Las prisiones de Macondo

Generalmente, pensamos en la cárcel como una institución necesaria para la supervivencia del organismo social: como un ente de control y amenaza, con pretensión de rehabilitar al delincuente y prevenir el delito. Si bien en todas las sociedades humanas conocidas se han registrado mecanismos de castigo para preservar los principios morales de la colectividad, la cárcel, como hoy se nos presenta, tiene su origen en códigos legislativos de los siglos XVIII y XIX en Rusia, Prusia y Toscana. Es decir, es una creación relativamente reciente –no más de 300 años de existencia–. Es hija de la Ilustración. Los procesos ideales de la civilización occidental en la tierra americana demuestran una dinámica particular. En palabras de Alfonso Reyes: “América vive saltando etapas, apresurando el paso y corriendo de una forma en otra, sin haber dado tiempo a que madure la forma precedente”. Los mestizos tenemos un alma doble, quizá triple, que fluctúa entre las influencias ancestrales indígenas, negras y europeas. Nuestras instituciones son un decir titubeante y dueño de todas las contradicciones porque han sido calco de experiencias foráneas y no creación original. Así es nuestra cárcel: difícil, poblada de inconsistencias y dinámica en sus funciones.

De acuerdo con la complejidad del espíritu latinoamericano, la nación colombiana ha recorrido los arduos caminos de la modernización, y su estado, nunca bien consolidado, en permanente disputa por el monopolio de la violencia, se presenta fragmentario en la raíz. El paisaje colombiano es un forcejeo permanente por el dominio territorial. A la manera de los tiempos de Maquiavelo, ejércitos privados, al comando de caciques, reyezuelos y bandoleros han impartido justicia en sus reinos decretados. El entramado gigantesco de la ilegalidad en los negocios es una red subterránea que sostiene la fragilidad de una sociedad de instituciones políticas y económicas tradicionalmente débiles. La violencia política, enraizada en el desencuentro de intereses que cobija la bandera, derivó en una distancia abismal entre los individuos y el sistema político. La síntesis cultural de la herencia mestiza no ha encontrado representación en desarrollos jurídicos propios y la implementación de modelos foráneos, en el orden de la jurisprudencia, no acaba de responder a las necesidades de una sociedad heterogénea en su sustancia, que desborda las geometrías de un esquema de integración en el mercado mundial que poco coincide con el potencial de una geografía bendita de riqueza.

El orden de la colombianidad es el orden de la tensión, por eso, la cárcel colombiana no responde al modelo ideal de aplicación del derecho burgués, responde a la materialidad de la historia del país. Funciona como un país dentro del país, con sus propias reglas de juego y el gran árbitro del teatro de los desarrollos no es el Estado colombiano, son los poderes armados de facto. El territorio carcelario, como la nación, es un espacio de disputa, de poderes contrapuestos. Ha habido cárceles dentro de las cárceles, como aquellas dispuestas por los paramilitares para castigar desafíos a la autoridad en la cárcel Modelo; se ha aplicado la pena de muerte como costumbre, hay extorsión y recaudo de impuestos, se paga por una celda en muchos casos, y no al Estado. La presencia del INPEC es precaria y las instituciones de la oficialidad son otro actor en la cruzada por el control del espacio confinado. En el ámbito intramural se han fortalecido ejércitos privados, se coordinan extensísimas redes delincuenciales y la pena varía según el estatus económico del presidiario. El castigo está estratificado.

Cárcel, violencia y fragmentariedad en Colombia
El sistema penitenciario de Colombia atraviesa una profunda crisis desde hace varias décadas; una crisis que se inscribe en la raíz de la contradicción nacional, atravesada por la violencia, la exclusión, la pobreza, la condición periférica en el escenario mundial y la disputa eterna por la tenencia de la tierra, hija de la herencia colonial. El huracán de la violencia en el país ha estado directamente conectado con los problemas de hacinamiento y criminalidad que demuestran los reclusorios actualmente. Por ejemplo, mientras que en 1946, luego de la política de despenalización llevada adelante por el gobierno de Mariano Ospina Pérez, se redujo la población interna a 2.765 presos –antes había 8.686–, en los años 50, en la época más álgida de la violencia liberal-conservadora, la cifra se elevó escandalosamente hasta sumar 37.770 presidiaros, es decir un aumento de 35.000 internos en menos de cinco años.

El escándalo del primer aumento significativo de la población carcelaria no derivó únicamente de cuestiones de principios en la militancia política. La nueva época, que describe la década del 50, registra el fracaso de las políticas oficiales de redistribución de la tierra. Los campesinos emprenden nuevas empresas de colonización independiente y la fragmentariedad del estado se afirma. La división colonial en las cuatro regiones tradicionales se mantuvo –oriental, antioqueña, caucana y caribeña–, y los nueve frentes de colonización abiertos en el período, según comentan Marco Palacios y Frank Safford, “forman el país traumático de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes en disputa de territorios que producen divisas: coca, petróleo, oro, banano. Territorios de alta movilidad geográfica y baja movilidad social”. El desplazamiento por causa de la guerra inunda las ciudades de nuevos pobladores venidos del campo. El fin de la bonanza cafetera y el escaso desarrollo de la industria nacional, no ofrecen alternativa de integración productiva para estas comunidades. Se dispara la delincuencia y Colombia se convierte en un país cuya población habita fundamentalmente las ciudades. La transición demográfica aumenta la natalidad en el contexto de la pobreza y la marginalidad. Como respuesta a los conflictos característicos de las grandes ciudades, producto de los imbricados caminos de la modernización en el país, aparecen, en la década del 60, la Cárcel Modelo y La Picota.

