Cuando el desarrollo es la aplanadora de las comunidades

En las arenas bailan los remolinos
El sol juega en el brillo del pedregal
Y prendido a la magia de los caminos
El arriero va, el arriero va
Atahualpa Yupanqui

Los megaproyectos de infraestructura en Colombia aún se ubican en un proceso de modernización, pues en términos de infraestructura física el país es considerablemente «atrasado», y si hacemos una radiografía del campo colombiano, encontramos que la dotación de bienes y servicios es precaria y que todos los índices de calidad de vida son peores para los campesinos. Además de las difíciles condiciones de accesibilidad de muchos territorios y las pocas y deterioradas vías de carácter nacional, se vienen adelantando una serie de proyectos en términos de conexión vial -pues somos un país desconectado territorialmente-; que, lejos de buscar el desarrollo rural, está configurando una serie de abusos sobre los territorios campesinos, desconociendo derechos adquiridos y la compleja realidad de vulnerabilidad y victimización producto del conflicto armado interno.

Este es el caso de la construcción del Túnel Guillermo Gaviria Echeverri por parte del Consorcio Antioquia al Mar, una mega obra de infraestructura vial que busca crear el túnel más extenso de América Latina, con 9,8 kilómetros, entre los municipios de Giraldo y Cañasgordas, al occidente antioqueño. Sin embargo, desde la fase de preconstrucción (2017), que corresponde a la gestión predial y socialización de la obra, se han manifestado una serie de conflictos de orden social y territorial que parecen escalar con cada fase del proyecto.

La gestión predial entendida como «el proceso conducente a obtener la titularidad y disponibilidad del predio a favor de la Gobernación de Antioquia», ha estado signada, en el relacionamiento de los profesionales a cargo con la comunidad, por la coacción, la amenaza de expropiación, y por ofertas de compra irrisorias, muy por debajo del valor real del mercado, que desconocen, en primer lugar, la relación que tiene el campesino con la tierra, que no es exclusivamente una relación material, sino cultural, social, política y ambiental.

En el marco de esta relación se crean lazos afectivos, arraigo y sentido de comunidad, sin embargo, la aplicabilidad parcial de cierta normatividad ha dado lugar al desconocimiento de estas realidades sociológicas que de acuerdo a condiciones de vulnerabilidad generan factores de compensación socioeconómica, como se afirma explícitamente en la Resolución 545 de 2008, por la cual se definen los instrumentos de gestión social aplicables a proyectos de infraestructura, no obstante, en muchos casos ni se reconocen estas condiciones de vulnerabilidad, ni se han implementado como corresponde.

Algunos pobladores y campesinos han caracterizado esta fase, que aún no termina, como desplazamiento forzado, pues las dos figuras que contempla la ley para adquirir predios por utilidad pública es la expropiación y la enajenación voluntaria, bien por vía administrativa o judicial, pero sin lugar a la negación por parte del propietario o poseedor y mucho menos capacidad de negociación. El asunto más problemático de esta fase, es que en la mayoría de los casos, el monto recibido por los predios no permite a los campesinos tener las condiciones que antes tenían, por el contrario, el proyecto parece pauperizar su calidad de vida, vale la pena señalar que la alta informalidad en los títulos de propiedad en la región ha sido utilizada por el Consorcio para acelerar los procesos de expropiación, sin antes entrar a hacer un proceso de clarificación de derechos de propiedad rural, como lo establece la ley.

Ahora que se lleva a cabo la fase de construcción hay una disputa permanente por el impacto ambiental que está generando la obra en las comunidades cercanas. La contaminación atmosférica y las fuentes de agua, el ruido permanente de volquetas y maquinaria amarilla, el daño a la infraestructura particular y comunitaria por el paso constante de maquinaria pesada, la disposición inadecuada de material producto de la excavación, el trabajo hasta altas horas de la noche o madrugada interrumpiendo la horas de descanso de los pobladores, el cambio de vocación productiva de la región, y el incumplimiento de lo contenido en el Plan de Manejo Ambiental en su integralidad, son algunos de los puntos cruciales en una situación que, más que una disputa es un proceso de resistencia por parte de las comunidades, señalando además que hasta la fecha, todos los compromisos pactados con el Consorcio referentes a estos temas han sido incumplidos.

Este conflicto es claramente un conflicto de carácter estructural, en donde el modelo de desarrollo contemplado por el Estado colombiano se impone a las comunidades, en tanto no hubo nunca un proceso de consulta sino meramente de socialización, pero también es un conflicto donde se ha agudizado la afectación a las comunidades por negligencia de los entes de control y de las autoridades ambientales. Por último, cabe decir que la comunidad cansada y tras agotar el conducto regular y las vías de derecho, optó por la protesta social y pacífica, acudiendo a un plantón frente al portal salida de la obra, (Cañasgordas) desde donde se estableció un pliego de exigencias, entre ellas la presencia de funcionarios con capacidad de decisión. Resultado de esta acción se creó una Mesa permanente de seguimiento al proyecto, hasta el momento, la mesa parece ser un instrumento dilatorio del Consorcio, pues el pliego de exigencias sigue intacto.

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David Muñoz

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