“Militarización del Norte del Cauca es una distracción del Gobierno”

Que el conflicto sea más fuerte en el Norte del Cauca se debe al incumplimiento de los Acuerdos de Paz, es la opinión de Jorge Eliécer Sánchez, coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). “Lo que pasa es que para nosotros los Acuerdos de Paz fueron un interés por el que veníamos trabajando, porque eso da un grado de estabilidad y genera unas alternativas económicas de transformación, pero el Gobierno simplemente abandonó los intereses de los pueblos indígenas, y otros actores coparon ese espacio, ya con unos intereses alrededor del narcotráfico y de la economía”.

Las dos masacres de finales de octubre y los asesinatos selectivos de las últimas semanas son el recrudecimiento de lo que ha vivido el Norte del Cauca durante el conflicto armado. Al respecto se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien condenó estos ataques sistemáticos y le pidió al Estado que investigara lo que está sucediendo. “La Comisión insta al Estado a tener en cuenta, al momento de tomar medidas para garantizar la seguridad ciudadana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos según la cual los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”, dice.

Según el Observatorio de Memoria y Conflicto, en esa región de 16 municipios habían sucedido hasta el año pasado 103 masacres, 2225 asesinatos selectivos, 745 casos de desaparición forzada, 2049 acciones bélicas y 59 ataques a las poblaciones.

Por eso, el anuncio del presidente Duque de llevar 2500 hombres más que harán parte de la Fuerza de Despliegue Fudra 4, lo que hace es acrecentar el problema. De acuerdo con Aida Quilcué, consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), “desde el movimiento indígena no estamos de acuerdo con la militarización, porque eso no va a solucionar nuestra problemática”.

Igual opinión tiene Sánchez, quien asegura que el anuncio del Gobierno desconoce las problemáticas social y económica de los pueblos indígenas del Norte del Cauca, “este asunto es una distracción para decir que va a solucionar la problemática, sabiendo que en el Norte del Cauca han estado con sus siete bases militares”.

Además, esto significa desconocer la autonomía de los pueblos indígenas, añade Quilcué Vivas. “Por eso es que nos están matando, porque no les interesa el proceso de autonomía de los pueblos indígenas, no están de acuerdo con las formas propias de protección”, dice, y agrega que lo que hoy vive el Cauca no solo se debe a las disidencias de las Farc, el ELN y el paramilitarismo, sino también al Ejército y al Gobierno “que hace presencia con la política extractiva”.

De acuerdo con un comunicado de la ONIC, luego de una asamblea permanente en Tacueyó, decidieron proponerle al Gobierno del presidente Iván Duque, “iniciar conjuntamente un 'Plan Piloto de Erradicación y Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito' de manera inmediata en esta zona del país, en el marco del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”.

“Si el Gobierno adelanta este plan que nosotros estamos proponiendo, estoy seguro de que conjuntamente vamos a cercar la violencia y se va a ir la guerra de este territorio”, dice el consejero mayor Luis Fernando Arias. Parte de la insistencia es que se cumpla el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) y la propuesta que quieren presentar.

Con relación al primero, y de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), hasta el 30 de mayo de 2019, en el Cauca estaban inscritas 5685 familias en el Pnis, correspondientes al 5,7% del total nacional. Es, luego de Norte de Santander, el departamento donde menos pagos recibidos tienen las familias. Solo el 30,3% había recibido algún pago. Además, apenas 299 familias habían recibido el total, es decir, el 5%.

Si bien se han levantado 2068 hectáreas de forma voluntaria, Jorge Eliécer Sánchez es escéptico de sus resultados. Así como la militarización del Norte del Cauca, la sustitución de cultivos fue una “distracción” del actual Gobierno, dice, “porque la gente empezó a erradicar los cultivos, pero el Gobierno no cumplió; se vuelve un asunto demagógico. El tema del Pnis ha sido un fracaso, porque la comunidad sí cumplió y el Gobierno no. Esas son las desconfianzas. Los Pnis y Pdet son una política institucional sin mayores resultados porque el Gobierno lo plantea como línea de acción y no de compromiso en el tiempo”.

Al referirse a los actores armados, asegura Sánchez que no han tenido una interlocución con ellos, que hoy están asesinando y masacrando a los indígenas, porque “no sabemos quiénes son, de dónde vienen y cuál es su filosofía, que es matar, masacrar. ¿Cómo vamos a hablar con aquellos que atentan contra la vida?”.

Los líderes indígenas Sánchez y Quilcué coinciden en que el narcotráfico ha tratado de copar los espacios que tenía la guerrilla de las Farc, y que el Gobierno de Duque no atiende las problemáticas de los pueblos indígenas. “La paz pareciera que no interesa al actual Gobierno; le interesa la guerra. Y el narcotráfico trata de copar el territorio, por eso esta problemática, porque hay un interés por el dinero, por el manejo del narcotráfico, por las rutas, porque hoy aparecen actores desconocidos en la región que tratan de manejar a la gente”, concluye Sánchez, coordinador político del CRIC.

Óscar Montero, indígena kankuamo e investigador del informe sobre pueblos indígenas que publicarán en noviembre con el Centro Nacional de Memoria Histórica, asegura que lo que han vivido los pueblos indígenas se trata de un genocidio o un etnocidio. Igual opinión comparten Sánchez y Quilcué. Esta dice que “lo que pasa hoy ha pasado en toda la historia. Hoy es sistemático, porque vienen por nuestros territorios, por las riquezas naturales, por eso quieren acabar con la resistencia de los pueblos indígenas y su autonomía”.

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