Reportaje Especial: La guerra delira contra el movimiento social de Arauca

Texto e investigación: Juan Alejandro Echeverri

Mapas y gráficas: Mariam Vergel

 

De no ser por la rústica barricada, los muertos pudieron haber sido más de 50. Tan pronto se levantaron, algunos hicieron pública su premonición: tenían que cerrar la esquina más próxima al edificio, cualquier metro ganado al agresor podía salvarles la vida. No hubo oposición a la propuesta. Alinearon varias canecas azules, las llenaron de rocas, y luego las unieron con una cinta amarilla.

Casi 12 horas después, a las 10:45 de la noche, un carro bomba estalló a menos de 15 metros del edificio Héctor Alirio Martínez, sede de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, la Asociación Campesina José Antonio Galán Zorro, la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca, la Asociación Juvenil y Estudiantil Regional (Asojer), la Central Unitaria de Trabajadores, y el medio de comunicación Trochando Sin Fronteras, organizaciones articuladas en el Movimiento Político, Social y Popular de Masas del Centro Oriente colombiano.

Minutos después de la explosión, los más de 50 líderes y lideresas creyeron que les habían lanzado el primero de varios cilindros. Llevaban varios días concentrados allí analizando el escenario de riesgo y capacitándose en mecanismos de autoprotección y derechos humanos. Estaban en alerta máxima, todas las noches hacían guardia y pusieron polisombras en la terraza por si les lanzaban una granada. Por fortuna fue la única explosión de esa noche, y, milagrosamente, solo causó miedo, cortaduras, golpes, y millonarios daños materiales. “Al otro día nosotros nos pellizcamos a ver si estábamos vivos o estábamos muertos”, me dijo una semana después María Guillón Estúpiñan, defensora de derechos humanos que estaba en el edificio cuando ocurrió el atentado.

El viernes 21 de marzo, dos días después, Antonio Medina, líder del Frente 28 de las autodenominadas Disidencias de las FARC, se atribuyó el ataque. Desde un paraje boscoso, el comandante del Frente José María Córdova dijo que el edificio Héctor Alirio Martínez era el “centro de mando” del Frente Urbano Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y que no les darían tregua a los combatientes, milicianos, guardias, informantes, testaferros, bienes, empresas, y todo aquel vinculado al ELN, “pueden esconderse donde quieran, hasta debajo de las rocas los buscaremos”.

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Arauca es una improvisación del Estado. Un departamento hecho por familias campesinas pobres de Quindío, Cundinamarca, Tolima, Boyacá, y los Santanderes, incentivadas por los gobiernos de Guillermo León Valencia y Alberto Lleras a colonizar las selvas llaneras del Sarare. A partir de 1958 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) entregó tierras, dio créditos, promovió la creación de Juntas de Acción Comunal, cooperativas, y la afiliación a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

 

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    “El campesino empezó a labrar la tierra y a cultivar, pero no tenían cómo sacar lo que sembraban porque no habían puentes, no habían carreteras. El estado trajo unos campesinos, los botó a la deriva en el corazón de la selva del Sarare y se olvidó de que aquí existían seres humanos”, explica Vicente Murillo Tobo, vocero del Movimiento Político de Masas del Centro Oriente.

    A los colonos que migraron les prometieron cosas que el Estado nunca cumplió. Arauca era en aquel entonces una intendencia, y sus pobladores se alumbraban con velas y lámparas de petróleo, los contados colegios no tenían maestros, y el agua se vendía en carretas arrastradas por mulas, 5 pesos costaba la caneca. En 1972 una creciente arrastró el rústico puente que comunicaba la intendencia con Santander. Arauca quedó incomunicada, pues tampoco tenía una buena vía de comunicación con Boyacá y Casanare.

    Los líderes campesinos que el INCORA afilió a la ANUC convocaron ese año a un paro cívico en el incipiente poblado de Saravena. Más de mil campesinos se plantaron afuera de las sedes del INCORA y la Caja Agraria para exigir vías, hospitales, alcantarillado, escuelas, entre otras obras de infraestructura. A regañadientes el gobierno de entonces negoció un pliego de peticiones, otra promesa de papel incumplida que desencadenó en más paros y más protestas que se mantienen hasta hoy.

    Gracias a esa movilización, y a la sucesiva apatía del Estado, el campesinado araucano entendió que  los derechos en Colombia se cumplen, solo a veces, cuando se reclaman y se exigen. Todas las personas entrevistadas coinciden en que 1972 es el embrión de las formas autónomas que el departamento ha encontrado para sobreponerse, con sus propias manos, a tantas carencias. Desde entonces, han hecho de la organización y la asociatividad un hábito.

    Ernesto Alexander Roa, integrante de la junta directiva de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro, y vocero del Movimiento Político de Masas del Centro Oriente, plantea que el movimiento social en Arauca ha “desarrollado y materializado nuestra vida en torno a la defensa del territorio, los derechos humanos y la vida, así sea a costa de la vida misma. Hemos construido y pensado de manera colectiva una sociedad distinta, que se expresa en lo que nosotros llamamos plan de vida, que se ha recreado de acuerdo a las condiciones y los momentos”.

