24 años de la masacre de El Aro: Una cochambre de impunidad y olvido estatal

–Si ese señor era tan bueno, ¿por qué lo dibujaste así? –le preguntó Gabriela al niño.–Si ese señor era tan bueno, ¿por qué lo dibujaste así? –le preguntó Gabriela al niño.–Usted me dijo que algo que no se me haya borrado de la mente –le respondió el estudiante que dibujó un hombre amarrado a un árbol, con la piel lacerada, y marcas de sangre en los ojos, el pecho, las manos y los genitales. “Este señor era el papá de El Aro porque era muy generoso, la persona que no tenía con qué pagar, él le fiaba y hasta le encimaba”, había explicado el niño al resto del salón mientras sostenía la hoja. El señor era Marco Aurelio Areiza, el papá de Gabriela, uno de los 15 inocentes asesinados por  paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, entre el 22 y el 30 de octubre de 1996 en la masacre de El Aro, corregimiento de Ituango.


Marco Aurelio era conservador hasta los tuétanos. Tanto que una de sus tres hijas se lanzó al Concejo por el Partido Liberal, y no quiso votar por ella. Le gustaban los bocadillos y los masmelos. Quería que Gabriela, a diferencia de sus otros hermanos, fuera a la universidad y estudiara una carrera. Era bajito, “acuerpaito, gordito, y muy blanco”, recuerda ella. Durante “las misiones”, esas semanas en las que se hacían romerías por la visita del sacerdote al corregimiento, vendía empanadas con su esposa y el dinero recogido se lo entregaba al presbítero. Fue uno de los primeros pobladores de El Aro, llegó en 1967 al corregimiento frio y nublado. Venía desde Yarumal –municipio del norte de Antioquia– con una lora, dos niñas, su esposa Carlina Tobón Gutiérrez, y 30.000 pesos que le habían dado a ella por un reloj enchapado en oro. “No fue el padre perfecto –reconoce Gabriela con la voz entrecortada–, pero mi papá era un hombre bueno, honesto con la gente, muy trabajador, todo lo había conseguido con el trabajo de él y de mi mamá”.


Gabriela tenía un año cuando su mamá regresó con ella y sus hermanos a Yarumal en 1981. Carlina decidió migrar porque la guerrillerada de las FARC-EP empezaba a imponer su ley, y el Ejército a patrullar El Aro. Marco Aurelio quedó solo. Años después la compañía de Rosa María Posada suplió la ausencia. La familia lo visitaba en época de vacaciones. A las 4 de la mañana partían desde Yarumal hacia Puerto Valdivia, un municipio pequeño construido a la vera del río Cauca y de la Troncal de Occidente, el corredor vial que conecta Medellín con la Costa Atlántica. A contra corriente, zarpaban de allí hasta Puerto Escondido en una lancha Johnson. Luego le esperaban siete horas a caballo antes de coronar la montaña.


De la extensa zona rural de Ituango, Gabriela dice que El Aro era uno de los poblados con mejor servicio de acueducto y con las calles mejor trazadas. Una iglesia, un cementerio, una escuela, cuatro plantas eléctricas, una cabina telefónica, dos cantinas, y una tienda satisfacían las necesidades espirituales y materiales del corregimiento. La tienda pertenecía a Marco Aurelio. Campesinos de las veredas cercanas le dijeron al medio Verdad Abierta que: “[Areiza] nos daba el mercado para pagárselo después, eso lo hacía con todos”; “Traíamos café y lo compraba, traíamos frisol y lo compraba. Si el café estaba húmedo él mismo lo ponía a secar en el atrio de la iglesia, con tal de ayudar al campesino”. 


