Alimentar la dignidad

El miércoles 28 de abril del 2021 diversas organizaciones sociales, sindicales, gremiales, estudiantiles, ambientales y políticas dieron comienzo a una jornada de Paro Nacional, protagonizada por marchas multitudinarias y diferentes manifestaciones artísticas en todo el territorio colombiano desde las grandes urbes hasta las zonas rurales; convirtiéndose especialmente el Cauca y el Valle del Cauca en puntos de resistencia, debido al tesón demostrado en la fortaleza y unidad popular de sus gentes ante la represión militar con la que fue atacada la protesta social.

El Paro se extendió sin preverlo por casi dos meses. El resultado de la última encuesta de Invamer, para abril y mayo del 2021, resalta que más del 70% de la población encuestada apoya el Paro y más del 50% dice que su economía no se ha visto afectada a causa de este. La situación ha alcanzado la categoría de “Estallido Social”, en donde la chispa que encendió la motivación para protestar enérgicamente y a la que muchos denominan como “El segundo florero de Llorente”, fue la opinión de quién era Ministro de Hacienda y dijo en una entrevista que una docena de huevos podría costar 1.800 pesos, justamente en medio del proceso de implementación de una reforma tributaria, por parte del nefasto y despótico gobierno de Iván Duque. Esta tenía contemplado mantener grandes exenciones a los sectores más ricos; gravar alimentos de primera necesidad como pollo, huevos, café, leche y arroz, entre otros, en hasta un 5% afectando a las personas más pobres; además de un impuesto a la renta para quienes ganaran un poco más de dos millones de pesos, lo que incrementaría aún más los índices de pobreza en una sociedad sin condiciones de vida digna, que todavía busca recuperarse del golpe que ha significado resistir la pandemia del Covid-19.

Las dinámicas de la movilización popular han incluido marchas, plantones, espacios de deliberación, ollas comunitarias, conciertos, actividades en medio de las vías, bloqueos, actos simbólicos como retirar estatuas o hacerles performance artístico. Este año las calles traían la energía añejada desde el 2019, cuando la pandemia llegó para silenciar una gran movilización social que se alzaba en contra de las políticas de Duque en su gobierno ilegitimo y los pulsos del 2020 tras la indignación por la brutalidad policial. A los pocos días de haber iniciado el Paro Nacional, los medios de comunicación tradicionales –El Tiempo, Semana, Caracol, RCN, La Republica…– comenzaron a enfatizar sus notas en el “desabastecimiento” de alimentos, combustibles, insumos médicos e industriales, a causa los bloqueos del Paro Nacional. Ciudades como Cali, Armenia, Bogotá, Tunja, Popayán, Quibdó, Villavicencio y Pasto reportaron haber sido de las más afectadas. Sin embargo, aunque la mayoría de publicaciones consultadas resaltaban los bloqueos y el vandalismo, poco se dice sobre los efectos particularmente del Paro camionero y del cierre del Puerto de Buenaventura; siendo esta última situación la de mayores consecuencias en términos del abastecimiento en general para diversos sectores económicos. En materia de abastecimiento de alimentos a las plazas mayoristas de las principales ciudades, según se puede corroborar en los informes del Boletín semanal de las Mayoristas, elaborados por el Sistema de Información de Precios del DANE, ciudades como Popayán, Cali e Ibagué presentaban disminución en el acopio de productos agrícolas una semana antes de comenzar el paro, luego durante la primera semana de Paro se registró disminución de casi un 97% en Ipiales y Cali, siendo Pereira y Neiva las otras ciudades más afectadas sin llegar a superar el 60% en la caída del abastecimiento agropecuario; pero para mediados de mayo en adelante se registra en general un aumento en el acopio a nivel nacional de frutas, tubérculos, verduras, hortalizas, carnes y granos.

El gobierno de turno y los gremios de más poder económico hacen uso hace uso del aparato del Estado para su propia conveniencia, al puro estilo de un modelo plutócrata que está siendo increpado con valentía y fundamento en las calles populares y los espacios simbólicos. El establecimiento del orden se ve acorralado y adopta una estrategia mediática basada en el miedo; en alianza con los medios tradicionales articulan discursos y notas para vender la amenaza del estante vacío, buscando desvirtuar la movilización social cuando la hacen ver como responsable de la crisis. En propagandas dramáticas por televisión ahora sí mencionan al campesino que no pudo sacar su cultivo, al empresario que tuvo que cerrar por falta de insumos, al avicultor que tuvo que sacrificar sus animales.