    El plan de vida es un fin y a la vez un medio. El anhelo que condensa todas las necesidades de los araucanos, y sus posibles soluciones. Ese plan de vida se materializa con propuestas como los Territorios Campesinos Agroalimentarios, con los cuales el campesinado intenta labrar una territorialidad propia. En Arauca existen cuatro iniciativas de este tipo. El que durante años Adelso ayudó a conformar, fue declarado en 2017 y está ubicado en el distrito rural número 1 de Fortul.

    Las planicies agrícolas que abarca este territorio campesino fueron ocupadas por los antepasados de Adelso y de los campesinos que hacen vida allí. “El campesinado tomó la decisión de crear unas formas de vida, crear un reglamento para la convivencia, crear un gobierno propio, un plan de ordenamiento productivo y social autónomo con el que nos hemos cuidado y hemos hecho vida social y comunitaria por más de 20 años”, explica el líder y presidente del Coordinador Nacional Agrario.

    Son 43 las familias que ocupan las 400 hectáreas donde la propuesta está más consolidada, sin embargo los fundamentos del Territorio Campesino Agroalimentario se han extendido poco a poco por las 11 veredas que componen el distrito rural. Adelso me explica que cualquiera no puede vivir en el territorio: “Hay que traer recomendación de buen productor, de buen vecino de la comunidad de donde viene. Acá se evalúa, y si cumple con el requisito debe predisponerse para formarse, participar en la escuela, participar en la movilización, participar en los espacios de administración del proyecto, afiliarse a las organizaciones que hacen vida en el departamento, por ejemplo la Junta de Acción Comunal, las asociaciones de productores, las asociaciones de mujeres, de jóvenes, y por supuesto manifestar de manera permanente un comportamiento acorde a una organización social como la nuestra”.

    La práctica de los diferentes credos se respetan, pero la siembra de coca está prohibida. En aras de que la tierra no se acumule en unas cuantas manos, tampoco se permite la venta o el loteo de predios. La tierra es de propiedad colectiva, si alguien abandona el territorio por decisión propia o motivos de fuerza mayor, automáticamente la Cooperativa San José Obrero asume la titularidad de la propiedad.

    Las normas de convivencia importan, pero el éxito de los Territorios Campesinos Agroalimentarios depende del aspecto productivo. En el de Fortul, lo que más se produce es cacao, caña panelera, y plátano, la ganadería también ocupa un renglón importante. Sin embargo, en cada parcela también se siembra otro tipo de alimentos que satisfacen el autoconsumo, “pero sin echarle veneno a las tierras, todos los días vamos mejorando eso”, aclara Adelso.

    “De afuera traemos cosas muy básicas, cosas que acá el territorio no las da: el arroz, los combustibles, los víveres –agrega después el líder–. Los traemos de la Cooperativa Cooagrosarare, aquí tenemos una sucursal. No tenemos que ir al vendedor particular. La sucursal solicita a la bodega central y el comercio se hace allá”. Cooagrosarare surgió gracias al INCORA, quien la administró hasta que los campesinos araucanos le arrebataron el control en 1972. Adelso cuenta que esta expresión asociativa no solo ayudó a mejorar la rentabilidad de la producción campesina, también “fue la que empezó a organizar la gente. Es la mamá de las organizaciones sociales en este departamento”.

    Lo trochado hasta ahora ha costado mucho sudor. Adelso bien sabe que se necesita del trabajo diario para que el árbol de frutos y los campesinos de las veredas aledañas entiendan que un Territorio Campesino Agroalimentario “es el cuidado del medio ambiente, es la permanencia, es la posibilidad de resolver asuntos con lo que tiene ahí, es amar el pedazo de tierra, es entender que eso no se vuelve a encontrar ni se reproduce. Entender que el vecino no es el vecino, es el aliado (…) Es sacar de la cabeza el chip del consumismo. El campesino debe saber que yo cambio lo que trabajo por lo que me venden en una bolsa, que es lo mismo que producimos pero transformado, y que vale tres veces más de lo que en realidad cuesta”.

    Por lo que piensa, dice y hace, Adelso está en peligro, ahora más que siempre, porque nunca ha dejado de estarlo. Un par de días antes del carro bomba, habían asesinado a José Abelino Pérez, defensor de derechos humanos de la Fundación Joel Sierra; y a Miguel Alexi Amado Carrillo, afiliado a la Asociación Campesina José Antonio Galán Zorro y profesor de la casa de la cultura de Arauquita. Pese al riesgo, Adelso no se deja paralizar por el miedo: “No se puede negar que hay miedo, porque no queremos morir (…) Seguramente esto va a pasar. Y si nosotros no lo pasamos, lo pasará nuestra familia, lo pasarán nuestros amigos, nuestros hermanos. La población organizada de Arauca decidió permanecer en este territorio porque lo cuidó, porque lo hizo, porque lo ama. Así generen el terror que generen, no nos vamos a ir, ni vamos a renunciar, ni jamás vamos a aceptar las afirmaciones que están haciendo, y por las cuales nos agreden”.