Los que sobrevivieron no olvidan la generosidad del “papá de El Aro”, y la menor de sus hijas recuerda su apasionada devoción por la Virgen del Carmen. En junio, cuatro meses antes de la masacre, Gabriela lo visitó y vio la habitación donde Aurelio tenía una imagen “grandísima” de la virgen. Su papá siempre le pedía que no lo dejara morir ahogado ni a balazos. A Gabriela le contaron que los paramilitares revolcaron su casa porque pensaban que era brujo; que lo encerraron en la caseta telefónica, y a pesar de que le descargaron todas las balas del fusil, lo escucharon lamentarse y pedir que lo mataran de una vez por todas; que cuando pasaron con él por el cementerio, suplicó que le guardaran la bóveda adornada con la imagen de la Virgen del Carmen. 
Un año después de la masacre, la Fiscal del caso le dijo a Amparo, la hermana de Gabriela, que a Marco Aurelio le hicieron “lo que la gente dijo y más”. “El cuerpo de mi papá parecía una masa”, cuenta que les contó Amparo después de la exhumación. A Marco Aurelio lo ataron todo un día a un árbol, le amputaron los ojos y le arrancaron el corazón. En su momento, cuando el dolor estaba fresco, Gabriela se enemistó con la santa devoción de su padre. “No la quería. A mí no me gustan las fiestas de la Virgen del Carmen. No hago la novena; rezo y ya”. Dice que ya hizo la paz con ella, pero aún se pregunta “por qué la virgencita permite una muerte así”. 


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La sádica toma fue planeada en una finca cercana a La Caucana, corregimiento de Tarazá, municipio del Bajo Cauca antioqueño, bastión paramilitar de la época ubicado a unas horas de camino de El Aro. Francisco Enrique Villalba Hernández, uno de los autores materiales que luego se entregó voluntariamente y fue asesinado años después, testificó que Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, junto a varios militares, concertaron la filigrana de la masacre. 


La guerra en Colombia es despiadada porque su sevicia se ensaña con quienes menos energías invierten en ella. En el atlas bélico, El Aro sobresale por ser un atajo montuno clave. El corregimiento fue construido a leguas del Paramillo, la unión de tres cordilleras que se hacen nudo, una fábrica de agua, un templo biológico, la conexión montañosa entre varios países de un mismo país. Por el paramillo se llega al sur de Córdoba, al enclave minero del Bajo Cauca antioqueño, al Urabá y su franja marítima, y a las vastas selvas chocoanas que copulan con el Océano Pacifico. A partir de los 80, los frentes 5, 18 y 36 de las FARC-EP tomaron el control de esos pasillos estratégicos. Una década después, las masacres fueron tácticas de guerra con las que el proyecto paramilitar intentó repeler ese dominio guerrillero en el norte de Antioquia y el resto del país.


Tal como lo dicen las letras de Mario Puentes, antes de pisar El Aro, los 150 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, conocidos en la región como los 'Mochacabezas', “venían tirando muertos desde Puerto Valdivia”. El miércoles 22 asesinaron a tres campesinos en dos veredas del municipio portuario. Al día siguiente ajusticiaron cuatro más en Puerto Escondido. En el trayecto montañoso asesinaron otras dos personas, entre ellas un niño campesino de 14 años. El sábado 25 la avanzada paramilitar llegó a El Aro, donde torturaron y asesinaron las 7 víctimas restantes.   


El domingo 26, María Edilma Torres Jaramillo, la mamá del niño asesinado, llamó a la casa de los Areiza Tobón. Les dijo que habían llegado a Puerto Valdivia con el cuerpo de su hijo, y que no sabían que iba pasar con Aurelio, que lo tenían amarrado. Ese día se celebraron las elecciones para escoger alcaldes y gobernadores. “Lo recuerdo mucho porque era un televisorcito a blanco y negro –relata Gabriela–, y en los noticieros lo único que decían es: la fiesta democrática se vivió en total calma en todo el país y el departamento de Antioquia”. 


