La judicialización de líderes y lideresas también es un crimen de Estado

Frente al incremento y abuso de la criminalización y judicialización de líderes y lideresas sociales en todo el país, coinciden las organizaciones de abogados como el Equipo Jurídico Pueblos, la Fundación para la promoción de la justicia Javier Alberto Barriga, y los asesores jurídicos de la Corporación Sembrar y del Movimiento de Masas del Centro Oriente colombiano, entre otros, que los organismos de inteligencia como la Dijin, la Sijín, el Ejército y la Fiscalía se encargan de vigilar, interceptar, hostigar, amenazar y finalmente encuadrar en tipos penales y capturar a los líderes y lideresas sociales que defienden sus territorios, los derechos humanos, y organizan a los trabajadores y a las comunidades, para sacarlos del medio y así debilitar y exterminar los procesos sociales y populares. En casi todos los casos utilizan a los desmovilizados y falsos testigos para incriminarlos y ganar beneficios legales.

Son muchas las organizaciones y procesos sociales víctimas de esta modalidad, por lo que amerita indagar e investigar a fondo la magnitud de la situación que sufren muchos líderes y lideresas en todo el territorio nacional. Por ahora trabajaremos sobre los casos, datos y fuentes que pudimos recoger.

Sur de Bolívar
En marzo 22 de 2017 fueron capturadas Nubia Gómez Jaimes, Milena Quiroz, José Lemus Jaimes, Isidro Alarcón, Manuel Sabaleta, Félix Muñoz, Joaquín Gómez Quiñones y Santos González Pimienta en el Sur de Bolívar.

Jorge Reales, quien se desempeña como abogado de la Corporación Sembrar y tiene a su cargo la defensa de la mayoría de procesos en contra de estos líderes sociales comenta que “el proceso de los ocho primeros casos es de conocimiento del Juzgado Primero Penal especializado de Cartagena… Las personas fueron capturadas y judicializadas con base en informaciones de personas desmovilizadas del ELN. Es decir, repitiendo el patrón de casos anteriores de detenciones masivas”. La precariedad de las pruebas y las irregularidades legales de las capturas obligó a los jueces a dejar libres, meses después, a los capturados, aunque siguen procesados.

En el Sur de Bolívar ya se habían presentado falsos positivos judiciales en el año 2007 y 2008. Con montajes y falsos testigos las autoridades incriminaron a Teófilo Acuña y Alirio Salgado, lo cual fue demostrado en medio de sus procesos. La estigmatización y la presión de las Fuerzas Militares y la Fiscalía sobre los líderes de la región no cesó, en 2018 cinco de los principales líderes del corregimiento de Micoahumado se vieron obligados a presentarse ante el ente investigador en la ciudad de Bogotá para exigir que se les presentaran los cargos y si era del caso fueran capturados o se les dejara en paz de una vez por todas, la Fiscalía General de la Nación certificó que no tenían orden de captura.

Suroccidente, Nariño y Valle
El 21 de abril de 2018, fueron capturados 33 líderes del Suroccidente colombiano, en especial del departamento de Nariño, la mayoría ex servidores públicos de reconocida trayectoria social entre las comunidades, lideresas indígenas y afrodescendientes. En este caso 27 de ellos tuvieron que ser dejados en libertad por la misma razón: precariedad en las pruebas e irregularidad en las capturas. Los cargos en este caso eran concierto para delinquir, narcotráfico, porte de armas, rebelión, entre otros que vinculaban a los y las lideresas con el ELN. Sin confirmar está la versión de que esas capturas estuvieron coordinadas y presionadas por la DEA.

Hoy se encuentran privadas de la libertad Sara Quiñones y Tulia Marys Valencia Quiñones, madre de Sara, las dos lideresas reconocidas del Proceso de Comunidades Negras, PCN, de la junta de gobierno del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, y defensoras de derechos humanos, quienes, según el PCN, llevan más de 257 días injustamente privadas de la libertad por vencimiento de términos, y en total cumplen más de un año en una cárcel de Cali. La lideresa Alejandra Dizú también está privada de la libertad en un centro de armonización por la jurisdicción indígena.