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    “De los últimos diez años, es el día más violento del departamento de Arauca. La cifra ya sube a más de 24 personas asesinadas en menos de 24 horas”, dijo muy temprano Juan Carlos Villate, personero de Tame, entrevistado en la WRadio el 3 de enero. Los cuerpos aparecieron en Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, al parecer, la mayoría eran milicianos de las Disidencias de las FARC, algunos eran mandos medios según el funcionario, quien además dijo que solo en Tame 3.000 personas manifestaron el deseo de desplazarse.

    Según Luis Fernando Celis, analista del conflicto armado y asesor de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el incremento del poderío militar, económico y social que las autodenominadas disidencias de las FARC han experimentado a partir del 2018, fue la razón por la que el ELN decidió empezar una confrontación directa los primeros días del año. Jorge Mantilla, director del área de conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), coincide con el planteamiento de Celis, y agrega que el Frente 10 de las disidencias “no ha querido someterse a las reglas de juego que estaban establecidas en la frontera por el Frente Domingo Laín [del ELN], que ha sido el actor armado más importante en la región, pero también por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela”. Por ello, asegura Mantilla, los enfrentamientos entre las disidencias y las fuerzas venezolanas, que provocaron el desplazamiento de miles de personas el año pasado, fue el preludio de la guerra que asola a Arauca.

    Entre 2016 y 2017, según la Fundación Conflict Responses (Core), “aparecieron las primeras expresiones disidentes” de las FARC-EP en Meta, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Nariño y Antioquia. En un principio surgieron como grupos independientes  sin conexiones aparentes. Actualmente existen dos grandes proyectos que pretenden federar los 27 grupos disidentes, la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez, y el comandado por Gentil Duarte e Iván Mordisco, con quienes tienen coordinación el Frente 10 y 28 que operan en Arauca. Ambos proyectos nacionales “han venido compitiendo indirectamente por tener injerencia o satélites en diferentes regiones, aprovechando redes preexistentes y el acumulado político, militar, social y económico que dejaron sus principales líderes cuando estuvieron en las FARC-EP”.

     

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    En el estudio publicado en julio del año pasado, llamado Las caras de las disidencias: cinco años de incertidumbre y evolución, la fundación también señala que las disidencias son de composición variada, pero la base son nuevos reclutas sin formación política o militar. En el caso de Arauca, Core asegura que quienes rearmaron el Frente 10 fueron guerrilleros amnistiados tras la firma del acuerdo de paz, y que al salir de las cárceles no “fueron reconocidos por sus antiguos compañeros”. Las organizaciones sociales insisten en que el lenguaje y el accionar de los Frentes 10 y 28 de las disidencias son propios de un grupo paramilitar. Tanto Celis como Mantilla evitan darles ese rotulo, sin embargo el experto de la FIP dice que su “relación con la población es mucho más extorsiva, mucho más predatoria (…) cada vez la población viene siendo víctima de una violencia selectiva, una violencia disciplinaria, que lo que pretende es imponer reglas de juego sobre las comunidades”.

    Respecto al ELN, Luis Eduardo Celis afirma que la incapacidad del Estado para responder a las demandas de los años 70, motivó el alzamiento en armas de cierta parte de la población organizada. La inoperancia estatal permitió que con los años el ELN consiguiera legitimidad y lograra tener influencia en las decisiones de las administraciones municipales y la gobernación. En estos momentos el departamento está en manos de una gobernadora encargada, pues José Facundo Castillo Cisneros, el gobernador elegido por voto popular, fue capturado por entregar dineros de la contratación pública a personas ligadas al ELN.

    A Jorge le pregunté cuál era la relación del ELN con el narcotráfico, a lo que me respondió que no conocía la especificidad del caso araucano, pero que en otras regiones del país está vinculado “abiertamente a economías criminales, no solamente el narcotráfico, sino la minería ilegal. Puede ser una relación que esté mediada por las necesidades del control territorial y el poder. Es evidente que si el ELN no se involucra en la economía de la coca en determinadas regiones, pues alguien más lo hará, y eso significa una pérdida de control poblacional, de recursos económicos, y determinados circuitos logísticos que son muy importantes”.

    Lo que vive Arauca es producto del deterioro de la seguridad en toda la frontera colombovenezolana. Esa franja binacional es punto de tránsito y embarque de la droga que tiene como destino Europa y África. Por eso las disidencias han intentado volver a establecer zonas de cultivo de hoja coca, la cual fue erradicada de manera masiva y voluntaria por las comunidades entre 2007 y 2016. También está en juego la extorsión, otra economía clave en las dinámicas bélicas.

    “En Arauca hace 4 décadas hay una presencia de actores armados no estatales que han sido reguladores del territorio. Son unos estados paralelos en la medida que ejercen las labores básicas del estado: hacen seguridad en el territorio, hacen justicia y hacen tributación a su manera ilegal (…) El Estado colombiano no tiene control del territorio, con el agravante de que hay dinámicas en la sociedad que desconfían del poder central, que no ven en el estado alguien legítimo, que les es útil, sino que lo ven como un enemigo y una amenaza”, plantea Luis Eduardo Celis.