Al día siguiente, muy temprano, volvió a sonar el teléfono. “Es para decirle que a su papá, el viejo de la tienda, ya lo pelamos”, dijo la voz que llamaba. Desesperadas, las hijas de Marco Aurelio llamaron a la cabina telefónica de El Aro y no les contestaron. Pensaron que llamando a la IV Brigada del Ejército, a la cual estaba adscrito el Batallón Girardot, responsable de esa zona del departamento, podrían llegar al lugar de los hechos, pero les respondieron que las tropas estaban en “acuartelamiento”. Años después, un funcionario de la Alcaldía de Ituango en aquella época declararía que al enterarse de la masacre pidió ayuda a la gobernación, encabezada por Álvaro Uribe Velez, y le respondieron que harían una reunión el miércoles 29 para analizar la situación. Que también llamó al Batallón Girardot y le comunicaron que las unidades estaban destinadas al “plan democracia”, por lo que el contingente más cercano demoraría tres días en llegar al corregimiento. 
Los paramilitares permanecieron 7 días en El Aro. Quemaron 42 de las 60 casas y desplazaron 702 habitantes de la zona. Además robaron 1.200 reses y amenazaron a 17 campesinos para que arriaran el ganado hasta unas fincas en el Bajo Cauca. El ejército también participó del hurto, los militares impusieron un toque de queda en las inmediaciones de Puerto Valdivia para facilitar el trasporte de los animales. 


El 1 de julio de 20016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó y condenó al Estado por la masacre de El Aro, una de las 4.288 que se han cometido en Colombia desde 1958 hasta hoy, de las cuales 1.276, es decir el 30%, sucedieron en Antioquia. “Efectivamente, la participación de agentes del Estado en la incursión armada no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, sino que también omitieron asistir a la población civil durante el desarrollo de aquella”, dice la sentencia.  


La Corte Interamericana ordenó al Estado Colombiano emprender una seria de acciones para reparar material y moralmente a las víctimas. La mayoría de ellas, en especial las relacionadas con acceso a derechos básicos, garantías de no repetición, y acompañamiento legal y emocional, no se han cumplido. Otras se cumplen pero no reparan sino que revictimizan. La Corte, por ejemplo, ordenó publicar su sentencia en un medio de comunicación impreso de circulación nacional. El Estado la publicó en El Espectador, un periódico que no se podía ni se puede conseguir en Ituango. 
“Conmemorar 24 años de la masacre de El Aro genera frustración y mucha impotencia. Es bastante doloroso ver el nivel de impunidad frente a los responsables. Se ha detenido algunos actores materiales, pero quienes dieron la orden y generaron las condiciones, esos están intactos”, asegura Nubia Ciro, lideresa social y comunitaria de Ituango.  El desinterés estatal pisotea al ausente y al amargo dolor que provoca. Dos décadas después, Gabriela y su familia siguen reclamando verdad, “sea la que sea, no importa, pero no una verdad a medias que sigue siendo una mentira. Yo no busco que digan fue este, fue aquel. Las preguntas que nosotros nos hacemos es ¿por qué?, ¿cuál fue el delito tan grande que cometieron para que se diera una masacre allá?, ¿por qué con mi papá se ensañaron de esa manera?”.
El silencio y las medias verdades les gangrenan a la victimas los recodos del alma. Pero lo que más les duele, es que ni el tiempo espanta el vaho de la muerte en El Aro y en Ituango: “Ir uno a El Aro es como si la masacre hubiera sido la semana pasada –manifiesta Gabriela–. Es llegar y encontrar esa zozobra. Ese miedo de la gente. Ese vacío. Como esa falta de vida…”. 


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No bastó con la desmovilización de las FARC-EP y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Aunque no parezca, el meridiano de la violencia todavía atraviesa de par en par a Ituango. Un municipio de acento y linaje campesino. Circundado por solemnes cañones que sudan raudales de agua, y que de lejos parecen el lomo de un animal jurásico. 


El afán es una plaga que aquí desconocen. El sol se impone sobre la amplia y desnivelada plaza. El tendero, el labriego, el ebrio, los enamorados, y la indígena Jaidukama la atraviesan con paso firme pero manso. La imagen conmueve porque a pesar de ser verídica resulta poco creíble. Quien no sepa dónde está, puede pensar que a un lugar así, placido, verde y sencillo, solo puede perturbarlo una infidelidad amorosa, la llegada de la chiva, o una ranchera. Pero de vez en cuando pasan cosas dolorosas. A finales de julio, 4.099 personas se aglomeraron en esa misma plaza que no tiene un monumento a las 43.116 víctimas ituanguinas registradas en la Unidad de Victimas, pero sí una placa que rinde homenaje a una decena de militares caídos en combate. Aquella multitud, aterrorizada y desplazada por los nuevos grupos armados, provenía de 32 veredas. El Alcalde, cuenta Nubia, los humilló y los señaló de pertenecer a los grupos que los desplazaron. 