Nororiente de Colombia
Las conclusiones de un informe sobre judicialización del Equipo Jurídico Pueblos, con sede en Bucaramanga, pero que atiende profesionalmente toda la región norte y sur de Santander y parte del Cesar, es contundente: “una vez revisadas las zonas más afectadas con las detenciones masivas, todas ellas son regiones donde concurren intereses económicos y/o político-militares claros, que requieren ser “pacificadas” o “estabilizadas”. Tal es el caso de los pozos petroleros alrededor de Caño Limón, explotados por las empresas petroleras Oxy, Repsol-YPF y la British Petroleum (BP); o el Sur de Bolívar donde la Anglogold Ashanti está explorando minas de oro; Sabana de Torres, que hace parte del enclave petrolero, donde además existen grandes sembrados de palma y hoy en día la famosa “RUTA DEL SOL” con el proyecto “DIAMANTE CARIBE SANTANDERES”, el cual ha generado varias capturas de campesinos que reclaman derechos al Estado colombiano y Multinacionales que desarrollan estos proyectos”.

En este marco, en enero y febrero de 2014 fueron capturados tras los testimonios de desmovilizados que obtuvieron beneficios judiciales por su colaboración con la justicia, los campesinos Wilson Becerra Becerra, Alonso Serrano Arias y Jairo Ramírez, del municipio de La Gloria, Cesar. La Fiscalía renunció a las declaraciones de los desmovilizados, quienes no pudieron ser contrainterrogados por la defensa; dos y cuatro años más tarde Wilson y Jairo recuperaron su libertad, pero continúan vinculados al proceso judicial, mientras que Alonso continúa detenido. También, bajo declaraciones de desmovilizados corrieron igual suerte en agosto de 2015 el campesino Manuel Antonio Cardozo de Curumaní, Cesar, y en diciembre del mismo año los campesinos Matilde Ureña y Otoniel Caballero de El Carmen, Norte de Santander.

En junio de 2016, en Becerril, Cesar, la Sijín y el Ejército nacional (Batallón Energético y Vial, en adelante BAEV2), acompañados de cuatro personas que cubrían sus rostros y portaban armas, capturaron a los campesinos Luis Oscar Galvis Sánchez, Erasmo Galvis Sánchez, Wilson Paredes, Cristo Humberto Calderón Rozo, Cristo Pineda Castillo, Ubernel Duran Riogó, Jorge Enrique Mieles y William Paredes Aguilar. El desmovilizado que declaró contra ellos fue asesinado posteriormente por miembros del BAEV2 del Ejército, sección de inteligencia. Hoy todos los campesinos están libres, pero con un proceso abierto. Otros 17 casos, la mayoría con montajes judiciales y declaraciones de desmovilizados, bajo los mismos patrones o similares condiciones, se presentaron entre el 2012 y 2018. Todos fueron atendidos por el Equipo Jurídico Pueblos, y la mayoría de imputados están hoy en libertad, pero siguen judicializados.

También el Equipo Jurídico Pueblos representó a la joven defensora de derechos humanos Natalia Trujillo Nova, en medio de su captura y la de nueve jóvenes más acusados de actos terroristas, a través de un irregular proceso de captura, conocido mediáticamente como el caso del Centro Comercial Andino.

Bogotá
Desde el año 2015 trece líderes y lideresas estudiantiles fueron judicializados y capturados en medio de un show mediático, tres de ellos por los presuntos delitos de terrorismo, rebelión y violencia contra servidor público; los diez restantes por porte ilegal de armas (papas bombas), y violencia contra servidor público; a pesar de recobrar su libertad por la debilidad probatoria, todos siguen judicializados. Situación similar sufrió el joven estudiante y líder Mateo Gutiérrez, judicializado y llevado a la cárcel en marzo de 2017 acusado de atentados con explosivos en la capital. A Mateo también querían involucrarlo en el atentado del Centro Comercial Andino, aunque fue demostrado que no participó en estos hechos pues estuvo tras las rejas 20 meses.

El seis de junio de 2018 fue capturado el secretario técnico y líder social del Congreso de los Pueblos Julián Andrés Gil Reyes. Según su proceso organizativo local Quinua y el Congreso de los Pueblos, las autoridades judiciales utilizaron como “informante” a un excompañero de Universidad, Andrés Felipe Ospina Guarín, quien con testimonios injuriosos y calumniosos, y con el fin de obtener beneficios jurídicos, involucró a Julián en acciones bélicas con explosivos y armas, en las que jamás estuvo presente. La Fiscalía pretende propinar un “falso positivo judicial” imputando delitos que son de competencia de la justicia especializada.

