El Gobierno le quitó 36 mil millones de pesos al PNIS en Antioquia

En Antioquia, 12 mil familias se acogieron al Programa de Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, que surgió luego del Acuerdo de Paz. Campesinos cultivadores de coca en Briceño, Tarazá, Cáceres y Anorí se comprometieron a sustituir. En ese proceso estuvo Luis Fernando Pineda como director regional del PNIS, hasta que renunció en mayo pasado.

Entre las razones se cuenta que estaban ad portas de firmar acuerdos colectivos con unas 2500 personas de Yarumal, El Bagre, Nechí y Sabanalarga, “pero la orden fue suspender esos procesos con esas familias”. La decisión del Gobierno contemplaba cumplirles a las 12 mil familias que ya habían firmado sus acuerdos colectivos, pero no se iba a extender a estas nuevas familias dispuestas a hacer parte del proceso. El proceso se detuvo y coincidió con la emergencia ocasionada por Hidroituango. En este contexto, el entrante gobierno del presidente Duque tomó la decisión de “reasignar esos recursos con el compromiso de que este año 2019 se hicieran las inscripciones. Estamos hablando de tres mil personas, de 36 mil millones de pesos”.

Y ese dinero no regresó. En este diálogo Pineda plantea sus diferencias con el nuevo Gobierno, el cambio de enfoque en el PNIS, los logros y dificultades, y los aciertos y desaciertos del programa Antioquia libre de coca, liderado por la Gobernación de Antioquia.

Pregunta: ¿Cuáles fueron las dificultades del PNIS en Antioquia?
Respuesta: El programa tenía dos fases, una de vinculación colectiva con presidentes de las juntas y, posteriormente, una vez se verificaba se pasaba a una vinculación individual, el compromiso del campesino con el Estado. Esas tres mil familias quedaron en acuerdo colectivo y no logramos pasar al individual. Hubo comunidades que empezaron a dilatar. Estamos hablando de las comunidades de Valdivia, entre Puerto Valdivia hasta El 12 y la comunidad de El Aro, comunidades limítrofes, donde los actores sociales tienen una relativa comunicación y que es un corredor de actores ilegales.

Esas comunidades pusieron trabas, empezaron a manipular dos programas que estaban en movimiento que eran el PNIS y Antioquia libre de coca. La gente de Valdivia decía que estaba trabajando con el Gobernador y tenían expectativas puestas en lo que hiciera él. Había una dilación a asumir compromisos como lo hicieron los otros 12 mil.

P: Pero Hidroituango también afectó el proceso…
R: Se presentaron problemas objetivos. Nosotros íbamos a hacer la inscripción individual, íbamos en carretera y sucedió la crisis de Hidroituango, eso afectó la fase de inscripción. Esa situación llevó a que el programa hiciera uso de unos recursos. Estamos hablando de cuatro o cinco meses. Hidroituango fue un problema muy crítico para las comunidades de Puerto Valdivia para abajo. ¡Qué iba a hacer una inscripción en semejante caos! Y El Aro quedó aislado. Entonces Naciones Unidas puso restricciones a la movilidad, basados en la restricción de la Gobernación y la Unidad de Riesgo. Ese tiempo, entre mayo-octubre, tuvimos la plata, pero al ver que la situación no mejoraba, el Gobierno tomó la decisión de reasignar esos recursos.

Sucedió en el Gobierno Duque, yo todavía estaba, pero fue imposible conseguir los recursos para estas personas, porque el Gobierno tomó la decisión de paralizar el programa hasta ordenarlo. Una decisión de Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, con el compromiso de que este año se retomaba.

Entiendo que las 12 mil están vigentes, están muy atrasadas, no digo que conmigo no hubo atrasos, pero ahora los atrasos son más endémicos. Sin embargo, en el gobierno del presidente Duque, se lo dije al consejero Archila, se montó un esquema de PNIS distinto. Yo digo que no voy a tomar partido por uno de los dos modelos. Sí sé cuál es bueno y cuál no.

P: Describa los dos modelos.
R: El que implementamos como modelo del Acuerdo de Paz, se basaba en la confianza que se construía a partir del Acuerdo mismo y la confianza que se generaba por la construcción colectiva y participativa de la materialización de los diferentes desarrollos del Acuerdo.

En un esfuerzo muy duro de llegar a puntos de acuerdo se logró construir una agenda colectiva, acordada, concertada, y esa agenda se pasaba a las agendas locales y a las comisiones municipales de planeación, donde el Gobierno tenía un cierto desarrollo colectivo. Esa confianza fue la que permitió que en momentos difíciles de incumplimiento la gente misma, a pesar de sus críticas y protestas, aceptara continuar en el programa, porque tenía confianza, sabía que nos íbamos a demorar, pero que íbamos a llegar. Ese era el primer elemento del modelo que montamos con el presidente Santos.