Es por ello que desde el gobierno aprueban la “solución” de reprimir la obstaculización a las vías, basados en la vulneración al derecho de movilizarse y de poder acceder a bienes de primera necesidad. Los medios replican el mensaje pero evitan cubrir con detalle que esa misma vulneración a derechos fundamentales es una constante para millones de personas en barrios y veredas que están desconectados de servicios públicos, y sin vías de acceso que condenan la producción labrada a bloqueos eternos. Se alzan al unísono las voces de gobernantes, funcionarios y periodistas: “Basta!", no soportan ni toleran una barrera más en las carreteras, a tal grado que el decreto que reglamenta y tipifica la protesta social, en categoría de pacífica, fue modificado para incluir como acto violento y de combate dejar en la vía objetos que obstruyen la movilidad. Pero olvidan o se empeñan en no atender las barreras sistemáticas que han puesto en la movilidad social para acceder a educación, salud y alimentación digna, lo que ha tenido a la población cada día más empobrecida.

Las pérdidas económicas que reportaron gremios como la ANDI, Fenalco, Fendipetroleo, Agronit, la SAC y el Ministerio de Hacienda, alcanzan cifras de hasta 15 billones de pesos a un mes de comenzado el Paro, demostrando que bajo condiciones normales de movilidad se desplazan por las carreteras volúmenes colosales de dinero ajeno al pueblo, tal como se lo han dejado ver a la población manifestante que bloquea la circulación de mercancías. Destinada la movilización social a tener un trato bélico bajo la llamada “asistencia militar”, a pueblos y ciudades llegaron también las prácticas terroristas de amenazas, emboscadas y asesinatos; desde la represión estatal y el accionar paramilitar. Por ejemplo, en la vía Panamericana han ocurrido barbaridades a como dé lugar, con tal de despejarle la vía a los contenedores represados en Buenaventura. La misma mercancía picante que en su paso por el Puerto, ha dejado un paisaje de profunda inequidad durante más décadas que los días que lleva este Paro Nacional. Cabe anotar que en los momentos más críticos se habilitaron pasos de corredores humanitarios para el tránsito de alimentos e insumos médicos, dinámica que se alcanzó desde diálogos locales con primeras líneas y las comunidades en resistencia.

En el sector de la salud se llegó a presentar escasez según el gremio, especialmente de oxígeno y dispositivos importados como respiradores. El ministro de Minas, Diego Mesa, en reiteradas ocasiones se pronunció desde los medios para dar cuenta de la disminución en la capacidad de abastecimiento de combustibles como gasolina y diesel en ciudades y municipios, especialmente del sur del país, resaltando que se encontraban en “mínimos críticos”. En el sector industrial también se presentaron problemas debido a la falta de materias primas como cobre, acero, resinas, solventes, polímeros, entre otros; materias primas con origen principalmente en la cadena de abastecimiento que ofrece el puerto de Buenaventura, complejo de carga marítima internacional por el que transita anualmente el 60% de la mercancía de exportación e importación de Colombia, y levanta sus cimientos en un municipio sumido en la pobreza y la miseria.

Este tipo de situaciones nos llevan a reflexionar sobre las dinámicas de consumo y dependencia a las que nos hemos visto condicionados como sociedad. La interdependencia entre regiones productoras de alimentos en Colombia, es fundamental para el abastecimiento integral de productos que hacen parte de la canasta familiar, la altura y la geografía determinan en la mayoría de las regiones su vocación agrícola, debido a esto, una situación de bloqueo en diversos puntos estratégicos del país conlleva a la escasez de algunos productos en regiones enteras. En el Caribe se reportó escasez de frutas y verduras; en los Llanos Orientales de tomate, cebolla y papa; en Antioquia de harina, azúcar y carne; Cali presentó problemas de abastecimiento en casi todos los tipos de alimentos, pues todo llega de la ruralidad y los bloqueos rodeaban la ciudad. La provisión de alimentos para las ciudades fue un punto angular de los medios de comunicación tradicionales, para enfatizar en la crítica y el rechazo a los bloqueos, pues con la Panamericana bloqueada en varios puntos, así como algunas de las principales vías del centro del país el abastecimiento de algunos productos se vio truncado y algunas regiones se encontraron temporalmente desabastecidas de insumos y alimentos para la canasta familiar. Los productos perecederos fueron los más afectados, la producción avícola, pesquera y lechera en algunas regiones entró en crisis, por falta de alimentación para sus animales, sumando al vencimiento de los productos agrícolas de corta duración.

