Las venas siguen abiertas, América Latina

“Es como una invasión extranjera, alienígena […] vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”, sentenció en la conversación que se filtró el 22 de octubre Cecilia Morel, primera dama de Chile, quien en 2017, según la declaración patrimonial del presidente Sebastián Piñera, contaba con un patrimonio de 160 millones de dólares, cifra que sumada al patrimonio de su esposo superaba los 800 millones.

El testimonio es una manifestación verbal del subconsciente clasista que habita en quienes están en lo más alto de un sistema que, en palabras del periodista Joaquín Estefanía, presenta evidentes síntomas de fatiga. La democracia en Latinoamérica cada vez es más vieja y menos democrática en sus decisiones y en sus beneficios. Y al mercado, ese santo que sería capaz de regularlo todo, cada vez le cuesta más regular al millonario que se enriquece gracias a la pobreza de cientos de millones. El matrimonio entre la democracia y el mercado es una bomba de tiempo. La pregunta es si existe una solución práctica e ideológica a esa mezcla radioactiva.
Basta con mirar a Chile. El más neoliberal de los sures neoliberales que incendió la furia contenida de los jóvenes aumentándole 30 pesos al boleto del metro. El oasis neoliberal latinoamericano que el viernes 8 de octubre, dos días después de la medida, ya ardía y era incapaz de contener la cólera que inundaba las calles de su capital. “El metro [chileno] es la empresa pública más eficiente y democrática, transversal, modelo de servicio público. El usuario vive en toda una “cultura metro”. El metro es limpio. Es bello. Es ejemplo. Es lo que está bien. Hasta este viernes lo era”, escribió el periodista Cristian Alarcón después de viajar a Santiago de Chile y ver la erupción ciudadana.

30 pesos colmaron el civismo y la paciencia de un país en donde el salario mínimo equivale a 301.000 pesos chilenos –es decir 1.348.775 pesos colombianos–, y en el que las familias de menores ingresos gastan aproximadamente 30% de sus sueldos en transporte. El salario mínimo en Chile es uno de los más altos de América Latina, pero no lo suficiente en un país que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), concentra el 26,5% de la riqueza en el 1% de sus ciudadanos; la población más rica de Chile percibe ingresos 11 veces más altos que la población más pobre.

Resulta fácil justificar la legitimidad de las protestas encabezadas por los jóvenes que tienen que recurrir a préstamos bancarios, quedando muchas veces con una deuda vitalicia, para pagar una carrera universitaria que cuesta entre 25.000 y 50.000 dólares. Ningún otro país de Sudamérica tiene un ingreso per cápita como el de Chile. Pocos tienen un crecimiento económico como el suyo, y una taza de pobreza que no supere el 8%. Pero la chilena es una clase media precarizada, con altos gastos de vida, y que no puede vivir sin hipotecarle su futuro a los bancos.

Por eso, a pesar del toque de queda, la militarización, la represión, las torturas, y los asesinatos que evocaron las épocas de la sangrienta dictadura de Pinochet, los chilenos, especialmente los jóvenes, salieron a las calles a quemar ese espejismo capitalista. Cuando Cristian Alarcón le preguntó cuáles son las similitudes entre estos furiosos jóvenes veinteañeros y ellos, su amigo chileno, que ya supera los 40, le respondió que “la pasión por la ideología, la política y tratar de salvar el mundo”, pero que a diferencia de ellos, los de ahora “se radicalizaron, una suerte de fatalismo, que ya nada es tan importante, y por eso les da lo mismo ponerse en riesgo ellos mismos. No tienen miedo”.

“Cría cuervos y te sacarán los ojos”, reza el refrán. Los jóvenes a quienes la democracia mercantil solo les ofrece la catástrofe, la frustración, y la deuda como único futuro posible, hoy tienen en jaque el proyecto neoliberal que representa Piñera. De los 36 países que integran la OCDE, Chile es el segundo con la mayor tasa de suicidio adolescente. El suicidio es la segunda causa de muerte en Chile; un niño, niña o adolescente se suicida cada dos días. Uno de esos suicidas en potencia podría ser ese joven que Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, vio marchar el 28 de octubre mientras sostenía “un pedazo de cartón en que había escrito: “El crédito de estudio me tiene tan endeudado que no les conviene dispararme”. Ese joven, ese cartón, ese rector viendo al que podría ser su alumno, son la síntesis más cruda de la generación tragada por ese agujero negro llamado democracia capitalista.

