Ni la guerra acabó con las ganas de seguir vivos

De “la paz” quedan papeles, amargas expectativas, insinuaciones del pasado pasado, y nuevas violencias en este grueso pedazo del Nororiente colombiano. El violento corredor –por donde se trafican drogas, armas, minerales, vidas, y despotismos diversos– comienza en el Bajo Cauca antioqueño y termina en la frontera con Venezuela. El Magdalena Medio –subregión que agrupa 13 municipios del centro y el suroccidente de Santander, nueve del Sur de Bolívar, cinco del sur del Cesar, y tres de Antioquia– es el segundo eslabón.

El germen de la actual conflictividad social que vive esta macroregión se remonta a 1918, año en que la Tropical Oil Company inició la extracción petrolera en la soporífera y sudorosa Barrancabermeja. El descubrimiento del oro negro desató conflictos entre los colonos y la empresa estadounidense por la propiedad y el uso de las tierras destinadas a la explotación petrolera. Barrancabermeja fue epicentro de huelgas organizadas por campesinos y trabajadores de la economía petrolera, quienes reclamaban mejores condiciones salariales y laborales. El nacimiento del ELN, cuya primera acción militar fue la toma de Simacota en 1965, atizaría la efervescencia social.

Los paros y marchas continuaron. Con los años, el puerto capital de la región empezó a convertirse en un ícono de los movimientos sociales del país. Las masivas protestas cívicas se transformaron en diferentes expresiones organizativas que fueron atacadas y perseguidas por la organización Muerte a Secuestradores, los 'Grillos', los 'Tiznados', y los Justicieros del Mal, primeras manifestaciones del paramilitarismo en el Magdalena Medio, que asesinaron alrededor de 37 personas señaladas de ser guerrilleras en 1982. Entre 1985 y 1995, se registrarían más de 400 asesinatos políticos en Barrancabermeja. El 16 y 17 de mayo de 1998, los paramilitares asesinaron siete personas y desaparecieron 25 más en el nororiente de la ciudad; esa, más las masacres del 27 de febrero de 1999, y del 27 de septiembre del mismo año, anunciarían la ofensiva paramilitar que azotó la región hasta el 2005.

Por los memoriosos ríos del Magdalena Medio corre sangre y dolor, pero también navega por ellos un legado de resistencia civil en el que las mujeres fueron fundamentales. “Desde los años 70's empezamos a construir un feminismo popular que hoy es una corriente feminista a nivel latinoamericano, pero que en ese entonces no sabíamos cómo se llamaba. Un feminismo con una postura antipatriarcal, pero que iba de la mano de los compañeros cómplices que acompañaban. Yo recuerdo que en los años 80's nos decían a nosotras que no entendían lo que construíamos. Vinieron varias feministas que al poco tiempo salieron de la zona porque no lograban entender cómo construir un feminismo con el movimiento sindical, o con el movimiento campesino, y nosotras sí fuimos capaces de comprenderlo y de construirlo”, asegura Yolanda Becerra, lideresa de la Organización Femenina Popular (OFP) creada en 1972.

Ese feminismo popular también fue forjado con el apoyo de la iglesia católica. Según Yolanda, Barrancabermeja y el Magdalena Medio fueron evangelizados bajo la Teología de la Liberación, “construida casa a casa, barrio a barrio, vereda a vereda; eso nos dio unos elementos diferentes”.

El atípico feminismo popular siempre defendió la vida y el territorio. La paz no es un horizonte coyuntural, durante estos 37 años, asegura Yolanda, todo lo que han hecho, “lo hacemos apuntándole a la paz”. Poco a poco, la esperanza que generó el acuerdo firmado con las FARC se convirtió en desconfianza y pesimismo.

Que los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET's) no avancen, y tampoco el Plan Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, es un golpe a la moral de las organizaciones sociales. Ubencel Duque, líder del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, manifiesta que las frustraciones y los interrogantes afloran pues en la puesta en marcha de los PDET's, “las comunidades no estarían en el primer plano para liderar la ejecución, sino que estarían a expensas de los operadores. Volvimos a una dinámica que excluye la participación […] La manera como se ha ido respondiendo a esos acuerdos ha sido muy lenta en velocidad, calidad y volumen. Eso ha generado situaciones de riesgo para las comunidades y los líderes”.

Son precisamente las mujeres una de las poblaciones más vulneradas por la nueva reconfiguración de la violencia y el narcotráfico que se aprovechan del incumplimiento de los acuerdos. En el Cesar, las mujeres de Aguachica que hacen parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, aseguran haber sido amenazadas, mientras que las integrantes de la OFP perciben una normalización institucional y social de la violencia de género, la cual viene en aumento por parte de excombatientes, guerrilleros del ELN, integrantes de la Fuerza Pública y paramilitares.

