Ni descuidos ni manzanas podridas, era una política de Estado

Esta es la historia de un hombre que se hizo viejo cuando era un niño –uno de tantos–.

Mauricio García tenía 13 años. Vivía en una finca en la vereda La Estrella, cerca al corregimiento Santa Ana de Granada, municipio ubicado en el Oriente antioqueño. La suya era una típica familia campesina colombiana: su mamá era ama de casa y su papá agricultor. Cultivaban café, molían caña, y vendían panela en el pueblo.

No solo los cuerpos, las almas también envejecen. La de Mauricio empezó a aviejarse un lunes, el lunes 13 de enero de 2003. Ese día su hermano, Alejandro García, estaba en el pueblo. Sonaron varios disparos, uno impactó en la espalda y otro en la pierna de Alejandro. El Ejército echó su cuerpo en una bolsa, como algo que ya no sirve, luego en un ataúd, y después en una bóveda como si fuera un NN. Se llamaba Alejandro, tenía 16 años, y sueños, y esperanzas, tenía un futuro.

Desde 1995 todo fue horror. Las primeras masacres y amenazas se expandieron por el Oriente antioqueño desde la zona del altiplano, el corazón urbano y económico de la región. Las FARC y ELN estaban concentradas en las zonas rurales de los municipios que no integran el altiplano. A partir del 95, las Fuerzas Militares, con ayuda de grupos paramilitares, emprendieron la recuperación del territorio y el exterminio de las guerrillas. Para lograrlo, la Fuerza Pública incursionó con una consigna: todo el que viviera en esos municipios hacía parte de la guerrilla, había que sacarlos de los territorios, sin importar si era hombre o mujer, todos eran el enemigo.

Los militares y los paramilitares cercaron la población. Los campesinos quedaron sitiados, no podían ir a las cabeceras municipales. Los hombres, que acostumbraban ir los fines de semana al pueblo para hacer el mercado, dejaron de ir por miedo a que los asesinaran. Les encomendaron esa tarea a las mujeres y también las mataron. La responsabilidad recayó luego sobre niños y jóvenes que fueron retenidos por sus captores hasta que los padres no fueran por ellos. El plan era cortarle el suministro básico de subsistencia a la población. Los paramilitares se encargaron del bloqueo económico en las zonas rurales mientras los militares controlaban los cascos urbanos.

Los campesinos fueron asesinados por incluir en el mercado un medicamento, unas pilas, unas botas de caucho o un paquete de cigarrillos, en los retenes consideraban que estas eran raciones de abastecimiento para las guerrillas. Además de asesinar campesinos y campesinas, militares y paramilitares también destruyeron bienes esenciales para la permanencia de las comunidades: los puestos de salud, las escuelas, las tiendas rurales, y a los cultivos, por ejemplo, les echaban gasolina o veterina. La región vivía una crisis humanitaria, en el momento más crítico fueron en total siete batallones, dos unidades aéreas y cuatro frentes guerrilleros los que hacían presencia en el territorio.

El Oriente antioqueño empezó a reportar las ejecuciones extrajudiciales una vez las Fuerzas Militares coparon el territorio, pero los asesinatos de civiles reportados por los soldados como guerrilleros muertos en combate incrementaron con la desmovilización de los bloques paramilitares entre 2003 y 2006. Mauricio dice que creció “viendo muertos”, muertos que eran ajenos hasta que el conflicto le robó la niñez. Primero fue su hermano mayor, después su papá: Nicolás Emilio García.

Fue un lunes, el lunes 14 de junio de 2004. Mauricio estaba en la sala de la finca haciendo las tareas del colegio, cuando escuchó un estruendo “demasiado fuerte”. Se asustó, salió al patio, y vio a varios soldados apuntándole a su papá que estaba tirado en el suelo. Segundos después su madre llegó a los gritos intentando evitar el atropello. Los militares doblegaron a Mauricio y lo tiraron al piso al lado de su padre. Don Nicolás pidió clemencia, “no, él es un niño”, les dijo. Mauricio no entendía nada. Los soldados no escucharon las súplicas de su madre. A su papá le dieron una patada “súper fuerte que recuerdo perfecto”, lo amarraron y lo llevaron a la parte trasera de la casa. A él y a su mamá los metieron en un baño. “Ahí pensamos que nos iban a hacer algo –recuerda Mauricio–, esperamos unos minutos, cuando salimos no vimos a nadie”.