    Hasta el 21 de febrero, el Ministerio de Defensa cifraba en 99 los homicidios cometidos en Arauca en los primeros 52 días del 2022, es decir 82 muertes violentas más que las registradas por Medicina Legal entre enero y febrero del año pasado. Al parecer la guerra entre los dos grupos armados acabará cuando uno extermine o se imponga sobre el otro. “Hace una década se vivió un conflicto similar entre las guerrillas. Esa confrontación duró 5 años, no sabemos ésta cuánto pueda durar –dice Luis Carlos Mejía, integrante de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra–. Ojala dure poco, porque nuestros líderes sociales tienen que regresar a sus territorios a seguir acompañando a sus bases”.

     

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    El 9 de enero, a las 10:20 de la noche, un artefacto explosivo fue lanzado contra la sede de la Empresa Comunitaria de Alcantarillado y Aseo de Saravena (ECAAAS ESP). Ese mismo día, en la mañana, circuló por Whatsapp un audio en el que un hombre que se identificó como Antonio Medina daba la orden de “volar esos negocios de los manes”. El 27 de enero, el vigilante del parqueadero donde se guardan los carros recolectores de ECAAAS, recibió la orden de abandonar el lugar porque rondaba el rumor de una posible bomba. Por suerte, el rumor nunca explotó.

    “Que atenten contra un proyecto como ECAAAS es la forma más vil, cobarde y demente de demostrar los delirios de la guerra. Porque se está atentando contra lo que se ha construido desde las comunidades por muchas décadas. Porque construir a ECAAAS nos ha significado a nosotros sangre, sudor y lágrimas”, dice Ernesto Alexander Roa.

    ECAAAS es una de las propuestas banderas del eje de salud, componente que se desprende del plan de vida del movimiento social. La empresa nació en la década de los 80 gracias a las movilizaciones y exigencias de los araucanos, pero fue en 1994, amparados en la Ley 142 de servicios públicos, que las comunidades lograron tomar control de ella y darle un verdadero carácter público y comunitario.

    En julio de 2017, la alcaldía de Saravena otorgó una distinción especial a ECAAAS por ser la mejor empresa prestadora de servicios públicos del departamento. En los últimos nueve años, el agua que suministra la empresa ha tenido un puntaje 0 en el IRCA, el estándar que mide el índice de riesgo del agua potable. ECAAAS da empleo a 120 personas, cuenta con 16.000 suscriptores en Saravena, y la dirección colectiva está a cargo de 100 delegados que hacen parte de las Juntas de Acción Comunal, y los diferentes sectores y gremios que hacen vida política en el municipio y el departamento.

    Durante muchos años el movimiento social de Arauca ha exigido que el departamento sea gasificado. Fruto de un paro cívico realizado en 2015, el gobierno, Ecopetrol, y el Oleoducto Bicentenario –empresas que explotan yacimientos petroleros en el departamento– destinaron 16.000 millones de pesos para atender esa demanda. La trasnacional contratada por la gobernación de aquel entonces dejó el proyecto a medias. ECAAAS hizo las gestiones necesarias y construyó la primera etapa del proyecto en cuatro meses. Además de prestar servicio de alcantarillado y aseo, ECAAAS lleva gas domiciliario a la casa de 3.000 suscriptores.

    “Este proyecto comunitario ha sido perseguido por el régimen en todas las etapas de su historia. Ha sido intervenido sin ningún éxito, porque cuando la Superintendencia de Servicios mira la intervención que el gobierno pretende hacer, lo que dice es cómo van a intervenir una de las mejores empresas, hay otras mucho más ineficientes y qué pasa que el gobierno allí no acude”, dice Bernardo Argüello, representante legal de ECAAAS, vicepresidente de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal, y amenazado de muerte en un comunicado del Frente 28 de las disidencias que circuló el 22 de enero.

    Argüello cuenta que la institucionalidad siempre ha mirado de reojo a la empresa. Al no tener injerencia en ella, no puede privatizarla y darle un carácter corporativista a un proyecto sin ánimo de lucro. Tampoco es la primera vez que un actor armado atenta contra ECAAAS. En 2006 las extintas FARC-EP atacó con explosivos la planta de tratamiento de agua potable.

    Las judicializaciones, dice Bernardo, son otra estrategia con la que han intentado debilitar la empresa y el proyecto de vida del movimiento social en Arauca. Tanto Bernardo, como José Murillo, Alexander Roa y Adelso Gallo fueron detenidos, encarcelados, y liberados meses después debido a la falsedad o falta de pruebas que justificara privarlos de la libertad. En su informe ¿Administración de justicia o secuestro estatal?, la Fundación Joel Sierra asegura que del 2002 en adelante, más de 2.000 habitantes de Arauca fueron privados de su libertad. Al momento de la detención, casi 300 eran dirigentes, presidentes, gerentes, integrantes de una Junta Directiva, o líderes de un sindicato, una cooperativa, una asociación, una Junta de Acción Comunal, o un grupo juvenil. También fueron judicializados el cura Helmer Muñoz Pareja –candidato a la gobernación que punteaba las encuestas en 2003–, un concejal de Saravena, la directora de la casa de la cultura de ese municipio, una lideresa cobijada con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el conductor del bus escolar del Colegio Alejandro Humboldt de Fortul, madres cabeza de hogar, comerciantes, recicladores, la personera de Arauquita, venteros de pescado, la personera estudiantil del Centro Regional de Educación Superior de Saravena, y muchas personas más que un tiempo después eran dejadas en libertad.  