Si bien la época posterior a la violencia Liberal-Conservadora se caracterizó por una intención estatal de recuperar el monopolio de la violencia, perdido durante la guerra, este proyecto no se ha realizado hasta el momento. La respuesta institucional a las dificultades del sistema carcelario se concretó en las reformas de los años 60, incluida la creación de la Escuela Penitenciaria Nacional (EPN) que fue la primera institución especializada en la administración de los reclusorios en el país. El aumento de la concentración de la tierra, el desempleo y el recrudecimiento de la violencia, que favoreció el Frente Nacional con su política de fraude electoral y dictadura bipartidista, convirtió las cárceles colombianas en espacios de concentración, antes que de rehabilitación. La caída de la rentabilidad de la agricultura movilizó grandes grupos humanos hacia el espacio urbano, pero las limitaciones de una industria famélica no absorbieron la mano de obra que, en otros países, impulsó el desarrollo de industrias nacionales. La cárcel en Colombia empezó a convertirse en un ámbito de contención y vigilancia para sectores de la población de bajo poder adquisitivo, incapaces de incorporarse en tareas productivas.

Luego de las reformas de los años 60, el Estado colombiano mantuvo por varias décadas su política carcelaria casi intacta y no mostró interés alguno en ofrecer opciones de rehabilitación efectivas a los internos, con la consecuencia de que las cárceles se convirtieron cada vez más en “universidades del crimen” en las que los presos veían deteriorarse su salud mental a la vez que se involucraban en nuevas actividades delictivas. El desarrollo del conflicto armado en el país trajo nuevas modalidades de violencia en el interior de las cárceles que, como metáfora del país completo, se convirtieron en territorios en disputa de los diferentes actores armados, trayendo nuevas crisis humanitarias y de gobernabilidad en los centros de reclusión. La privación de la libertad alimentó la violencia en el país, y la cárcel, gradualmente, se fue tornando en centro de operaciones de los grupos criminales, que adaptaron las prisiones a sus necesidades operativas y las convirtieron en su refugio y centro de entrenamiento. La cárcel se convirtió, lentamente, en una muralla desesperada que contiene, en su mayoría, una población no apta para la sociabilidad, y la oculta, y confina en el espacio vacío de un proyecto de nación que no se vislumbra. El predominio de industrias depredadoras como la del carbón, el oro y el petróleo, junto con el engorde de los capitales financieros más irresponsables, ha sepultado las opciones de modernización consciente, extendiendo los límites de la legión inmensa de desempleados, ladrones de poca monta, enfermos mentales y adictos que puebla, hasta la asfixia, los centros penitenciarios del país. Invadidos de piojos y pulgas, los presos viven concentrados en campos de ocio en los que solo prospera la decadencia.

¿Por qué las cárceles del país no rehabilitan a los presos?
La Asamblea Nacional constituyente de 1991 trajo un nuevo aire a la política carcelaria en el país: luego de décadas de confrontación armada, las guerrillas del EPL, M-19, ADO, Quintín Lame y fracciones disidentes del ELN, junto con los representantes de los partidos tradicionales, redactaron una nueva constitución que contempló la creación de instituciones especializadas en la administración de las cárceles en el país, porque hasta el momento, las cárceles eran gestionadas por miembros de la Policía Nacional con escasísima formación especializada, brindada casi exclusivamente por la EPN (creada en los años 60). Fue así que apareció el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), a través del decreto 2160 de 1992. La creación de esta institución –hoy descuidada y fuertemente criticada–es consecuencia de informes públicos y denuncias sobre una crisis en el sistema penitenciario, que incluía constantes violaciones a los derechos humanos en el interior de los penales, uso y abuso de sustancias psicoactivas, hechos de violencia frecuentes y generalizados, hacinamiento, entre otros indicadores de una crisis humanitaria que no se ha resuelto al día de hoy.

A pesar de los nuevos intentos por recuperar el monopolio de la violencia en la cárcel por parte del Estado colombiano, la década de los 90, con el aumento de la influencia de las economías ilegales, produjo un avance de la descomposición social en los reclusorios que se manifestó en forma de hacinamiento, violencia, tortura y corrupción. De tal forma que cárceles como “la Modelo” se convirtieron en centros de planeación estratégica de grupos armados ilegales: desde allí, el Bloque Capital Interno de las AUC planeó la “retoma” de Bogotá, y participó, junto con miembros de la fuerza pública y de otros grupos armados ilegales, en la desaparición de más de 200 personas que no solo eran presidiarios, ya que muchas veces en el interior de la cárcel se adelantaban los cobros de extorsiones y negocios ilícitos y se solía “ajusticiar” a las personas que tuvieran deudas con los caciques narcotraficantes y que visitaban el reclusorio para reunirse con ellos. En muchas ocasiones, entraron para no volver a salir.

