La Montaña Mágica clama justicia y verdad

Lomerito, uno de sus más antiguos pobladores, le llama la Montaña Mágica. La elite caleña de rancio hacer y decir, piensa que es un paridero de delincuencia. Lomerito también cuenta que cuando esta ladera no era nada de lo que es, cuando apenas las familias migrantes o desplazadas empezaban a poblarla, el ejército subía todas las mañanas a tumbar los cambuches y las casas rusticas que la gente levantaba en las noches.  

70 años después, en la Montaña Mágica de Siloé viven casi cien mil personas. La fauna humana es variada, diversa como lo es Cali y Colombia: hay grafiteros, raperos, salsomanos, afrocolombianos, mujeres de ojos aindiados, niños que sueñan con ser futbolistas, museólogos empíricos, exmilitantes y simpatizantes del M-19, policías armados vestidos de civil, jóvenes esperanzados con levantar un comedor comunitario, liderazgos instrumentalizados por la alcaldía y las limosnas de la filantropía empresarial, jóvenes jibaros –como los hay en Cartagena, Los Ángeles o Berlín–, rostro de jóvenes que se fueron un día de sus casas y nunca más volvieron, adultos prematuros que se preguntan por qué mataron a sus hermanos, muchas familias incompletas.

A balazos el gobierno intentó reprender a Siloé. El 3 de mayo del año pasado, el GOES (un grupo de operaciones especiales), una unidad de élite de francotiradores, la policía regular, el Esmad y un helicóptero Halcón abrieron fuego contra la velatón que se realizaba en la glorieta de la parte más baja y plana de la Montaña Mágica. A los jóvenes que no tenían comida –ni trabajo, ni tiempo o dinero para acceder a la universidad o al colegio, ni cancha de futbol, ni balón, ni espacio público, ni instrumentos musicales, ni salón donde probarlos, ni autoestima si quiera– la fuerza pública les disparó por salir a la calle a gritar que tenían hambre y desesperanza; por tratar de desbloquear sus vidas bloqueando vías. Tenían piedras en la mano, cocteles molotov, escudos, y cascos, les respondieron con fusiles y pistolas.

Entre el 28 de abril y mediados de junio, cuando finalizó el estallido social del año pasado, asesinaron más de 20 jóvenes de Siloé, otros fueron encarcelados, y de algunos no se sabe si están vivos o están muertos. Entre los asesinados aparecen muchachos que ni si quiera estaban protestando. Harold Rodríguez, por ejemplo, salió de su casa a comprar comida y terminó en una morgue. Hacía tres meses Harold había regresado de prestar servicio militar en una zona roja del Chocó: “Cuando regresó a la casa me dijo: mamá pensé que nunca iba a regresar. A los tres meses de haber salido, el mismo estado le quitó la vida con un tiro de fusil en el rostro”, dijo Yenny Mellizo, madre de Harold, en el Tribunal Popular que se realizó hace unos días en Siloé.

A Michael Aranda lo impactó una bala con la que la policía intentó evitar que los jóvenes volvieran a taponar la glorieta el 28 de mayo de 2021. “Yo no estoy aquí porque quise, es porque asesinaron a mi hijo –manifestó Abelardo Aranda, padre de Michael, también durante el Tribunal–. [La Alcaldía] nos ha citado a reuniones, yo no he ido porque [el alcalde] me parece que es la primera persona responsable de la muerte de nuestros hijos. Fue la persona que le dijo al presidente: mande gente armada que no puedo con esta ciudad”.  

El testimonio de dolor descarnado sacó lágrimas a más de un asistente al Tribunal, los asesinados se lloraron como si fueran propios y colectivos. Ese fue el primer ejercicio de verdad, justicia y sanación que se realizará en Siloé este año. Ya se expusieron los hechos, en septiembre se expondrán las pruebas y se acusará a los responsables, en diciembre se hará público el veredicto final.

Las instituciones responsables justificaron su letal accionar señalando a los jóvenes de delincuentes, vándalos y guerrilleros. Un año después, quienes sufren la victimización de las instituciones son sus familiares. La Fiscalía suspende las audiencias, no interroga a los involucrados, no permite el acceso total a la información, ignora el material probatorio recolectado por los afectados, o –como lo hizo Medicina Legal con Daniel Stiven Sánchez– le quita la piel a una de las víctimas para ocultar los signos de tortura en su cuerpo; acabaron con sus vidas, ahora quieren acabar con su identidad, que no reclamen por ellas, que se conviertan en otra cifra más.

“Yo ignoraba la realidad de mi país, hasta que la muerte tocó la puerta de mi casa. Nunca había llegado a imaginarme el dolor por el que han pasado miles de familias en Colombia (…)  Nosotros no necesitamos que nos den pañitos de agua tibia. No necesitamos que vengan [de la alcaldía] y nos ofrezcan poner una estrella en honor a ellos en un parque. Nosotros solo queremos justicia. Que nos podamos acostar un día a llorarlos, pero saber que no lo están tildando de vándalos, asesinos, o de ladrones, porque eso si no deja dormir”, manifestó Crisol Sánchez, hermana de Daniel Stiven Sánchez, joven de 16 años que apareció quemado el 29 mayo afuera del Dollar City de Siloé.  

Hay casos que permanecen en el anonimato porque el miedo no deja a los familiares denunciar. La masiva asistencia al Tribunal Popular es síntoma de que en “la loma” hay una herida profunda sin curar. David Gómez, el obstinado fundador del Museo Popular de Siloé, repite a los visitantes que “la memoria es frágil”, que se empolva fácil. Tal vez recordar el nombre de los asesinados, de quienes los mataron, u ordenaron que los mataron, es la única manera de hacer justicia propia en Colombia. A fin de cuentas, la injusticia es más antigua que ”el Estado”, ese ente que dijo que “estaba por venir y nunca apareció”.

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Juan Alejandro Echeverri

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