Vandalismo mediático

Desde el 28 de abril se vienen presentando en el país movilizaciones multitudinarias en rechazo a las políticas sociales y económicas, implementadas por el gobierno de Iván Duque. Los manifestantes, desde el inicio de las protestas, declararon paro nacional indefinido hasta alcanzar acuerdos, sobre un pliego de emergencia que fue presentado hace más de un año, en el marco de la pandemia originada por la Covid-19. Estas masivas marchas, podríamos decir, son la continuidad de las que se realizaron en noviembre de 2019, que duraron un par de semanas hasta que se declaró cuarentena general. A nuestro parecer, este es un ciclo de protestas antineoliberales, porque no solo son en contra de una reforma tributaria, sino que son levantamientos que rechazan los resultados nefastos que ha dejado la aplicación, a sangre y fuego, del recetario neoliberal en amplias capas de la población. Las movilizaciones, por su masividad y permanencia, son las más importantes en la historia reciente del país, lo que las convierte en un hecho de suma importancia para el presente y futuro de la nación.

El cubrimiento mediático de estos levantamientos y movilizaciones populares, ha sido lamentable y vergonzoso. Esto no debería sorprender, teniendo en cuenta la actuación de los grandes medios en situaciones sociales y políticas similares. Sin embargo, lo que ha sucedido en los últimos 15 días es muy preocupante, porque atenta contra el derecho a una información veraz. Lo realizado por los medios de comunicación tradicionales lo podríamos catalogar como un tipo de vandalismo mediático.

Estigmatización
Con la llegada de las movilizaciones a lo largo y ancho del país, los medios masivos de comunicación tradicionales se enfocaron en los desmanes y enfrentamientos –generados e incentivados por la policía en su mayoría–, que se presentaban en el final de las marchas entre manifestantes y las fuerzas represivas del Estado. Redujeron todas las protestas y marchas multitudinarias, a actos “vandálicos”, frase repetida hasta la náusea en los noticieros del país. Durante la emisión de estos noticieros, que en promedio duran 2 horas y media, una parte importante de la transmisión, es dedicada a la infiltración de “vándalos” y a los daños que producen en las ciudades. Esa categoría de “vándalo” es bastante cuestionable para explicar lo que sucede en las calles. Como dice el periodista Juan Cárdenas,

“no veo «vándalos» por ninguna parte. A lo sumo veo gente desesperada, gente hambrienta, veo muchachos que, sin ninguna otra oportunidad, se unieron a un combo de ladrones y ahora pescan en el río revuelto de las protestas y la permisividad de las fuerzas estatales; veo personas a las que se les ha negado cualquier otra forma de vida desde su infancia, sin acceso a los derechos más elementales en uno de los países más desiguales del planeta, sistemáticamente excluidos de cualquier beneficio estatal, acostumbrados a vivir al margen de eso que nosotros, desde el bando correcto de la mercancía, llamamos un estado social de derecho”.

Nula atención se les ha dedicado a las motivaciones, la diversidad, amplitud y complejidad del movimiento social que se ha desplegado en los últimos días, simplificando, hasta el absurdo todo este estallido ciudadano a un asunto de “vandalismo”. Es una salida fácil y superficial que le evita al televidente o lector el ejercicio de pensar, cuestionar sobre las noticias que le presentan y el contexto en el que vive. Impide analizar y produce pereza mental en la opinión pública.

Esta tergiversación de los acontecimientos conlleva a una equiparación entre protestante y vándalo, que cala en las audiencias de estos medios de comunicación y les inducen a creer que aquel que se moviliza es un agente de destrucción y caos, más no un sujeto que lleva a cabo una práctica política y social al manifestar su inconformismo. Este tratamiento de los hechos es profundamente desequilibrado y sesgado, produciendo miedo y terror en el televidente u oyente, y desalienta su participación en el espacio público, al percibir las movilizaciones como sinónimo de violencia y destrucción. Esta distorsión de la realidad, tiene claras intenciones políticas e ideológicas, ya que los conglomerados mediáticos dominantes del país, poseen una agenda noticiosa que es dictaminada por sus dueños –poderosos políticos y empresarios– y responde a intereses particulares, por ello no es extraño que se deslegitime y satanice la protesta social, sobre todo si esta cuestiona al orden social establecido y a los grupos en el poder.

Otro punto que es necesario resaltar, es cómo estos medios de comunicación, han sido caja de resonancia para la estigmatización ejercida por parte del gobierno de Iván Duque. Durante quince días de paro nacional, las autoridades han señalado que las manifestaciones y protestas, son financiadas e infiltradas por milicianos del ELN, disidencias de las FARC y por el gobierno de Nicolás Maduro. Afirmaciones que ni siquiera son cuestionadas o contrastadas y mucho menos criticadas por estos medios. Las pruebas presentadas para reforzar estas noticias son bastante flojas y, en algunos casos, no son mostradas. Esto conlleva a una peligrosa estigmatización porque señala al manifestante como guerrillero o terrorista, que busca derrocar al gobierno de turno. Por ello es constante leer en las mal llamadas redes sociales y escuchar en algunos sectores políticos y sociales, que las protestas y los que hacen parte de las movilizaciones son guerrilleros vestidos de civil, situación que ha justificado la brutal represión ejercida por la policía y el Estado. Allí vemos una reactualización de la doctrina contrainsurgente y anticomunista que ahora concibe al protestante como el “enemigo interno” que es legítimo aniquilar. Los medios masivos de comunicación ni se inmutan ante tal desenlace, puesto que repiten y machacan el mismo tema durante todo el día en radio, televisión e internet.