Entre 1998 y 2001 se presentó una sangrienta guerra de poder en el interior de los muros de la cárcel Modelo de Bogotá, principalmente entre las AUC y las FARC, que incluyó masacres, ataques con morteros y armas de largo alcance, descuartizamientos, asesinatos con jeringas cargadas de cianuro y torturas en la batalla por el control del penal. La insurgencia de las FARC, que controlaba el ala norte del penal en 1999, fue desplazada violentamente por el Bloque Capital Interno, comandado por Miguel Arroyave y financiado por el narcotraficante Ángel Gaitán Mahecha, que fue padrino de matrimonio de uno de los directores del penal. La cárcel Modelo fue el centro de operaciones del paramilitarismo en la capital, en el horizonte estratégico de la derrota militar de la insurgencia y facilitó un espacio de control territorial y económico de toda clase de negocios ilegales, incluido el tráfico de armas, los impuestos a los presos y el narcotráfico –dentro y fuera del penal–.

En el ámbito de la separación entre los individuos y sus instituciones, y en medio del forcejeo por la administración de la justicia, tanto en el micro cosmos carcelario como en el país, en el interior de la cárcel se instituyeron formas de castigo no oficiales. La periodista Jineth Bedoya, por ejemplo, documentó, en su libro “Los patios del infierno” las prácticas que siguen: la inaugurada: en el caso de no contar con una recomendación o con aliados dentro de la cárcel, los reclusos reciben, en el momento de su llegada, una violenta bienvenida que varía de acuerdo con el delito cometido, el patrimonio e inclusive la edad. Así pues, los más afortunados deben entregar su reloj, zapatos, la ropa con la que llegan y hasta el colchón –si lo tienen–. Además de ello, inmediatamente, según su ubicación, quedan a merced del cacique del patio, al que deben pagar un impuesto diario, según el caso.

La tenebrosa: en algunos casos y de acuerdo con el crimen cometido o con rencillas y deudas que puedan tener con gentes de dentro y de fuera de la cárcel, el reo debe pasar por un ritual de tortura conocido en el penal como “La tenebrosa”, que consiste en cubrirle el rostro con una bolsa negra, sumergirlo en una alberca y hacerlo pasar por una fila de unos 40 hombres que lo golpean con palmadas en la espalda, calvazos y patadas. En los peores casos, si hay una orden de asesinato mediante, después de golpearlo y violarlo, los prisioneros lo atacan con puñales y en algunos casos con armas de fuego. Luego se suelen descuartizar los cuerpos para deshacerse de ellos con más facilidad y entorpecer las investigaciones penales. Los delincuentes recluidos por violación, homicidio y secuestro de niños, suelen ser víctimas predilectas de esta modalidad de asesinato tortuoso.

En la Cárcel modelo de principios del Siglo XXI se configuró un orden tenso de matiz, entre surreal y macabro: en un pabellón los presos fabricaban sus propios licores con restos de comida y agua fermentada en canecas, y en otro, dirigentes militares, de este y aquel movimiento, bebían whiskey, comían filet mignon y llevaban la contabilidad de sus negocios. Se podía conseguir desde cazuela de mariscos hasta comida italiana en un paisaje que semejaba una pequeña ciudad con todo tipo de ofertas inmobiliarias: celdas de relativa amplitud con televisores, hamacas y baño privado, y cambuches amontonados en verticalidad desde el suelo bruto, sobre el que duermen los de menor fortuna. La mayoría de presos de la Modelo se apretuja en el suelo: la pajarera es como se llama el espacio de los más pobres, pero dentro del penal existieron centros de tortura, sofisticados cuarteles de telecomunicaciones y una red de negocios independientes de gran diversidad.

Este panorama tiene poco que ver con el ideal de un estructurado sistema de rehabilitación. En el país del rebusque proliferan los negocios improductivos y la ilegalidad sirve de colchón a una economía cada vez más desconectada de las necesidades del abastecimiento y más determinada por los ámbitos de la criminalidad. Si como creen algunas corrientes de la criminología italiana, el acceso al trabajo es condición fundamental para la rehabilitación en el presidio, cárceles como La Modelo, forman y emplean expertos en espionaje, sicariato y extorsión. Las industrias de la guerra son poderosas y dinámicas, y su condición de aparente ilegalidad las hace más rentables. Desde la cárcel se controlan estructuras armadas con dominio territorial y se definen campañas políticas. Hay funcionarios de la guerra, psicópatas, caciques e inocentes. El resto son pobres maestros del hambre que deambulan como fantasmas, escondidos entre los muros para no incomodar la mirada de la más susceptible gente de bien.

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Juan Sebastián Fajardo

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