La Justicia colombiana: un verdadero Macondo o lugar de lo imposible

Nuestra administración de justicia viene enferma; desde hace varias generaciones padece de males que se volvieron endémicos, algunos de ellos agravados por otras dolencias mayúsculas que aquejan al país con repercusión inmediata sobre ella. Fernando Hinestrosa, Estado actual de la justicia colombiana: diagnóstico y soluciones.

Los males que hoy padece la justicia colombiana no son nada nuevos. Como consecuencia de la crisis económica que perturbó a Colombia en 1930 surgieron varias corrientes renovadoras conformadas por quienes propugnaban por unas transformaciones estructurales a nuestra rama judicial y poder así responder a las verdaderas necesidades de la nación.

En 1965, los abogados y catedráticos Jorge Enrique Gutiérrez Anzola y Gabriel Gutiérrez Tovar, en su obra La reforma judicial en Colombia, señalaron como “desde hace mucho tiempo captamos cuán honda e intensa inconformidad existía en el país por su sistema judicial, aquejado de lentitud e ineficacia y cómo –infortunadamente– cada día descendía el aprecio y veneración que un pueblo organizado debe a sus jueces”.

En 1986, el entonces Presidente Virgilio Barco advertía que “sin justicia oportuna que aplique la ley en los casos particulares sometidos a su consideración (…) no habrá paz ni orden social”. En 2007, en su análisis La problemática de la Administración de Justicia en Colombia, Eduardo Fierro y Martha Cecilia Manrique identificaron que la duración de los procesos judiciales en Colombia era el mayor de toda América Latina.

En el año 2016, el Rule of Law Index del World Justice Project, organización internacional de la sociedad civil que trabaja “para extender el imperio de la ley en el mundo”, ubicó a Colombia en el puesto 70, entre 113 países, en un ranking sobre la efectividad de la justicia civil, y en el puesto 91 respecto a la justicia penal.

El Doing Business que proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y su aplicación en 190 economías y ciudades seleccionadas, nos ha posicionado en el puesto 174 entre los 190 países analizados, concluyendo que el tiempo promedio de solución de los procesos judiciales en el país es de 1.288 días (735 más que la media de los países de la OCDE).

A juicio de esta última organización, nuestra justicia es incompetente, carente de conocimientos técnicos y de gestión. Existe complejidad normativa: desde 1991 se han expedido 2.010 leyes. La impunidad es del 97.7%, pues apenas el 2.3% de los casos penales son juzgados. Predomina el yo te elijo, tú me elijes, incentivado por la corrupción y el clientelismo. Campea la inseguridad jurídica aupada por múltiples interpretaciones de las normas por carencia de precedente judicial.

Ahora bien, uno de los problemas identificados de forma más recurrente es la congestión judicial, que se define de distintas maneras y que usualmente se asocia con la acumulación o no tramitación de una cantidad superior al 35% de los procesos que tuvo a su cargo un despacho judicial durante los últimos 12 meses. Según Fierro y Manrique, algunas de las mayores causas son la morosidad de algunos funcionarios y empleados de la rama judicial, la inconveniente distribución de personal, las deficiencias tecnológicas, los procedimientos excesivamente formalistas y la excesiva litigiosidad.

Otra de las problemáticas que ha tratado de resolver desde hace décadas nuestro país, tiene que ver con el esquema de gobierno y de administración de la rama judicial. A pesar de las múltiples reformas que se impulsaron bajo la Constitución de 1886, no se logró encontrar un esquema que mantuviera un equilibrio en la rama, una estructura que permitiera un correcto direccionamiento técnico y estratégico, y asegurara la autonomía y la independencia de los jueces.