“Ituango es un conflicto que tiene unos hitos, pero que se recicla con herederos de actores viejos con nombres nuevos. Además de eso, la presencia de muchas riquezas en el territorio, y los intereses del gran capital que se ven plasmados en la capacidad de debilitar la institucionalidad cada vez más para que la respuesta sea más pobre. Las organizaciones sociales vimos la negociación del gobierno con las FARC-EP como una oportunidad para robustecer y fortalecer la presencia de un Estado que llegue al territorio de manera completa: con inversión, con capacidad, con acceso a justicia. En lugar de ello, vimos que salió un actor ilegal hegemónico, y ahora la disputa se da a sangre y fuego entre otros tres actores con los mismos intereses: las cuotas del narcotráfico y la megaminería, que ya está presente en el territorio con más de 67 títulos y solicitudes. Mientras que Hidroituango [la represa más grande del departamento] sigue siendo un megaproyecto que no conversa con la realidad, ni con las necesidades de las comunidades locales. Hidroituango tiene unos pasivos en lo social, lo cultural, y lo ambiental que no ha sido capaz de pagar, y no va a pagar”. 


Los remanentes bélicos a los que se refiere Nubia son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Frente 18 Román Ruiz, una de las disidencias de las FARC, y Los Caparrapos, también denominados Bloque Virgilio Peralta Arenas. Su paulatina consolidación deja una notable huella humanitaria en el territorio. La Defensoría del Pueblo ha emitido 6 alertas tempranas desde marzo del 2018, dos con carácter de inminencia y cuatro con carácter estructural, en las que llama la atención al gobierno por la presencia de los grupos en Ituango. Hasta el 27 de octubre, este año en el municipio se habían presentado 43 eventos de violencia armada que victimizaron a 12.848 civiles: 5.127 fueron víctimas de desplazamiento y/o amenazas, a 7.074 personas se les restringió la movilidad y el acceso a servicios o asistencia, y un líder social y un excombatiente fueron asesinados. 


La erosión institucional quedó oficializada el 15 de julio del 2020, ese día, debido a la falta de garantías, los desmovilizados de las FARC abandonaron el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ubicado en la vereda Santa Lucia. Entre noviembre de 2016 y octubre de 2021, 11 firmantes de la paz fueron asesinados en el municipio. “En la medida en que avanza el tiempo, en lugar de mejorar las condiciones de vida del territorio, cada vez son más críticas, más difíciles, sobre todo para las comunidades rurales”, dice Nubia con notoria amargura. 
Los fusiles, por ahora, le vuelven a ganar la batalla a la institucionalidad. Un tendero cuenta que los grupos ofrecen entre un millón y un millón quinientos mil pesos para que los jóvenes se integren a sus filas.


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Las victimas de El Aro no pudieron llegar a tiempo a la conmemoración planeada para ellas. EPM, empresa dueña de Hidroituango, les impidió el descenso por una de las vías terciarias del corregimiento.  

Gabriela estuvo en el acto de principio a fin. Tomó el micrófono y fue aplaudida después de contar lo que la noche anterior me había contado a mí. En el trajín cotidiano, Gabriela se desenvuelve con espontaneidad. Al momento de hablar de su padre y recordar su arbitraria partida, pierde energía, la mirada se torna huidiza, y se adulteran los gestos juveniles que aún conserva. Tenía 17 años cuando se enteró que habían matado a su padre, estaba a meses de recibir su cartón de bachiller. “Eso interrumpe un proyecto de vida. Yo estaba en shock. Falté una semana al colegio. No entendía qué había pasado, por qué a mi papá”, recuerda.