     

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    La cacería judicial más recordada ocurrió el 12 de noviembre de 2002 en Saravena, epicentro social y comercial del departamento. Mientras el municipio celebraba las tradicionales fiestas ganaderas, la fuerza pública detuvo a dos mil personas que luego amontonó en un coliseo. 90 de ellas fueron trasladadas al Batallón Revein Pizarro del municipio. 43 de los detenidos resultaron judicializados y al resto los señalaron de pertenecer a las FARC-EP y al ELN. Años después, el Juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá señaló que los cargos carecían de sustento. “Se llevaban a las personas como en la era nazi”, recuerda Emiro Goyeneche, encarcelado después de aquella redada.

     

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     Al igual que los demás liderazgos consultados para este reportaje, Emiro sostiene que los sistemáticos montajes judiciales son la represalia del Estado por la oposición a la explotación petrolera en el departamento. A principios de siglo, la Fiscalía General de la Nación firmó convenios de cooperación con la industria petrolera, de los cuales surgieron las estructuras de apoyo (EDA), encargadas de investigar delitos relacionados con el apoderamiento de hidrocarburos y los ataques a la infraestructura petrolera. Para la Fundación Joel Sierra tales estructuras son una especie de privatización de la justicia, cuyo propósito es perseguir comunidades y liderazgos que rechazan el extractivismo en sus territorios. 

    “Arauca es un departamento que sacó al país de la importación petrolera. Con el pozo Caño Limón [ubicado entre los municipios de Arauca y Arauquita] Colombia pudo exportar petróleo. 40 años de explotación petrolera no han representado mayor bienestar ni mayor calidad de vida. Lo poquito construido en el departamento ha sido fruto de la movilización, de los movimientos sociales y expresiones organizativas”, dice José Murillo, vocero del Movimiento Político de Masas del Centro Oriente.  

    En 4 de los 7 municipios de Arauca se extrae petróleo. En los 7 municipios del departamento hay interés de construir nuestros pozos. A la lista de razones por las que el tejido social araucano rechaza la expansión petrolera se suma el daño ambiental provocado por la infraestructura existente en reservas acuíferas, despensas alimentarias y santuarios de la biodiversidad como la Laguna de Lipa; también por los impactos de la militarización de los territorios. “En cada lugar donde hay pozos petroleros, por lo general usted encuentra bases militares, cantones, hombres del Ejército y la Policía fuertemente armados, custodiando el territorio. El sector petrolero necesita que los territorios estén vacíos, entonces es un hecho que genera violencia por naturaleza”, asegura Luis Carlos Mejía.

     

  • Tomado de: victordecurrealugo.com

     

     

    La comunión entre las empresas petroleras y la bota militar data del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien entregó a perpetuidad la exploración y explotación del pozo Caño Limón a la OXY, multinacional estadounidense. En 2002 Anne Patterson y Marc Grossman, ambos funcionarios estadounidenses, visitaron Arauca y anunciaron que su gobierno entregaría 98 millones de dólares a las Brigada XVIII con el fin de que protegiera los “interés estadounidenses en la región”. Hace dos años, Rutas del Conflicto reveló que Ecopetrol giró 61.114.807.060 millones de pesos al Ejército a cambio de “mantener las condiciones de protección y seguridad de la comunidad (…) en las áreas en las que la empresa desarrolla sus actividades” en los departamento de Arauca, Putumayo y Nariño. Otra revelación que deja mal parado al sector petrolero en Arauca, fue la que hizo el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) en 2007. Según la organización, la multinacional española Repsol-YPF “se vio beneficiada por las actuaciones de los grupos paramilitares puesto que desplazamientos, persecuciones y asesinatos a líderes ambientales y sindicales, sirvieron para sus intereses en la operación de los proyectos que lideraba y en los que tenía participación”.

    Las fuerzas militares tampoco gozan de buena popularidad en los territorios. Los araucanos no olvidan las 150 ejecuciones extrajudiciales documentadas en el departamento. Ni que el Ejército asesinó 8 personas el 3 de enero de 1994 en el corregimiento Puerto Lleras de Saravena; ni que el 13 de diciembre de 1998 la Fuerza Aérea bombardeó la vereda Santo Domingo de Tame, y mató a 17 personas –entre ellas seis menores de edad– y dejó otras 27 heridas, hecho por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó y condenó –una vez más– al Estado colombiano.

    “Por su posición geoestratégica, en Arauca hay un gran afán por consolidar las Zonas Estratégicas de Intervención Especial y las Zonas Futuro, que no es una cosa distinta que tener el control político administrativo y el control social a través de la bota militar”, asegura Ernesto Alexander Roa. Como en otros lugares del país, en Arauca la visión estatal es opuesta a las aspiraciones de quienes habitan los territorios. Mientras Bogotá planea el departamento como una despensa petrolera, Bernardo Argüello dice que “Arauca no es petrolera, es una zona agropecuaria”.

