio para el abuso de poder, la normalización de la presencia y la acción policial invasiva y represiva en escenarios públicos, transportes públicos e individuales, y espacios públicos en general.

Avanzada contra el sistema de responsabilidad penal de adolescentes
El Proyecto de Ley 019 de 2018, presentado por Alfredo Rafael Deluque Zuleta, Representante a la Cámara del Partido de la U, busca, entre otras cosas, modificar la normativa para los menores de 14 a 18 años declarados responsables de los delitos de “homicidio doloso, secuestro extorsivo, hurto calificado, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual”. De otro lado, los Proyectos de Ley 085 y 034 de 2018-S tienen propósitos similares, y pese a contener disposiciones que difieren en algunos aspectos, adoptan el mismo enfoque regresivo.

Por otra parte, los Proyectos de Ley 085 y 034 de 2018-S proponen la creación de antecedentes penales para menores infractores entre los 14 y 18 años, e incluir la reincidencia entre los criterios para aplicar sanciones penales; medidas que afectarían la posibilidad de reintegración social del adolescente.

¿Lucha contra la corrupción o populismo regresivo?
La corrupción es abordada a partir de las fórmulas jurídicas para combatirla y prevenirla. El marco de interpretación se centra en responsabilidades individuales, que obvian que la corrupción es una práctica estructural derivada de la naturaleza misma del actual sistema económico y su relación con la institucionalidad del Estado.

Desde esta perspectiva es posible entender la existencia de fórmulas de corrupción institucionalizadas, legalizadas y socialmente aceptadas. Por ejemplo, la institucionalización de un modelo de salud privatizado que favorece los intereses de las Empresas Prestadoras del Servicio, las políticas tributarias que favorecen a emporios económicos, las normas hechas a la medida de las multinacionales mineras, la legislación que favorece la impunidad de criminales de Estado, etc.

El Proyecto de Acto Legislativo 012/2018 presentado por el Gobierno nacional pretende modificar la Constitución para convertir en imprescriptibles los delitos de peculado, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricato, abuso de autoridad, usurpación y abuso de funciones públicas, y la utilización indebida de información y de influencias derivadas del ejercicio de función pública. Es decir que no existe límite de tiempo para que el Estado persiga a una persona por haber cometido este tipo de delitos.

Lo llamativo de esta iniciativa es que desde la perspectiva del derecho penal internacional, delitos como el genocidio o los crímenes de lesa la humanidad (CLH) son imprescriptibles. Colombia, como es sabido, ni siquiera ha incluido en el ordenamiento penal el CLH, pero sí acude a la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con actos de corrupción, propuesta populista que busca generar legitimidad del gobernante de turno y los políticos que la promueven.

En este mismo paquete de reformas, el Proyecto de Ley 164 de 2018 fomenta la restricción de beneficios y derechos para quienes resultan asegurados o condenados por delitos que afecten el patrimonio del Estado y la administración pública, y “los que atentan contra la eficaz y recta impartición de justicia”. Para ellas y ellos se prohíben la detención y prisión domiciliaria, y la libertad condicional. Al respecto, el Equipo Jurídico Pueblos reiteró que es un falso dilema aquel de la lucha contra la impunidad y la restricción de derechos y garantías y el endurecimiento punitivo.

Las reformas propuestas en términos procesales encaminadas a “fortalecer y hacer más eficientes los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y control de gestión pública en el país”, también van dirigidas a impedir el acceso a beneficios cuando se trate de los delitos ya mencionados. Se prevé la privación de la libertad en un establecimiento de reclusión como única medida de aseguramiento, desestimando la suspensión condicional de la pena, libertad condicional, rebajas por preacuerdos y negociaciones, y otros beneficios penales. Dicho paquete también pretende introducir reformas a garantías constitucionales como la prescripción.

El retorno al castigo físico como pena
Implementar “el procedimiento de castración química obligatoria, complementando la pena privativa de la libertad en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, en menor de 14 años”, es lo que quiere implementarse con el Proyecto de Ley 051/2018.

No existe discusión alguna sobre el reproche social que merecen estas conductas delictivas, de las cuales el Estado tiene una corresponsabilidad importante en la protección y garantía efectiva de derechos de las niñas, niños y adolescentes. La creación de penas degradantes no comulga con los compromisos que en materia de derechos humanos ha asumido el Estado, por ello la gravedad del delito y el daño que se causa con este no pueden ser la razón para legitimarlas y justificarlas.

 

Varios estudios sobre el tema coinciden en que a pesar de la diversidad de perfiles de los agresores, han sido identificados varios elementos desencadenantes que originan la violencia sexual, entre los que señalan: elementos biológicos, el fracaso del aprendizaje inhibitorio, actitudes socioculturales favorecedoras o tolerantes de la agresión sexual, pornografía violenta o infantil, circunstancias próximas facilitadoras tales como estados de estrés prolongado, excitación, consumo abusivo de alcohol, etc., distorsiones cognitivas sobre sexualidad adquiridas por agresores en su desarrollo infantil y juvenil, y circunstancias próximas de oportunidad. En las investigaciones se mencionan los factores de reincidencia contenidos en el Manual de valoración del riesgo de violencia sexual - SVR-20. Con este puede identificarse información del sujeto que constituya elementos y variables que hacen más probable el mantenimiento de la actividad delictiva. La guía contiene 20 ítems que deben ser cuidadosamente analizados por profesionales idóneos.

Tampoco hay informes que den cuenta de la eficacia de los tratamientos intramurales que se aplican a los condenados por estas conductas delictivas. El Proyecto de Ley, entonces, carece de total fundamentación empírica y científica que permita justificar la necesidad y proporcionalidad de una medida tan invasiva y deshumanizante como la planteada.

Más penas y disciplina para solucionar problemas sociales
Quienes prefieran la minucia y el detalle pueden quedar satisfechos leyendo el completo informe del Equipo Jurídico Pueblos. En pocas palabras –para los y las que prefieren el resumen, lo realmente “importante” de lo importante– la política punitiva de Iván Duque tiene tintes clasistas, persigue a quien disiente, y niega la violencia y el terrorismo de Estado.

Además, siguen siendo insuficientes las medidas adoptadas y las propuestas del nuevo Gobierno para atender la deficiente y precaria infraestructura de los establecimientos carcelarios colombianos que son incapaces de satisfacer derechos básicos elementales como la alimentación, la salud, la recreación, entre otros.

Los programas de resocialización ejecutados por el INPEC no contribuyen a mejorar la salud emocional y psicológica de las personas privadas de la libertad. Los programas de redención de penas a cambio de trabajo y educación son poco diversos y cuentan con limitaciones de acceso de tipo económicas y administrativas.

La forma en que el Estado sanciona al delincuente dice mucho del Estado. Pero dice mucho más lo que hace o deja de hacer el Estado para que sobren cárceles y falten delincuentes.

 

 

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