Genocidio contra el campesinado

Por diferentes razones e intereses, el campo ha sido el centro operativo de las ambiciones de las elites, nacionales y extranjeras, que se apoderaron de las estructuras económicas, sociales, culturales y políticas del Estado nación moderno. En doscientos años, en materia de distribución y uso de la tierra, al país lo han venido moldeando al acomodo de esos intereses. Por ejemplo, en los años veinte del siglo pasado, el Estado le otorgó 60.000 hectáreas a la Fruit Company para que sembrara banano, años más tarde lo hizo con Cartón de Colombia en el departamento del Cauca para industria forestal. Según estudios del Cinep del año 2016, en Colombia el 94 % del territorio es rural y solo el 32 % de la población vive allí, lo que demuestra una estrategia para desocupar el campo, pasando de un país rural a uno urbano, de un país productor de alimentos a uno importador, de uno con vocación agraria a uno extractivista y minero energético, de un campo productivo a uno basado en la renta y la especulación, de un campo con campesinos a uno sin ellos, sumido en el abandono a todo nivel.

Al campesinado, no solo lo golpea esa visión capitalista del modo de producción que se orienta a la concentración de la tierra en pocas manos, que vive de la renta y de los negocios de infraestructura, del monocultivo, y de la explotación de recursos naturales; las comunidades campesinas fueron empobrecidas con intencionalidad. Carecen de salud, educación, alfabetización, nutrición, infraestructura, empleo, servicios públicos, y sufren de manera directa la violencia armada, especialmente la paramilitar y estatal que garantiza la inversión empresarial, el despojo, el desplazamiento y el genocidio contra los esfuerzos organizativos, de resistencia y defensa territorial.

Un tribunal contra el genocidio del campesinado
Recientemente, ante una de las peores crisis de derechos humanos de la última década concentrada justamente en las zonas rurales de Colombia, decenas de organizaciones sociales y populares, de la mano de procesos y plataformas de derechos humanos solicitaron al Tribunal Permanente de los Pueblos con sede en Roma, Italia, la realización de una sesión para denunciar y condenar al Estado colombiano por genocidio político, impunidad y crímenes contra la paz. Este, a pesar de ser un Tribunal ético y de opinión, que no es jurídicamente vinculante para el Estado, cuenta con más de 40 años de experiencia y prestigio en todo el mundo, ya que está integrado por personalidades provenientes de las altas cortes de diferentes países, de la academia, la política, la cultura, la intelectualidad, el liderazgo social y popular, que han señalado y condenado las agresiones imperialistas, las arbitrariedades de las dictaduras, los crímenes de lesa humanidad y los genocidios perpetrados en diferentes lugares del mundo.

Siete informes sobre el genocidio contra el campesinado fueron presentados ante los jueces del Tribunal el 25 de marzo de 2021. Y aunque solo abarcó una parte del campesinado del país, fue una muestra muy significativa y cualificada que señaló elementos teóricos, académicos y políticos de las prácticas genocidas en regiones como el nororiente colombiano, la costa caribe, el centro oriente, el sur occidente y el sur de Bolívar. Los procesos y movimientos sociales y políticos, en los que se destaca el Coordinador Nacional Agrario, sostienen que la intencionalidad del Estado y sus élites, son un elemento esencial para probar la existencia del proceso genocida contra el campesinado. La estigmatización contra el liderazgo campesino como parte de la insurgencia y de la estrategia del comunismo internacional, llevó consigo la construcción de la otredad negativa, algo así como un grupo de malos hijos de la patria que no dejan progresar, a los que hay que acabar.

