El desarraigo por el desplazamiento forzado

Entre el racismo y el paramilitarismo

 

Dejar la casa no es fácil. Abandonar a la fuerza la familia, las costumbres y el mar fue para Pura Lurán Ortíz el reto más difícil de su vida. Se enfrentó al racismo de la ciudad que le quitaba los sueños de salir adelante. En el barrio Pescaíto, al norte de Santa Marta, vivía Pura con su esposo y sus cuatro hijos. Trabajaba como gerente de una empresa de venta por catálogo y su pareja tenía un taller de mecánica automotriz cuando el conflicto armado irrumpió la tranquilidad de su hogar. Desde el 2004 la presencia paramilitar en Santa Marta se iba fortaleciendo bajo el comando de Hernán Giraldo. El Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se movía libremente por el territorio con rutas que transportaban drogas y armas en la región, que luego eran enviadas a Europa y Norteamérica. Sin embargo, el grupo armado también era reconocido en la ciudad por aterrorizar a los comerciantes al cobrarles una “vacuna” por estar bajo su “protección” o un peaje para permitirles recibir la mercancía que llegaba de otras ciudades.

Eran muchos los samarios que no podían cumplir con el pago de las vacunas, entre ellos dos cuñados de Pura Lurán quienes fueron asesinados por los paramilitares al rehusarse a pagar la extorsión. Como retaliación, Ñaño, como era conocido el esposo de Pura, fue víctima del hostigamiento de miembros de la organización, que en cuatro oportunidades fueron al taller en camionetas Cherokee y motos sin placas. En la última visita agredieron fuertemente al vigilante y dispararon contra dos autos que se encontraban en mantenimiento. 'Ñaño' fue a contarle al día siguiente a su esposa con el terror de quien tiene la muerte encima.

A pesar de las fuertes sospechas de la colaboración de la Policía con la organización paramilitar, Pura y su esposo denunciaron ante las autoridades y pidieron protección, la cual nunca llegó. Sin dinero y sin garantías para la vida de su familia tuvieron que abandonar sus trabajos, amigos, casa e irse a otra ciudad. La iglesia de la que hacían parte les ayudó a solventar pasajes y estadía mientras lograban establecerse.

La zozobra de no pertenecer
Un 12 de agosto de 2007 la familia Toscano Lurán pasó a ser parte de los cerca de ocho millones de colombianos que han sido víctimas de desplazamiento forzado en el país. Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Colombia es el segundo país con mayor número de desplazados, de los cuales el 21,2% son afrodescendientes.

Llegaron al municipio de Girón, Santander, con la intención de volver a vivir, de estar en paz. Esperaban que fuera una oportunidad para empezar de cero, pero no contaban que el racismo llegara a sus vidas. Lamentablemente, al igual que muchos de los colombianos víctimas de desplazamiento por el conflicto armado, llegaron a una ciudad donde fueron estigmatizados. Pura cuenta que en el proceso de inscribir a sus hijos en la escuela fueron discriminados. La rectora de la institución le explicó que no podía recibirlos porque no había cupo para personas negras, desplazadas y menos de la costa porque era una región con un índice pésimo de educación. “Para mí fue un reto, me dolió porque mis hijos me preguntaron: “Mamá, ¿por qué no nos aceptan? ¿Por qué no quieren que nosotros estudiemos?” ¿Cómo actúas, qué le respondes a una niña de 6 años que está desconcertada, que no sabe por qué le tocó venirse? Yo le dije que lo que pasaba era que hacían falta unos documentos, pero que no se preocupara que yo resolvía eso. Cuando somos las víctimas resulta que terminamos siendo victimarios”, relató.

Recuerda que fue una época con demasiado dolor, ya que su esposo atravesó una crisis en donde no era capaz de salir a las calles ni dormir con tranquilidad porque tenía pesadillas de los paramilitares buscándolo para asesinarlo. No obstante, Pura se sobrepuso a las adversidades e inició un proceso con la Secretaría de Educación de Santander en rechazo a la discriminación que vivían sus hijos. Meses después pudieron iniciar sus estudios y actualmente se encuentran en la universidad terminando la formación en arquitectura y comunicación social. Ahí inició su camino contra el racismo.