En cuanto a las soluciones, si bien los diferentes gobiernos al menos han manifestado no ser indiferentes ante la problemática, transcurren los años y no se han aplicado verdaderas soluciones. Es así como en los últimos 20 años, los intentos de reformar la justicia no han pasado de ser eso, simples intentos. Veamos:

Proyecto de Acto Legislativo 10 de 2002, por el cual se reforma la Constitución Política en materia de administración de justicia. Proyecto de Ley Estatutaria 112 de 2004, por el cual se reforma la Ley 270 de 1996. Proyecto de Acto Legislativo 10 de 2008, por el cual se reforman unos artículos de la Constitución Política de Colombia. Proyecto de Acto Legislativo 07 de 2011, acumulado con los Proyectos de Acto Legislativo 09, 11, 12, 13 y 143 de 2011, por medio del cual se reforma la Constitución Política en asuntos relacionados con la justicia

Proyecto de Acto Legislativo 11 de 2011, por medio del cual se reforman los artículos 78, 86, 116, 179 a 181, 183, 184, 228, 230 a 232, 237, 238, 241, 254 a 257, 264 y 265 de la Constitución Política de Colombia; acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo 07 de 2011. Proyecto de Ley 137 de 2013, por el cual se consulta al pueblo para convocar una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución Política en lo relacionado con la Justicia y la elección de sus delegatarios. Proyecto de Acto Legislativo 18 de 2014, por medio del cual se adopta una reforma de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional, fue aprobado y se convirtió en el Acto Legislativo 02 de 2015. Sin embargo, la estructura básica de dicha reforma constitucional, en lo relacionado con el Gobierno Judicial y la Comisión de Aforados, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en la sentencia C-285 de 2016 y otras decisiones complementarias (C-053, C-230 y C-373 de 2016 y C-094, C112 y C-290 de 2017).

Proyecto de Acto Legislativo 19 de 2014, por el cual se reforma la Constitución Política en materia de Administración de Justicia y se reforma el equilibrio orgánico de frenos y contrapesos. Proyecto de Ley Estatutaria 130 de 2015, por el cual se desarrolla parcialmente el Acto Legislativo número 2 de 2015, se reforma la Ley 270 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de Acto Legislativo de 2018, por el cual se reforma la Constitución Política en materia de administración de justicia.

Iniciativas todas que han fracasado. Mientras tanto los colombianos seguimos aquejados por la falta de seguridad jurídica que ha sido definida por la Corte Constitucional como “aquella cualidad que tiene el ordenamiento jurídico relativo a la certeza del Derecho cuando el mismo se aplica”, y, en este sentido, constituye un componente esencial de un Estado de Derecho y del funcionamiento ordenado de las instituciones. Sin embargo, la complejidad del ordenamiento jurídico colombiano y la excesiva litigiosidad ha hecho que este principio del derecho sea frecuentemente desconocido frente a las decisiones judiciales. Esta situación ha generado que los colombianos no tengamos nunca certeza sobre las decisiones judiciales que se profieren en cada uno de nuestros casos en particular, pues, por regla general, existen más de siete recursos o acciones contra una sentencia (reposición, apelación, impugnación, queja, revisión, casación y tutela contra la decisión de casación).

Caso aparte de la variopinta gama de recursos y de la inseguridad jurídica que hoy padecemos, lo constituyen la tutela contra decisiones judiciales en firme, y la tutela contra sentencias de tutela. Estas dos figuras, aparte de acrecentar la inseguridad jurídica, han desatado los denominados choques de trenes, pues las decisiones ejecutoriadas, en firme, son revocadas, anuladas por otros jueces o magistrados que lastiman el henchido ego de sus pares desencadenando arduas disputas que trascienden del ámbito académico y laboral, al personal, y que solo perjudican al ciudadano de a pie esperanzado en obtener pronta y cumplida justicia.

Quien lo creyera, a pesar de conocer suficientemente sus padecimientos, el panorama de nuestra justicia es peor hoy que hace noventa años. Se encuentra maniatada por los corruptos, la ineficiencia, el burocratismo, la improvisación y, hoy más que en el siglo XX, por la politización de las altas cortes.

La reforma a la justicia no da espera, verdadera trasformación integral debe comprender, en lo administrativo, una política pública de administración de justicia que fortalezca la independencia y autonomía en su gobierno, que establezca un servicio planeado, con tecnología de punta, con una gestión y ejecución del presupuesto controlables. Para la eficiencia de los procesos se requiere que cuanto antes se implemente la meritocracia, sin excepción. Hoy el 44% de los cargos de jueces y de magistrados, y el 50% del personal de auxiliares, son provisionales.