La construcción del enemigo interno y prácticas genocidas
Esta es la más sofisticada estrategia estatal contra el campesinado y los procesos que se oponen al statu quo, enmarcada en la doctrina de la seguridad nacional impuesta y legitimada en Colombia desde mediados de los años cincuenta. El profesor Miguel Ángel Beltrán señala el bombardeo de Villarrica Tolima entre marzo y junio de 1955, donde la fuerza aérea colombiana usó bombas de napalm y estableció campos de concentración contra comunidades campesinas del oriente del Tolima en plena dictadura militar del General Gustavo Rojas Pinilla, como uno de los episodios que fomentó la construcción de la figura del enemigo interno en Colombia. Para legitimar la operación militar de exterminio al campesinado organizado se acudió al discurso de odio contra el comunismo internacional por parte de las élites políticas y eclesiásticas, a través, entre otros, de los medios de comunicación corporativos al servicio de la dictadura. La doctrina de seguridad nacional en América Latina mantuvo la idea de que a partir de la seguridad del Estado es posible garantizar la de la sociedad. Pero una de sus innovaciones fue considerar que para lograr su objetivo era esencial el control militar del Estado. La estrategia más usada fue la excusa de la existencia del conflicto armado interno para incluir a la población que vive en los territorios, sobre todo campesina, entre los asesinados en combates, hacer distinción entre combatientes y no combatientes (falsos positivos).

La legítima lucha por la tierra, histórica por demás durante los doscientos años de construcción del Estado nación, está llena de ejemplos que demuestran la mezquindad de la oligarquía colombiana, a través de modalidades que combinan la guerra, el despojo, la desaparición, el desplazamiento, la criminalización de la protesta, la judicialización y privación de la libertad del liderazgo campesino, el paramilitarismo, el trabajo esclavo para beneficiar el latifundio y la decisión sobre el uso de la tierra en negocios extractivistas y monocultivos agroindustriales para cumplir, además, las cuotas del mercado capitalista. Desde 1936, a cada reforma agraria liberal presionada por las luchas campesinas, se le opuso una contrarreforma conservadora, casi siempre armada. Las prácticas genocidas incluyen además, el uso arbitrario del aparato legislativo.

Algunas normas recientes y relevantes frente a la concentración de la tierra
Ley 1776 de 2016, zonas de interés para el desarrollo rural, económico y social (Zidres), que atentan contra el principio de democratización de la propiedad agraria y perpetúa la acumulación de tierras en favor del gran capital.

La Ley 1941 de 2018 y el Decreto 2278 de 2019, establecen las “zonas futuro” como una estrategia de control territorial mediante la intervención y focalización de programas, planes y recursos estatales, en territorios que requieren una acción unificada, interagencial, coordinada, sostenida e integral del Estado. Coinciden con los territorios donde la guerra se intensificó.
Artículo 268 de la Ley 1955 de 2019, mediante el cual se crea la zona económica y social especial (Zese) para la Guajira, Norte de Santander y Arauca; el cual fue reglamentado mediante el Decreto 2112 del 24 de noviembre de 2019.

No está de más señalar que el pasado 17 de diciembre de 2018 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó finalmente la Declaración de los Derechos del Campesino y el Estado colombiano demostró una vez más su desprecio hacia los campesinos al abstenerse de votar. Lo anterior permite evidenciar que el Estado colombiano invisibiliza, excluye y margina al campesinado al negar su carácter de sujeto colectivo de derechos. Así mismo, es una manifestación política que reafirma que el Estado rechaza y niega los reclamos históricos y la lucha del campesinado.

Practicas genocidas. Judicialización, homicidios selectivos, masacres y desplazamiento
El uso arbitrario del derecho penal y el aparato de justicia es una práctica genocida cada vez más común. Regiones como el suroccidente colombiano y procesos como el Congreso de los Pueblos (CDP) han sido víctimas de esta práctica. En abril de 2018, 33 líderes y lideresas de diferentes organizaciones que hacen parte del CDP y el Proceso de Comunidades Negras (PCN), fueron detenidos y judicializados el mismo día, con cargos como concierto para delinquir, narcotráfico, lavado de activos y rebelión, la gran mayoría eran o habían sido alcaldes, personeros y directivos de procesos sociales. Antes de una semana varios de ellos y ellas estaban en libertad y meses más tarde no había uno solo en prisión. Sin embargo, muchos de ellos y ellas sufrieron el trauma de la pérdida de la libertad, del terror, el miedo y la estigmatización y se aislaron de sus procesos sociales.