Falta de oportunidades
La samaria explica que durante muchos meses estuvo en la búsqueda de un trabajo. A pesar de su insistencia y experiencia en distintos ámbitos, sentía que era discriminada, razón que la motivó a explorar en la cocina y en la organización de eventos de forma independiente. “Nunca he tenido una oportunidad laboral en este departamento. Todo lo que yo he querido hacer lo he hecho a costa mía, de mi empeño, mi trabajo como independiente y de mis ganas de salir adelante”, añade Lurán. Sin embargo, esta situación se generaliza a nivel nacional ya que el 53% de las personas afro trabajan en la informalidad o de forma independiente, según el informe “Raza y derechos humanos de Colombia” del Observatorio de Discriminación Racial.

Con la falta de contratos empezó a estudiar y prepararse como defensora de derechos humanos e inició su formación con la Corporación Compromiso. La impulsaba representar a todas las mujeres afro y familias desplazadas, que al igual que ella, llegaron a una ciudad desconocida sin oportunidades.

Incidencia política
En 2007 nace la primera red departamental de mujeres víctimas: Las Auroras, un proceso que buscaba fortalecer la participación y formación jurídica de las mujeres que huyeron del conflicto. Este espacio propone fortalecer los conocimientos sobre la Ley 1257 que brinda normas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias y la Ley 1448 de reparación a las víctimas, ambas leyes de 2011. Con la incidencia que habían logrado cerca de 600 mujeres se vieron representadas en la Mesa de Seguimiento al Auto 092 de 2008 que logró 13 programas que beneficiaban a las mujeres afrodescendientes.

Pura empezó a posicionar su liderazgo hasta llegar a la Mesa de Participación de Víctimas a nivel departamental. Es una de las creadoras de la Fundación de Afrodescendientes y Víctimas y pertenece al colectivo La Comadre, un movimiento de mujeres a nivel nacional que reconoce que el trabajo principal lo realizan desde los territorios, ya que debido al conflicto gran parte de la población de afrodescendientes del país se encuentran dispersos en los distintos municipios. “El objetivo de nosotras, las mujeres que estamos en los territorios, es que a través de la juntanza que hacemos podamos tener esos liderazgos en nuestros territorios, transmitiendo todo ese legado cultural, ese legado político que se ha venido cosechando con nuestras generaciones, porque eso no se puede perder”, explica Lurán. Así mismo, cuenta que buscan centrar su trabajo en la niñez porque debido al desplazamiento forzado no tienen un acercamiento a la gastronomía, a la cultura y a las prácticas de medicina ancestral de las comunidades afro.

Como mujer afro, Pura explica que ha sido revictimizada en muchos aspectos. Cuenta que fue constantemente encasillada en estereotipos, como por ejemplo que las mujeres costeñas “son calientes”. Esta estigmatización solo ha generado que varias mujeres la juzguen, la aparten y no quieran conocerla. En el marco del conflicto armado, las mujeres han experimentado afectaciones graves que incluyen desde la violencia simbólica hasta la física como parte de una política de miedo ejercida por los actores armados. De acuerdo a los datos de la encuesta del Primer Encuentro Nacional de Mujeres Afrocolombianas en Situación de Desplazamiento, se ha identificado que el 33% de las mujeres afro han recibido agresiones físicas durante el desplazamiento, el 58% de las mujeres negras encuestadas afirmó conocer casos de mujeres agredidas físicamente, pero por varios factores solo el 30% de ellas denunció. Más del 20% afirmó haber sido víctima de violencia sexual. Además, el 63% de las mujeres encuestadas afirmaron que fueron víctimas de agresiones por su color de piel y por su contextura física un 24%, entre las expresiones más usadas estaba “chocorramo”, “negra hijueputa” y “aquí no aceptamos negras”.

La esperanza de volver
Han pasado 14 años desde que Pura y su familia tuvieron que abandonar Santa Marta. Durante este tiempo ha vivido en el municipio de Girón y siente orgullo de hacer parte de procesos políticos que visibilicen a las mujeres de su comunidad. Para ella, Colombia tiene una deuda histórica con las comunidades afro, quienes representan una de las poblaciones con más víctimas en el conflicto armado, hecho que los ha obligado a permanecer lejos de su lugar de nacimiento. “En cada departamento, en cada municipio, en cada rincón, en cada vereda hay un afro producto de ese desplazamiento y de esa violencia”, explica la mujer de 56 años.

Quiere volver a Santa Marta, sueña con estar en el mar, bañarse, comprar pescado fresco, y lo más importante, abrazar a su familia y conocer a sus sobrinos. Aunque entiende que aún no es seguro y no estaría en la libertad de quien vuelve a su pueblo dado que la presencia paramilitar en esta ciudad aún se mantiene. “Ojalá Dios me permita antes de morir ver todo lo hermoso de mi ciudad”, agregó.

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