Todos los cargos deben proveerse por concurso de méritos y no a dedo. No hay razón valedera para someter a las normas de carrera la escogencia a un citador de un juzgado municipal, mientras que la elección de un magistrado se hace a través del ejercicio de prácticas clientelistas cual proceso de elección de un mandatario local; el atraso en la adopción integral de la meritocracia judicial es evidente, con ello se impediría el clientelismo y se facilitaría el acceso de los más idóneos para desempeñar tan esencial tarea.

En materia de virtualización se debe superar la fase del discurso. La justicia debe dotar con conectividad efectiva y eficiente a los despachos judiciales, de métodos eficientes de archivo, de sistemas rápidos de copiado y reproducción de las audiencias, contar con salas de audiencias dotadas con excelentes equipos, con ello se facilitan las audiencias, sobre todo en lugares de acceso complejo, como cárceles de mediana y alta seguridad, facilitar el acceso a personas con discapacidad, etc.

En lo relacionado con el aspecto propiamente jurídico y normativo, debe establecerse un verdadero proceso de formación a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que hoy no tiene cobertura territorial, este centro de enseñanza requiere urgentemente incrementar su presupuesto para poder ampliar sus programas y llegar a todos los rincones de la patria.

Dada la múltiple expedición de leyes, inflación o proliferación legislativa, se ha propuesto dotar al gobierno de precisas facultades para que compile las normas de orden legal por materias. Con base en esa compilación, le corresponderá al Congreso el deber de proferir la nueva legislación de manera ordenada por sectores, identificando la normativa que modifica de manera precisa, dando con ello mayor claridad a los operadores jurídicos y al ciudadano en general.

Nuestro país evidencia una falta absoluta de política anticriminal del Estado, esta debe convertirse en otra verdadera política pública. Ese será el inicio de una auténtica reforma de la justicia. Se parte del errático supuesto de que todos los problemas de la justicia penal encuentren solución en nuevas leyes, esa es la razón por la cual hoy coexisten múltiples sistemas de enjuiciamiento criminal: la Ley 600 del 2000, la Ley 1826 del 2017, el Código de Infancia y la Adolescencia, el Código de Justicia Penal Militar, el Código de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, la Ley 906 que ha tenido 20 reformas en 17 años de vigencia.

Con el fin de dar solución definitiva a la grave crisis detectada, se ha dado a conocer un nuevo proyecto de acto legislativo propuesto por el Ministerio de la Justicia y del Derecho que algunos expertos consideran un revoltijo sin columna vertebral, pensado para resolver problemas coyunturales y no de fondo. Paños de agua tibia para un enfermo terminal y que resultarán peor que la enfermedad. Se pretende, con el fin de obtener el apoyo de los actuales magistrados, por un lado, garantizar su pensión extendiendo su período de ocho a doce años y, por el otro, darles un mayor control sobre el Consejo Superior de la Judicatura, es decir, se va a robustecer el detestable carrusel o el yo te elijo, tú me eliges.

Otras de las críticas al proyecto de reforma se fundamenta en que definitivamente se perpetua el mecanismo de cooptación, que es un sistema de selección de nuevos magistrados por nominación interna de los magistrados antiguos, sin dependencia de criterios externos; lo que tira por la borda cualquier intento de que el ascenso por méritos, propio de la carrera judicial, se implemente en las altas cortes.

Esta propuesta de reforma, al igual que las anteriores se hace sin consultar las necesidades del país, sin escuchar las voces de la ciudadanía y sobre todo ignorando el concepto de los directos interesados: abogados litigantes, empleados judiciales operativos, las facultades de derecho, asociaciones de abogados, etc.

Oscuro panorama el de la Justicia colombiana. Como en un verdadero Macondo o lugar de lo imposible seguiremos padeciendo de carteles de la toga, puertas giratorias, carruseles de las pensiones, ineficiencia rampante y congestión en aumento.

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