Vivimos tiempos de vacas flacas para la iglesia católica y para la democracia. Ambos credos pierden fieles a granel. El año pasado, Marta Lagos, directora del Latinobarómetro, dijo que fue un annus horribilis –un año terrible– para la democracia en la región. Cifras de la organización indicaban que en 2010 el 61% de los latinoamericanos confiaban en la democracia. Cifra que en 2018 se redujo al 48%. Además, el 28% de los ciudadanos de los 18 países encuestados por el Latinobarómetro se declararon indiferentes ante la forma de gobierno.

El problema es de forma, también de fondo. La democracia ya no inspira la esperanza que despertaba a finales del siglo XX cuando Suramérica pasaba la página de las dictaduras militares. Tampoco parece ser el medio para satisfacer las demandas de la clase pobre y la clase media que quiere seguir escalando. Las ciudadanías parecen haber encontrado en las calles el escenario político más efectivo y democrático de todo el andamiaje estatal. “Eso demuestra que los espacios tradicionales, el parlamento, las mesas de concertación social, están desgastadas. Hay un problema grave de comunicación entre la ciudadanía y los Estados de cualquier tipo de filiación política”, aseguró el analista político Víctor de Currea Lugo en entrevista con Cablenoticias.

En octubre las protestas masivas paralizaron Ecuador debido al alza del precio del combustible y las medidas económicas incluidas en el programa financiero firmado con el Fondo Monetario Internacional. El 24 de octubre los uruguayos marcharon en contra del plebiscito que pretende reformar la Constitución e implantar reformas en materia de seguridad. Desde febrero una insurrección ciudadana en Haití exige la renuncia del presidente Jovenel Moise. En enero de este año se registraron multitudinarias marchas en Perú en contra de la corrupción y en apoyo a los fiscales que investigaban a los involucrados en el caso Odebrecht. El año pasado los estudiantes colombianos marcharon y clamaron por una reforma educativa. En julio los puertorriqueños colmaron las calles de San Juan después de que se filtraran las conversaciones en las que Ricardo Rosselló y sus colaboradores hacían comentarios homofóbicos, discriminatorios y se burlaban de las víctimas del huracán María. En octubre del año pasado, los chalecos amarillos paralizaron la capital francesa por el alza del precio de los combustibles y la injusticia fiscal. 22 semanas completan las marchas en Hong Kong contra la ley de extradición a China. El 14 de octubre, horas después de conocerse la sentencia contra los líderes del proyecto independentista, los catalanes salieron en masa a las calles de Barcelona. Y la última semana de octubre, las calles del Líbano y de Irak estuvieron llenas de personas que protestaban por la corrupción y la crisis económica.

En Latinoamérica y en el mundo las calles se han convertido en la forma de comunicar y canalizar el desencanto y la frustración de los hijos de la democracia, la inflación, y la desigualdad. Son cándidas las lecturas de aquellos que piensan que este es el inicio de una primavera latinoamericana. Hay que darle las justas proporciones a lo que pasó en Ecuador y a lo que está pasando en Chile. Aunque se lograron revertir las medidas, las movilizaciones no logran generar cambios estructurales en el contrato social que rige la región. Lenín Moreno sigue al frente de la presidencia y con las intenciones intactas de dejar la economía ecuatoriana en manos del FMI. En Chile cambiaron ocho ministros, pero Piñera no parece estar dispuesto a dejar su cargo ni apoyar la asamblea constituyente propuesta por algunos sectores. Sí deberíamos agradecerles a los ecuatorianos y a los chilenos por recordarle a la clase política las palabras que pronunció Salvador Allende en su último discurso: “la historia es nuestra y la hacen los pueblos”.

En el corto y mediano plazo, al menos en América Latina, es muy probable que la efervescencia social continúe. En el carácter reivindicativo de las movilizaciones radica su capacidad –y necesidad– de propagación. Más aún si la gestión económica así lo exige. Latinoamérica es una torre de babel cuyo único dialecto común es la desigualdad. El último informe de la Cepal indica que el 30,2% de la región vive en la pobreza, y 62 millones, es decir uno de cada diez latinoamericanos, viven en la extrema pobreza. El informe también expresa que el 40% de la población empleada recibe ingresos inferiores al salario mínimo establecido por su país, y que el 48,7% de las mujeres reciben pagos laborales inferiores al salario mínimo establecido.

