Chocó, entre la guerra y el olvido Destacado

“Estamos atravesando una crisis y emergencia humanitaria nunca antes vista en la historia del Chocó. Abandono, conflicto, guerra, confinamientos, desplazamientos, violencia en contra de las mujeres, reclutamiento forzado, amenazas. ¡Vivimos y resistimos por respeto a nuestros ancestros!”, afirma Alberto, líder social y defensor de derechos humanos.

El Chocó ha estado marcado por la presencia de grupos armados que hacen de este uno de los departamentos con mayor desplazamiento forzado, asesinatos, abuso sexual y vulneración de derechos humanos. Durante décadas ha sido territorio disputado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y otros grupos que van consolidándose en diferentes zonas.

Andrés* ha vivido siempre en el municipio de Riosucio, ubicado en el Bajo Atrato chocuano. Ha sido víctima de los grupos armados que constantemente dejan a los habitantes en medio de combates. Mientras él duda en responder cualquier pregunta con respecto a la violencia que se vive en su territorio, intenta explicar que para él y su familia “es mejor no hablar de ciertos temas que se convierten en peligrosos”, pues afirma que los grupos armados pueden atentar contra él o alguien de su familia.

El miedo no es en vano, en lo que va del 2020, en Colombia han sido asesinados más de 200 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 6 de ellos en territorio chocoano. A pesar de esto, el gobierno aún no ha tomado las medidas necesarias y efectivas para evitar que las amenazas y los asesinatos continúen.

La violencia, la disputa territorial y la vulneración de los derechos humanos permanece a pesar de la pandemia de covid-19. Por tal razón, el 30 de abril la Defensoría del Pueblo envió a la Ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, una Alerta temprana en la que destacaba los antecedentes del escenario actual de riesgo, y reafirmaba que “entre el 01 de enero de 2019 y el 27 de abril de la presente anualidad, la Defensoría del Pueblo ha emitido 72 Alertas Tempranas (AT): 56 durante el año 2019 y 16 en la actual vigencia”.

“En cuanto a las estructuras de crimen organizado de alcance binacional, se destaca la influencia de actores ilegales provenientes de países vecinos, en las zonas de frontera con Colombia, con intereses en el manejo de economías ilegales como el contrabando, explotación de minerales, la trata de personas, explotación sexual, entre otras. Su accionar violento suele afectar especialmente a grupos indígenas y comunidades campesinas”.

Un suceso significativo durante la pandemia fue el pronunciamiento del ELN quien decretó cese al fuego unilateral activo en todo el país durante el mes de abril, “al respecto, la Defensoría del Pueblo señaló que, presuntamente en el marco de esta salvedad, el ELN sostuvo combates contra diferentes grupos armados con interposición de población civil, principalmente en el departamento del Chocó”.

En mayo el ELN reanudó sus operaciones militares y el 7 de julio lanzó una propuesta de cese al fuego bilateral encaminada, según ellos, a “crear un clima de distensión humanitaria favorable para reiniciar los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y ese grupo subversivo”. Sin embargo, el presidente Iván Duque afirmó que el “gobierno nunca dejará de cumplir el deber constitucional de enfrentar la criminalidad en todo el territorio. El ELN es un grupo terrorista que ha flagelado con barbarie el país por décadas”, con estas palabras el mandatario rechazó la propuesta.

Una noticia que llegó también desde el Chocó conmocionó el país. El 16 de julio, Luz Elena Caizamo Rojas, indígena del pueblo Emberá Dobidá de apenas 9 años perdió la vida, según la Organización Nacional Indígena (ONIC), “a causa de una bala perdida durante enfrentamientos entre el ELN y las AGC por el control territorial de la cuenca del río Baudó en el Chocó”.

La Defensoría del Pueblo, por medio de una de las alertas tempranas, ya había advertido del riesgo al que se enfrentaban las comunidades del Alto Baudó. Esto debido a la emergencia de un factible “escenario de disputa territorial entre el ELN, las AUC y AGC”.

En un comunicado de prensa del 27 de abril, la Defensoría del Pueblo aseguró que “por la vida y la salud de todos los colombianos, debemos respetar el principio de humanidad”, y a su vez hizo un llamado a todos los actores armados y civiles para que: “1. Reduzcan hasta la eliminación, el empleo de la violencia armada. 2. Cesen la violencia e intimidación contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. 3. Respeten y permitan la acción de la misión médica para la prevención y atención del COVID-19, así como el abastecimiento de bienes esenciales para mantener el aislamiento preventivo obligatorio. 4. Protejan y prevengan el contagio al interior de sus filas”.

Según la Defensoría del Pueblo, los líderes, lideresas sociales, defensores de Derechos Humanos, son uno de los grupos poblacionales más vulnerables, las comunidades indígenas y afrocolombianas son otros de los grupos mencionados por parte de la entidad. Cabe resaltar que según el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre el 1 de enero y el 31 de mayo, 118 mujeres indígenas fueron víctimas de violencia sexual en Colombia. El Chocó es uno de los departamentos con más casos registrados en el país.

Alberto, también miembro de la Mesa Municipal de Víctimas del municipio de Quibdó y colaborador del Acuerdo Humanitario para el departamento del Chocó, afirma que les “toca trabajar en articulación con la institucionalidad para obtener una reparación integral de las víctimas del conflicto armado medianamente buena”.

Sin embargo, ratifica que “en los planes de desarrollo aprobados hay un retroceso con los derechos de las víctimas porque algunos alcaldes no asignaron los recursos necesarios en el proceso de finalización del periodo de la Ley 1448 de 2011, -“por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”-. Por ejemplo el exalcalde Isaías Chalá asignó 14 mil millones de pesos para éste tema, pero no los pudo ejecutar, y el actual Alcalde tan solo fijó 1.230 millones” en el plan de desarrollo para el periodo comprendido entre el 2020 y el 2023.

“En el acuerdo de paz se crea un capítulo de víctimas, luego se firma el acuerdo y como por arte de magia, el capítulo prácticamente desaparece. Vamos a seguir con los derechos vulnerados, porque en el marco de la implementación de la reparación no se tienen garantías ni recursos para que las víctimas podamos disfrutar la reparación dignamente”, concluye Alberto, abriendo paso a un tema extenso y que merece un capítulo más en la historia del Chocó, un departamento que vive entre la guerra y el olvido.

*Los nombres fueron cambiados por temas de seguridad

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