Además, afirman que es notorio el empobrecimiento de las mujeres, quienes se ven obligadas a desempeñar trabajos esporádicos, extenuantes y mal pagos. Por ejemplo el de paleteras, que consiste en hacer las veces de “pare” y “siga” en los tramos de la vía donde se desarrollan obras. “La ilegalidad se ha vuelto un elemento de sobrevivencia de las comunidades. Uno encuentra a las mujeres involucradas en esos contextos. El tema de la prostitución se ha vuelto un negocio muy lucrativo. Hay municipios donde sabemos que los fines de semana rifan las mujeres. Hay también un número grande de mujeres venezolanas disputándose el negocio de la prostitución”.


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El Sur de Bolívar podría ser la cantera de oro y plata más grande de Latinoamérica. El territorio está atravesado por la Serranía de San Lucas, un accidente geográfico de 1'800.000 hectáreas rellenas de materiales preciosos. Esta ha sido –y es– una zona disputada por la institucionalidad, el capital transnacional, los grupos al margen de la ley, y las organizaciones sociales. “Siempre hemos estado entre un rango crítico y grave”, asegura Narciso Beleño, representante legal de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), organización conformada por 30 asociaciones de campesinos y mineros artesanales.

La subregión y Fedeagromisbol han logrado sobreponerse a diferentes ciclos de violencia. Aunque estiman que asesinaron muchos más, la Federación logró registrar el asesinato de 500 integrantes, víctimas de la arremetida paramilitar que inició en 1995 y terminó en los primeros años del 2000. “Fueron seis años de encierro político, económico, y social de las organizaciones que existíamos en la Serranía de San Lucas –cuenta Narciso–. En algún momento la Federación decidió no desplazarse hacia los municipios, nos desplazábamos de un sector de la Serranía a otro. Los líderes que salieron a las cabeceras municipales fueron desaparecidos o asesinados”. Después de ese primer intento de exterminio y despojo, en el 2005 hubo un copamiento militar que emprendió una campaña de desprestigio contra la Federación, señalándola de ser la enemiga del desarrollo de la Serranía de San Lucas, y así conseguir la licencia social para la explotación minera a gran escala por parte de la Anglo Gold Asanthi.

Actualmente, el Sur de Bolívar enfrenta nuevas amenazas. En la región hay presencia de los Rastrojos, los Gaitanistas y el Clan del Golfo, que según Ubencel son la estructura más fuerte y numerosa. En municipios como San Pablo, Santa Rosa, Simití, Cantagallo, y Morales, asegura Ubencel, hay pequeños grupos que portan armas cortas, pero en la zona de Río Viejo, Arenal, Norosí y Tiquisio, corredor que permite llegar a la convergencia del río Magdalena y el río Cauca, existen grupos mejor organizados, uniformados y con armas largas. Además, el ELN ha copado zonas que antes controlaban las FARC. A principios de septiembre, el ELN en alianza con supuestas disidencias, cuya presencia en el territorio no está comprobada por las autoridades, anunciaron un paro armado en San Pablo y declararon objetivo militar a todos los candidatos a la Alcaldía.

Para combatir la nueva avalancha armada el Gobierno no encuentra de momento otra alternativa que no sea llevar más armas al Sur de Bolívar. Las autoridades nacionales prometieron que la región pasaría de 5000 a 20.000 integrantes de la Fuerza Pública, aunque el Procurador delegado para el Magdalena Medio sostiene que no puede asegurar si ya llegaron todos los refuerzos. Lo que sí está confirmado es que la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, creada en febrero de este año por el presidente Iván Duque, está funcionando y cumpliendo las órdenes para las cuales fue creada: hacer labores de inteligencia, combatir al ELN, al narcotráfico, y a la minería ilegal, y aprehender a los civiles que tienen órdenes de captura en su contra.

La ley colombiana no establece una distinción clara entre la minería ilegal y la minería artesanal que desempeñan los mineros asociados a Fedeagromisbol. A las operaciones militares, el Gobierno pretende sumarle trabas jurídicas para acabar la extracción “fraudulenta”. La estrategia pone en el ojo del huracán a la Federación y a las 30 pequeñas empresas mineras que tiene conformadas. Para legalizar su operación, y acceder al Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), solicitada en la Agencia Minera Departamental, la ley obliga a la Federación a bancarizar todas sus empresas, para ello es necesario abrir una cuenta bancaria. En reiteradas ocasiones la Federación ha intentado abrir una cuenta en el Banco Agrario, pero este a su vez les exige el RUCOM. El limbo legal en el que se encuentran los mineros, los obliga a vender semanal o quincenalmente su producido al mercado negro para poder continuar con sus labores.