El segundo elemento fue el de una relación, inclusive en Antioquia fuimos pioneros, entre los temas de sustitución y erradicación. Hablamos con Antioquia libre de coca y las acciones con el Ejército y la Policía. Nosotros planteamos una fórmula exenta de confrontación violenta entre erradicación y sustitución. Nosotros priorizamos el tema de sustitución sobre la erradicación. Sí utilizamos la erradicación porque el Acuerdo mismo lo dice: primero para aquellos cultivos grandes, y segundo para aquellas zonas en las cuales los campesinos no se hubieran vinculado al PNIS después de haber tenido todas las oportunidades para hacerlo.

Y el tercer elemento, es lo que denominan el orden. Esto no se está haciendo en el barrio Laureles ni en una comuna, esto se está haciendo en zonas dominadas por la ilegalidad y el crimen, esto se está haciendo en zonas donde campesinos han desarrollado cierta resistencia contra el Estado, en algunos casos con razón. Usted tiene dos opciones: entrar con un programa duro, en el que no puede tener controladas todas las variables, o usted se sienta a construir el orden, que le permita manejar todas las variables. Nosotros optamos por lo primero.

La desmovilización de las Farc favoreció infinitamente al programa. Nosotros optamos por meternos en ese contexto de desorden con un programa que no estaba totalmente estructurado y lo importante era llamar a la voluntad de los campesinos y levantar la coca, en un año arrancamos 5000 hectáreas de coca. Pero luego llega el nuevo Gobierno.

P: Usted manifiesta que el Gobierno decidió paralizar el programa hasta organizarlo. ¿A qué se refiere?
R: Llega el nuevo Gobierno, dice que es un desorden imposible y paralizó el programa, aunque no lo dijo, hasta que lo ordenara. Efectivamente, durante todo ese tiempo, hasta enero de este año, desde agosto de 2018 hasta enero y febrero, el Gobierno nacional se dedicó, o nos dedicamos, a ordenar el programa, a esclarecer dónde vivía la gente. Ordenar no quiere decir no verificar el cumplimiento. El ordenamiento implicó la suspensión. Se desfinanció el programa para este año. Una de las decisiones del Gobierno fue disminuir el presupuesto del PNIS. Hubo una reducción de más del 50%. Este Gobierno desarrolla una idea un poco conservadora en el sentido de que el orden es lo fundamental. Tener el control sobre todas las variables antes de actuar.

La segunda diferencia con el modelo anterior está en el tema de la erradicación, este Gobierno entra muy duro, desprestigiando el modelo de sustitución, diciendo mentiras, que los cultivos estaban aumentando. Lo que hicieron fue abrogarse esa disminución en el periodo agosto-diciembre. El periodo fuerte por la sustitución se dio ente enero y agosto. De las 5000 hectáreas, levantamos 3000 entre enero y agosto.

Entonces, digamos que viene la idea de la inoperancia del PNIS, y eso dio paso para invertir la ecuación. Para nosotros era primero la sustitución y luego la erradicación y ahora es al revés. En algunos casos se respetaron acuerdos colectivos. Unas 2500 personas se quedaron con procesos iniciados. Habíamos hecho cartografías, estábamos a punto de firmar acuerdos porque el Gobierno iba a desarrollar nuevas estrategias. Ahí es cuando insinúan las dos estrategias de sustitución que van a ser el marco de referencia del Gobierno, que son las familias guardabosques y la estrategia de sustituir para formalizar, propuesta explorada en el Gobierno de Uribe, la gente erradica y el Gobierno se compromete a titular.

P: Algunos campesinos del Bajo Cauca que firmaron acuerdos están denunciando que la Fuerza Pública erradicó sus cultivos.
R: Ya no hay PNIS porque se imponen otras estrategias del Gobierno. La erradicación empezó a tener mucha más preponderancia. Digamos que en Antioquia no tuvo tanta repercusión. Donde la coca estaba creciendo, era en zonas que no estaban dentro del programa, por ejemplo, en Cáceres, en los límites con Anorí y Valdivia, en Bejuquillo. Cáceres no estaba incluido. Hubo erradicación también en Nechí y El Bagre, y como no tenían acuerdo no podíamos hacer nada. Mientras no haya acuerdo individual no hay acuerdo. El acuerdo colectivo no te garantiza que no haya erradicación.

