Zonas Futuro, intervención para militarizar los territorios

Segun documentos del Gobierno, las “Zonas Estratégicas de Intervención Integral” (ZEII) o “Zonas Futuro” son: “Una estrategia para transformar los territorios llevando institucionalidad con legalidad, emprendimiento y equidad, en las regiones más afectadas por la violencia, la criminalidad y la pobreza”. Están pensadas para poner en marcha cuatro estrategias fundamentales: “implementación concreta de la estrategia de seguridad nacional; seguridad ciudadana, fortalecimiento del Plan de Acción Oportuna (PAO), y el marco de implementación de una política sobre protección y prevención de líderes sociales”. ¿Pero realmente están pensadas para estos fines?

Imposición para militarizar los territorios
De las Zonas Futuro poco se ha hablado en los territorios. Las comunidades aún desconocen mucho de la estrategia que afectará sus planes de vida, su cultura, arraigo campesino y su economía. Las «Zonas Futuro» son el reciclaje de las Zonas de Consolidación y Rehabilitación del Gobierno Uribe. Zonas que dejaron destrucción y muerte en los territorios. Hoy la tarea de las comunidades y los movimientos sociales será nuevamente la defensa y la permanencia en el territorio, como legítimo derecho.

Lo que hay detrás de las Zonas Futuro
Desde esta perspectiva, la abogada Marcela Cruz, plantea que “las Zonas Futuro son una continuidad de las políticas contenidas en el Plan Colombia para controlar algunos territorios que son de su interés; según documentos oficiales del gobierno, como la política de seguridad y defensa, la ley de orden público y el decreto 2278 de 2019”.

Según el Gobierno son zonas que tienen baja presencia del Estado, altos índices de criminalidad y de economías ilegales, también bajos índices de garantía de derechos fundamentales para los habitantes, sin embargo, en estas zonas abundan los recursos naturales ya sea para la minería e hidroeléctricas.

Para Cruz “también hay zonas en las que se cumplen esas características, por ejemplo el Chocó, el departamento de la Guajira, que no están definidas como Zonas Futuro. Lo que hay detrás de esa política es poder intervenir no solamente con entidades civiles del Estado, sino con la fuerza pública y de policía los territorios”. Cruz explica que en estos territorios hay intereses económicos públicos y privados, y una dinámica social y organizativa que ha evitado el saqueo de los recursos naturales. “Por eso el Gobierno expide esta política con la que pretende controlar el territorio y la población que vive en estos”.

¿Qué dicen las comunidades?
Para el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, “el Gobierno de Duque no es otra cosa que un tercer periodo de gobierno de Uribe, está pretendiendo retomar la Seguridad Democrática, lo que conlleva a reactivar uno de los componentes del Plan Colombia que es la consolidación territorial”.

Para Ernesto Roa, líder campesino y presidente del Coordinador Nacional Agrario (CNA), “Iván Duque pretende con las Zonas Futuro dar una dinámica más acelerada para poder extraer los bienes comunes de la naturaleza. El Plan Colombia, en su continuidad de Colombia Crece, sigue siendo un plan contrainsurgente que va orientado a desarticular cualquier expresión de resistencia o de oposición a este sistema político”.
En estos territorios según el movimiento social, lo que se quiere es garantizar el círculo del negocio completo del narcotráfico. Tal es el caso del Pacífico Nariñense y el Catatumbo, zonas donde hay alta producción de coca, pero donde también desde hace muchos años hay una presencia militar muy fuerte, y lo que se quiere es lograr instaurar una fuerza militar con toda una legitimidad para garantizar no solamente el extractivismo, sino un negocio del narcotráfico tranquilo que beneficie a esta elite política en el poder.

Por otro lado, en regiones como el Nordeste Antioqueño, hay una actividad histórica de las comunidades campesinas, que gira alrededor de la minería artesanal y que las comunidades han logrado organizar. Que hoy en esa ansiedad del Estado de controlar todo bien natural, pretende intervenir para seguir satisfaciendo las arcas de las grandes transnacionales.

En regiones como el departamento de Arauca, esta intervención la justifican para controlar la economía ilegal del contrabando. Esta política de intervención es un paquete de agresión integral que se profundiza en contra de la clase popular, el tejido social que históricamente ha hecho patria en estos rincones olvidados y en los que el gobierno central tiene una deuda histórica de inversión social.

Arauca en la mira
Para el caso del departamento de Arauca, las Zonas Futuro se ubican en 211 veredas de los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. Van a intervenir el piedemonte araucano, donde está el mayor acumulado histórico de resistencia en el departamento de Arauca, zona que está milimétricamente cuadriculada y entregada en concesión para la exploración petrolera. Zona productiva que la ha puesto en el primer renglón de producción de plátano, cacao, producción ganadera y leche en términos de calidad.
El presidente del CNA insiste que “las zonas futuro tiene un componente muy alto en lo militar, ideológico, social, económico, es decir, mayor pie de fuerza para estos municipios que garantice el expansionismo extractivista de las petroleras, mayor represión al movimiento social, ya que se plantea la actuación de la fuerza pública de cara al código de seguridad y de policía”.
¿Inversión Social?
La inversión social que se plantea en las Zonas Futuro es efímera, similar a la del Plan Colombia que solo llevó programas asistencialistas a las comunidades, y que sirvió para incluir a las familias campesinas humildes en el conflicto armado.

“Las comunidades deben tener claro que toda la inversión que el gobierno pretende hacer con las ZEII, va orientada y controlada por la fuerza pública, que a su vez busca focalizar ambientes sociales de cooptación como los jóvenes con el programa “jóvenes a lo bien”.

Violación de los Derecho Humanos
La población del departamento de Arauca vivió en carne propia la política criminal de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación. Gracias a la política de Seguridad Democrática, de Uribe y el Plan Colombia, que significó miseria, muerte, desplazamiento. Fue en ese periodo donde más se incrementó la persecución, las capturas masivas y el asesinato.

El Ejército de Colombia a nombre de paramilitares asesinaba campesinos, comunales, defensores de derechos humanos, dirigentes sociales. Ejemplo de ello es la masacre el 5 de agosto de 2004 en Caño Seco, municipio de Saravena, en contra de Héctor Alirio Martínez, líder campesino; Leonel Goyeneche y Jorge Prieto, líderes sindicales. Además de la masacre cometida en Flor Amarillo, Piñalito, y Cravo Charo, municipio de Tame. Masacre donde se asesinaron 11 campesinos por paramilitares en complicidad con el ejército los días 19 y 20 de mayo de 2004.

Segun las organizaciones de Derecho Humanos y el Movimiento Social, hoy con las Zonas Futuro, el gobierno pretende desempolvar esas prácticas genocidas. Lejos de perseguir el narcotráfico, por el contrario, lo va a fortalecer.

¿Qué proponen las comunidades?
Ante esta situación, desde las comunidades y organizaciones sociales se proponen fortalecer los instrumentos de denuncia y movilización; todo lo que vaya en contra de la vida y de la clase popular, debe ser denunciado y confrontado a través de la movilización. El peligro se avecina. Las comunidades no deben dejarse engañar con programas asistencialistas que solo buscan ponernos al servicio de la guerra. La población debe apropiarse de las figuras que las organizaciones y el movimiento social han creado para la defensa de la vida y los territorios.

 

DATOS DE CONTEXTO

Las Zonas Futuro se implementaran en 44 municipios y 995 veredas del Pacífico nariñense; el Sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño; el Catatumbo, en Norte de Santander; El Piedemonte, en Arauca. También se controlará el 38% de los Parques Nacionales Naturales.

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