En los departamentos de Arauca, Casanare y Meta, desde agosto de 2002, han sufrido el martirio de estar privados de su libertad física, más de 2.000 personas, que fueron mandadas a las diferentes cárceles del régimen, pasando periodos largos de cruel prisión, unos más que otros. Si lo sumamos con los que recibieron “detenciones administrativas”, sin llegar a actuación judicial alguna, ascienden a una escandalosa cifra que supera los 10.000 casos. Este ejercicio continúa y utiliza las leyes como la 1453 de 2011, llamada de “seguridad ciudadana” y la 1908 de 2018, para darle un tratamiento de guerra a los liderazgos comunitarios. Además, las empresas financian acciones criminales y pagan para que el aparato institucional proceda en su favor. En ese sentido se han firmado casi dos mil convenios de cooperación entre la industria petrolera y minero energética, e instituciones como el ejército, la policía y la Fiscalía General de la Nación, los cuales permiten y sostienen las Estructuras de Apoyo-EDA, creadas desde 2001 y que han sido las encargadas de adelantar los procesos judiciales contra las comunidades por ejercer el derecho a la protesta, casi siempre, por incumplimiento de acuerdos. Las comunidades del Sur de Bolívar, y el Nororiente colombiano y Sur del Cesar, también han sido víctimas de esta práctica.

Homicidios selectivos y masacres
El departamento del Cauca es uno de los más afectados por el recrudecimiento de la guerra que promueve el Estado, entre otras, por su decisión de hacer trizas los acuerdos de paz y provocar la disputa de carteles del narcotráfico, paramilitares, grupos disidentes, fuerzas militares y guerrilla, por el control de economías del narcotráfico y la minería. En medio de esta disputa, el liderazgo social, el que tiene propuesta política y defiende el territorio para el campesinado, ha padecido el exterminio. Las comunidades organizadas en el Coordinador Nacional Agrario (CNA) asentadas en el Cañón del Micay, en el municipio de El Tambo, en Almaguer y Argelia, han sufrido desplazamiento, tortura, amenazas y asesinato. Desde 2013 hasta el 2020 han sido asesinados y asesinadas 16 líderes y lideresas. El año 2020 ha sido el más nefasto con 10 asesinatos, y el proceso Afrorrenacer del Micay el más golpeado por el genocidio.

En Cajibiio, Cauca, entre el 19 de noviembre de 2000 y el 15 de enero de 2001, fueron perpetradas tres masacres en El Carmelo, La Pedregosa y la Rejoya, por miembros de las autodefensas del Bloque Calima bajo el Mando de Eveth Velosa alias HH, con apoyo del ejército nacional, el Gaula y algunos hacendados. En total fueron torturados y masacrados 14 campesinos. Recientemente, en enero y febrero de 2021, la Fiscalía 75 de la dirección especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos declaró crímenes de lesa humanidad las masacres de la Rejoya y la Pedregosa.

Estos son solo algunos datos e información parcial del proceso genocida del que ha sido víctima una parte del campesinado y algunos de sus procesos en Colombia. No obstante, podemos afirmar que la totalidad del movimiento campesino ha sufrido el genocidio durante cerca de dos siglos, sus perpetradores están aún al mando del Estado nación, ese que construyeron a sangre y fuego. Hoy más de siete millones de desplazados taladran en los sentimientos, en la carne y los huesos de un grupo nacional, cuyo objeto y razón de ser, aparte de proveer el alimento a todo un país, ha sido proponer la transformación de toda la sociedad hacia un modo de producción justo, equitativo, de buen vivir y de armonía con la naturaleza y el planeta.

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Olimpo Cárdenas Delgado

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