La lucha por la tierra es la lucha por la vida

¡Recuperar la tierra para recuperarlo todo!, esa es la consigna que cimienta las bases de la liberación de la tierra en Cajibío, Cauca. Desde el pasado 27 de julio, mientras se preguntan cómo construir un territorio intercultural para la vida, indígenas, campesinas y campesinos han realizado diversas acciones para retomar la tierra que les ha usurpado la multinacional Smurfit Kappa Cartón de Colombia.

La concentración de la tierra en manos de la compañía ha dejado a las comunidades sin la posibilidad de poseer y usar la tierra para alimentar al pueblo colombiano, o conservar especies nativas; en cambio, Smurfit Kappa Cartón de Colombia ha cultivado enormes extensiones de pino y eucalipto, ha desertificado la tierra y secado afluentes de agua vitales para el consumo humano y la producción de comida, ha incrementado exponencialmente la inseguridad y ha comprometido seriamente el desarrollo sociocultural de las comunidades.

 

Para entender la lucha en Cajibío es necesario decir que la concentración de la tierra en Colombia ha sido un factor fundamental en la profundización de la pobreza y el conflicto armado. El índice Gini de desigualdad se ubica en un rango mayor al 0,8, lo cual demuestra que la mayor cantidad de hectáreas de tierra cultivable están en pocas manos, mientras que la gran mayoría de la población no tiene cómo garantizar siquiera el sustento básico para sus familias.

El Cauca es uno de los departamentos con mayor cantidad y complejidad de conflictos asociados a la tierra y el territorio. Allí “las pocas tierras más fértiles en la zona norte han ido perdiendo su productividad debido a los extensos cultivos de caña de azúcar y pino” (Verdad abierta). Otras en el suroccidente están siendo objeto de disputa por diversos actores armados, se calculaba hacia 2010 que 61% de la tierra estaba en manos del 5% de los propietarios (Verdad Abierta), lo que quiere decir que el 95% de la gente poseía el 39% de la tierra. Terratenientes y multinacionales utilizan figuras de testaferrato o arrendamiento para seguir ampliando sus industrias agrícolas o forestales, y así evitar contribuciones tributarias y más expresiones de inconformidad social.

En Cajibío el 39.24% del área del municipio, distribuida en predios menores a 10 hectáreas, pertenece a más de 11.000 propietarios, mientras que el 38.26% corresponde a propiedades mayores a 20 hectáreas (algunas superiores a 200) que pertenecen a menos de 500 propietarios. “La mayoría de suelos del municipio tienen capacidades de uso poco aptas para agricultura, debido a severas limitaciones como pendientes escarpadas y baja fertilidad en los suelos.” (Incoder, U Javeriana, 2013). 

 

Las cifras muestran que la población en Cajibío se encuentra en una situación de hacinamiento productivo. La desigualdad en la propiedad de la tierra es tal, que si se redistribuyera en Unidades Agrícolas Familiares (de 6 a 10 hectáreas) muchos de los corregimientos del municipio no podrían albergar la cantidad de personas que residen allí, ni suplir sus necesidades de producción alimentaria.

El occidente de Cajibío se diferencia del resto porque geográficamente es una depresión que está entre la cordillera y el río Cauca. Ha sido la más olvidada por el Estado, pues cuenta con precarios servicios de acueducto, alcantarillado, salud, educación y malla vial. También ha sido un histórico corredor de distintos grupos armados. Aunque hacen presencia otros actores armados como el frente José María Becerra del ELN, las columnas disidentes de las FARC Carlos Patiño y Nueva Marquetalia, actualmente la columna Jaime Martínez tiene el control y la hegemonía militar. En la zona hay explotación de minería ilegal y los cultivos de coca se expanden hacia el centro del municipio, es en este sector donde se encuentra la mayor cantidad de población rural.

Aunque parte de su configuración agraria está destinada a la producción de alimentos, la infertilidad del suelo y las pendientes son una constante, además, muchos predios han sido arrendados por la Smurfit Kappa hasta por 30 años. El lado oriental, aunque carece de inversión social del Estado, cuenta en algunas zonas con acueducto, alcantarillado, energía, salud, educación, y carreteras cercanas a la vía panamericana, en su mayoría sin pavimentar.

Para apaciguar los conflictos socioambientales, la empresa ha entregado dádivas a las comunidades, logrando que una parte de la población rechace los procesos de liberación y recuperación. Sin embargo, estas formas de soborno representan materialmente migajas en comparación con los beneficios que la compañía ha obtenido durante casi 40 años de explotación del suelo.

Si bien las comunidades campesinas, indígenas y negras tienen aspiraciones y posibilidades territoriales diferentes, todas llevan décadas exigiendo la devolución de las tierras ocupadas por la empresa para que su uso favorezca la permanencia en el territorio, evite el desplazamiento de cientos de familias, y ayude a combatir el cambio climático a nivel global.  

El objetivo concreto es lograr de diversas maneras, por ejemplo las vías de hecho, que la multinacional entregue las tierras tituladas a su nombre y termine los contratos de arrendamiento que han expandido sus cultivos, causantes de la crisis medioambiental y alimentaria en el municipio. Si bien la Smurfit argumenta su derecho a la propiedad, las comunidades proponen un debate esencial para la comprensión territorial: la ética de la concentración de tierras. En su defensa, las comunidades liberadoras plantean que el acaparamiento de las mismas fue y es impulsado por ejercicios de despojo y desplazamiento en el marco del conflicto armado, y por la invasión colonizadora de hace siglos; además, en un momento de crisis climática resulta necesario valorar el derecho a la vida digna por encima de la productividad y las ganancias de una multinacional que no genera empleo suficiente, y utiliza las fuerzas armadas colombianas para fomentar un ambiente de miedo y zozobra en la población.

Las comunidades no se rinden, esta disputa por la tierra es histórica, y aunque conocen los riesgos de enfrentar a una compañía de este calibre, las pocas garantías jurídicas y vitales que existen en el país, la recuperación del territorio y la autonomía, no están dispuestas a dar un paso atrás.

 

 

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