El panorama es preocupante, pero cada cifra lo hace más desalentador. Latinoamérica completa seis años de estancamiento económico. Anualmente la región ha crecido menos de 1%. La economía y el comercio interno no crecen al mismo ritmo que crece la población. La región invierte el 1,8% de su Producto Interno Bruto en infraestructura y servicios, mientras que la Cepal asegura que es necesario destinar el 6% a estos rubros. El organismo también proyecta que en 2019 el valor de las exportaciones disminuirá 2% y el de las importaciones 3%. El precio de 26 de las 30 principales exportaciones de la región ha bajado: el azúcar de palma 33%, el carbón 22%, y el petróleo 10%.

Hoy Latinoamérica paga las consecuencias de no aprovechar la bonanza económica que dejaron las materias primas entre 2003 y 2011, época en la que la región creció un 5,4% anual. En 2008 América Latina aportaba el 8,8% de la producción mundial y el 12,3% del crecimiento económico global. Esa bonanza económica no se tradujo en una industria local fortalecida, ni en creación de capacidades. Los millones de personas que salieron de la pobreza gracias a los programas sociales no fueron insertadas a la macroeconomía. Nuestra lógica no evolucionó, nuestra vocación económica siguió –y sigue– siendo subsidiaria y extractiva. El año pasado un artículo de la revista Opera publicado en estas páginas ilustraba el mal proceder brasileño, antecedente de la bancarrota actual de la primera economía sudamericana: “Los bienes más relevantes para el desarrollo del país eran aquellos que Brasil más importaba. Para pagar la cuenta, producía y exportaba productos básicos que, para un proyecto de desarrollo nacional, no tienen gran relevancia. Tal vez el esfuerzo pudiera dar resultados en 30 o 40 años, pero en este continente el mundo político parece siempre girar más rápido que el económico”. El caso brasileño es aplicable a cualquier país de la región.

La economía es un factor determinante en la salud de una democracia. Y pocas cosas determinan tanto la gestión económica como la ideología política. El año cerrará con un nuevo mapa político. La llegada de Alberto Fernández a la presidencia de Argentina equilibrará un poco el discurso, y menguará al raquítico Grupo de Lima creado para “liberar” a Venezuela de Nicolás Maduro. Se esperaba que México abanderara la voz del progresismo, rol que no está en los planes de López Obrador. La izquierda seguirá siendo minoría. Después de 15 años de ser gobernado por la izquierda, todo indica que Uruguay se alineará a la derecha junto a Bolsonaro en Brasil, Lenín Moreno en Ecuador, Piñera en Chile, y Duque en Colombia. Sin embargo, a la derecha dura le costará recuperar la legitimidad lastrada por sus malas gestiones, deberá preocuparse por ordenar la casa antes de querer solucionar los problemas de Venezuela, y le será difícil mantener el poder conforme sucedan las elecciones.

Latinoamérica necesita una izquierda –de momento dividida y algo desorientada– capaz de capitalizar la crisis de la derecha y de la democracia. Una izquierda y un movimiento social que sigan apostándole a lo que saben hacer: oposición; y que refine su discurso, su propuesta de futuro y su manera de llevarlo a la práctica. Una izquierda que una vez vuelva a ser poder acate el llamado del expresidente chileno Ricardo Lagos, quien en una entrevista con El País de España aseguró que quienes salen hoy a las calles de su país demandan que “el Estado provea más bienes gratuitos que permitan tener una mejor educación, una mejor salud, una mejor vejez. En otras palabras, que la sociedad empiece a avanzar para que todos seamos iguales en dignidad. Es lo que el filósofo Norberto Bobbio llamaba un mínimo civilizatorio. Toda sociedad, dice él, tiene que tener algo en que todos los ciudadanos seamos iguales”.

Dicen que el filósofo e historiador mexicano Miguel León Portilla decía que “aunque el espejo negro esté empañado, el reflejo que está ahí somos nosotros”. Eso somos, una región que ha parido buenísimos candidatos, pero muy malos gobernantes; una región que poco aprovecha sus atributos. No es necesario sobre diagnosticarnos. El escritor mexicano Emiliano Monge, cual taita mesoamericano, explicó en una columna cuál es nuestro sino: “Los zapatistas lo dejaron claro hace ya casi veinticinco años: este sistema está en contra de la vida y de la comunidad. Y estos dos aspectos –la vida y la comunidad, en sus más amplias acepciones– han sido, son y seguirán siendo el centro de todo aquello que en América Latina, durante muchos, demasiados siglos, hemos sido”.

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Juan Alejandro Echeverri

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