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    Los movimientos sociales suelen avanzar hasta donde su economía se los permite. El Movimiento Político de Masas apuesta por un modelo de economía solidaria que no produce ganancias para acumularlas, sino que privilegia la repartición justa entre quienes con su fuerza de trabajo generan riqueza. En 40 años, su apuesta económica ha logrado librarse de los intermediarios, ser atractiva, sostenible, y sumar cada vez más ámbitos productivos. En Arauca hay asociaciones de queseros, de ganaderos, de plataneros, de maiceros, de yunqueros, hay cooperativas procesadoras de cacao, cooperativas de transportadores, empresas comunitarias como ECAAAS, entre otras formas asociativas.

    Ser económicamente autosuficiente no es tarea fácil, no basta con problematizar el individualismo si no hay capacidad de sortear las zancadillas del modelo económico. Omar Lombana, economista e integrante de la Fundación Joel Sierra y la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro, me contó que a veces las iniciativas solidarias fracasan por falta de asesoría y acompañamiento en la excesiva tramitología burocrática, que el Estado es muy restrictivo a la hora de darles créditos, y les incrementó los impuestos: “Las cooperativas no pagaban impuestos. Con la nueva reforma tributaria, ahora el 20% de los excedentes van directamente a la DIAN”.

    A pesar de las condiciones legales adversas, la principal apuesta económica del plan de vida es clara: pasar de la producción de materia prima a la transformación de la misma. Para lograrlo, el equipo de gestión y proyectos tiene la misión de hacer la incidencia institucional necesaria para que finalice la construcción de la planta transformadora de plátano en Tame, y se ponga en funcionamiento la planta transformadora de lácteos en Arauquita.

    “Es importante que el gobierno nos quite los impuestos. Que este departamento sea declarado libre de IVA, eso permitiría que hubiera mayor comercialización de productos, y que los insumos agrícolas llegaran más baratos. Por otro lado, subvenciones a los productores, que no se les cobre impuesto de renta mientras se dinamiza un poco más la economía (…) No se ha logrado que las plantas transformadoras se les entregue a los gremios productivos, por el contrario los politiqueros de turno quieren aprovecharlas como trampolín y quieren entregárselas a empresas privadas. Hay muchos empleos en el departamento que se los han dado a operadores privados y se han convertido en elefantes blancos. En cambio las empresas colectivas siempre sacan adelante estos proyectos”, manifiesta Omar.

    Cualquier guerra deja costos humanitarios y económicos. Antes de que estallara la confrontación en Arauca, los grupos armados habían delimitado las zonas de extorsión, con la salvedad de que los proyectos comunitarios no pagaban lo que en la jerga bélica denominan “impuesto de guerra”. Ese fue uno de los primeros tratos violados por las disidencias. Además de eso, en sus panfletos son reiterativas las amenazas a cooperativas y asociaciones, pues según las disidencias son “la caja menor del ELN”. Omar asegura que algunos trabajadores “están asustados”, lo que obligó a parar la producción en algunos casos. Y la onda expansiva del carro bomba causó daños –que suman aproximadamente 90 millones de pesos– en la Emisora Sarare Stereo, y destruyó algunas máquinas de la litografía que funcionaba en el edificio Héctor Alirio Martínez. 

    Otro factor determinante para la economía del movimiento social y del departamento es su ubicación en un territorio binacional. Para ellos, dice Bernardo Argüello, los 1.118 kilómetros de frontera que el departamento comparte con el estado venezolano de Apure, en realidad son una línea imaginaria y una división política creada por los gobiernos: “Nosotros nunca lo hemos visto como un problema. Históricamente hemos tenido interacción de aquí para allá y de allá para acá. Hemos actuado en hermandad porque nos coayudamos mutuamente, intercambiamos productos, saberes, y esfuerzos con la gente de la frontera”.

    –¿Y asuntos como el contrabando no tiene efectos económicos negativos? –le pregunté a Omar.

    –Es un problema en la medida que afecta a los precios locales. Debido a la devaluación del bolívar respecto al peso, es más barato comprar en Venezuela leche, yuca, y plátano. Pero la forma de combatir el contrabando es subvencionar a los productores del departamento. Eso haría que sus costos de producción disminuyeran, lo que abarataría el producto y no habría necesidad de ir a Venezuela –respondió el treintañero de nariz aguileña, que estaba en el edificio cuando estalló el carro bomba y una semana después seguía durmiendo allí.

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    Las fronteras también son rompecabezas geopolíticos. Por eso el Movimiento Político de Masas no descarta que de la guerra entre las disidencias y el ELN puedan sacar provecho los interesados en desestabilizar a Venezuela. Luis Fernando Celis, experto en conflicto, comulga con esta hipótesis: “En Arauca hay jugadas importantes para atizar y promover ese conflicto [con Venezuela]. Ahí hay grandes manos metidas en este juego…”.