 

Noticias falsas
Los medios masivos y tradicionales de comunicación, también han utilizado las noticias falsas para desinformar y crear confusión entre sus audiencias durante el paro nacional. El canal RCN, por ejemplo, en su emisión de noticias de las 11 de la noche del viernes 30 de abril, afirmó que “Les vamos a mostrar cómo reaccionaron decenas de caleños, frente a la decisión de Iván Duque de modificar el texto de la reforma tributaria. Miremos: con arengas, cantando el himno de Colombia y de la ciudad, en distintos puntos, celebraron el anuncio, pero también ha enardecido las riesgosas aglomeraciones que se registraron. Una vez más, en Noticias RCN, reiteramos que celebramos la protesta pacífica pero jamás la violencia como forma de manifestación". En el video que acompañó la nota periodística, se veía a una masiva congregación de manifestantes, que como se supo pocas horas después, no estaban celebrando ninguna modificación a la reforma tributaria ni su retiro del congreso, sino todo lo contrario, era una movilización de solidaridad con las personas de Puerto Resistencia –lugar brutalmente atacado por la policía–, por la salida de la zona del ESMAD, contra la represión y por la continuidad del paro en el país. Sectores movilizados en la ciudad de Cali exigieron una retractación al canal por la difusión de esta noticia falsa, que tenía la clara intención de manipular a la opinión pública.

El director de noticias de ese canal, José Manuel Acevedo, ante las quejas realizadas desde diferentes movimientos sociales y ciudadanos, dijo en una emisión del noticiero del 1 de mayo, lo siguiente:


"A propósito de esa noticia publicada anoche en nuestra emisión de las 11:30, en la que registramos una celebración de los manifestantes de Cali después de conocerse la decisión del Gobierno de modificar aspectos sensibles de la reforma tributaria, quiero ser claro: hablamos de una reacción de las personas que estaban congregadas y celebraban una victoria de ellos frente al Gobierno, y no un triunfo del Gobierno, siendo conscientes de que la gente que allí protestaba no estaba aplaudiendo al Ejecutivo. Dejo esta claridad expresa y ratifico que seguiremos informando con seriedad, como siempre lo hemos hecho".

Esta fue una retractación a medias y muy cínica, al afirmar que el canal informaba con “seriedad”. No hubo una condena rotunda por esta evidente noticia falsa, ni por la tergiversación de los hechos que a todas luces buscaba desinformar a la audiencia, haciendo creer que la manifestación y celebración, era por las dadivas del gobierno de Iván Duque al retirar unos puntos de la reforma tributaria.

Con la adhesión de grupos de camioneros al paro, se presentaron algunos bloqueos en distintas vías nacionales. Los medios de comunicación rechazaron lo que para ellos era la violación a la circulación y al trabajo, debido a los taponamientos de carros de carga e insistieron en los graves problemas de desabastecimiento, que se estaban presentando en ciudades y regiones del país. En redes sociales, distintos medios promocionaron el numeral “marchas sí, bloqueos no”, en donde se señalaba y estigmatizaba a los camioneros y se les responsabilizaba del hambre y la escasez. Caracol radio, el 10 de mayo, en su emisión de la mañana, afirmó que Bogotá sufría desabastecimiento por culpa de los bloqueos y por ello los precios habían empezado a subir. Decían que solo ingresaron un 33% de los camiones con alimentos a Corabastos. Ante estas aseveraciones, la periodista de la W Radio, Karen Bohórquez, salió a desmentir esas noticias con datos de la misma central de abastos.

La reportera, en su perfil de Twitter, escribió “¡Ojo! Corabastos informa que los vehículos con alimentos han ingresado sin problema a la central. No hay desabastecimiento en Bogotá. Hoy ingresaron 993 camiones y se han normalizado los precios. Desde el fin de semana ha ingresado en promedio 7.844 toneladas diarias de alimentos a Bogotá”.

Se trataba de una noticia falsa, que tenía un objetivo claro, desvirtuar el paro nacional, estigmatizarlo y culparlo de un supuesto desabastecimiento en la capital del país. El libreto ha sido repetido hasta el hartazgo, en estos medios de comunicación casi no se habla de la profunda crisis de los transportadores por los elevados costos de los peajes, de la gasolina y de los fletes; tampoco, de la situación de miles de campesinos arruinados por las deudas y los altos precios de los insumos y los bajos precios de los alimentos que comercializan. Esto parece no importar, solo les interesa satanizar al movimiento social y popular que se expresa en las calles y vías.