Yo defiendo a los campesinos que se han metido al programa. Pero no defiendo absolutamente nada la actitud de los campesinos de Valdivia y de El Aro. Mire el informe del Simsci, muestra que Valdivia es el municipio de más crecimiento, pasamos de 1000 a 3000 hectáreas. Eso se llama jugar torcido. Tuvieron toda la oportunidad del mundo.

Sin embargo, hay un tema crucial, y es que esa perspectiva de concertación y acuerdo que construimos, ese trabajo colectivo se desmoronó por una concepción del Gobierno. Ahora la cosa es que no hay plata, que el Gobierno dice que no hay plata. Todas esas fueron las decisiones por las que renuncié, después de 22 meses.

P: El Gobierno aseguró que parte del denominado desorden era que no se sabía cuántas familias iban a entrar al programa…
R: ¿Quién iba a saber cuántos campesinos eran? Hay 100 mil con acuerdo individual y faltan otros 50 o 60 mil por vincular. Ahora dicen que solo le cumplen a los que están inscritos individualmente. Así que saldría Anorí y parte de Ituango.

Pero de los 100 mil, nosotros dejamos 12 mil inscritos. Y los dejamos en el nivel de ejecución más alto del país, ellos a agosto del año pasado tenían una inversión de 105 mil millones de pesos, casi ocho millones por familia vinculada. Además, dejamos a Briceño libre de coca; dejamos a Tarazá con algunos incrementos. La resiembra solo fue del 0.5%.

P: Antes de que se priorizara la erradicación por encima de la sustitución, ¿cómo era la relación con la Fuerza Pública?
R: Siempre hubo un margen de discusión y de interpretación con la Fuerza Pública. Hay que decir que la Fuerza Pública se manejó de manera extraordinaria en su momento, porque los riesgos de la erradicación eran grandes para ellos, y los riesgos de resiembra eran altísimos. El aliado más importante de nosotros fue la Fuerza Pública. Los mismos líderes campesinos pedían que el Ejército entrara en zonas controladas por narcotraficantes grandes. Ese es otro elemento diferenciador de los enfoques.

P: ¿Cómo era la relación con Antioquia libre de coca?
R: Con Antioquia libre de coca tuvimos una relación muy buena. Nosotros nos repartimos el trabajo: hacíamos sustitución y ellos hacían desarrollo, donde el PNIS ya había entrado, ellos le daban sostenibilidad al PNIS. El problema en Valdivia es que entró primero Antioquia libre de coca. Ellos quisieron hacerle competencia al PNIS, pero apenas vieron que no tenían los recursos ni las posibilidades cambiaron de posición.

Sin embargo, el Gobernador se hace el que no entiende, uno le explica diez veces el PNIS y luego dice que no entiende el programa. Ellos definieron como prioridad a Valdivia e Ituango, los lugares donde más problemas tuvo el PNIS. En Valdivia, los campesinos se entregaron de brazos a Antioquia libre de coca. Ese programa en alguna medida facilitó esa mamadera de gallo de la gente de Valdivia y ese incremento de los cultivos.

Ese es un fracaso del Gobernador, que lo implementó en Valdivia, compitiendo con el PNIS, y el resultado es que en los municipios en donde estaba el PNIS, exepto Tarazá, disminuyó la coca, mientras que en Valdivia se multiplicó por tres.

Esa es una visión cruda de la realidad. Mientras el PNIS sustituye hectáreas de coca en Briceño, Tarazá, Caceres y Anorí, a Antioquia libre de coca, en un municipio donde trabajó, se le multiplicaron por tres, de menos de mil a casi tres mil.

P: Después de 22 meses usted decidió renunciar, ¿qué le dijo el consejero Archila y cree que el Gobierno le va a cumplir a los campesinos?
R: Archila no expresa nada. Él piensa y después sale a decir a los medios lo que se le ocurre. Archila no debate, no confronta.

El programa disminuyó su ritmo, pero no se paralizó totalmente, sigue habiendo asistencia técnica, y algunos pagos con interrupciones. Pero finalmente se pagó. No se paralizó completamente porque eso sería una batalla campal. El presidente Duque ha dicho que cumple y yo le creo. Qué es cumplir, es darle los 36 millones de pesos a cada campesino.

No soy fatalista, el Gobierno está tomando dinámica en algunas partes y creo que los PDET tratan de reaccionar. Porque de pronto el Gobierno pensó que esto lo podía hacer trizas, pero se dio cuenta de que esto es norma constitucional, el que se oponga al desarrollo de los acuerdos está violando la Constitución del país.

*Este artículo hace parte de una alianza entre Periferia y la agencia de prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC)

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