Argos, el sector privado en el conflicto armado

El pasado 9 de mayo la Fundación Forjando Futuros presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su reciente informe sobre las sentencias que condenan a la empresa ARGOS S.A. a restituir tierras a familias despojadas. La empresa ha sido condenada en 12 sentencias –desde 2016 hasta 2018–, a devolver 1023 hectáreas a familias despojadas de la región de Montes de María, en los municipios de El Carmen de Bolívar (Bolívar) y San Onofre (Sucre). En total, distintos Tribunales ordenaron a Argos restituir 26 fincas a campesinos víctimas del despojo de tierras, luego de que los opositores “no probaron su buena fe exenta de culpa”.

Argos sabía lo que pasaba
La primera sentencia que castigó a Argos fue proferida el 17 de febrero de 2016 por el Tribunal Superior de Cúcuta. En ella se lee: “Se omitió la situación de conocimiento público y notorio de conflicto armado y violencia generalizada que por más de 20 años se vivió en el municipio de Carmen de Bolívar. Circunstancia que ha de presumirse era conocida por Cementos Argos, en tanto allí desarrolla actividades relacionadas con su objeto social”.

Esta idea fue ratificada por el Tribunal Superior de Cartagena en noviembre del mismo año, al estudiar la compra de otro inmueble, también en el municipio del Carmen. Esta sentencia explica que varias empresas y personas se apropiaron de tierras (entre ellas Fiduciaria Fiducor, y Claudia María y Paula Moreno Ángel), o bien, compraron predios a los campesinos aprovechándose de su situación de desplazados, y explica, posteriormente, que Argos siguió el mismo camino. “Cementos Argos despliega la misma actuación en claro desconocimiento del principio de solidaridad con la población desplazada y la normatividad vigente en materia de protección de dicho grupo poblacional”.

Pero que Argos fuera consciente de la violencia en el pueblo no fue lo único que desvirtuó su “buena fe exenta de culpa”, pues en un segundo momento se comprobó que la empresa utilizó maniobras jurídicas para obtener los predios: “Se observa descuido, incuria e infracción de normas legales en el actuar de dicha sociedad”.

Estrategia jurídica
Las sentencias que condenaron a la empresa permitieron descubrir toda una estrategia jurídica construida para la compra y acumulación de las hectáreas. La idea fue utilizar unas empresas que compraron inicialmente y luego le traspasaron a Argos.

“Para la acumulación de tierras en Montes de María, Argos creó diferentes figuras jurídicas, dándole apariencia de legalidad en las negociaciones. Hubo unos compradores iniciales que ellos llaman terceros, que fueron los que fomentaron el interés de las personas de vender, ellos compraban la tierra, luego se las compraba Tekia o se las compraba Alianza Fiduciaria, o Fiducor y luego pasaban a manos de Argos”, explica Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, autora del informe.

Por otro lado, la buena fe de Argos, las empresas cercanas, y de las personas naturales condenadas en las 12 sentencias, se descalificó porque estas no demostraron haber investigado bien los predios que iban a adquirir, por ejemplo, no se fijaron en qué condiciones estaban quienes vendían sus tierras, qué hechos sucedían en la región, si eran desplazados, si los títulos eran legales, e incluso, si los vendedores sí eran los verdaderos dueños de los predios.

Argos contra la Ley de Víctimas
El periodista Juan Diego Restrepo denunció en 2016 que Argos pretendía cambiar la regulación presente en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En concreto, la intención era modificar el artículo 94, que expresa lo siguiente:

“ACTUACIONES Y TRÁMITES INADMISIBLES. En este proceso no son admisibles la demanda de reconvención, la intervención excluyente o coadyuvante, incidentes por hechos que configuren excepciones previas, ni la conciliación. En caso de que se propongan tales actuaciones o trámites, el Juez o Magistrado deberá rechazarlas de plano, por auto que no tendrá recurso alguno”.

Para ello, Argos se habría valido, según Restrepo, de la ayuda de un abogado cercano: Maximiliano Londoño Arango, de la firma Londoño & Arango Abogados. Este fue quien presentó la demanda ante la Corte Constitucional alegando la inconstitucionalidad del artículo por ser contrario, según él, a principios como el debido proceso. Londoño pidió a la Corte revisar la constitucionalidad de la expresión “ni la conciliación”.

Según Gerardo Vega, la Ley de Víctimas no permite estas figuras porque es una ley de transición, una ley para salir del conflicto, lo que implica que las compensaciones de los involucrados no sean solo económicas ni la mera devolución de la tierra. La reparación incluye la verdad, contar qué otros delitos o hechos de violencia se cometieron y a quién se benefició. “Esto no puede ser aceptado en justicia transicional. Eso se presta para manipular a las víctimas. Decirles: “venga, yo le doy más de lo que le va a dar el juez”. ¿Pero qué pasa con la parte de la verdad, los delitos que se cometieron, los hechos de violencia?”.

El sector privado y su responsabilidad en el conflicto
Argos no es la única empresa vinculada con casos de despojo, desplazamiento, y restitución de tierras, empresas del sector financiero como Bancolombia, o multinacionales como la Continental Gold Limited y Anglo Gold Ashanti, también se han visto implicadas. En la actualidad, con la creación de la Comisión de la Verdad se abre una nueva oportunidad para dar a conocer la responsabilidad del sector privado no solo en temas de tierras y de despojo, de sino en general sobre el rol que jugó en el conflicto armado.

La Comisión de la Verdad trabajará por mostrar los patrones, en función de explicar cómo fue que tanto personas y empresas cometieron despojos y se aprovecharon de los desplazados con mecanismos aparentemente legales. Incluso, servirá para conocer qué sectores políticos, y más específicamente, qué gobiernos tienen responsabilidad en el tema de tierras.

En palabras de Gerardo Vega, “la Comisión será muy importante para comprender por qué empresas tan representativas terminaron involucradas en esto. ¿Quién las invitó? ¿Quién incitó a invertir en esas zonas y por qué razones? Muchas empresas alegan que era una política pública en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, dicen que el expresidente y el ministro los invitaban a regiones, decían ya estaban pacificadas, y ellos invirtieron de buena fe. Ahí hay otra verdad más allá de la responsabilidad de las empresas. Esa verdad es la que el país necesita, creo que la principal labor de la Comisión de la Verdad será esa”.
* Un contenido de Periferia para Periodismo de Verdad

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Juan David Guerra

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