El conflicto armado no está en cuarentena

Por Wilmar Harley Castillo Amorocho

Están matando a los líderes sociales en San Juan del Micay. Ese es el nombre del río que atraviesa los municipios de López de Micay, y parte de El Tambo, en el departamento del Cauca; también es el nombre del corregimiento donde su población es principalmente negra, al igual que la pobreza histórica sufrida por el abandono estatal. Este rincón caucano fue y es noticia nacional y mundial por el asesinato de cuatro miembros del consejo comunitario AFRORENACER a manos de un grupo residual que quedó después de la desmovilización de las FARC.

Teodomiro Sotelo, Andrés Casimance, Jesús Riscos y Sabino Angulo son las ultimas victimas en la lista de líderes sociales asesinados por los armados que, según los habitantes, después de los enfrentamientos contra la guerrilla del ELN, decidieron retomar los territorios donde operaban antes de desmovilizarse y sacar a cualquier persona relacionada con los “elenos”, también a los desmovilizados y miembros del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Hay un tema que llama la atención detrás de todo este horror. La economía de la zona ha sido la pequeña minería, los cultivos de uso ilícito, la pesca y la agricultura, fundamentada en ese elemento simbólico de vida que es el río San Juan de Micay, el cual desemboca en el océano Pacífico. Este cuerpo de agua tiene encima los ojos del capital privado desde el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). En esos años se planeó allí el megaproyecto hidroeléctrico: “Arrieros del Micay”, que aquella época tendría una inversión de siete millones de dólares, y una producción estimada de 3.500 mw, pero este se frenó por la inviabilidad ambiental encontrada por el entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA).

La amenaza al río revivió en el 2016, por medio el ex-secretario privado del Congreso de la República, Felipe Valencia, el exgobernador del Cauca, Óscar Campo, y otros políticos e inversionistas privados como la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN), planteando esta vez que Arrieros del Micay puede producir 700.000 kw por hora. A pesar del eco recibido en medios nacionales y locales, del proyecto no se menciona que quiere ser impuesto sobre territorio afrocolombiano, al cual, gracias a la ley 70 de 1993, le deben consultar si quieren o no la construcción de la gran hidroeléctrica. Por ahora, se oyen comentarios sobre el proyecto extractivo sin tener información precisa sobre la licitación o permisos que se estén tramitando en el gobierno nacional.

El otro azote de las comunidades negras del Micay es el cultivo de coca traída por colonos de otros departamentos en los años 70. Con la salida del río al mar, el proceso de cultivo, procesamiento y exportación de la droga es una fuente económica importante para cualquier grupo armado. No es fortuito que las disidencias quieran retomar ese territorio, uno de los desplazados del proceso AFRORENACER asegura que están buscando controlar las tres entradas que tiene la zona y así tener control sobre las 1.500 personas que aún quedan en las veredas, y sobre el territorio y su economía. No es extraño entonces que los carteles mexicanos estén detrás de la financiación de estos grupos armados, como lo dijo el excandidato presidencial Gustavo Petro cuando denunció la intromisión del cartel de Sinaloa en Colombia.

Este año no empezó nada bien para esta comunidad que ha visto como se dan plomo el ELN y la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército desde el 25 de enero, poniendo además los asesinados y los desplazados. El Ejército ha salido en fotos de prensa mostrando acciones contra las disidencias de las FARC en Suarez (municipio vecino de López de Micay), donde no han ocurrido asesinatos de líderes sociales. Y en el corregimiento de San Juan de Micay, las fuerzas militares han peleado y capturado integrantes del ELN, quienes el 1 de abril habían decretado un cese unilateral como gesto humanitario por la propagación del COVID-19.

¿Estaremos frente a un caso de ayuda mutua entre fuerzas militares con disidencias de FARC para acabar la guerrilla del ELN? ¿Estas disidencias tendrán un papel específico en la geopolítica local donde hay un megaproyecto hidroeléctrico en el trasfondo? ¿Por qué el Ejército no muestra “resultados” con las disidencias de FARC que están en San Juan de Micay? 

¿Cómo estarán mis vecinos y compañeros? ¿Cómo hacemos para no dejar caer al Consejo Comunitario? ¿Cómo seguimos denunciando este problema? Son algunas preguntas que también se hacen las desplazadas de sus fincas que ahora están con familiares o compañeros en la ciudad de Popayán, capital del Cauca.

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