El desabastecimiento también se presentó en las cocinas de los colombianos pobres, Colombia alcanzó una cifra alarmante en el Índice de pobreza monetaria (IPM) del 42,5% para el 2020, según el DANE. Departamento que indicó además que 3,5 millones de personas entraron en el IPM entre el 2019 y 2020, y 2,9 millones entraron en el de IPME (pobreza extrema) en ese mismo periodo. Venimos año tras año empeorando en ese indicador, con el agravante de la pandemia y la corrupción que se ha dado en su transcurso. Situación que nos ha dejado para siempre grabado en la memoria imágenes como la un barrio, con decenas de banderas rojas colgando de sus ventanas. Hambre y muerte, silencio doloroso en las calles vacías, mercancías guardadas, puertos y aeropuertos cerrados por meses; pero aún en el tiempo del pico más preocupante de la pandemia, cualquier retraso de unos día, es motivo suficiente para generar pánico entre la población, instándola a desistir de su dinámica de movilización.

Se puede apreciar una perspectiva catastrófica, maquillando las notas informativas sobre las consecuencias económicas para las familias colombianas por causa de los bloqueos. Claudia López dijo: “...quedarnos sin comida no va a solucionar la crisis social...” cuando momento la capital registraba un aumento en el acopio de productos agropecuarios del 39,64% en las principales plazas de mercado, según el DANE. En paralelo y en medio de una jornada en donde reportaron más de 400.000 pérdidas de empleo a nivel nacional por causa del Paro, la compañía de alimentos a base de lácteos Alpina reportó en ganancias del año pasado más de 68.000 millones de pesos según Semana; y el 11 de mayo anunció el cierre de uno de sus centros de acopio en Sopó, Cundinamarca, según La República, por insostenibilidad debido a los bloqueos, pero según las redes sociales de la empresa solamente se cerró un día, los demás han operado normalmente. El cierre coincidió con su promoción de rechazo a la movilización social colorida, desde la marcha del silencio y expresiones de censura en las paredes populares borrando los murales artísticos de contenido político. No es difícil notar la alianza entre poderosos gremios económicos y los medios de comunicación tradicionales que transmiten sus mensajes alimentando sus discursos. La respuesta por parte de algunas empresas ante las dificultades que les ha generado el Paro, con tal de no asumir las pérdidas económicas y mantenerse en el top del mercado, ha sido la de cerrar la planta para no recibir y pagar productos a agricultores y ganaderos que no podrán vender, además del despido de personal en sectores económicos como la construcción y la metalurgia.

A su vez, es esencial reconocer que conforme ha transcurrido el paro se han dejado entrever las posibilidades de empoderamiento vinculadas a organizarse, a encontrarse en el sentir y el diálogo, a alzar la voz al unísono, a tejer vínculos de solidaridad entre los barrios, entre la gente del campo y la ciudad. Así pues se construyeron estrategias de co-cuidado cotidiano, como ha sido la de llenar los estómagos de los que resisten las embestidas de la fuerza pública y la mano invisible. Estrategias que operan en manos del poder popular, como los corredores humanitarios que buscan garantizar el paso de insumos básicos, así como las ollas comunitarias que han significado no solo el acto literal de dar comida a quienes no la tienen, sino que también se han configurado en espacios de contención, convergencia, reflexión y rescate de una gastronomía con identidad. Dinámicas que nos dejan ver a una sociedad que se entrega con empatía, solidaridad y fortaleza al servicio de los ideales mismos de la protesta y quienes la sostienen. Un ejemplo notable y esperanzador ha sido el suceso de la minga indígena llegando a Cali el 12 de mayo para apoyar a los distintos sectores del Paro Nacional, mostrando rotundamente el potencial de autonomía en los territorios. Una minga que llega con una potente presencia de hombres y mujeres en caravana y con la determinación de proveer de víveres a quienes ya llevaban varios días resistiendo.

