Emergencia humanitaria ante el genocidio

Más de 2000 líderes y lideresas sociales de todo el país llegarán a Bogotá el 27 de abril para declarar la Emergencia Humanitaria.

Las regiones se movilizan desde el pasado 23 de abril en Caravana como respuesta a la grave crisis social, económica, humanitaria y ambiental buscando hacer eco en el centro del país sobre los fenómenos de abandono, despojo y recrudecimiento del conflicto que actualmente azota a los territorios más olvidados por el Estado.

Actualmente el panorama humanitario es profundamente violento, el conflicto armado se ha estado reconfigurando desde la desmovilización de las FARC y lejos de ver cercana una posibilidad de paz somos testigos de la agudización de la guerra, de acuerdo con INDEPAZ 1300 líderes (as) y 323 reincorporados han sido asesinados (as) desde el 2016. En menos de tres años (2020, 2021 y 2022) se han perpetrado 91 masacres con 381 víctimas en el 2020, 95 masacres con 335 en el 2021 y 31 con 114 personas fallecidas en el 2022, lo que nos deja un total nacional de 217 masacres en lo que va corrido de estos últimos tres años que se han llevado la vida de 830 personas. De estas cifras, solo en lo que corrido del año en la región del Sur-occidente se han ejecutado 13 masacres con 61 víctimas mortales en los departamentos de Putumayo, Cauca, Valle, Nariño y Chocó.

Frente a la situación ambiental, se han evidenciado y denunciado la connivencia de grupos armados legales e ilegales al desarrollo de proyectos de mega minería, exploración y explotación de hidrocarburos, monocultivos, represas y centrales hidroeléctricas, etc.

De este panorama nacional, en el Suroccidente se ve con preocupación el desarrollo exacerbado de la minería legal e ilegal como un fenómeno de consecuencias ambientales y sociales nefastas para la vida en su conjunto. De la misma forma reconocemos que los monocultivos de Caña, pino y eucalipto presentes en su mayoría en los departamentos de Cauca y Valle son proyectos de desarrollo económico que acaparan la tierra de las comunidades empobrecidas despojándolas de sus territorios y causando una serie de afectaciones a los ecosistemas de difícil recuperación. Las represas y centrales hidroeléctricas también configuran un escenario de crisis medioambiental que acaban con la vida de los ecosistemas de río y genera una transformación negativa de la vida rural.

Hemos estado viviendo la agudización de la crisis económica en el país; actualmente el 42,5% de la población se encuentra en estado de pobreza, Colombia es la tercera peor economía con mayor tasa de desempleo de los países que conforman la OCDE y el fenómeno inflacionario es aterrador, el año pasado creció en 5,61% y este año ha subido a 6,94% lo que se vive cotidianamente en el aumento de precios de la canasta familiar y se deriva en la disminución de la calidad de vida de las familias colombianas.

Todos estos elementos configuran para las comunidades y organizaciones sociales que se movilizan en la Caravana una crisis generalizada para la vida, crisis en la cual han manifestado que no asumen una postura pasiva y de resignación ante los riesgos de los que son objeto al manifestarse en contra de las políticas del desarrollo y proponer alternativas de vida que respetan el medio ambiente, la cultura y la identidad de los pueblos y buscan promover ejercicios de soberanía alimentaria, de territorialidades y gobiernos propios y de defensa de sus formas tradicionales y ancestrales de producción.

La declaración de emergencia humanitaria no busca únicamente denunciar una serie de vulneraciones a los derechos humanos, sino que presenta también las propuestas y contextos en los que ellas ocurren con el objetivo de poner sobre la mesa que el ejercicio continuado de genocidio es político y responde a la necesidad de actores armados legales e ilegales, instituciones y políticas gubernamentales que quieren desaparecer al movimiento social en su conjunto.

El llamado que hacen es a rodear a los procesos organizativos más golpeado en la última década y fortalecer los mecanismos de auto protección y cuidado colectivo con la garantía del Estado y las instituciones nacionales

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