Luego fueron al pueblo porque sabían que allí estaba asentado el Ejército. Su mamá logró hablar con uno de los comandantes. “Si él debe algo, preséntelo ante una entidad competente que en este caso sería la justicia”, le dijo ella. “No se preocupe que a él no le va pasar nada, a él solamente le estamos haciendo unas preguntas. A él no le va pasar nada, tranquila, váyase para su casa, él va estar bien”, respondió el militar. Mamá e hijo intentaron salir de Granada, pero no había transporte y las vías estaban bloqueadas. El viernes 18 lograron llegar a Medellín en la noche y se contactaron con la Corporación Jurídica Libertad para notificarles el caso. “La primera recomendación que nos hace el abogado es visitar anfiteatros porque habían subido muertos desde la zona. Como para descartar, lo hicimos, y en el segundo anfiteatro lo encontramos, ya mi papá estaba muerto”.

Una habitante de Granada declaró que vio cuando el Ejército bajó con Nicolás hasta la parte baja del pueblo, donde quedaba el puesto de salud, y que a los cinco minutos escuchó una balacera. La mayoría de ejecuciones extrajudiciales en esta región de Antioquia compartían el mismo modus operandi. Fernando Valencia, que en aquellos años era abogado de la Corporación Jurídica Libertad y acompañó a las comunidades y organizaciones del Oriente antioqueño asediadas por el conflicto armado, recuerda que llamaban a la corporación a decirles que habían detenido un pariente, se lo habían llevado y más adelante habían escuchado un tiroteo. “Retenían la persona, la llevaban hasta un lugar apartado, simulaban un enfrentamiento, una explosión, o disparaban un largo rato, y luego la sacaban en una mula o la llevaban a un paraje muy distante de la captura para entregarla como guerrillero”. En el museo Casa de la Memoria de Medellín, durante la presentación del informe Ni descuidos ni manzanas podridas, ejecuciones extrajudiciales en Antioquia una política de Estado, Fernando afirmó también que era común encontrar los cadáveres desfigurados. A las mujeres, por ejemplo, les cortaban el cabello o se lo tinturaban, también solían cambiarle la ropa a las personas y dejarlas en lugares donde nadie las conociera o que fueran muy alejados, incluso en otros municipios, para que el sol y el agua las desfiguraran y así ni los parientes pudieran reconocerlas.

Ese procedimiento explica en parte el auge de los asesinados no identificados en el Oriente antioqueño. Sin embargo, si la justicia penal militar no hubiera ocultado pruebas para defender el comportamiento de los soldados, o los inspectores de Policía municipales hubiesen realizado con rigor los levantamientos de cadáver, o los médicos no hubiesen pasado por alto detalles importantes como tatuajes, fracturas o características de la dentadura en las historias clínicas, muchas personas habrían podido ser identificadas.

El Oriente antioqueño es una de las regiones con más desapariciones forzadas registradas, solo en San Luis, municipio ubicado a tres horas de Medellín, 180 personas permanecen desaparecidas. Según la cantidad de víctimas registradas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Oriente, el Magdalena Medio y el Valle de Aburrá suman 10.377 de las 60.630 personas desaparecidas forzosamente entre 1970 y 2016. En sus informes la institución determinó que, a nivel nacional, los grupos paramilitares o grupos pos-desmovilización son responsables de más de la mitad de los casos.

 

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El 27 de mayo decenas de familiares de los asesinados entregaron el informe sobre ejecuciones extrajudiciales a Catalina Díaz, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y a Max Yuri Gil, coordinador de la macro región Antioquia - Eje Cafetero de la Comisión de la Verdad. El informe elaborado por la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Jurídica Yira Castro, la organización Equitas y la organización Humanidad Vigente Corporación Jurídica, da cuenta de 112 casos cometidos en el Magdalena Medio, el Oriente y el Nordeste antioqueño que dejaron 154 víctimas.