“La Dian está llamando a la Federación a decirnos: “tienen 30 empresas, de las 30 empresas solamente 15 están vendiendo oro legal. El año pasado una de las empresas pagó una nómina de 150 millones de pesos, de dónde sacaron los 150 millones de pesos si no han vendido un solo gramo de oro legal”. Ante esa eventualidad, yo que soy el representante legal, puedo estar siendo acusado de testaferrato o de evasión de impuestos. Aquí en Colombia, al que se le compruebe que ha lavado más de mil millones de pesos en oro, lo pueden extraditar. Yo podría estar en esa situación, porque si son 15 empresas, y cada una pagara una nómina de 150 millones de pesos, ¿cuánto oro tenían que vender para pagar esa nómina? Es una manera muy fácil de quitarse a la Federación de encima. Si se quitan la Federación de encima, pueden quitar el proceso ciudadano de Tiquisio; va a ser más fácil quitar Asamisur [Asociación Agrominera del Sur de Bolívar] del camino, y a las demás organizaciones”, asegura Narciso.

Las artimañas jurídicas también están siendo utilizadas para mostrar resultados en la batalla que libra el Gobierno contra el ELN. La estrategia gubernamental consiste en atacar la supuesta estructura militar y financiera de la guerrilla, vinculando y judicializando a la población y a las organizaciones que según la Fiscalía apoyan a la insurgencia. Abogados que brindan acompañamiento jurídico a Fedeagromisbol, afirman que han accedido a informes de inteligencia en los que se señala a la Federación como financiadora y administradora de los bienes del ELN. En esos informes también se vincula a líderes y habitantes de Micoahumado y de otros territorios con la insurgencia. Este corregimiento, ubicado a tres horas de la cabecera municipal de Morales, es una de las zonas focalizadas por el Ejército y la Fiscalía, pues es un territorio donde ha estado asentado el ELN desde 1975. Si bien es cierto que ante la falta de oportunidades muchos jóvenes de Micoahumado deciden alistarse en la guerrillerada, la población ha exigido que no se los estigmatice y que se los deje al margen de esa guerra ajena.


En lo que va del año, se han presentado alrededor de nueve enfrentamientos en Micoahumado. El corregimiento vive días de zozobra por los civiles heridos y muertos que dejan las confrontaciones, y por la judicialización de campesinos inocentes. El 16 de julio, en horas de la madrugada, la Policía y el Ejército realizaron de nuevo un operativo en el que capturaron a nueve habitantes acusados de rebelión y concierto para delinquir agravado.

Aunque el Sur de Bolívar es una región que registra bajas cifras de líderes sociales asesinados, la judicialización es otra forma de agresión contra las organizaciones sociales. En marzo del 2017 fueron detenidas, por los mismos delitos y en diferentes municipios, 13 personas –dos de ellas en Micoahumado– vinculadas a procesos sociales, que serían dejadas en libertad meses después. Además, debido a los seguimientos y señalamientos de la Fuerza Pública y las autoridades judiciales de Cartagena, en abril del 2018, cinco líderes de diferentes organizaciones sociales y comunitarias afiliadas a Fedeagromisbol se presentaron voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación para constatar si existían procesos judiciales u órdenes de captura en su contra, lo cual fue negado por la Fiscal que atendió la diligencia.

Organizaciones defensoras de derechos humanos como Sembrar, sospechan que este tipo de acciones hacen parte de un plan que busca desarticular los procesos organizativos de la región y despojarlos de su territorio. Los abogados que hacen seguimiento a los casos de Micoahumado, también señalados de ser abogados del ELN, advierten que existen 28 órdenes de captura más contra personas indeterminadas de la región: “El Gobierno dispuso un cuerpo especializado y un helicóptero de uso exclusivo para las detenciones”.

“La población [de Micoahumado] está desgastada, está vuelta mierda”, asegura uno de los abogados. Sin embargo, líderes del corregimiento como Pablo de Jesús Santiago, quien es mencionado en los informes de inteligencia, está convencido de que “vamos a dar la pelea porque se respete la vida, y porque este territorio lo podamos ocupar nosotros y nuestras generaciones. De aquí no nos van a sacar porque es lo único que nos queda”.

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Al Magdalena Medio, al Sur de Bolívar y al Catatumbo los hermana la violencia. También el empeño de las organizaciones sociales por permanecer en los territorios y construir una paz que solo conocen en su imaginación. Existen patrones de violencia similares, pero cada región tiene sus particularidades y matices.

Después de tantos años de olvido, el Estado parece incapaz de recuperar el control del Catatumbo. Nunca la casa del trueno –significado de Catatumbo en lengua Barí– había estado tan militarizada. Se estima que son alrededor de 17.000 efectivos de la Fuerza Pública los que hacen presencia en la región fronteriza. Aquí la bota militar tampoco ha dado frutos. Aunque en octubre fue creada la Fuerza de Despliegue Rápido número 3, una brigada con innovaciones tecnológicas y logísticas, el ELN, el EPL, y las disidencias de las FARC se afincan en los municipios, y los homicidios ya alcanzan un índice de 34,7 por cada 1000 habitantes.