Los lazos de apoyo que se han estrechado, fortalecido y evolucionado a lo largo del Paro en varios de los puntos del estallido, nos muestran una vía alternativa posible para caminar hacia una sociedad más resiliente que entre otras cosas, deje de depender de las estanterías de los centros comerciales y los puntos de acopio de productos sobre inflados que se trasladan cientos y miles de kilómetros, desde complejos industriales de producción y manufactura ubicados en otras regiones o países basados en la explotación de mano de obra barata y la depredación de los recursos naturales en los territorios.

La llegada de alimentos en tiempos de necesidad, desde fincas campesinas que históricamente han alimentado a las ciudades a pesar de la desvalorización de su ardua y extenuante labor, así como la existencia de las ollas comunitarias que brotan de una red popular de apoyo humanitario, en un entorno de confrontaciones agotadoras, proyectan una luz que y nos deja ver la existencia de un compromiso colectivo en evolución, entre los grupos más vulnerados de la sociedad para robustecer unas relaciones inter generacionales, sectoriales y territoriales, tejiendo relaciones que reclaman y buscan un modelo de producción y consumo socio económicamente justo, ecológicamente responsable y en concordancia con la cultura y memoria de cada región. Es por tanto que la soberanía alimentaria construida desde la base, debe ser un objetivo común pues sólo así se posibilita una posición más segura para continuar exigiendo que se respeten los derechos que por nacimiento y herencia, le pertenecen a la ciudadanía.

Hablar de soberanía alimentaria abarca no solo pensarla en términos de la suficiencia de los alimentos dispuestos al consumidor, sino que se vuelve trascendental considerar lo que implica el definir y conocer quiénes producen, en dónde producen, qué producen, cómo se produce, para quién se produce, para qué se produce, pues es en las respuestas a estos interrogantes que se basa la solución de problemáticas críticas como la pérdida de diversidad biológica y cultural, los daños a la salud de las personas y ecosistemas por pesticidas y fertilizantes, el aceleramiento del cambio climático, el hambre, el acaparamiento de tierras, las migraciones y desplazamientos, el endeudamiento y la pobreza de los campesinos. La construcción de la soberanía alimentaria es un llamado a la defensa de la vida misma y su autonomía, en un contexto en el que de manera globalizada se ha obligado en todos los niveles la adopción de un modelo de crecimiento económico desmedido y polarizado, que ha buscado a través de sus diferentes mecanismos, el control, la explotación y la mercantilización de las personas; desde sus mentes, su energía y sus cuerpos, hasta el acaparamiento de los territorios y los recursos naturales capitalizables de los ecosistemas.

Mencionaremos algunas de las iniciativas más reconocidas que han decidido caminar por una senda que nutre y materializa progresivamente, el logro de sistemas agroalimentarios más justos: la Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca, el Convenio Interinstitucional para la Producción Agropecuaria del Valle del Cauca (CIPAV), la Red Colombiana de Agricultura Biológica (RECAB), la Red de Semillas Libres de Colombia, Semillas de Identidad Colombia, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Asociación Agropecuaria de Caramanta (ASAP), la Fundación Viracocha, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), la Asociación de Pequeños Caficultores de la Marina (ASOPECAM), el Instituto Mayor Campesino (INMCA) y la Red de Agroecología de Nariño.

Es en estas iniciativas encontramos materializado el camino a la utopía en diversas acciones, tales como sistemas de producción agroforestal, obras para el cuidado del agua y el suelo, la fabricación de bioinsumos, casas de semillas, los huertos escolares y de traspatio, escuelas campesinas, certificaciones participativas, la articulación de circuitos cortos de comercialización y el establecimiento de mercados agroecológicos campesinos y generación de monedas locales. Es importante conocerlas y aprender sobre su visión del mundo, sus experiencias, las rutas planteadas, las formas de organización e incidencia horizontal, los instrumentos de investigación-acción, los mecanismos de articulación, así como también buscar la manera de adherirse a estos espacios de encuentro y construcción con los otros que también anhelan una sociedad más humana.

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