Arauca, Casanare y Meta
El abogado Alex Arguello del equipo especializado de derechos humanos del Centro Oriente de Colombia, recuerda que las judicializaciones no son asunto nuevo. En noviembre de 2002 bajo el gobierno de Uribe Vélez, llevaron a la cárcel a cientos de líderes en todo el país, con casos emblemáticos como el de Arauca en donde un total de 2000 personas, incluidos menores de edad y amas de casa, fueron trasladadas al coliseo Jacinto Jerez, donde fueron encerradas mientras se verificaban las ordenes y se hacían efectivas las capturas de más de 90 personas, la mayoría líderes sociales. Fue la primera captura masiva a nivel nacional, tras la expedición del Decreto 1837 del 2002, y la realizaron personal del Ejército y el Gaula de la Policía. Pretendían según ellos desmantelar las redes de apoyo a la guerrilla del ELN. Aún varios de estos procesos siguen sin resolver. Igual sucede con el caso del líder Jorge Sanabria, de la organización juvenil Anjeco de Arauca, que fue capturado desde septiembre de 2016.

Arguello también informa que el 30 de septiembre de 2018 en Casanare y Arauca fueron detenidos cinco líderes sociales del Movimiento de Masas del Centro Oriente, pertenecientes a las organizaciones Asonalca y Asmuc; y el 20 de octubre de 2018 fue capturado en Arauquita el afiliado de Asonalca, Horacio Lizarazo Bernal. El 27 de noviembre de 2018 también fueron capturados ocho líderes comunales más y en abril de 2019 a otros trece se les inició proceso penal. En la actualidad ya suman 27 los lideres judicializados en la región, la mayoría líderes y lideresas reconocidas por su lucha contra las petroleras que explotan los recursos en esas zonas del Centro Oriente.

La Estructura Especial de Apoyo, EDA, cuerpo especializado de la Fiscalía al servicio exclusivo de las empresas petroleras nacionales o extranjeras, pagado por estas, se encarga, como en otras regiones, de hacer seguimiento y perseguir a los líderes de las comunidades que adelantan acciones reivindicativas y de protesta social, exigiendo que respondan por sus obligaciones legales y económicas en los territorios donde explotan los hidrocarburos. La EDA se encarga de enmarcar las acciones legítimas de las comunidades en tipos penales, con el fin de vincularlos con estructuras del crimen organizado y llevarlos a la cárcel. Así ocurrió el 12 de septiembre de 2018 en Acacias, Meta, con siete líderes de las comunidades que exigían el cumplimiento de los acuerdos firmados con Ecopetrol. En este caso, aunque lograron su libertad, siguen procesados por varios delitos.

Antioquia
El 8 de marzo de 2019, fue capturado el concejal de San Francisco, Ancísar Morales, campesino oriundo de esa región del Oriente antioqueño y reconocido desde su adolescencia por el liderazgo social y popular con la Asociación Campesina de Antioquia y con el Congreso de los Pueblos. Su abogado Johan Giraldo, la comunidad, y hasta las autoridades locales, no salen del asombro porque conocen a Ancísar y lo respaldan, todos creen que es un montaje judicial o un grave error de la justicia. Ancísar es una persona dedicada de tiempo completo al bienestar de su comunidad, ha luchado frontalmente contra el flagelo de la drogadicción y el micro tráfico que afecta a los jóvenes de su comunidad, y un montaje judicial lo tiene hoy en la cárcel, presuntamente por estar implicado con delitos de distribución de droga y porte ilegal de armas porque en su residencia campesina tenía una escopeta.

Sin cubrir la totalidad de casos de judicialización que sufren las organizaciones sociales y populares en Colombia, estos procesos, que superan los cien casos de abuso del derecho penal, son apenas una muestra y estarían enmarcados en las prácticas genocidas del Estado colombiano que hoy lo tienen en la palestra internacional por los más de 702 casos de ejecuciones extrajudiciales contra líderes y lideresas.

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