Sin percatarse en el cómo, logró reponerse. Estudió licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana. Siete años después de la masacre volvió a El Aro, esta vez a dar clase. En sus 21 años de docencia ha visto a sus pupilos sufrir la misma agonía que vivió ella joven. Es la escritura y poemas como los de  Ana Ajmatova, el remedio que hoy le da fuerzas para recordar a su padre. Gabriela es bajita, pero dura como la montura del caballo que le quisieron quitar los paramilitares cuando daba clases en El Aro. 


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Cada año, las mujeres de Ituango se recuerdan que la memoria es la savia que mantiene en pie al roble. 24 años después, el testimonio de Teresita Jaramillo prueba que las tragedias nunca terminan cuando se vive en un Estado como el colombiano: “¿Quiénes son los ituanguinos? Campesinos. Gente que vive del sector primario de la economía. Gente de manos encallecidas, que convierten las montañas en cosechas, pero que ahora esas cosechas no dan fruto porque esas montañas tienen heridas de la muerte de los que cayeron. Tienen heridas de la lluvia de lágrimas de las madres que los lloraron. Nosotros no fuimos los culpables de la violencia. Esa violencia para nosotros es extranjera. Quizá un día cualquiera actuaríamos en ella por obligación, o porque nuestros jóvenes tenían todos los caminos cerrados para elaborar un proyecto de vida diferente. Da pena… me da rabia, me dan ganas de llorar saber que el estado ni si quiera ha pedido perdón público por la masacre de El Aro y de La Granja. Tal pareciera que fuésemos invisibles, y que ya se le olvidó, pero a nosotros no se nos ha olvidado. El que tiene la deuda con nosotros es el Estado, que ni si quiera ha resignificado esos espacios de El aro y de La Granja, donde ocurrió la crueldad, el despojo de la vida. Esa casa que nadie habita en El Aro porque saben que allá violaron a mujeres inocentes, tal vez delante de sus hijos y sus esposos que escucharon los quejidos. Ese cementerio donde todavía hay huesos en el piso, porque no se ha podido construir de nuevo. Y ese potrero convertido en una cancha porque los niños no tienen donde jugar. 


La deuda no es entre nosotros. ¿O sí? ¿O será que nos falta gritar más, y pedir más, y exigir más, y luchar más? ¿Pero a quién? ¿A quién Dios mío, si ni siquiera han venido a pedirnos el perdón público? Todavía hay niños víctimas; atravesando unas quebradas por un palo de guadua porque ya se enseñaron a jugar todos los días con la muerte.  Se rajó el Estado con las víctimas. En estos días una señora fue a Medellín, porque le dijeron que llevara todos los papeles a una oficina de víctimas. Antes de ir allá, pasó por la oficina de otro señor que pidió otra cantidad enorme de papeles. La señora decía: pero yo cómo voy a conseguir una cedula de un señor que nació en 1902, ¿en esa época si había cedulación? Y él le respondió: pues ya sabe la cantidad de papeles que se tiene que conseguir. Usted vera si se justifica lo que le van a dar o la papelería que tiene que sacar.


¿Somos valientes, o somos apegados a la vida? Tal vez es que somos muy apegados a la vida; y entonces resurgimos de los escombros y de las cenizas. Y entonces sacamos al sol las lágrimas para que se sequen y comenzamos a vivir de nuevo. Sin embargo , esas heridas están latentes. Cantidades de proyectos han pasado por El Aro, por Ituango, pero eso no queda sino en papeles y en firmas, a las víctimas no llega nada o casi nada. Cantidad de víctimas por reparar, y se van volviendo viejos, y se van muriendo, y se quedan con el dolor. Yo quiero decirles a las víctimas de las masacres de La Granja y El Aro que ellos no están solos. Que todos somos víctimas. Que así no nos hayamos mirado a los ojos, así no nos hayamos abrazado, conocemos de memoria la historia de los muertos que también nos duelen. El que tiene la deuda con nosotros es un Estado que está dormido por allá lejos, y todavía no se ha dado cuenta de los que nos ha pasado”. 

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