Las Cortes, ¿el único poder democrático?

La explicación clásica sobre la estructura del Estado dice que está compuesto por tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. Las tres, según la teoría, deben caminar hacia un mismo horizonte. Un segundo postulado clásico dice que se debe respetar el debido proceso, así como las providencias judiciales, de manera que cuando no se esté de acuerdo con ellas, los mecanismos para expresar el desacuerdo sean los estipulados por la ley. Un tercer principio básico de toda democracia dice que hay instituciones que no están obligadas a funcionar siguiendo el clamor popular (sino la defensa de los derechos fundamentales), esto, que muchos tachan de antidemocrático, en realidad es una salvaguarda para el Estado de derecho. Ninguno de estos principios tiene cumplimiento en Colombia. No hay relación entre poderes, no hay respeto por las decisiones judiciales y no se acepta que haya instituciones contramayoritarias.

Hacia un mismo horizonte
Desde que se creó la Corte Constitucional, en 1991, muchas personas han debatido sobre su alcance y función. La mayoría de sus detractores han criticado que esta tome decisiones de gran impacto social, suplantando, según ellos, a los otros poderes. Hay dos ejemplos claros: lo referente al matrimonio homosexual y al aborto. En ambos casos la Corte ha tomado posturas progresistas, en defensa de las libertades individuales, y al hacerlo, se ha adelantado al trámite común que deben seguir este tipo de asuntos en una democracia, en otras palabras, ha hecho lo que los otros poderes no han podido (no han querido). Específicamente, el Congreso. En ningún momento desde que el país estrenó Constitución ha habido una legislatura que se atreva a estudiar de manera rigurosa y objetiva estos temas, básicamente por el temor de los congresistas a perder votos. La Corte, por el contrario, se ha hecho responsable de esa tarea, cargando encima el costo político que implica tomar decisiones que la mayoría no comparte.


Respetar las instituciones
La falta de madurez política y de cultura democrática se refleja en las reacciones de muchos sectores políticos cuando la justicia toma una decisión con la que no están de acuerdo. Dos casos recientes lo ejemplifican, el de Santrich y el del consumo de sustancias psicoactivas y licor en los espacios públicos.

A Santrich, que era retenido por la Fiscalía, lo ordenó liberar la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-. Pero más se demoraron los magistrados de la Justicia Especial en tomar la decisión que el Presidente, el Fiscal, y los congresistas, en salir a condenarla. La única entidad que actuó de una manera adecuada fue la Procuraduría, que anunció que apelaría la decisión, en otras palabras, siguió el orden legal que exigía el proceso.

El “caso Santrich” merece mención especial. Terminó, por fortuna, donde debía: en la Corte Suprema. La Constitución dice que al ser un congresista (Santrich fue reconocido como uno por el Consejo de Estado), la entidad encargada de juzgarlo es la Corte Suprema. La llegada del caso a esta instancia garantiza un mínimo de rigurosidad en el proceso, lejos de las manipulaciones de la Fiscalía sobre jueces y funcionarios de menor rango para enlodar al exguerrillero. Esperemos que quienes creen en la inocencia de Santrich se comporten de manera respetuosa en caso de que la Corte demuestre su culpabilidad, es decir, que no cometan el mismo error que cometieron sus enemigos cuando la JEP ordenó su libertad.

El segundo ejemplo lo trae la Corte Constitucional. Esta entidad tumbó los artículos del Código de Policía que prohibían el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en espacios públicos, aduciendo la defensa del derecho a la libre personalidad, y argumentando que perseguir el consumo no guarda relación directa con “proteger la tranquilidad y las relaciones respetuosas”.
Esta vez no fue solo el Presidente, sino también los partidos tradicionales, los que mostraron el poco respeto que le tienen a las instituciones. Iván Duque no vaciló en decir que el decreto que creó para confiscar sustancias en espacios públicos aún está vigente, que los policías seguirán confiscando. Un presidente puede estar en desacuerdo con las decisiones de la justicia, pero es muy dañino el mensaje que transmite a la ciudadanía cuando sale en rueda de prensa a desautorizar a los magistrados y a poner en duda sus fallos, en especial cuando aduce razones populistas como “el cuidado de los niños y de la familia colombiana” tergiversando el debate real de la problemática, y haciendo ver a la Corte Constitucional como enemiga de la ciudadanía. Esta reacción no solo es engañosa y populista, además es completamente irresponsable.

Hay principios contramayoritarios
Cuando Álvaro Uribe era presidente hizo alarde del “Estado de opinión”, este es, según él, la máxima expresión del “Estado de derecho”. Consiste en someter los poderes públicos a lo que digan las mayorías. No importa si lo que dicen viola derechos fundamentales, no importa si lo que dicen atenta contra las minorías, no importa si lo que dicen desbarata el llamado “equilibrio de poderes”. No importa.

Esta expresión está tomando fuerza últimamente, a raíz, según analistas, de las últimas dos decisiones de la Corte Constitucional: la de tumbar las objeciones a la JEP y la de permitir el uso de sustancias en espacios públicos. Aunque realmente tiene que ver con que por primera vez en décadas la Corte Suprema está cerca de juzgar al expresidente. El punto es que las providencias de la Corte Constitucional han servido para revivir el discurso sobre la “impunidad”, “la entrega del Estado”, o que la familia y los valores están siendo violentados.

De hecho, Herbin Hoyos está promoviendo un referendo para acabar con la JEP y revocar las Altas Cortes. Esta propuesta, que fracasará rotundamente, muestra la inconsciencia de muchos sectores políticos, que sin tener conocimientos básicos sobre la institucionalidad del país, promueven discursos de odio en contra de ella. El punto es que son propuestas alimentadas por la teoría uribista del “Estado de opinión”.

Aquí vale la pena volver al pasado, exactamente, nueve años atrás. Iniciando el 2010, la Corte Constitucional decidió declarar inexequible el referendo que buscaba que los ciudadanos dieran el aval para que Uribe se reeligiera por segunda vez. Esa decisión es realmente histórica. Uribe contaba con el respaldo del sector empresarial, el grueso de los partidos políticos, y en especial, con un apoyo de la ciudadanía que se llegó a calcular en un 80%. En resumen, si por la “opinión”, es decir por el apoyo de las mayorías se tratara, Uribe hubiera sido presidente por tercera vez. En ese entonces, los líderes sociales, los movimientos, y los juristas del país, conformaron la minoría opositora de la reelección. Este último grupo, integrado por académicos, magistrados, y constitucionalistas, le pidieron a la Corte que no diera ese aval. La razón era clara: un presidente, en un país de tradición presidencialista como este, es un funcionario con mucho poder, por ende, permitir que una persona continúe en tal cargo por varios periodos, atenta contra todos los pilares básicos de una democracia, y el poder deja de ser equilibrado. Y así lo entendió la Corte que, tomando una decisión contraria a la que el clamor popular pedía, nos salvó a todos de un daño institucional inmenso.

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Juan David Guerra

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