¡Que se vayan todos!

Sobre la disolución del Congreso del Perú
El 30 de septiembre del 2019, Perú marcó un hito en la política de América Latina. Por exigencia del pueblo, y amparado en la Constitución Política, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso.

En Perú, como en muchos países latinoamericanos, existe una corrupción endémica que abarca desde los estratos más altos (funcionarios que se lucran con los proyectos), hasta los más bajos (sobornos a los policías de tránsito). El parlamento peruano tenía 130 congresistas, que representaban a 24 departamentos; en su mayoría eran congresistas de la derecha, del APRA y Fuerza Popular. Estos partidos tienen serias investigaciones por corrupción, y sus líderes han sido procesados por el caso Odebrecht.

Hasta antes de julio del 2018 la corrupción era motivo de comentarios, la gente sabía que con un poco de billetes se puede hacer lo que sea; pero otra cosa distinta es cuando la información estalla, salpica a todos, cuando las personas se dan cuenta de la magnitud del problema. Ahí es cuando la población dice: ¡Basta!

¿Qué tuvo que pasar para que se diera ese estallido? Pues una de las investigaciones periodísticas más importantes sobre corrupción en Perú reveló la información. Todo inició con la investigación denominada “Los audios de la vergüenza” o “La desarticulación de los cuellos blancos del Puerto” del Instituto de Defensa Legal (IDL – Reporteros). Cada domingo, a partir del 7 de julio del 2018, se difundía por internet un audio nuevo donde se podía escuchar cómo jueces importantes negociaban casos o hacían favores, como la reducción de una pena o la libertad de un violador de una niña de 11 años. En uno de los audios se reveló cómo se escogían a dedo a los jueces más importantes del país para favorecer determinados casos. Cada audio era más escandaloso que el anterior. A partir de ese 7 de julio se conoció la putrefacta corrupción peruana, ensuciando a varios miembros de las grandes instancias de poder.

Ante esta situación, la población no pudo más, se indignó. Miles de personas salieron a marchar en diferentes ciudades, comerciantes, universitarios, taxistas, gremios y hasta estudiantes de colegios. Por un día el Perú se detuvo y alzó su voz contra la corrupción. Exigían que se fueran todos; la población peruana ya no creía en nadie, ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo, mucho menos en el sistema judicial. Fue en ese contexto que su presidente dio un mensaje a la nación, por el clamor popular, y planteó realizar un referéndum con cuatro reformas constitucionales para hacer frente a la corrupción.

En ese referéndum se aprobaron tres reformas: Reforma al Consejo Nacional de la Magistratura, que radica en hacer la elección de los altos mandos del poder judicial de forma transparente y monitoreados por el Defensor del Pueblo. La segunda reforma se planteó para fiscalizar la financiación de los partidos políticos, y evitar casos como el de Odebrech. La tercera busca evitar la reelección de parlamentarios.

Fue así que empezó a generarse un clima tenso entre el Ejecutivo y el Legislativo peruano. El presidente Martín Vizcarra proponía otras reformas importantes para luchar contra la corrupción, pero al Congreso no le importaron mucho; echaron a la basura todos los esfuerzos del pueblo y del Ejecutivo.

Mientras el Congreso creía que podía hacer lo que quería por tener la mayoría congresal, la población se iba dando cuenta de la crisis política del Gobierno. En cada ciudad que visitaba el presidente, la población manifestaba su descontento: ¡Presidente cierre el Congreso! ¡Que se vayan todos! Esto sumado a la campaña por redes sociales de diferentes colectivos sociales y hasta páginas de humor (memes). El pueblo peruano estaba asqueado de la corrupción, harto de ver que los que deben proteger la constitución, los parlamentarios, son los que más se aprovechan de su cargo. Era hora de hacer cambios drásticos.

En julio del 2019, el presidente Vizcarra, ante la negativa del Congreso de acatar las reformas contra la corrupción, presentó un Proyecto de Ley cuyo objetivo era adelantar las elecciones presidenciales y congresales. Esto no era de agrado para dichos congresistas, pues equivale a quedarse un año sin su jugoso sueldo, un aproximado de 30 millones de pesos colombianos mensuales, y quedarse sin sus beneficios, incluyendo la inmunidad parlamentaria que los cubre para que sigan desfalcando al Estado.

En septiembre, el Congreso eligió a varios miembros del Tribunal Constitucional, es decir, a los jueces que estarían a cargo del caso Odebrecht, en el que muchos congresistas están implicados por sobornos. Los congresistas escogieron a sus jueces.

Por ello, el 30 de septiembre el presidente le dio un ultimátum al Congreso, y presentó una cuestión de confianza; los congresistas no podían elegir a los altos mandos del poder judicial. Ellos negaron la propuesta sin imaginar que, como respuesta, el presidente anunciaría la disolución del Congreso.

La población quedó extasiada con la noticia, era como si Perú ganara un mundial de fútbol. Por fin estaban sacando a toda la sarta de mantenidos estatales; la gente corrió al Congreso, salieron con banderas, camisetas de Perú, era una oportunidad única para disfrutar la caída de la tiranía y escribir una nueva página con tinta de esperanza para su nación.

Posteriormente, instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) ampararon esta disolución del Congreso peruano. Los entes peruanos encargados de estructurar las elecciones del parlamento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se encuentran realizando gestiones para que en enero del 2020 se den las elecciones congresales.

Actualmente algunos ex congresistas peruanos están siendo investigados y procesados por diferentes delitos, esto a razón de que el 30 de octubre se acabó su inmunidad parlamentaria. A finales de octubre salieron los famosos Codinombres (códigos de los nombres de aquellos que fueron sobornados por ODEBRECHT). Varios congresistas peruanos –como la congresista Luciana León del APRA, partido del Ex Presidente Alan García– están empezando a ser procesados, y esto solo es el inicio de una investigación judicial que pretende sacar a la luz a todos los involucrados en estos vergonzosos sobornos.

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