La situación es crítica, pero tiende a empeorar. La Defensoría ha llamado la atención por el incremento del reclutamiento de menores, la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, y las quejas por los abusos de la Fuerza Pública que estigmatiza, ocupa propiedades, restringe la movilidad y capta el agua de las bocatomas. Una fuente de la entidad admitió además que la “frontera [con Venezuela] es un hoyo negro sin control por donde pasa buena parte de lo que ocasiona el conflicto”.

Por otra parte, funcionarios de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, temen que la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito que piensa implementar el Gobierno genere un recrudecimiento del conflicto. A la MAPP-OEA también le preocupa los aproximadamente 600 excombatientes de las FARC, pues la mayoría se encuentran dispersos por la región, y han sido declarados objetivo militar por parte de las disidencias, en especial aquellos que van a participar en la contienda electoral.

La vida en el Catatumbo sigue siendo una cuestión de supervivencia. La coca es la principal empresa, policías y soldados son víctimas de emboscadas y ataques con explosivos, los militares y sus fusiles conviven entre la población, la detonación de cilindros puede confundirse con los truenos en época de lluvias, y el Frente 33 de las FARC hace retenes y entrega panfletos en los que invita a los exguerrilleros a considerar la posibilidad del rearme.

Por más común que parezca, el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) se niega a normalizar la anormalidad. Aparte de la apuesta por la organización, la movilización y la disputa institucional, el CISCA afronta una reflexión profunda sobre la construcción de alternativas para permanecer en el territorio. Cuando María Ciro intentó estimular la creatividad preguntando cuáles son las formas de construcción de paz que le permitirían al Catatumbo salir de esta condena violenta y armada, afloró un silencio espeso y azaroso entre las más de 20 personas que acudieron a un circulo de la palabra en Filo Gringo, corregimiento de El Tarra, donde son contadas las paredes que no tienen una pinta alusiva al ELN. “Cuando vamos a hablar del conflicto, el tiempo no nos alcanza. Pero cuando vamos a hablar de la paz, no encontramos qué decir. Somos una generación que no sabe qué es la paz, no tenemos ningún referente cercano”, sentenció luego la lideresa del CISCA.

Quienes están vinculados al CISCA saben que la paz es un verbo activo, no pasivo. David Pérez, por ejemplo, no duda en afirmar que “nosotros como jóvenes, que somos materia prima para la guerra, nos vemos en la obligación de llegar a los espacios vivos de construcción de paz, y esos espacios vivos se llaman Juntas de Acción Comunal. Allí hay unos mecanismos claros de participación […] Esos que tienen las armas encima son unos flojos, porque les da miedo llegar a esos espacios de diálogo. La propuesta nuestra como jóvenes es clara: fortalecer las Juntas de Acción Comunal, allí es donde nos escuchamos, debatimos, y nos ponemos de acuerdo independientemente del credo o la religión”.

La paz demanda la participación de los jóvenes, y, sobre todo, la participación femenina. Filo Gringo puede enseñarle al país una manera exitosa de replantear el rol social que desempeña la mujer. Desde hace diez años el corregimiento cuenta con un comité de mujeres. En algún momento fueron 20, pero las tareas del hogar, las prohibiciones de los esposos, y las raíces que echa el patriarcado en la sociedad, alejaron a muchas mujeres del proceso. De momento solo quedan seis, pero, más allá de la cantidad, lo realmente importante es que mujeres como Gladis, Yuliana y Mercedes sepan que pueden, que sirven –no solo para barrer o lavar trastes–, y que son “portadoras de futuro”.

Las mujeres que hacen parte del comité tienen su propia casa comunitaria; realizan talleres; hacen vaporub, crema de coca y marihuana para los dolores, jabones líquidos y en barra, y champús artesanales; marchan los 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer; han encarado a los grupos armados cuando ha sido necesario; y denuncian cada violación contra los derechos humanos que se presenta. “El CISCA nos ha enseñado el valor de nosotras como mujeres, cómo hacernos respetar, cómo querernos nosotras mismas; porque hemos estado ahí, sumisas, pero nosotras como mujeres tenemos muchas capacidades que podemos compartir con el resto de compañeros”, afirma María Mercedes, acompañada por sus dos escuderas.

Es cierto que un conflicto sin muertos –sin desesperanzados, y sin presos– no tiene sentido. Pero lo único positivo que puede dejar este conflicto son las ganas que –la OFP, Fedeagromisbol y el CISCA– tienen de seguir vivos.

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