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Editorial 151. Contra la política de la desesperanza

Cerca de 317 líderes sociales asesinados en los últimos 15 meses. 134 excombatientes de las FARC asesinados, 11 desaparecidos, y 34 familiares de reinsertados también asesinados. 14 integrantes del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –solo en el departamento de Córdoba– asesinados entre enero del 2018 y julio de 2019. Este es el saldo que hasta ahora nos deja la paz que nos está costando muchas vidas.

El establecimiento que representa Iván Duque ama el dinero y los privilegios, pero odia a la gente. El presidente Duque no gobierna, cumple órdenes. Y ese servilismo amenaza con extinguir la esperanza de un país cansado de batirse a diario entre la vida o la muerte. Un país que suplica honestidad, tolerancia, y un poco de solidaridad. Un país que quiere cerrar la brechas sociales y económicas que provocaron un conflicto armado sin precedentes en el mundo. 11 meses necesitó Duque para devolvernos al país que queríamos dejar atrás: aumentaron los homicidios, el Ejército ordena asesinatos a toda costa, las instituciones persiguen y encarcelan al que piensa diferente, los grupos criminales y paramilitares controlan pueblos y regiones enteras, vuelven a tronar bombas y fusiles.

No hay peor futuro que aquel que está hecho de desesperanza. Y no hay un pueblo más fácil de oprimir que aquel que está resignado. Por eso los ataques frontales de Álvaro Uribe y el Centro Democrático a las negociaciones con las FARC y el ELN. Y por eso el empeño de Iván Duque en poner todo tipo de trabas jurídicas, burocráticas y económicas para hacer trizas el Acuerdo de Paz, tal como lo prometió Fernando Londoño en las pasadas elecciones presidenciales. Con este gobierno queda demostrado que si la implementación de la paz no avanza, el país tampoco.

Según el Instituto Kroc, entidad internacional que realiza estudios y veeduría sobre conflictos armados y condiciones para su solución pacífica y sostenible, el Acuerdo Final para la Paz contiene 578 compromisos concretos, medibles y observables. 39 de ellos, es decir el 6,5% de lo acordado, corresponden a la reincorporación política, social y económica de los excombatientes de las FARC. En abril, informes del mismo instituto advertían que hasta febrero del 2019, 35% de los compromisos habían alcanzado niveles avanzados de implementación, 34% estaban en un estado de implementación mínima, y del 31% restante no había avance alguno.

Visitando las regiones hemos comprobado que los análisis del Instituto Kroc se corresponden con la realidad. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET's) se quedaron en diagnósticos y promesas. Los proyectos productivos nunca llegaron a las zonas cocaleras, ni a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR's) donde se asentaron los excombatientes de las FARC. Las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias en la Cámara de Representantes fueron desechadas en el Congreso. El presupuesto para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –integrado por Justicia Especial para La Paz, la Comisión de la Verdad, y la Unidad de Búsqueda a Personas Dadas por Desaparecidas– se redujo drásticamente. Y el 10 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una carta a los embajadores y miembros de los cuerpos diplomáticos en Colombia en la que solicita que en caso de querer visitar algún ETCR deben, “con por lo menos tres semanas de anticipación”, solicitar la aprobación del Gobierno nacional, por medio de la Dirección de Cooperación Internacional de ese ministerio. En la carta también exigen que se garantice “la disponibilidad de espacios para representantes del Gobierno nacional en los arreglos logísticos”. Además fijan fechas y días para las visitas, las cuales “se desarrollarán solamente la segunda y cuarta semana de cada mes, de miércoles a viernes”.

Poco le importan a Duque el asesinato y la judicialización de líderes sociales, y el caos político, social y económico provocado, en parte, por los incumplimientos del Acuerdo. Sus prioridades son utilizar la crisis venezolana como cortina de humo e intentar ocultarle al mundo el nuevo genocidio que hoy mira por televisión el país. Ese discurso negacionista y simplista del subpresidente, es apoyado y patrocinado por una organización como la OEA que dice defender los derechos humanos y la democracia, pero que no es otra cosa que una plataforma que utiliza la derecha continental para hacer propaganda y lobby político.

Días antes de la 49ª Cumbre de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos celebrada en Medellín, Luis Almagro, secretario general de la OEA, aplaudía el “compromiso del gobierno del presidente Iván Duque con la paz”. Las desafortunadas afirmaciones de Almagro generaron malestar entre movimientos ciudadanos y sectores que defienden con ahínco el proceso de paz, entre ellos el movimiento Defendamos la Paz quien invitó al secretario para que hiciera una “aproximación más objetiva y realista a la paz en Colombia”. Esta exigencia es demasiado ambiciosa para una institución miope que condena con todo su arsenal diplomático al gobierno de Nicolás Maduro, pero guarda silencio ante el trato inhumano que reciben los migrantes por parte de Estados Unidos, o ante la represión y la corrupción rampante que reina en países como Honduras y Guatemala.

A este desgobierno le quedan 36 meses para robarnos una oportunidad única, una de las pocas que la sociedad colombiana ha tenido en las manos. Cada líder defensor de derechos humanos muerto o encarcelado es un golpe a la moral, pero nos negamos a normalizar el asesinato y la captura de esos hombres y mujeres que el país necesita vivos y libres. Los recordaremos y los nombraremos hasta que sea necesario. Son ellos y ellas –sus ausencias, y nuestras pérdidas– quienes deben ser el centro de atención de la opinión pública, no una pelota, ni el reality show que protagonizan los funcionarios del Gobierno y los Senadores de algunos partidos. Toda la sociedad colombiana debe atender el llamado que nos hacen los movimientos sociales y ciudadanos para que este 26 de julio salgamos a las calles en defensa de nuestros líderes y de la paz. Es en las calles donde se le tuerce el brazo al poder. Es la sociedad la única que puede mantener viva su posibilidad de soñar.

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