Tribunal Popular de Siloé: un año de oscurantismo e impunidad estatal

“Lo más importante que nos dejó el paro es que la comunidad fue testigo de que es capaz de mantener una posición de esperanza y no de sumisión; porque parecía que todos podían pasar por encima nuestro, y ni siquiera inmutarnos”, asegura Martha Elena Giraldo Mendoza, feminista, defensora de derechos humanos, e integrante de la Ruta Pacifica de mujeres y de la Unión de Ciudadanas de Colombia.

Martha también hace parte del equipo organizador del Tribunal Popular que se realizará el próximo 3 de mayo en Siloé, renombrado barrio de Cali. “En Siloé encuentras todas las situaciones de injusticia y exclusión que se dan en nuestro país, pero también los lugares más bonitos, llenos de colores y de gente ilusionada y esperanzada”, explica Martha.

Siloé fue uno de los puntos de bloqueo que surgieron por toda Cali durante el estallido social del año pasado. El barrio deprimido y excluido por la elite caleña guardaba un malestar acumulado por años, y forjó un tejido social con mingas en las que construyeron sus calles y el alcantarillado, y con ollas comunitarias que paliaron el hambre y la escasez en medio de la pandemia. La glorieta y las angostas calles de Siloé fueron epicentro de la protesta y de la represión estatal que hubo contra ella. 12 de las 45 personas que mataron en Cali durante el paro nacional, fueron asesinadas en Siloé.

Un año después, a los responsables de los hechos –en su gran mayoría integrantes de la fuerza pública–  los ampara la impunidad estatal. Dada la negligencia de las instituciones responsables de investigar y esclarecer los hechos, la comunidad de Siloé decidió organizar el Tribunal Popular para llamar la atención de las autoridades nacionales e internacionales, y rendir un homenaje a las víctimas, “nuestra verdad es la memoria”, dicen en el barrio. “El Tribunal no busca la justicia ordinaria, sino fortalecer el tejido social a través de una reparación simbólica (…) Recobrar la confianza en que el trabajo comunitario y la solidaridad popular es lo que realmente sirve para consolidar un barrio, una ciudad, un país diferente”, explica Annie Diesselmann, internacionalista y promotora de la actividad. “La importancia de este Tribunal es que va a abrir la puerta para que puedan hacerse muchos tribunales populares en Cali y el país, que les puedan recordar a la fuerza pública que no pueden hacer justicia por mano propia”, agrega Martha Mendoza.

¿Qué pasó con Daniel?

Daniel Stiven Sánchez tenía 16 años. Iba para el trabajo cuando salió de su casa. Al amanecer del 29 de mayo lo encontraron incinerado afuera del hoy derruido Dollar City; ubicado a unos metros de la rotonda principal de Siloé, donde los jóvenes de la primera línea instalaron los puntos de bloqueo.

Santiago Medina, defensor de derechos humanos que acompaña y asesora a la familia de Daniel en el viacrucis jurídico, asegura que al día de hoy no hay ningún avance significativo en el esclarecimiento del asesinato. Según Santiago, durante este año de brega por la justicia y la verdad, la Fiscalía y Medicina Legal han obstaculizado y dilatado la investigación.

Los familiares de Daniel no han tenido acceso pleno al expediente, ni a la autopsia realizada por Medicina Legal. Todavía no saben por qué Daniel no llegó vivo, así como se fue de su casa. Pese a que un juez ordenó entregar el caso a una Unidad Delegada Especial para Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, la entidad judicial no ha acatado la orden, ni ha llamado a declarar a las autoridades judiciales y policiales que ejercieron control en la ciudad el día que sucedieron los hechos.

“Esa noche hubo bastantes muertos por armas de fuego, aparentemente disparadas por miembros de la fuerza pública –dice Santiago–.  Fue deplorable el estado en el que entregaron el cuerpo de Daniel a los familiares (…) La autopsia es incompleta porque no examina los muslos; aparentemente a Daniel le habrían disparado en una de las piernas. Lo que nos ha dicho la Fiscalía es que nosotros deberíamos hacer una exhumación, cuando esa es obligación de la entidad”.

En casi un mes y medio de protestas, en Colombia fueron asesinadas 89 personas, 1.634 fueron víctimas de tortura, 3.546 fueron detenidas, 1.929 resultaron heridas y un número indeterminado de mujeres fueron agredidas sexualmente. En Cali la violación de derechos humanos fue sistemática y excesiva. La capital del valle fue piloto de la pacificación militar del malestar social. Santiago plantea que hubo un golpe al poder local. Las decisiones del alcalde quedaron supeditadas a las órdenes castrenses del General Zapateiro. La llamada “asistencia militar” suplantó incluso la independencia de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía local.   

La impunidad en el caso de Daniel no es un hecho aislado, asegura Santiago. Es un patrón que se repite cuando la fuerza pública comete sus mortales y reiterativas agresiones, no importa si sucede en Siloé, en el centro de Cali, o en cualquier ciudad del país. La impunidad revictimiza y atropella. Es la que motiva las protestas, la sangrienta represión y el mencionado Tribunal. La de este 3 de mayo es solo la primera sesión. El segundo martes de mayo se expondrá la documentación que las víctimas y  organizaciones de derechos humanos se han encargado de recabar. En septiembre volverá a sesionar y puntualizará en algunos detalles de las denuncias. En diciembre el Tribunal hará público su juicio.

Aunque la familia de Daniel tuvo que abandonar Siloé y la casa donde se criaron cuando los empezaron a seguir personas armadas, pese a que Santiago tiene serios indicios de que están interceptando sus comunicaciones; tal como sucedió en 2021, de manera simbólica Siloé vuelve a levantarse contra la injusticia y maltrato histórico. La comunidad siente mucho dolor pero Martha asegura que entre ella no echa raíces el rencor.

 

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