Si no hay inversión social, en Arauca no hay posibilidades de vivir en paz

 “Aquí al que van a matar, sencillamente lo matan”, manifestó Orlando Hurtado, secretario de gobierno de Fortul, cuando los integrantes de la caravana humanitaria le consultaron por las medidas que ha tomado la administración municipal para mitigar la crisis humanitaria que atraviesa la localidad y el departamento de Arauca.

Las autoridades reconocieron el día de ayer que no cuentan con las condiciones económicas ni administrativas para hacerle frente a la nueva oleada de violencia; tampoco con apoyo real del gobierno nacional. Tanto en los gobernantes como en las comunidades es palpable el sentimiento de desamparo que causa un Estado “abstracto, un Estado de papel”, cuya única respuesta es la excesiva e ineficaz militarización.

La fuerza pública en Arauca se ha convertido en otro foco de inseguridad y vulnerabilidad, pues ni las autoridades se libran de sus atropellos. En la misma reunión, el personero de Fortul, Enoc Gutiérrez, denunció que ha sido amenazado dos veces por el ejército.

Un líder, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, también denunció que desde hace unos meses la policía y el ejército están involucrando a los jóvenes en sus redes de cooperantes a través de un programa llamado “jóvenes a lo bien”. El cual consiste en dotarlos de celulares, y ofrecerles recompensas por información de los actores armados. Otro hecho que preocupa a los liderazgos del municipio son las jornadas cívico militares en instalaciones educativas y lo cerca que están algunas garitas de los colegios.

Solo en Fortul hay registro de 7.500 víctimas del conflicto armado, es decir el 30% de la población; a las que ahora se suman los 900 estudiantes que han dejado de asistir a los planteles educativos por la crisis humanitaria. En el municipio vecino de Tame las cifras también son alarmantes, según el secretario de educación, entre el 10 y el 14% de la población estudiantil ha desertado. En el caso de la vereda Lejanías de ese municipio, los maestros llevan 15 días sin dictar clases debido a la presencia de artefactos explosivos en las inmediaciones de sus lugares de trabajo. Pese a las suplicas, la comunidad asegura que hasta ahora ninguna autoridad ha hecho presencia en la zona.

Tanto en Tame como en Fortul, los liderazgos sociales coinciden en que la falta de inversión social motiva la persistencia y agudización del conflicto entre los grupos armados. Aunque la ciudadanía participó activamente en la elaboración de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, figuras surgidas del acuerdo de paz de La Habana, la nula implementación ha minado la moral y la esperanza de las organizaciones sociales. Los tameños, por ejemplo, se preguntan dónde está la universidad pública rural que se incluyó en dicho plan.   

Las necesidades básicas insatisfechas alimentan la guerra que desde enero azota al departamento. Una lideresa de la mesa de victimas de Tame, pidió a las organizaciones de derechos humanos y a los internacionalistas de la caravana que intercedan para que se abra la posibilidad de dialogo entre los grupos armados. En el departamento no saben cuántas personas más deben morir para que el conflicto pare, pero tienen claro que si la plata del armamento militar no se destina a programas integrales y concertados de inversión social, en Arauca no habrá posibilidades reales de paz.  

 

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