Un pueblo que resiste en lucha

Es evidente el cambio de ciclo que trajo consigo el gobierno de Duque. Pasamos de la posibilidad de solucionar políticamente el conflicto armado –alternativa que venía posicionándose en la sociedad colombiana–, a la propuesta de salida militar ante la “amenaza terrorista” adoptada por los uribistas para negar la existencia del conflicto político, social y armado que no cesa en Colombia desde hace décadas, y al cual sus dos gobiernos anteriores le vaciaron muchos ríos de sangre.

Este tercer des-gobierno de la seguridad democrática se jugó todo para fortalecer las fuerzas militares, dándoles recursos suficientes para incidir en obras públicas, educación, seguridad empresarial, protección, campañas de salud, y vías libres para realizar actividades cívico militares, que les permiten no solo condicionar a las comunidades en sus territorios, sino participar en jugosos y multimillonarios negocios. De otro lado, la lealtad del uribismo con los altos mandos militares que incurrieron en delitos de lesa humanidad, crímenes de Estado, y falsos positivos, llevó a Duque a nombrar a varios de ellos en cargos poderosos, y responsabilizarlos de tareas absurdas como garantizar la protección a los líderes y lideresas sociales perseguidos y estigmatizados precisamente por esta clase de oficiales.

Aunque las armas solo deben estar en manos del Estado, según las normas constitucionales y legales, en Colombia estas normas son un buen chiste. Arsenales se mueven en la ilegalidad y se nota desidia por parte de las fuerzas militares a la hora de perseguir, capturar y judicializar a los miembros de grupos paramilitares, bandas criminales, carteles de narcotraficantes nacionales y extranjeros, a quienes se les permite el libre tránsito por todo el territorio nacional, en especial en los territorios que antes eran ocupados por la guerrilla de las FARC, donde imponen su ley sin obstáculo alguno. La cereza del pastel de la militarización de la sociedad está en la propuesta de otorgar el uso de armas a la “gente de bien” como preámbulo a la estrategia muy conocida del millón de amigos, es decir, la participación de civiles en el conflicto armado y la creación del semillero paramilitar, medidas que consolidan un pensamiento reaccionario en toda la sociedad.

Departamentos como Arauca, territorios como el Catatumbo en el Norte de Santander o Micoahumado y sus alrededores en el Sur de Bolívar, son ejemplos concretos de la política de militarización que le permite al Estado perseguir, asesinar y judicializar a los líderes sociales y estigmatizar a sus procesos organizativos. Miles de soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) cumplen su papel y lo hacen uniformados o de civil, a punta de plomo y represión o a través de campañas cívico militares para arreglar caminos, construir escuelas, centros de salud o canchas de fútbol. El Estado administrado por los militares. Injustas, ridículas y perversas medidas tomadas por el gobierno de Duque en un país que sigue viendo sin inmutarse cómo aumenta el contador de líderes y lideresas sociales asesinados, judicializados, amenazados y perseguidos por el Estado.

Una vez el Estado y sus agentes combinan todas las formas de lucha contra los líderes y los procesos que defienden el territorio y protestan contra las medidas antipopulares del nuevo Gobierno, los medios corporativos de comunicación hacen su trabajo que consiste en invisibilizar o tergiversar las causas de las problemáticas en los territorios, como hicieron con Hidroituango. O peor aún, afianzar la política de estigmatización de la protesta social, señalando a los líderes y lideresas como terroristas o desadaptados que impiden el progreso, el desarrollo y la inversión extranjera en los territorios.

Es bueno remitirse al caso del departamento del Cauca, donde el Gobierno y los medios señalan a los indígenas y campesinos de ser responsables por el desabastecimiento de víveres, gasolina y medicamentos que requieren los más necesitados. Los mismos a los que el Estado y los medios jamás prestan atención en materia social y económica. Duque se niega a ir a los territorios porque según él no acepta las vías de hecho, sin embargo, sus fuerzas militares y el escuadrón del ESMAD lo hacen cada tanto con sus acciones represivas. Tal vez sucede que a Duque no le da réditos visitar a los indígenas y a los campesinos y conversar con ellos, cosa que sí sucede cuando le busca camorra a Maduro. En suma, Duque ofrece ayuda humanitaria a una oposición mafiosa y ladrona en Venezuela, pero se niega a hacerlo con su propio pueblo humilde al que le da tratamiento de guerra.

Lo que este Gobierno y sus asesores guerreristas no comprenden es que el pueblo y sus procesos están lo suficientemente curtidos y dispuestos a soportar muchos días o meses en las carreteras, en los puertos y en sus territorios hasta que se les escuche y se les resuelvan, entre otras cosas, los acuerdos que desde los gobiernos de Uribe y Santos les han incumplido. La Minga y el Paro Cívico Nacional que se prepara para el 25 de abril en todo el país no pretende regalos, ni plata para palear las agudas crisis. Tiene fines políticos acordes al momento, para defender la vida y la libertad, la no injerencia militar en Colombia o contra los vecinos, la desmilitarización de los territorios, el respeto e implementación de los Acuerdos de Paz, adoptar la solución política como única medida para solucionar los conflictos sociales y armados, y detener las políticas regresivas contra el pueblo, en especial las contenidas en el actual Plan Nacional de Desarrollo.

En abril se viene el Paro y se viene el Refugio Humanitario para garantizar la vida de líderes y lideresas sociales, y le corresponde a toda la sociedad acudir al llamado de los pueblos que se levantan por la justicia social.

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Olimpo Cárdenas Delgado

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