    Algunas de esas manos tienen nacionalidad mexicana. Hace un tiempo, asegura Jorge Mantilla, los carteles mexicanos compraron tierras y financiaron la siembra de coca en el Catatumbo, región de Norte de Santander fronteriza con Venezuela. Hoy por hoy “son compradores muy importantes de la cocaína colombiana, y lo hacen desde Venezuela”.

    En el inicio, nudo y desenlace de la confrontación, las fuerzas armadas venezolanas cumplen un papel clave. Según el analista de la Fundación Ideas para la Paz, el país bolivariano ha hecho alianzas con el ELN para controlar otros grupos en su territorio, y hacer control social y político cuando se presentaron focos de protesta contra el gobierno. “El 23 de febrero de 2019, cuando Juan Guaidó cruzó la frontera [nortesantandereana] con [el grupo paramilitar] Los Rastrojos, el gobierno venezolano tomó la decisión de incorporar al ELN como una capa más de la defensa de la revolución bolivariana. Su relación se profundizó y se materializó meses después con la ofensiva que hace el ELN contra los rastrojos en Puerto Santander”,  municipio cercano a Cúcuta.

    Aunque la superioridad militar es superlativa, para Mantilla el gobierno y las fuerzas militares colombianas han interpretado de manera errada el ajedrez fronterizo. Los datos indican que en Arauca hacen presencia cerca de 9.000 soldados, policías, militares de la armada y de fuerzas extranjeras, es decir 34,2 integrantes de la fuerza pública por cada 1.000 habitantes, cifra que cuadruplica el promedio nacional. Sin embargo, el incremento del pie de fuerza no ha representado mejoras en la seguridad, ni pérdida de capacidad económica y bélica de los grupos armados.

     

  • Tomado de: colombiainforma.info

     

    Jorge Mantilla plantea que la protección de la sociedad civil debe ser el centro de cualquier estrategia gubernamental. Además sugiere retomar el control de los pasos fronterizos, los flujos migratorios, los flujos de mercancías, y restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, o al menos los vínculos consulares. Mientras eso no suceda, dice, los grupos seguirán fortalecidos y haciendo las veces de Estado paralelo.

    Al rompecabezas le faltan piezas. Pese a las certezas, Jorge plantea que aún nos falta mucha información sobre “las acciones de los dos países, y los vínculos de las fuerzas militares de Colombia y Venezuela con las disidencias y el ELN”.

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    Arauca vive un déjà vu. Entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de noviembre de 1998, ayudados por el ejército, un grupo de paramilitares asesinaron a cinco personas en La Cabuya, vereda de Tame. Una de las víctimas era el compañero sentimental de Liliana Roa. En 2006, las FARC-EP mataron a su hermano, quien era presidente del concejo municipal de Arauquita. 18 años después, ella y otros líderes tienen que llevar a cuestas algunas mudas de ropa, cobijas, y cambiar de domicilio cada par de días para esquivar las balas que los asedian.

    Liliana es una de las lideresas de AMAR, la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca, fundada en los primeros años del 2000. Al principio la integraban 6 mujeres de Saravena, hoy son casi 3.000 mujeres de todos los municipios del departamento, a excepción de Cravo Norte. “Nosotras hemos dicho que nuestra lucha es una lucha de clases, no es una lucha de género –dice Liliana–. Hemos luchado hombro a hombro con nuestros compañeros, de ellos hemos aprendido y nos hemos retroalimentado. Hemos sido ese apoyo emocional cuando nuestros compañeros han sido encarcelados”.

    En los años que las judicializaciones y asesinatos se ensañaron especialmente contra los hombres, las mujeres asumieron el liderazgo de algunos procesos, y demostraron su capacidad para mantenerlos a flote. “Aquí hemos entendido que el trabajo social es en igualdad de condiciones –asegura Maria Guillón–. Nos entendemos muy bien entre hombres y mujeres, trabajamos hombro a hombro, eso hace que el tejido social sea más fuerte”.

    María tuvo que dejar su finca en Tame por la guerra fratricida entre los grupos armados a principios de siglo. En ese entonces era la secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Cauca y hacía parte de un grupo de mujeres que decidió lanzarle a la arena política. “Íbamos muy bien. Yo tenía bastante reconocimiento y apoyo en el área rural de Tame, pero cuando ingresó el paramilitarismo [entre 2004 y 2005] fuimos amenazados; o trabajábamos con ellos o nos desaparecían. Al principio no creíamos que fuera tan real, hasta que empezaron a matar compañeros y compañeras. A mí no me mataron porque sabían que era madre cabeza de familia, tenía 4 hijos. Pero una vez dos hombres en una moto me agarraron del pelo y me arrastraron como una cuadra; me dieron 12 horas para salir de Tame”.

    Cuando estaba pequeña, María salía con toda su familia a marchar “por la vía, por el agua, por la luz, por el hospital”. Diez años tenía cuando protestó por primera vez. Pero la muerte de su hija Leidy fue la razón que la llevó a vincularse de lleno en la defensa de los derechos humanos. “Mi hija murió a los 18 años por negligencia médica. Para mí fue muy doloroso, duré como un año que yo no quería saber de nadie”. Mucha gente que sufría la misma situación la llamó durante y después del duelo. María decidió entonces estudiar la Ley 100 de salud y asesorar a las personas que les negaban el acceso a ella: “Hasta amarrábamos gente al frente de una empresa para que los atendieran. Yo dije, si yo hubiera hecho eso, mi hija se hubiera salvado. No lo hice porque en su momento porque uno no entiende, pero luego uno empieza a analizar todo lo que hubiera podido hacer para exigir mis derechos”.

