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Territorio en disputa

La selva en llamas, las explosiones de bombas de gas cilíndricas, la tierra quemada, los helicópteros militares y los disparos nocturnos aterrorizan a Aserrío, un caserío pequeño en el lado de las aguas rocosas del río Catatumbo en el Norte de Santander.

Miedo, desplazamientos, y un toque de queda marcan las vidas de las familias de esta comunidad, y también de San Pablo, municipio que queda más arriba en el cañón del río, a menos de 100 kilómetros de la frontera con Venezuela.

Sobrecogidas entre las plantaciones de coca, las violaciones a los derechos humanos y las confrontaciones entre los guerrilleros del ELN y El ejército colombiano, las vidas inciertas y precarias de los campesinos del Catatumbo desmienten las afirmaciones de los medios de comunicación de que Colombia ha logrado la paz.

“Para los medios de comunicación no pasa nada aquí. Los periodistas dicen que nuestro territorio está militarizado, pero nunca dicen por qué, o cómo se ve afectada la gente”, relató un líder de la Junta de Acción Comunal en una reunión realizada en el corregimiento El Aserrío entre campesinos, defensores de derechos humanos del Equipo Jurídico Pueblos (EJP), y observadores internacionales de la Red de Hermandad y Solidaridad (Redher).

El día anterior, los insurgentes del ELN habían intentado atacar a los militares en las montañas de este pueblo, con bombas, cilindros de gas y morteros. El Ejército respondió con morteros y granadas que causaron incendios en la selva y en las plantaciones de coca que ardían mientras los campesinos relataban la confrontación 30 horas después.

Los soldados dispararon indiscriminadamente durante horas, impactando las casas de El Aserrío con balas que atravesaron los techos frágiles de hojalata y golpearon las paredes de las habitaciones de los niños. Una campesina mostró a los defensores del EJP el video que tomó en su celular; una escena que recuerda a las grabadas por los civiles atrapados en sus hogares en la primera línea de la guerra civil en Siria.

El terror golpeó a los niños acurrucados bajo una cama cubierta de peluches, mientras que las fuertes ráfagas de fuego de rifle automático y explosiones de granadas sacudieron las ventanas de su habitación. “La gente estaba desesperada por los disparos, hubo pánico, los niños estaban muy asustados”, relató la mujer.

Otros campesinos informaron cómo las fuerzas de seguridad de la empresa petrolera estatal colombiana, Ecopetrol, acompañados por soldados, patrullan sus tierras para hacer cumplir, en efecto, un toque de queda. “Ellos declaran que nadie puede moverse durante la noche o serán fusilados”, porque, según relata un hombre, para los militares “los que están afuera en la noche son guerrilleros”.

“Nos preocupa que nos maten un muchacho de la vereda y lo pasen como guerrillero, sabemos que vivimos en una zona difícil, pero no somos guerrilleros y de eso nos tildan, y por eso vivimos las consecuencias de la guerra, los abusos de la fuerza pública”, afirmó.

De otro lado, las comunidades describieron cómo Ecopetrol explotó la riqueza petrolera de su territorio, pero no contribuyó a la comunidad. “La presencia militar y el dinero para protegerlos a ellos son excesivos, pero Ecopetrol nunca está interesada en nosotros, no se molesta en capacitar la gente de aquí y nunca emplea a trabajadores de aquí”, explicó otro hombre.

En San Pablo la población cuestiona la fuerte presencia militar y el incumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado: “En el Catatumbo hay un soldado por cada 100 campesinos, pero solo un médico por cada 6.000 personas. Los militares tratan este territorio como si lo estuvieran ocupando, y como si todos los que estamos aquí fueran el enemigo”, comentó un habitante del lugar.

Las campesinas que se refugiaron en San Pablo luego de ser desplazadas de sus tierras informaron que los soldados ocuparon su finca. “Había combates y estaban pasando las balas y las explosiones cerca a la casa, el helicóptero llegó y comenzó a hacer ráfagas de disparos. Eso nos preocupó porque podían caer en la casa. No teníamos más remedio que irnos, y ahora perdimos nuestra cosecha”.

La evidencia proporcionada a los defensores del EJP y a los observadores internacionales en El Aserrío, San Pablo y también en El Tarra, donde más de 100 campesinos han sido desplazados por el aumento de las incursiones militares y las ocupaciones de fincas, desmiente la afirmación del Gobierno de que no hay conflicto en Colombia; además evidencia que existe una violación sistemática de los derechos humanos.

“Se están produciendo olas de desplazamientos masivos debido a amenazas de muerte, hostigamientos y enfrentamientos… se está haciendo notoria la aplicación de la doctrina del enemigo interno, en el marco de la cual las comunidades se consideran adversarias del Estado”, declaró el abogado del EJP, Rommel Durán Castellanos, quien finalmente advirtió que “el aumento en casos de detención arbitraria, la estigmatización y la presión crean un ambiente de angustia y ansiedad para la gente”

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