El informe está dividido en dos periodos. El primero documenta 65 hechos que arruinaron 97 vidas entre el 17 de diciembre de 2003 y el 27 de noviembre de 2004, los cuales están siendo investigados por la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, y se le atribuyen al Batallón de Artillería Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez que en aquellos años comandaba el coronel retirado Juan Carlos Barrera Jurado, quien solicitó someterse a JEP y, según los investigadores, fue contratado como asesor para el diseño de la actual doctrina militar llamada 'Damasco'. El segundo periodo de la investigación lo integran 47 casos ocurridos entre 2007 y 2008 que dejaron un saldo de 57 víctimas. De ellos, 15 casos son responsabilidad del Batallón Bomboná que operaba en Anorí, Amalfi, Vegachí, Yalí, Cisneros y San roque; 15 fueron perpetrados por el Batallón Calibío que operaba en la zona rural de Yondó, Puerto Berrío, Cimitarra y Puerto Parra; 10 son atribuidos al Batallón Especial Energético y Vial número 8 que operaba en Remedios y Segovia; 4 señalan como responsable al Batallón Bárbula que operaba en Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Boyacá y Caracolí; 1 culpa al Batallón de Servicios número 14; y de los 2 restantes aún no hay responsables identificados.

No solo hay cifras, el informe también detalla los patrones criminales. La mitad de las víctimas fueron presentadas por los soldados como personas no identificadas para evadir la justicia y evitar que iniciaran las investigaciones. Los investigadores también encontraron que la mayoría de víctimas eran retenidas de forma ilegal en sus casas o en los lugares de trabajo frente a sus familiares. En muchos de los casos, aseguran, hubo selección previa de las víctimas y se utilizaron guías o informantes, el Batallón Calibío, por ejemplo, destinó más de 20 millones de pesos al pago de estos. La investigación es una de las tantas pruebas que pretende confirmar que las ejecuciones extrajudiciales fueron una política de Estado que contemplaba la muerte como único resultado aceptable de las Fuerzas Militares para posicionar la idea de que la Fuerza Pública estaba siendo la vencedora del conflicto armado interno.

“Este informe y las pruebas que lo acompañan tiene una finalidad: develar la responsabilidad de los comandantes en las ejecuciones extrajudiciales. Hemos tenido conocimiento de que aquí en Antioquia la justicia solo ha escalado la responsabilidad hasta los soldados rasos”, manifestó Sergio Gil, abogado de la Corporación Jurídica Libertad. Los comandantes a quienes el informe y los investigadores también responsabilizan son Wilson Hernández Cedeño, Oscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, y Mario Montoya Uribe.

Mientras muchos soldados ganaban viajes y vacaciones extras por cada inocente reportado como guerrillero muerto en combate, el miedo florecía en el alma de las comunidades. Mientras algunos comandantes eran ascendidos y recibían medallas por cada orden ejecutada por sus subalternos, el campo se quedaba sin campesinos. Mientras los guionistas de esta novela sangrienta hacen todo lo posible por destruir el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, las víctimas que han puesto los muertos les piden a los militares que digan la verdad.

Antioquia es el departamento con más ejecuciones extrajudiciales. A pesar de todo, a pesar de tanto, las víctimas confían en que la memoria, las evidencias y la Jurisdicción Especial para la Paz, acaben con una parte de su calvario. “Esto no es solo un informe, es la reivindicación de la dignidad de las víctimas, es la posibilidad de reconstruir la verdad”, manifestó Fernando Valencia en el evento de lanzamiento.

Mauricio García ahora hace parte de la organización Tejiendo Memoria. Alejandro García, su hermano, y Nicolás Emilio García, su padre, no morirán mientras él siga vivo. “Está plenamente identificado qué batallón fue el que realizó el operativo. También tenemos conocimiento de nombres y apellidos de la patrulla que hizo la visita a nuestra vivienda (…) Me he dado a la tarea de hacer visible esto porque siento que mucha gente en el país no lo conoce. En conversaciones con amigos, con gente cercana, me he dado cuenta que incluso ellos no saben que hay víctimas del Estado en el país. Nosotros como víctimas merecemos ser escuchados, reconocidos y reparados en todos los sentidos porque hay una gran afectación. Mi misión en este momento es hablar por las víctimas, perder el miedo, porque al principio no lo hacía por temor, otras veces por indiferencia, pero en estos momentos estoy comprometido plenamente con este escenario de la JEP que se abre para mostrarle la realidad al país (…) No es fácil, la política de Estado afectó mi familia y afectó mi integridad, mi futuro; no solo es el muerto que queda en el cajón y se llora, es lo que viene después, es cómo empezar a reconstruirse y seguir avanzando, porque igual la vida continúa”.

Después de escuchar a Mauricio en la rueda de prensa solo supe decirle gracias y abrazarlo. Ojalá no sea cierto –como él cree– que 15 años después, el caso de su hermano esté “durmiendo en un expediente de la Fiscalía”.

 

*Contenido realizado para la alianza de medios Periodismo de Verdad

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