¿Por qué el PND no le conviene a Colombia?

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) llamado Pacto por Colombia: Pacto por la Equidad fue presentado oficialmente ante el Congreso por el Gobierno del presidente Iván Duque y las críticas y reparos frente a este no se han hecho esperar. Desde antes de su publicación, corrían varias dudas sobre el manejo de temas como la paz, la justicia, la economía, el medio ambiente, entre otros.

Por esto, no deja de sorprender que al conocer el texto oficial distintos sectores de la sociedad alcen su voz y se manifiesten en su contra. Tanto es así, que ya el Gobierno ha tenido que salir a dar reversa en algunos puntos que a todas luces afectan al grueso de la población. Pero la alerta va más allá de lo que está a simple vista. En el PND se encuentran artículos que, disfrazados de promesas en educación, infraestructura e igualdad de oportunidades, atropellan derechos, incumplen pactos acordados, desconocen las realidades de las comunidades y propenden por el desarrollo de solo unos pocos.

¿De qué se trata el PND?
​​​​​​​​​De acuerdo con el Departamento Nacional Planeación se trata de un documento base que contiene los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por cada presidente de la República a través de su equipo de Gobierno. Este instrumento formal y legal presenta los objetivos de gobierno y se compone de una parte general, que aborda las estrategias y orientaciones en política económica, social, ambiental, y un plan de inversiones públicas del orden nacional que contiene los presupuestos, proyección de inversión, especificación de los recursos financieros y fuentes de financiación. En resumen, se trata de la hoja de ruta que fija las metas del cuatrienio, los programas, las inversiones, y permite evaluar los resultados de la gestión gubernamental.

Para que el PND sea efectivo debe pasar por el Congreso de la República, el cual lo discute, en primera instancia, en sesiones conjuntas de las Comisiones de Asuntos Económicos y luego pasa a deliberación de las plenarias correspondientes. Es importante tener en cuenta que en su trámite por el Congreso se le pueden realizar modificaciones y que, en caso de no ser aprobado, el Gobierno tiene la facultad de emitir un Decreto-Ley para ponerlo en vigencia.

Para el caso del PND 2018-2022, el documento presentado por Iván Duque presenta las bases, inversiones y disposiciones instrumentales en un texto de proyecto de Ley con 183 artículos. Su fórmula es “Legalidad + Emprendimiento = Equidad” para remover obstáculos y estimular los factores que permitan lograr un país más productivo y con mayor equidad, con un costo estimado inicialmente de $1.100 billones a precios de 2018. A continuación algunas de las principales críticas que ha recibido.

Facultades especiales para el presidente
En términos políticos, el artículo 181 otorga facultades extraordinarias para el presidente de la República, a través de las cuales podría modificar o fusionar entidades, reasignar funciones, cambiar presupuestos y otras facultades que hoy le corresponden al legislativo. Dichas facultades estarían habilitadas durante seis meses a partir de la publicación de la Ley y sería lo que muchos analistas políticos denominan un “cheque en blanco” con el que el gobierno podría hacer cualquier cosa.

Paz
Al respecto, el partido Alianza Verde advirtió que en el artículo 4 sobre el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) no hay una sección específica sobre el dinero para la construcción de paz, como lo establece el Acto Legislativo 1 de 2016 que ordena por 20 años incluir una partida para la paz. Además, indica que los recursos que hay para la paz no son recursos adicionales, como debería ser, sino que están divididos en los llamados “pactos” del PND. De esta forma, políticas para el cierre de brechas sociales y la reparación de víctimas, que hacen parte del Acuerdo de Paz, son insuficientes, y asuntos como pobreza, salud y educación quedan sin mucho amparo.

Economía
En este punto está incluida la Ley de Financiamiento con propuestas iniciales como el aumento de cotización de seguridad social a los trabajadores independientes o a quienes laboran por cuenta propia, la eliminación de subsidios y el aumento del IVA a productos básicos de la canasta familiar. Aunque sobre estos puntos el Gobierno ha dado marcha atrás, persisten otros igual de preocupantes. El Centro de Estudios Económicos y de Trabajo (Cedetrabajo), en comunicado para medios, señaló que el Plan Nacional de Desarrollo orienta la economía del país hacia la minería soportada en la inversión extranjera y en la especulación financiera. También señala que no se apuesta por la diversificación productiva y que no trabaja por la mejoría de los ingresos de la población, el replanteamiento de las políticas fallidas o la concentración de riqueza.

Por otra parte, preocupa la reforma al Sistema de Regalías ya que les quitaría a las regiones la autonomía para definir y aprobar proyectos a los OCAD (órganos colegiados de administración y decisión). Además, se le quita la administración de los recursos de inversión al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y pasa a manos del Ministerio de Hacienda, lo que dejaría al DNP como un órgano de evaluación, mientras que los recursos quedarían a cargo de un organismo político como es la cartera de Hacienda.

Medio ambiente
En este aspecto es cuestionado el artículo que avala la licencia minera express de 30 días, con lo cual quedarían en peligro lugares como el Páramo de Santurbán. En gobiernos anteriores se insistió en la necesidad de tramitar estos permisos de forma rápida para asegurar la inversión, sacrificando el tiempo para evaluar los riesgos ambientales.
En términos generales el PND trae consigo un conjunto de elementos problemáticos en temas como poder estatal, paz, economía, derechos y medio ambiente. Para los profesores Mauricio Gómez y Darío Restrepo, el Plan propone entregarle a la figura del presidente facultades extraordinarias para reformar el Estado y para intervenir en aspectos como el Sistema General de Participaciones, lo que trae como consecuencia una implementación autoritaria, centralizada, sin acuerdo con las fuerzas sociales y políticas del país, que además desconoce lo acordado en el Proceso de Paz.

Por otra parte, el académico y analista Daniel Librero llama la atención sobre la profundización del extractivismo como el fracking y la explotación manera, con lo cual se destruyen poblaciones y se genera desplazamiento. Jhenifer Mojica, de la Comisión Colombiana de Juristas, menciona que este pacto estimula el perdón y olvido de la acumulación y el despojo de tierras, por lo tanto, no es un desarrollo incluyente que busque cerrar la brecha entre campo y ciudad, y que sea una respuesta a las poblaciones campesinas del país.

Las alertas están encendidas y la invitación a reflexionar y actuar sobre la realidad política y social del país está sobre la mesa. No hay duda que la lucha contra el PND presentado por el Gobierno nacional y la defensa de la implementación del Acuerdo de Paz son motivos para salir a las calles en la gran movilización del 25 de abril, en el marco del Paro Nacional de todo el pueblo colombiano.

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