El viacrucis de la minería tradicional

En Colombia la minería ancestral y tradicional existe desde antes de la conquista y se ha mantenido hasta nuestros días. En Antioquia existe algo denominado “el anillo de oro”, una extensión de tierras que suman aproximadamente la tercera parte del departamento, el cual está formado por las subregiones del Nordeste con 854.400 hectáreas, comprendidas por: Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí, Yolombó; y en el Bajo Cauca con 841.500 hectáreas comprendidas por: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. Allí se ejerce la minería artesanal y tradicional a pequeña escala por parte de los pequeños mineros, estos mismos generan una economía propia en la región, beneficiándose desde el arriero, el aserrador, el pequeño comerciante hasta un grupo de mujeres llamadas “las chatarreras”, que aprovechan los desperdicios dejados por los pequeños mineros. Pese a todos estos beneficios sociales, económicos y culturales que se dan a partir de esta actividad, y el impulso económico que dan a las regiones, los mineros se ven afectados por la persecución y criminalización del estado colombiano hacia los campesinos agromineros.

El campesinado históricamente ha sido víctima de despojo, señalamiento y estigmatizaciones, un protagonista más en el conflicto armado, político, social, cultural y económico que vive el país. La falta de políticas públicas que apoyen y beneficien el sector agrario, se debe en algunos casos a los intereses particulares de quiénes pretenden entregar el país en concesión a empresas extractivistas y multinacionales o a terratenientes para siembra de monocultivos, omitiendo a las comunidades que viven allí y que se ven afectadas directamente por esas empresas que encuentran un valor económico en ellas. En otros casos se debe al desinterés del Estado en conocer y atender las necesidades reales de las comunidades campesinas y sus territorios que son excluidos y marginados, no tienen vías de acceso y el Estado solo hace presencia a través de las fuerzas militares.

Las medidas represivas ejecutadas por parte del Estado en contra de los campesinos agromineros, parten del supuesto de que la minería artesanal y tradicional son generadoras de violencia y de acciones ilegales, ubicándola en la misma línea del narcotráfico y las insurgencias, situando al campesino agrominero en el centro del conflicto, limitando las posibilidades que tiene de realizar su actividad ancestral y de ser reconocido como sujeto político de derecho. Adicional a esto, las acciones del Estado han interiorizado en el país la imagen de un campesino criminal que cambia su vocación natural de siembra por la explotación “ilegal” de recursos auríferos.

Dentro de los ejercicios de deslegitimación existe el “marketing punitivo”, este se encarga de desprestigiar y estigmatizar al campesino agrominero, ya que genera información errónea sobre las prácticas de la minería ancestral y tradicional, e inserta discursos vacíos sin ningún fundamento, y replica ideas falsas hasta convertirlas en “reales”, utilizando términos como: “depredadores ambientales, minería ilegal, minería de subsistencia”, y demás adjetivos peyorativos, que buscan ocultar el impacto ambiental generado por los proyectos extractivistas de multinacionales como: Drummond Colombia, Anglo Gold Ashanti, Gran Colombia Gold, Mineros S.A y demás empresas que explotan el suelo y el subsuelo de los colombianos. Las prácticas capitalistas de estos gigantes, aumentan las condiciones de pobreza arruinando la economía de la región, exportan el oro y demás minerales para comercializarlos directamente en el mercado internacional, ya sea de manera legal o ilegal.

La condición extractivista sitúa la relación del hombre con la naturaleza para la extracción de recursos no renovables y no para su cuidado y protección, estos recursos, dentro de las lógicas del capitalismo deben responder ferozmente solo a la acumulación de capital. Con base en esto, en Colombia se han otorgado licencias para exploración y explotación de auríferos en territorios habitados por comunidades que extraen el mineral de manera tradicional y artesanal, generando una relación problemática entre los valores extraeconómicos que tienen las comunidades locales y la condición del medio ambiente. El problema entonces no es que no se puedan generar recursos, sería un poco inocente pensarlo, más aún en un contexto global que ha coaptado y sumergido las formas de vida sociocultural en relación con las lógicas del capital. Sin embargo, se hace necesario por el bien de las comunidades y el territorio, repensarse el paradigma capitalista donde lo económico es el valor hegemónico, se debe proponer un giro que permita virar las formas de ser y hacer, tejer una relación entre el hombre y la naturaleza que permita un equilibrio ecológico y se garantice la permanecía de las comunidades agromineras en el territorio, se respete su arraigo y su identidad.

La lucha de las comunidades campesinas agromineras ha exigido que se legitime su actividad ancestral y tradicional, y se reconozca al campesino como sujeto político de derecho. Además que se desmonte o se modifique la ley 2da de 1959 y se deje de legislar en contra de estas comunidades, es por ello que en el marco del paro nacional se realizan movilizaciones en algunos municipios de Antioquia: en Caucasia se concentran campesinos agromineros del Nordeste, Bajo Cauca antioqueño y Córdoba, exigiendo el retiro de los proyectos de ley 059 de 2020 y 283 de 2019, debido a que no existe una distinción efectiva entre la minería ancestral y tradicional de la minería ilegal y tratan un problema social a través de una política criminal.

Es la ley la que debe adecuarse a los territorios, no los territorios a la ley.

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Laura Bohorquez

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