    En una de las rampas que conduce al edificio Héctor Alirio Martínez, la mujer cortes y dinámica que coordina la Mesa Municipal de Víctimas de Saravena, me cuenta  que el municipio, en tiempos normales, no es así: sin gente en el parque, con el comercio a media máquina, las miradas dubitativas y recelosas, y el silencio profundo y espeso cuando se oculta el sol. Adentro, en casi todos los pasillos hay escombros. No se puede andar descalzo porque hasta en los camarotes hay vidrios y esquirlas. María pudo ser una víctima mortal del atentado, pero es osada y decidió seguir durmiendo en el edificio después del bombazo.

    –¿Cómo haces para controlar el miedo y los nervios? –le pregunté.

    ­–Tomo mucho café –me respondió a las carcajadas.

    –¿Y por qué decidiste permanecer en el edificio?

    –Si nosotros abandonamos esto, es como darle la razón a ellos, que quieren destruirnos, que quieren sentirnos derrotados. No es que uno quiera ser orgulloso, pero yo no estoy de acuerdo con que a nosotros nos tilden de lo que no somos, ni mucho menos darles el gusto de que nosotros huyamos. Me quedé aquí acompañando a los otros compañeros que decidieron quedarse porque más que nuestras oficinas, esta es nuestra casa.

    ***

    La emisora Sarare Stereo salió por primera vez al aire el 23 de abril de 1995. Las organizaciones sociales hicieron posible el proyecto radial, y son ellas las protagonistas del cubrimiento informativo. Este patrimonio comunicativo también ha sido blanco de ataques. Hace varios años el Ministerio de Defensa intentó cancelar su licencia de funcionamiento. Su actual director, Emiro Goyeneche, permaneció tres años encarcelado, y hace unas semanas debió cesar funciones y abandonar el departamento por las amenazas de las disidencias.

    En Arauca no hay garantías para la vida y tampoco para el ejercicio del periodismo. Según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa, en el departamento se encuentran el 20% de comunicadores o periodistas que cuentan con un esquema de seguridad otorgado por la Unidad Nacional de Protección.

    Aunque ha recibido amenazas, con serenidad Eliecer Cáceres cuenta que mientras sus familiares le piden que se cuide y se vaya del departamento, las comunidades con las que trabaja le piden que no los deje solos. El defensor de derechos humanos y director de la Emisora Arauquita Stereo no se engaña, reconoce que la situación desborda la capacidad de las administraciones locales, pero asegura que “son de la región y deberían estar más al lado de las comunidades y de los líderes sociales”.

    Del cubrimiento mediático Eliecer también tiene algunos reparos: “Siguen estigmatizando y señalando a un pueblo araucano que ha tratado de vivir dignamente. Para los medios de comunicación Arauca solo existe cuando se habla de guerra, de narcotráfico, de armas, de asesinatos, pero para los medios de comunicación no existe Arauca cuando decimos que es uno de los departamentos que más produce plátano, que produce la leche más sana y con más contenido vitamínico de Colombia, y que tenemos el mejor cacao del país, que se ha ganado varios premios en el salón del chocolate de París (…) El mensaje es que no nos dejemos amedrentar, por más dura que esté la situación, por más amenazas de bombas y de muertes. Unos estarán, otros no, pero la convicción es que sigamos en la lucha que hemos llevado por más de 60 años”.

    ***

    Dos imágenes resumen al movimiento social hostigado en Arauca: Daniela le ayuda su sobrino Maicol a hacer la tarea en el corredor de una de las casas del Territorio Campesino Agroalimentario de Fortul. Maicol tiene 6 y Daniela cursa octavo de bachillerato. En la cocina crujen los patacones, los hombres hacen la siesta en los chinchorros, y la pajarería anuncia que está por morir la tarde. Escriba una obligación, lee en voz alta Daniela. Estudiar, responde de inmediato Maicol. Estudiar no es una obligación, es un derecho, lo reprende ella con decisión.

    Días después, llega un señor entrado en años a la recepción –o lo que queda de ella– del edificio Héctor Alirio Martínez. Afuera suenan los cinceles y la pulidora. Se llama Arcesio, tiene las cejas pobladas de canas despeinadas, viste una camisa de cuadros verdes y un pantalón marrón ajustado con una correa que tiene un caballo en la hebilla. Nació en el departamento de Caldas, pero llegó al llano siendo aún joven. En Sarare Stereo Arcesio escuchó que a través de una plataforma virtual estaban haciendo una colecta para reconstruir el edificio. Y como él no sabe manejar internet, vino a traer su aporte de cien mil pesos. Antes de irse, Arcesio nos dice lleno de orgullo: “Yo también participé en el paro cívico del 72”.

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    Juan Alejandro Echeverri

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