Ocultamiento y omisión
En el transcurso del paro nacional se han presentado hechos de suma gravedad que comprometen a las fuerzas represivas y al gobierno de Iván Duque. Hacemos referencia a la violación de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que se materializan en crímenes de lesa humanidad y que se suman al prontuario criminal del Estado colombiano, campeón mundial en este campo. La cifra de muertos en medio de las movilizaciones asciende a 43, 40 a manos de la policía y el Esmad, según datos de organizaciones sociales; 22 casos de violencia sexual contra mujeres; más de 500 desaparecidos; 28 víctimas con pérdida de alguno de sus ojos y más de 2000 detenciones arbitrarias. Ante estos dramáticos datos, los medios de comunicación tradicionales han adoptado una actitud pasiva, dedicando muy poco tiempo a los sucesos que involucran a la policía. Algunos reportajes aislados y pare de contar. ¿Más de 40 muertos no significan nada? ¿Por qué los medios no realizan investigaciones serías sobre esto? ¿Por qué no hay reclamos vehementes ante las autoridades? ¿Estas muertes, no configuran una masacre?

Algo similar ha ocurrido con las denuncias realizadas por manifestantes, que documentan la infiltración de policías de civil cometiendo desmanes y saqueos en las movilizaciones, situación que hasta el momento no tiene eco en

estos medios. Mucha menos atención ha tenido la información y evidencia que muestra a policías, también de civil, disparando a protestantes. En la ciudad de Cali circularon vídeos que mostraban a policías de particular bajando de furgones y abriendo fuego hacía las personas que estaban en puntos de concentración apoyando el paro nacional. No hay investigaciones concretas por parte de los grandes medios, a pesar de existir evidencia material sobre la actuación criminal de las autoridades policiales. Bastó solo con la versión oficial del comandante de policía de Cali, que ni se contrastó ni corroboró. ¿Denuncias tan graves, no merecen toda la atención de los grandes medios?

El 9 de mayo, también en la ciudad de Cali, la minga indígena que había llegado días antes desde el Cauca, para acompañar a las personas que se encontraban en resistencia y apoyando el paro, fue atacada por un grupo de civiles que se desplazaban en camionetas portando armas de fuego de corto y largo alcance. El resultado que dejó el asalto fue de diez indígenas heridos, tres de ellos de gravedad que fueron trasladados a centros de salud de la ciudad. Integrantes de la minga relataron cómo estos individuos les disparaban desde los automóviles y, algunos de ellos, lo hacían a pie con la complicidad de agentes de policía.

En vídeos que fueron gravados por ciudadanos, se observa a estos criminales vestidos con camisetas blancas disparando contra la minga indígena. Varios de estos sujetos lo hacían al lado de policías, sin que estos intentaran detenerlos o impedir que siguieran atacando a los indígenas. No hubo detenidos por estos sucesos a pesar de que la policía lo podría haber hecho, ya que, literalmente, las personas que disparaban permanecieron, la mayoría del tiempo que duró el ataque, muy cerca de la policía, casi que en complicidad. ¿Por qué la policía protegía a paramilitares urbanos? ¿Por qué no hubo detenciones?

Los medios de comunicación culparon a los indígenas afirmando que la minga había provocado a un grupo de personas o “gente de bien” y habían ocasionado desmanes y caos en un sector de la ciudad, afectando la propiedad privada. Se hizo escaza mención al hecho de que personas de civil, en camionetas dispararan a la minga indígena, dejando diez heridos. Nula fue la información sobre policías protegiendo a este grupo paramilitar y no se dijo nada de por qué no había capturados o detenidos por el acto criminal. Toda la responsabilidad recayó sobre la minga indígena que fue conminada, desde el gobierno de Iván Duque, a devolverse al Cauca, sin ni siquiera condenar el ataque realizado por parte de grupos armados ni abrir investigaciones.

La minga tuvo que retirarse de la ciudad de Cali. Se le prohibió regresar ya que se cerraban las fronteras del departamento del Valle del Cauca. En tono racista, autoridades gubernamentales dijeron que los indígenas debían permanecer en sus resguardos y que no debían movilizarse. El ocultamiento y omisión de información por parte de los medios de comunicación debería catalogarse como violencia mediática, porque ofrece una mirada unilateral y sesgada de la realidad que, a su vez, deriva en desinformación y manipulación e induce a la opinión pública a caer en el espacio de la estigmatización, como en el caso de la minga indígena.

Se necesitan más medios de comunicación que ofrezcan una mirada amplia y diversa de la realidad, que informen desde las múltiples voces y fuentes. Los grandes conglomerados del país, cumplen una función antidemocrática y eso ha quedado demostrado en estos 15 días de paro nacional, porque impiden la materialización del derecho a la información veraz. A su vez, es de suma importancia darles más visibilidad a los medios de comunicación comunitaria y popular que, con mucho esfuerzo, realizan un cubrimiento más democrático de los hechos que han sucedido durante el paro nacional.

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Giovanni Rivera Huertas

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