Las razones de la violencia en el cañón del Micay

Las comunidades campesinas en el Cauca han estado en medio de la guerra, su lucha por construir condiciones de vida digna incomoda a los violentos, a los poderosos, a quienes se lucran de la desigualdad y del negocio de la guerra. Hace aproximadamente un año, en abril de 2020 recibíamos la noticia de los asesinatos de Teodomiro Sotelo y Andrés Cansimanse, líderes sociales vinculados al Coordinador Nacional Agrario de Asocumunal y el consejo comunitario Afrorenacer que hacen presencia en el cañón del Micay, más exactamente en los Municipios de Argelia y El Tambo en el Cauca.

Sus asesinatos ocurrían en medio de una conflictividad militar que toca a las comunidades campesinas de la zona, para ese momento la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que buscaba advertir sobre la grave situación en ese territorio y el riesgo que estaban corriendo las comunidades.
Entonces las disidencias de las FARC con su frente Carlos Patiño, la columna móvil Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos se habían reinstalado en el territorio de forma hegemónica y comenzaban una disputa armada con otras estructuras militares; la segunda Marquetalia, al mando del Paisa, Iván Márquez, y Jesús Santrich (de las que se dice que es más su fama que su capacidad militar); las AGC con el clan del Golfo; el ELN con su frente José María Becerra; y el Ejército Nacional fundamentalmente el batallón de infantería No 56.

Esta disputa tiene como elemento sustancial controlar las rentas provenientes del narcotráfico. En el territorio, entre los Municipios de Argelia, El Tambo y Balboa existe un aproximado de 12 mil hectáreas sembradas de coca, además de cientos de laboratorios de producción de cocaína y enormes posibilidades de comercialización dadas por los afluentes navegables del cañón del Micay hacia el Océano Pacífico, la conexión vial con el norte del Cauca y la cercanía con la vía Panamericana.

También en abril del 2020 mientras se desarrollaba una reunión del consejo comunitario Afrorenacer en el Tambo, hombres del frente Carlos Patiño irrumpieron en el espacio para asesinar a Jesús Riascos y Sabino Advincula, y amenazar a los demás integrantes del consejo comunitario con la muerte. Después de esto, se han conocido múltiples hechos de victimización a la población campesina de la región, entre ellos, amenazas, asesinatos, desplazamientos individuales y colectivos, y vulneraciones a sus derechos de libertad, participación política, movilidad e incluso el uso de herramientas de comunicación.

Actualmente más de 2000 personas se desplazaron del corregimiento del Plateado en Argelia hacia la cabecera municipal por la agudización de los enfrentamientos. Esta realidad es el resultado de un conflicto territorial bélico que se ha ido profundizando por las condiciones en las que se encuentra el territorio: la presencia de cultivos de coca, la producción y comercialización de cocaína; su ubicación estratégica para el tráfico de armas, el paso tropas de ejércitos legales e ilegales; el fracaso de la implementación del PNIS, y de las propuestas consignadas en los PDET; y el abandono histórico del Estado que configura las causas de una población que responde a las dinámicas de la ilegalidad por la falta de alternativas económicas y sociales en la región.

De acuerdo con las versiones de campesinos de la zona, la llegada de la primera estructura de las FARC a este territorio se dio hace aproximadamente 30 años, 15 años después llegó el ELN y comenzó la disputa por el control territorial, que se extendió por más de 6 años provocando la instauración de fronteras invisibles sobre las cuales estas dos guerrillas se dividieron el territorio.

Sin embargo, la conflictividad en el cañón del Micay, no puede reducirse únicamente a la presencia de actores armados que se disputan las rentas ilegales del narcotráfico. Según relata un campesino de la zona actualmente desplazado en Popayán, es necesario ver los conflictos territoriales de forma compleja, no como problemáticas aisladas, ya que el Proyecto Arrieros del Micay también representa un interés económico ligado a la búsqueda de control territorial por parte de los actores armados, y aunque se encuentra en la parte baja del Micay tiene una conexión con toda la cuenca.

Este proyecto hidroeléctrico está siendo impulsado desde la década del 80 y tiene como objetivo represar el río inundando todo el consejo comunitario Afrorenacer y afectando de manera grave las condiciones ambientales, sociales, económicas y culturales de la cuenca y las micro cuencas del río del Micay.

Aunque este proyecto no ha sido desarrollado, el primer volumen de estudios de factibilidad se publicó en 1988 dando aval para la construcción del mismo, sin embargo, la oposición férrea de las comunidades en el San Juan del Micay ha sido tan contundente, que ha permitido frenarlo por años, pero posterior a la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, se vivió una desescalada del conflicto y comenzaron los procesos de reactivación del proyecto.

Actualmente es evidente que el accionar de los grupos armados, especialmente de los reconocidos como el frente Carlos Patiño y las columnas móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, es una estrategia de amedrentamiento a las comunidades organizadas que se han opuesto históricamente al desarrollo de la hidroeléctrica.

Los procesos vinculados al CNA han estado en la mira de estos actores armados por tres razones importantes; i) se han declarado en oposición al desarrollo de dicho proyecto, ii) han estado en la búsqueda y construcción de alternativas de sustitución a los cultivos de uso ilícito, sin desconocer que representan la base económica fundamental del campesinado en la región, y iii) piensan y desarrollan propuestas encaminadas a la construcción de calidad de vida con un enfoque autónomo y soberano.

Para algunos habitantes de la región la llegada del Gobierno de Iván Duque impulsó de manera contundente la vulneración de los derechos humanos y la reaparición de grupos paramilitares, que agudizaron su ataque a la población en un ejercicio de genocidio político que tiene como objetivo desestructurar las organizaciones sociales del territorio para evitar cualquier tipo de resistencia social frente a los intereses económicos.

Algunos miembros de las diferentes organizaciones sociales de la zona, expresan que las llamadas disidencias de las FARC están atentando en contra del movimiento social y no tienen ningún objetivo político asociado a las apuestas ideológicas que han perseguido las guerrillas en el país, sino que responden a una serie de intereses económicos vinculados con las utilidades de las que se lucran las élites en Colombia.

Para las organizaciones sociales, estas estrategias bélicas en la región tienen un horizonte de acción vinculado a generar condiciones para desarrollar del Plan Pazcífico por medio de un genocidio que evite posibles resistencias sociales en el futuro. Se cree que este conflicto que ha ido escalando a niveles alarmantes desde hace un año y medio aproximadamente, se extienda por un periodo de 5 o 6 años más en la región.

Frente a esto, es importante anotar que las comunidades que se encuentran en medio de las disputas entre los grupos armados quedan a merced de sus disposiciones normativas, y de acuerdo a ellas adaptan su comportamiento. Muestra de ello es el desplazamiento de los liderazgos sociales de las distintas organizaciones, y la pausa evidente en la que quedaron sus apuestas y desarrollos organizativos, políticos y productivos con la avanzada de control territorial que ha ido ganando el frente Carlos Patiño en la región.

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